En virtud de la respuesta por parte de un amigo sobre el articulo “16-3-2002. Cinco años después.” publicado en el numero 62 de la revista-blog “Alterglobalización” en el que valora como interesante, pero discutible mi postura (especialmente en la noción de altersocialismo) me gustaria hacer una serie de comentarios/aclaraciones sobre el articulo en cuestión:
El motivo de la realización del articulo, nace como una celebración personal con motivo del quinto aniversario del "Setze de Març", día que para mi, a nivel personal supone mi incorporación a los movimientos alterglobalización. El otro motivo secundario es quitarme el estigma de “escritor que no escribe”.
Así que, comencé a escribir el articulo como un breve recuerdo de lo que fue aquel día visto desde la óptica de hoy, pero el tema se me escapo de las manos y se confundió con otro articulo (todavía no escrito) que preparaba sobre el momento actual de los movimientos alterglobalización, y con el confuso termino de "altersocialismo" que llevo intentando desarrollar desde el agosto pasado.
Dos son las ideas que quiero desprender del articulo, por un lado la dualidad entre movimiento alterglobalización / pensamiento altermundista (post-altermundismo) donde mientras como movimiento padece dificultades, como ideología consigue penetrar y por otro lado, en nuestro caso, la necesidad de tomar la Unión Europea como marco de actuación en la construcción de la resistencia a la globalización neoliberal, a partir fundamentalmente, de armonizar la política fiscal y los derechos sociales, laborales y ecológicos y así eliminar la competencia entre soberanías.
El termino "Altersocialismo" esta poco desarrollado y es probablemente "fallido" y seguramente una frivolidad por mi parte, pero me es útil como marco mínimo ideológico de unión de les resistencias contra la globalización neoliberal en Europa
A parte de esto, también hay una segunda intención provocadora, una doble provocación, por un lado alertando sobre la situación actual del movimiento alterglobalización, promoviendo un debate sobre posibles salidas, y por otro, ver cuanta gente me respondía.
El motivo de la realización del articulo, nace como una celebración personal con motivo del quinto aniversario del "Setze de Març", día que para mi, a nivel personal supone mi incorporación a los movimientos alterglobalización. El otro motivo secundario es quitarme el estigma de “escritor que no escribe”.
Así que, comencé a escribir el articulo como un breve recuerdo de lo que fue aquel día visto desde la óptica de hoy, pero el tema se me escapo de las manos y se confundió con otro articulo (todavía no escrito) que preparaba sobre el momento actual de los movimientos alterglobalización, y con el confuso termino de "altersocialismo" que llevo intentando desarrollar desde el agosto pasado.
Dos son las ideas que quiero desprender del articulo, por un lado la dualidad entre movimiento alterglobalización / pensamiento altermundista (post-altermundismo) donde mientras como movimiento padece dificultades, como ideología consigue penetrar y por otro lado, en nuestro caso, la necesidad de tomar la Unión Europea como marco de actuación en la construcción de la resistencia a la globalización neoliberal, a partir fundamentalmente, de armonizar la política fiscal y los derechos sociales, laborales y ecológicos y así eliminar la competencia entre soberanías.
El termino "Altersocialismo" esta poco desarrollado y es probablemente "fallido" y seguramente una frivolidad por mi parte, pero me es útil como marco mínimo ideológico de unión de les resistencias contra la globalización neoliberal en Europa
A parte de esto, también hay una segunda intención provocadora, una doble provocación, por un lado alertando sobre la situación actual del movimiento alterglobalización, promoviendo un debate sobre posibles salidas, y por otro, ver cuanta gente me respondía.
Reino de España: "ellos" y "nosotros"
G. Buster
Quizás una anécdota resuma la situación de tensión política que se vive en el Reino de España. Una profesora de filosofía del instituto público de San Sebastián de los Reyes, una ciudad dormitorio de Madrid, da sus clases con una camiseta con la formula “HB+ZP=HP” /1. Adolfo Navarro, portavoz socialista de Educación en la Asamblea de Madrid, responde, en tono irónico, que si la profesora quiere insultar al presidente del Gobierno, "tiene una manifestación semanal que organiza el PP, donde cómodamente puede insultar al presidente, acompañada de la presidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre, del ultraderechista Sáenz de Ynestrillas o de Falange".
La “madre de todas las manifestaciones” de la derecha
No hemos llegado todavía a una manifestación semanal del PP, pero la octava gran manifestación en esta legislatura de la derecha, la del pasado 10 de marzo en Madrid, sí ha tenido connotaciones especiales. Ha escenificando en la calle su alternativa social y política al Gobierno Zapatero como tal, no sólo a uno u otro aspecto de su gestión. Una alternativa que Gaspar Llamazares, dirigente de IU, resumió como la defensa no tanto de “un estado de derecho, como de un estado de derechas”.
La preparación de esta “madre de todas las manifestaciones” de la derecha ha sido sistemática. Ha partido de una deslegitimación global del Gobierno del PSOE con una delirante teoría conspiratoria, según la cual la victoria del 14 de marzo de 2004 habría sido el resultado de un pacto secreto con la ETA, la cual habría colaborado con el terrorismo islamista para los atentados del 11-M, a trueque de abrir un proceso de paz que culminara en la independencia de Euskal Herria. La última “prueba” de cargo aportada a esta requisitoria, evidentemente instruida por falsarios para uso de orates, no sería otra que la decisión adoptada por el Gobierno en relación al régimen penitenciario del militante de ETA De Juana Chaos.
Fuera del Reino de España, la estolidez de estas acusaciones puede llevar a no dar importancia al efecto político que supone su mediática repetición machacona. Pero en los mismos días en que las sesiones del juicio contra los autores materiales del 11-M están desmontando pieza a pieza los supuestos fundamentos de la teoría conspirativa de la derecha, tres diarios de alcance peninsular, varias cadenas de radio y todo tipo de páginas y boletines informáticos insisten en mantener contra toda evidencia lo contrario. Hasta el punto de que el Obispo de Huesca-Jaca se permite el lujo de acusar directamente al Gobierno de querer ocultar la verdad, y el Arzobispo adjunto de Madrid convoca a misas contra Zapatero.
El intento de explicar en sede parlamentaria la decisión del Gobierno de aplicar De Juana Chaos la prisión atenuada, con su traslado a un hospital de Donosti, se enfrentó con una bronca desde los escaños del PP sin precedentes en el Senado. “Nadie puede entender que le hagan preguntas al Presidente del Gobierno y no quieran escuchar sus respuestas”, fue la advertencia de un manifiestamente atribulado Presidente del Senado.
A cubierto de este manto ideológico literalmente demencial, la preparación logística de la ocupación de la calle ha intentado repetir la cadena de protestas de la izquierda que en el 2004 llevaron a la derrota electoral del Gobierno Aznar. La noche del pasado 9 de marzo, el PP organizó concentraciones nocturnas de varios cientos de personas en la mayoría de las ciudades, a la vez que tenían lugar más de una veintena de ataques fascistas contra sedes del PSOE y de IU. Al día siguiente, 700 autobuses de toda España se dirigieron hacia Madrid, en un escenario de la manifestación preparado y sufragado desde los gobiernos del PP de la Comunidad y de la Municipalidad.
La manifestación, que contó con más de 350.000 participantes, fue un éxito de disciplina y capacidad de encuadramiento. Un mar de banderas constitucionales españolas, con muy pocas excepciones de banderas franquistas, muchos lazos azules antiterroristas, pocas insignias del requeté o de la falange. Incluso la música se limitó al himno nacional, la vieja “Libertad sin Ira” de la transición, o la pegadiza “Sabes que se puede” de la televisiva Operación Triunfo. Confortado y exultante ante este ejemplo de modernidad, Mariano Rajoy levitó sobre el estrado como el nuevo salvador de la derecha política y social, convertida en “toda la gente de bien” de una nueva mayoría social.
Dos días después le entrevistaban en Antena 3 un Urdaci/2 resucitado y otros dos periodistas para denunciar la “fractura” social que estaba causando Zapatero y prometer el regreso, con él como presidente de Gobierno, del “consenso” en España. Y cuanto antes, mejor.
Los limites sociales y politicos de la “Estrategia de las Azores”
El Pais ha definido ya esta política de polarización extrema como la “Estrategia de las Azores”. Se trata de mantener completamente movilizado al electorado de la derecha, al tiempo que se favorece la fractura y el abstencionismo de la izquierda. Según uno de los barones del PP citados por El País, "como dijo Alfonso Guerra, no es verdad que las elecciones se ganen en el centro. Lo importante es movilizar a tu gente, la abstención es lo que hundió al PSOE en 2000. Nosotros tenemos muy animados a los nuestros. Los otros, no creo que lo estén tanto".
El acoso al Gobierno debe llevar a una situación de bloqueo y crisis política que sume las sensaciones de ilegitimidad social e ineficacia, forzando si es posible un adelanto electoral. "El presidente anda un poco escaso de talante en los últimos tiempos. No es edificante verlo amenazando a los españoles”, fue el cínico comentario de Rajoy tras el esperpéntico espectáculo dado por sus parlamentarios en el Senado. La ocupación de la calle debe conducir a una impotencia desmovilizadora de la izquierda, reducida a su condición de lumpen, frente a la “gente (de) bien”. El bloque social de la izquierda debe ser desmembrado, con llamamientos a una nueva pinza contra el Gobierno Zapatero a la extrema izquierda e incluso a sectores de IU, que deberían denunciar las incoherencias y limites del actual gobierno, no para arrastrarlo más a la izquierda, sino para debilitar la resistencia unitaria de la izquierda frente a la contra-ofensiva de la derecha /3.
La “Estrategia de las Azores” tiene sus coyunturas criticas definidas en los próximos meses, que giran en torno a la participación, o no, de la izquierda abertzale en las elecciones municipales en Euskal Herria, en torno a la posible formación de un gobierno de izquierdas y nacionalista en Nafarroa –que desplace a la derecha de las instituciones de esa comunidad y aparte uno de los obstáculos centrales en el proceso de paz en Euskal Herria—, o en torno a una posible nueva acción de ETA, si rompiera otra vez el “alto el fuego permanente”.
Pero el PP está aislado a nivel parlamentario por el resto de las fuerzas políticas, como han puesto de manifiesto una vez más el rechazo de su intento de recusar en el Congreso de los Diputados las decisiones penitenciarias sobre De Juana Chaos, o la petición de ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK), y su contraofensiva continua esencialmente en las almenas del poder judicial y a pie de calle.
Para contrarrestar el peso de la derecha en el poder judicial, el Gobierno ha comenzado replanteando las consecuencias del Pacto Antiterrorista en la composición de los principales órganos de gobierno de los jueces. El nuevo ministro Fernández Bermejo ha iniciado su mandato poniendo en evidencia la “legalidad, pero también la ilegitimidad” del Consejo del Poder Judicial, que ha superado su mandato sin ser renovado. Una enmienda de IU a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional ha permitido evitar que este alto tribunal quede en manos de una mayoría calificada de magistrados de derechas hasta su renovación, con el peligro de que se convirtiera en una “tercera cámara” de veto al poder legislativo. El “efecto Bermejo”, según el portavoz del PP en estas materias, Ignacio Astarloa, ha bloqueado cualquier posibilidad de acuerdo para la aprobación de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Mientras tanto, el Gobierno Zapatero, con el apoyo de las otras fuerzas de izquierda y nacionalistas vascas y catalanas, ha podido continuar el proceso de reformas democráticas, con la aprobación de la Ley de Igualdad, la Ley de Identidad de Género y la desmilitarización de la Guardia Civil –a pesar de la oposición cerrada de los generales del cuerpo—, con la reforma de su régimen disciplinario y la aprobación de un Estatuto de derechos y deberes.
Todos estos ataques y resistencias no se traducen por ahora en un cambio cualitativo en las encuestas de opinión. Tanto la publicada por el CIS el pasado 1 de marzo, como el Pulsómetro de la SER del pasado 13, aunque señalan un deterioro en las apreciaciones sobre la situación política, que cae del 5,3 de comienzo de legislatura hasta el 4,2 (lo que no ocurre con la situación económica, que sigue estable en el 5,5), hacen recaer la responsabilidad del embrollo mucho más sobre Rajoy (que cae del 5 al 4,1) que sobre Zapatero (que pasa del 6 al 5,2), al mismo tiempo que Llamazares alcanza su mejor puntuación y supera a Rajoy con un 4,3. La intención de voto sigue dando al PSOE un 43%, mientras que el PP se situaría en el 39% e IU subiría al 6,5%. De acuerdo con estos datos, el PP ha conseguido la movilización de su electorado, pero no la segunda parte esencial de su estrategia, que es la desmovilización parcial de los electores de izquierdas. Aislado, sin posibles aliados para una coalición, la falta de perspectivas de una mayoría absoluta sigue condenando esta crispada estrategia a una gran frustración.
La manifestación contra la guerra o como superar el miedo
Lo que no pueden reflejar las encuestas de opinión es, sin embargo, el debate interno dentro del PSOE sobre la respuesta necesaria a la ofensiva en toda regla del PP. Desde el comienzo de la Legislatura, importantes sectores del PSOE han defendido frente al Gobierno Zapatero la necesidad de condicionar cualquier proceso de cambio social o político al consenso con el PP, dándole en la práctica un derecho de veto. Se trata de sectores con una fuerte incrustación en el aparato del estado, que han vivido ese acuerdo con el PP durante los ocho años del Gobierno Aznar como una especie de bipartidismo del centro; o de gentes directamente vinculadas a las grandes empresas que se han desarrollado a partir de las privatizaciones del sector público.
En el terreno de las políticas económicas, hay que decir que la dirección autónoma por parte de Solbes del Ministerio de Economía y Hacienda, y su control del presupuesto conforme a una orientación ortodoxa socio-liberal, se ha visto acompañada por un largo ciclo de expansión, con tasas de beneficios anuales de más del 30% en las empresas del Ibex 35 durante varios años y una contención salarial de los trabajadores/4 mantenida con una alta precariedad del 33% del mercado laboral. Eso ha descartado una oposición frontal de la derecha económica al Gobierno. Pero ello solo ha hecho aumentar la presión interna en el propio PSOE de estos sectores para evitar cualquier desplazamiento significativo a la izquierda.
En este punto, la opinión editorial de Prisa, la compañía editora de El País, es significativa, porque suele hacerse eco de los estados de opinión de esos sectores. Así Ernesto Ekaizer comentaba recientemente que el gran error estratégico de Zapatero en esta legislatura era haberse jugado la legitimidad obtenida con la retirada de las tropas de Irak en la apertura del proceso de paz en el País Vasco. Este tipo de afirmaciones, que se dicen portavoces del “sentido común” político, suelen dejar de lado que la decisión de la retirada de las tropas fue igualmente controvertida en su momento, con muchas presiones para que no tuviera lugar en nombre de la solidaridad transatlántica. Y que las políticas de cambio implican inevitablemente riesgos, pero que cualquier avance significativo en la modernización y democratización de España implica una solución al conflicto vasco, que se ha convertido en el eje de la movilización de la derecha.
Este estado de opinión de los sectores sociales que se reflejan en ala derecha del PSOE, se traslada a la cuestión de qué hacer frente a la contraofensiva del PP. Como si de la estrategia de polarización a ultranza tuviera la culpa el Gobierno Zapatero, se le exige no ya dar un derecho de veto al PP (como pretendía Bono), pero sí condicionar y aun evitar cualquier movilización de resistencia por parte de la izquierda. La tensión y crispación social que afloraron en la inauguración del monumento a las victimas del 11-M –una torre de cristal ante la estación de ferrocarril de Atocha— fue otra excusa para llamar a la desmovilización.
Era evidente que tras la “madre de todas las manifestaciones” del PP en Madrid y el anuncio de otra manifestación en Pamplona con autobuses de toda España, la izquierda corría el serio peligro de quedar paralizada y desmoralizada, si no intentaba recuperar su presencia en la calle. La gran oportunidad era la convocatoria internacional en el cuarto aniversario de la guerra de Irak.
La izquierda sale a la calle el 17 de marzo, cuarto aniversario de la invasión de Irak
Ha costado mucho la organización de la manifestación unitaria de Madrid del 17 de marzo. Pero el éxito de convocatoria, con mas 150.000 manifestantes, ha dado la razón a quienes la consideraban no ya imprescindible políticamente, sino necesidad vivamente sentida por las bases sociales de la izquierda. Ante el desconcierto y la falta de reacción inicial de los aparatos de los partidos, el Foro Social de Madrid ha sido capaz de tejer las complicidades transversales necesarias, apoyándose en ONGs como Paz Ahora, ACSUR o Solidaridad Internacional y en las direcciones de UGT y CC OO de Madrid. Gracias a esta política de frente único, ha sido posible ir ampliando el abanico de los apoyos y ganar las mayorías necesarias en los grandes partidos y sindicatos, que tenían miedo a las comparaciones de cifras con las manifestaciones del PP.
El objetivo era catalizar la movilización del conjunto de la izquierda frente a la derecha, creando las condiciones de autoconfianza que permitan su politización, sin abandonar por ello el debate crítico sobre los límites de la política económica o exterior del Gobierno Zapatero. La clave era poner en movimiento la gran masa de las principales instituciones de la izquierda española, sus sindicatos –con todas sus limitaciones y con su creciente burocratización—, y la condición previa era el acuerdo político del PSOE e IU, sin el que la movilización de UGT y CCOO no es posible, aunque ésta se circunscribiera sólo a Madrid y no tuviera un alcance peninsular para evitar comparaciones con el PP.
La otra alternativa era condicionar la movilización a una polarización ideológica previa dentro de la izquierda, a partir de las críticas directas a la política económica socio-liberal y a la presencia de las tropas españolas en Afganistán y Líbano. Esta política de emplazamiento se acabó concretando en una pequeña manifestación de varios cientos de organizaciones de extrema izquierda contra el Gobierno Zapatero el mismo día y a la misma hora –pero con distinto recorrido— que la gran manifestación unitaria de la izquierda contra la derecha. Pero la presión unitaria fue tan fuerte que obligo al PCE y a otras organizaciones a llevar sus pancartas contra la guerra de Afganistán a la manifestación convocada por el Foro Social de Madrid, en una reconsideración acertada y bienvenida.
El Foro Social de Madrid se ha convertido gracias a esta política de unidad de acción de toda la izquierda, con sus múltiples matices y libertad de crítica, en un gran espacio de organización de la resistencia y de la reocupación de la calle frente a la derecha del PP /5.
Un pulso permanente
En otras ciudades del Reino de España, sobre todo en Barcelona (15.000) y Sevilla (2.000), también se han producido manifestaciones de protesta organizadas por la Plataforma “Aturem la Guerra” y el Foro Social de Sevilla, respectivamente. Pero es evidente que la presión social y política que vive Madrid, como escenario de las ocho grandes manifestaciones de la derecha, ha creado una polarización mucho más fuerte que ha servido de estímulo para una política unitaria capaz de movilizar al conjunto de la izquierda.
El pasado sábado, en Pamplona, era de nuevo el PP el que conseguía reunir a más de 75.000 personas. No evidentemente para protestar contra la guerra de Irak, que apoyó, sino para evitar una coalición de gobierno de izquierdas y nacionalista que les eche democráticamente de las instituciones de la Comunidad Navarra. Con el curioso lema “Por los fueros y la libertad”, el gobierno de la derechista Unión del Pueblo Navarro, partido regionalista coaligado al PP, intentaba aunar carlismo y liberalismo en un nuevo conservadurismo hostil al nacionalismo vasco. La manifestación de Pamplona fue también un éxito para la maquinaria logística del PP, pero su efecto político fue mucho menor. Simplemente la agitación de un hipotético miedo identitario era poco creíble cuando días y aun horas antes tanto la vicepresidenta Maria Teresa Fernández como el PSOE navarro habían desmentido cualquier posible “cesión” antidemocrática de Navarra como precio político a Batasuna. Más curioso fue que Otegi y la propia izquierda abertzale reiteraran también que solo el derecho a decidir de los navarros determinaría la viabilidad de su proyecto de una sola comunidad autonómica vasco-navarra en el marco jurídico del estado español.
Solo 200 metros separaron a los manifestantes del PP de los 8.000 sindicalistas de LAB, el sindicato de la izquierda abertzale, que desfilaron en Pamplona a la misma hora contra las deslocalizaciones industriales en Euskal Herria, no cediendo su agenda sindical a la movilización de la derecha.
No es un mal mensaje. Frente al peligro de paralización, la izquierda tiene que demostrar que es capaz de saber movilizarse y mantener su propia agenda social y política. Frente a la estrategia de bloqueo de las instituciones mediante la polarización del PP, la izquierda tiene que responder con un proyecto más amplio de profundización del cambio político y social para una próxima legislatura, que tendrá la posibilidad de situarse más a la izquierda en la medida en que mejore la correlación de fuerzas y los resultados electorales. No solo para reabrir el proceso de paz en Euskal Herria, sino también para abordar la reforma de leyes orgánicas y de la propia Constitución, para lo que necesita tener una amplia mayoría parlamentaria. Sin una correlación de fuerzas más a la izquierda –que precisa de la movilización social unitaria, no menos que de la articulación política en programas y candidaturas más a la izquierda—, no será posible una nueva experiencia social masiva de cambio democrático y modernización que empiece a cuestionar el modelo de desarrollo económico neoliberal, insostenible a pesar del maná de los beneficios empresariales.
Hasta ahora mantenemos el pulso, pero hay que plantearse cómo lo ganamos.
NOTAS
1/ “Herri Batasuna+Zapatero Presidente= hijos de puta”. Merece destacarse la proverbial memoria histórica de la derecha española. Ya en 1934, y ante la huelga general de octubre convocada por la Alianza Obrera contra el gobierno de derechas republicano, las siglas UHP (“Unios Hermanos Proletarios”) fueron transformadas por las diferentes milicias fascistas de la época en “Unión de Hijos de Puta”. Agapito Maestre, uno de los publicistas más asiduos en los distintos boletines electrónicos “confidenciales” de la derecha, describía así estos días a los convocantes de la manifestación de Madrid contra la guerra de Irak del 18 de marzo: “PSOE, IU, sindicatos y toda la basura lumpen y de conducta desviada de la sociedad”.
2/ Alfredo Urdaci fue el responsable de los servicios informativos de TVE durante el Gobierno Aznar y su cara pública, identificada popularmente con las manipulaciones mediáticas de los atentados del 11-M del 2004.
3/ Véase, por ejemplo, el editorial de Pablo Sebastián en el periódico electrónico La Estrella Digital (www.estrelladigital.es) de 9 de marzo del 2007, “La Oportunidad de IU”. El argumentario se remonta a la iniquidad que habría heredado el Gobierno Zapatero por la política antiterrorista de Felipe González hace ya más de diez años, en especial la infamia de los GAL, las supuestas concesiones al independentismo nacionalista frente al “federalismo” responsable de IU, la “traición” a la causa saharaui y el mantenimiento de las tropas españolas en Afganistán. Sebastián concluye: “marcando toda la distancia que quieran con el PP deberían hacer otro tanto con Zapatero, en defensa de la izquierda, pero también de la democracia y de la libertad. La libertad que está amenazada en el País Vasco y la democracia que empieza a brillar por su ausencia en las acciones y reacciones de la Moncloa, para salvar los desafueros de Zapatero. Hay ciertas cosas, como el Pacto del Tinell, el rodillo del Congreso y sus vetos para impedir debates y votaciones, que no son, simplemente, democráticas, e IU eso lo debería saber y actuar en consecuencia y en defensa del interés general. Si dejan de moverse como simples acompañantes del PSOE, tendrán una oportunidad y muchas personas, que no soportan a Zapatero y que se acuerdan de Aznar, se lo agradecerán”.
4/ Según Malo de Molina, responsable de estudios del Banco de España, “la remuneración por asalariado que había crecido a una tasa media del 9,4% entre 1980 a 1995 se ha moderado hasta el 2,9% de crecimiento medio entre 1996 y 2005”. Esa “indudable moderación” está ya en línea “con la trayectoria de la inflación”, pero “cuando se compara con los incrementos reales del PIB, el crecimiento real de los salarios es negativo en un 0,6% en el promedio de 1996 a 2007, frente a un crecimiento real del 1,3% entre 1980 a 1995”. Las empresas que cotizan en el mercado continuo de la bolsa española obtuvieron el año pasado unos beneficios económicos del 58.097 millones, un 34% más que un año antes. Las cajas ganaron 9.420 millones, un 48% más. Paradigmáticos son los resultados de los dos principales bancos, ya que el grupo Santander logró un beneficio de 7.596 millones, un 22% más que en 2005. Es la cantidad más elevada entre las compañías cotizadas. Mientras tanto, hemos sabido que según los últimos datos de un estudio del IESE, el sueldo medio anual de los ejecutivos se fijó en 190.200 euros y los grandes ejecutivos superaron, de media, los dos millones, aunque los ingresos variables se han duplicado en Iberdrola, por ejemplo. El sueldo se dispara si se comparan con los máximos ejecutivos de las empresas, los consejeros delegados o los presidentes de los consejos de administración. Se conoce que Francisco González, presidente del BBVA, obtuvo un salario de 9,78 millones el año pasado, además de otros diez millones que fueron depositados en su fondo de pensiones.
5/ Volviendo a los debates sobre la memoria histórica, merece la pena destacar que quienes desde el FSM y otros ámbitos defendían esta política de frente único tenían en el recuerdo la experiencia de la izquierda madrileña en abril de 1933. Frente a la llamada a concentrar 100.000 manifestantes de la derecha en El Escorial para proclamar a Gil Robles, dirigente de Acción Popular, la alternativa frente al gobierno de centro-derecha de la república, fue entonces la Alianza Obrera, como espacio de coordinación de toda la izquierda, la que movilizó unitariamente y proclamó la huelga general del transporte que desbarató la contraofensiva extraparlamentaria de la derecha española. Con todas las diferencias históricas y de métodos de lucha, el punto de referencia de esa política de frente único seguía siendo valido hoy, cuando de nuevo se trataba de evitar que cundiera la impotencia. Ver G. Munis, Jalones de Derrota, Promesas de Victoria, Ed. Zyx, pag. 127 (edición digital http://www.marxismo.org/?q=node/566)
G. Buster
Quizás una anécdota resuma la situación de tensión política que se vive en el Reino de España. Una profesora de filosofía del instituto público de San Sebastián de los Reyes, una ciudad dormitorio de Madrid, da sus clases con una camiseta con la formula “HB+ZP=HP” /1. Adolfo Navarro, portavoz socialista de Educación en la Asamblea de Madrid, responde, en tono irónico, que si la profesora quiere insultar al presidente del Gobierno, "tiene una manifestación semanal que organiza el PP, donde cómodamente puede insultar al presidente, acompañada de la presidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre, del ultraderechista Sáenz de Ynestrillas o de Falange".
La “madre de todas las manifestaciones” de la derecha
No hemos llegado todavía a una manifestación semanal del PP, pero la octava gran manifestación en esta legislatura de la derecha, la del pasado 10 de marzo en Madrid, sí ha tenido connotaciones especiales. Ha escenificando en la calle su alternativa social y política al Gobierno Zapatero como tal, no sólo a uno u otro aspecto de su gestión. Una alternativa que Gaspar Llamazares, dirigente de IU, resumió como la defensa no tanto de “un estado de derecho, como de un estado de derechas”.
La preparación de esta “madre de todas las manifestaciones” de la derecha ha sido sistemática. Ha partido de una deslegitimación global del Gobierno del PSOE con una delirante teoría conspiratoria, según la cual la victoria del 14 de marzo de 2004 habría sido el resultado de un pacto secreto con la ETA, la cual habría colaborado con el terrorismo islamista para los atentados del 11-M, a trueque de abrir un proceso de paz que culminara en la independencia de Euskal Herria. La última “prueba” de cargo aportada a esta requisitoria, evidentemente instruida por falsarios para uso de orates, no sería otra que la decisión adoptada por el Gobierno en relación al régimen penitenciario del militante de ETA De Juana Chaos.
Fuera del Reino de España, la estolidez de estas acusaciones puede llevar a no dar importancia al efecto político que supone su mediática repetición machacona. Pero en los mismos días en que las sesiones del juicio contra los autores materiales del 11-M están desmontando pieza a pieza los supuestos fundamentos de la teoría conspirativa de la derecha, tres diarios de alcance peninsular, varias cadenas de radio y todo tipo de páginas y boletines informáticos insisten en mantener contra toda evidencia lo contrario. Hasta el punto de que el Obispo de Huesca-Jaca se permite el lujo de acusar directamente al Gobierno de querer ocultar la verdad, y el Arzobispo adjunto de Madrid convoca a misas contra Zapatero.
El intento de explicar en sede parlamentaria la decisión del Gobierno de aplicar De Juana Chaos la prisión atenuada, con su traslado a un hospital de Donosti, se enfrentó con una bronca desde los escaños del PP sin precedentes en el Senado. “Nadie puede entender que le hagan preguntas al Presidente del Gobierno y no quieran escuchar sus respuestas”, fue la advertencia de un manifiestamente atribulado Presidente del Senado.
A cubierto de este manto ideológico literalmente demencial, la preparación logística de la ocupación de la calle ha intentado repetir la cadena de protestas de la izquierda que en el 2004 llevaron a la derrota electoral del Gobierno Aznar. La noche del pasado 9 de marzo, el PP organizó concentraciones nocturnas de varios cientos de personas en la mayoría de las ciudades, a la vez que tenían lugar más de una veintena de ataques fascistas contra sedes del PSOE y de IU. Al día siguiente, 700 autobuses de toda España se dirigieron hacia Madrid, en un escenario de la manifestación preparado y sufragado desde los gobiernos del PP de la Comunidad y de la Municipalidad.
La manifestación, que contó con más de 350.000 participantes, fue un éxito de disciplina y capacidad de encuadramiento. Un mar de banderas constitucionales españolas, con muy pocas excepciones de banderas franquistas, muchos lazos azules antiterroristas, pocas insignias del requeté o de la falange. Incluso la música se limitó al himno nacional, la vieja “Libertad sin Ira” de la transición, o la pegadiza “Sabes que se puede” de la televisiva Operación Triunfo. Confortado y exultante ante este ejemplo de modernidad, Mariano Rajoy levitó sobre el estrado como el nuevo salvador de la derecha política y social, convertida en “toda la gente de bien” de una nueva mayoría social.
Dos días después le entrevistaban en Antena 3 un Urdaci/2 resucitado y otros dos periodistas para denunciar la “fractura” social que estaba causando Zapatero y prometer el regreso, con él como presidente de Gobierno, del “consenso” en España. Y cuanto antes, mejor.
Los limites sociales y politicos de la “Estrategia de las Azores”
El Pais ha definido ya esta política de polarización extrema como la “Estrategia de las Azores”. Se trata de mantener completamente movilizado al electorado de la derecha, al tiempo que se favorece la fractura y el abstencionismo de la izquierda. Según uno de los barones del PP citados por El País, "como dijo Alfonso Guerra, no es verdad que las elecciones se ganen en el centro. Lo importante es movilizar a tu gente, la abstención es lo que hundió al PSOE en 2000. Nosotros tenemos muy animados a los nuestros. Los otros, no creo que lo estén tanto".
El acoso al Gobierno debe llevar a una situación de bloqueo y crisis política que sume las sensaciones de ilegitimidad social e ineficacia, forzando si es posible un adelanto electoral. "El presidente anda un poco escaso de talante en los últimos tiempos. No es edificante verlo amenazando a los españoles”, fue el cínico comentario de Rajoy tras el esperpéntico espectáculo dado por sus parlamentarios en el Senado. La ocupación de la calle debe conducir a una impotencia desmovilizadora de la izquierda, reducida a su condición de lumpen, frente a la “gente (de) bien”. El bloque social de la izquierda debe ser desmembrado, con llamamientos a una nueva pinza contra el Gobierno Zapatero a la extrema izquierda e incluso a sectores de IU, que deberían denunciar las incoherencias y limites del actual gobierno, no para arrastrarlo más a la izquierda, sino para debilitar la resistencia unitaria de la izquierda frente a la contra-ofensiva de la derecha /3.
La “Estrategia de las Azores” tiene sus coyunturas criticas definidas en los próximos meses, que giran en torno a la participación, o no, de la izquierda abertzale en las elecciones municipales en Euskal Herria, en torno a la posible formación de un gobierno de izquierdas y nacionalista en Nafarroa –que desplace a la derecha de las instituciones de esa comunidad y aparte uno de los obstáculos centrales en el proceso de paz en Euskal Herria—, o en torno a una posible nueva acción de ETA, si rompiera otra vez el “alto el fuego permanente”.
Pero el PP está aislado a nivel parlamentario por el resto de las fuerzas políticas, como han puesto de manifiesto una vez más el rechazo de su intento de recusar en el Congreso de los Diputados las decisiones penitenciarias sobre De Juana Chaos, o la petición de ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK), y su contraofensiva continua esencialmente en las almenas del poder judicial y a pie de calle.
Para contrarrestar el peso de la derecha en el poder judicial, el Gobierno ha comenzado replanteando las consecuencias del Pacto Antiterrorista en la composición de los principales órganos de gobierno de los jueces. El nuevo ministro Fernández Bermejo ha iniciado su mandato poniendo en evidencia la “legalidad, pero también la ilegitimidad” del Consejo del Poder Judicial, que ha superado su mandato sin ser renovado. Una enmienda de IU a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional ha permitido evitar que este alto tribunal quede en manos de una mayoría calificada de magistrados de derechas hasta su renovación, con el peligro de que se convirtiera en una “tercera cámara” de veto al poder legislativo. El “efecto Bermejo”, según el portavoz del PP en estas materias, Ignacio Astarloa, ha bloqueado cualquier posibilidad de acuerdo para la aprobación de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Mientras tanto, el Gobierno Zapatero, con el apoyo de las otras fuerzas de izquierda y nacionalistas vascas y catalanas, ha podido continuar el proceso de reformas democráticas, con la aprobación de la Ley de Igualdad, la Ley de Identidad de Género y la desmilitarización de la Guardia Civil –a pesar de la oposición cerrada de los generales del cuerpo—, con la reforma de su régimen disciplinario y la aprobación de un Estatuto de derechos y deberes.
Todos estos ataques y resistencias no se traducen por ahora en un cambio cualitativo en las encuestas de opinión. Tanto la publicada por el CIS el pasado 1 de marzo, como el Pulsómetro de la SER del pasado 13, aunque señalan un deterioro en las apreciaciones sobre la situación política, que cae del 5,3 de comienzo de legislatura hasta el 4,2 (lo que no ocurre con la situación económica, que sigue estable en el 5,5), hacen recaer la responsabilidad del embrollo mucho más sobre Rajoy (que cae del 5 al 4,1) que sobre Zapatero (que pasa del 6 al 5,2), al mismo tiempo que Llamazares alcanza su mejor puntuación y supera a Rajoy con un 4,3. La intención de voto sigue dando al PSOE un 43%, mientras que el PP se situaría en el 39% e IU subiría al 6,5%. De acuerdo con estos datos, el PP ha conseguido la movilización de su electorado, pero no la segunda parte esencial de su estrategia, que es la desmovilización parcial de los electores de izquierdas. Aislado, sin posibles aliados para una coalición, la falta de perspectivas de una mayoría absoluta sigue condenando esta crispada estrategia a una gran frustración.
La manifestación contra la guerra o como superar el miedo
Lo que no pueden reflejar las encuestas de opinión es, sin embargo, el debate interno dentro del PSOE sobre la respuesta necesaria a la ofensiva en toda regla del PP. Desde el comienzo de la Legislatura, importantes sectores del PSOE han defendido frente al Gobierno Zapatero la necesidad de condicionar cualquier proceso de cambio social o político al consenso con el PP, dándole en la práctica un derecho de veto. Se trata de sectores con una fuerte incrustación en el aparato del estado, que han vivido ese acuerdo con el PP durante los ocho años del Gobierno Aznar como una especie de bipartidismo del centro; o de gentes directamente vinculadas a las grandes empresas que se han desarrollado a partir de las privatizaciones del sector público.
En el terreno de las políticas económicas, hay que decir que la dirección autónoma por parte de Solbes del Ministerio de Economía y Hacienda, y su control del presupuesto conforme a una orientación ortodoxa socio-liberal, se ha visto acompañada por un largo ciclo de expansión, con tasas de beneficios anuales de más del 30% en las empresas del Ibex 35 durante varios años y una contención salarial de los trabajadores/4 mantenida con una alta precariedad del 33% del mercado laboral. Eso ha descartado una oposición frontal de la derecha económica al Gobierno. Pero ello solo ha hecho aumentar la presión interna en el propio PSOE de estos sectores para evitar cualquier desplazamiento significativo a la izquierda.
En este punto, la opinión editorial de Prisa, la compañía editora de El País, es significativa, porque suele hacerse eco de los estados de opinión de esos sectores. Así Ernesto Ekaizer comentaba recientemente que el gran error estratégico de Zapatero en esta legislatura era haberse jugado la legitimidad obtenida con la retirada de las tropas de Irak en la apertura del proceso de paz en el País Vasco. Este tipo de afirmaciones, que se dicen portavoces del “sentido común” político, suelen dejar de lado que la decisión de la retirada de las tropas fue igualmente controvertida en su momento, con muchas presiones para que no tuviera lugar en nombre de la solidaridad transatlántica. Y que las políticas de cambio implican inevitablemente riesgos, pero que cualquier avance significativo en la modernización y democratización de España implica una solución al conflicto vasco, que se ha convertido en el eje de la movilización de la derecha.
Este estado de opinión de los sectores sociales que se reflejan en ala derecha del PSOE, se traslada a la cuestión de qué hacer frente a la contraofensiva del PP. Como si de la estrategia de polarización a ultranza tuviera la culpa el Gobierno Zapatero, se le exige no ya dar un derecho de veto al PP (como pretendía Bono), pero sí condicionar y aun evitar cualquier movilización de resistencia por parte de la izquierda. La tensión y crispación social que afloraron en la inauguración del monumento a las victimas del 11-M –una torre de cristal ante la estación de ferrocarril de Atocha— fue otra excusa para llamar a la desmovilización.
Era evidente que tras la “madre de todas las manifestaciones” del PP en Madrid y el anuncio de otra manifestación en Pamplona con autobuses de toda España, la izquierda corría el serio peligro de quedar paralizada y desmoralizada, si no intentaba recuperar su presencia en la calle. La gran oportunidad era la convocatoria internacional en el cuarto aniversario de la guerra de Irak.
La izquierda sale a la calle el 17 de marzo, cuarto aniversario de la invasión de Irak
Ha costado mucho la organización de la manifestación unitaria de Madrid del 17 de marzo. Pero el éxito de convocatoria, con mas 150.000 manifestantes, ha dado la razón a quienes la consideraban no ya imprescindible políticamente, sino necesidad vivamente sentida por las bases sociales de la izquierda. Ante el desconcierto y la falta de reacción inicial de los aparatos de los partidos, el Foro Social de Madrid ha sido capaz de tejer las complicidades transversales necesarias, apoyándose en ONGs como Paz Ahora, ACSUR o Solidaridad Internacional y en las direcciones de UGT y CC OO de Madrid. Gracias a esta política de frente único, ha sido posible ir ampliando el abanico de los apoyos y ganar las mayorías necesarias en los grandes partidos y sindicatos, que tenían miedo a las comparaciones de cifras con las manifestaciones del PP.
El objetivo era catalizar la movilización del conjunto de la izquierda frente a la derecha, creando las condiciones de autoconfianza que permitan su politización, sin abandonar por ello el debate crítico sobre los límites de la política económica o exterior del Gobierno Zapatero. La clave era poner en movimiento la gran masa de las principales instituciones de la izquierda española, sus sindicatos –con todas sus limitaciones y con su creciente burocratización—, y la condición previa era el acuerdo político del PSOE e IU, sin el que la movilización de UGT y CCOO no es posible, aunque ésta se circunscribiera sólo a Madrid y no tuviera un alcance peninsular para evitar comparaciones con el PP.
La otra alternativa era condicionar la movilización a una polarización ideológica previa dentro de la izquierda, a partir de las críticas directas a la política económica socio-liberal y a la presencia de las tropas españolas en Afganistán y Líbano. Esta política de emplazamiento se acabó concretando en una pequeña manifestación de varios cientos de organizaciones de extrema izquierda contra el Gobierno Zapatero el mismo día y a la misma hora –pero con distinto recorrido— que la gran manifestación unitaria de la izquierda contra la derecha. Pero la presión unitaria fue tan fuerte que obligo al PCE y a otras organizaciones a llevar sus pancartas contra la guerra de Afganistán a la manifestación convocada por el Foro Social de Madrid, en una reconsideración acertada y bienvenida.
El Foro Social de Madrid se ha convertido gracias a esta política de unidad de acción de toda la izquierda, con sus múltiples matices y libertad de crítica, en un gran espacio de organización de la resistencia y de la reocupación de la calle frente a la derecha del PP /5.
Un pulso permanente
En otras ciudades del Reino de España, sobre todo en Barcelona (15.000) y Sevilla (2.000), también se han producido manifestaciones de protesta organizadas por la Plataforma “Aturem la Guerra” y el Foro Social de Sevilla, respectivamente. Pero es evidente que la presión social y política que vive Madrid, como escenario de las ocho grandes manifestaciones de la derecha, ha creado una polarización mucho más fuerte que ha servido de estímulo para una política unitaria capaz de movilizar al conjunto de la izquierda.
El pasado sábado, en Pamplona, era de nuevo el PP el que conseguía reunir a más de 75.000 personas. No evidentemente para protestar contra la guerra de Irak, que apoyó, sino para evitar una coalición de gobierno de izquierdas y nacionalista que les eche democráticamente de las instituciones de la Comunidad Navarra. Con el curioso lema “Por los fueros y la libertad”, el gobierno de la derechista Unión del Pueblo Navarro, partido regionalista coaligado al PP, intentaba aunar carlismo y liberalismo en un nuevo conservadurismo hostil al nacionalismo vasco. La manifestación de Pamplona fue también un éxito para la maquinaria logística del PP, pero su efecto político fue mucho menor. Simplemente la agitación de un hipotético miedo identitario era poco creíble cuando días y aun horas antes tanto la vicepresidenta Maria Teresa Fernández como el PSOE navarro habían desmentido cualquier posible “cesión” antidemocrática de Navarra como precio político a Batasuna. Más curioso fue que Otegi y la propia izquierda abertzale reiteraran también que solo el derecho a decidir de los navarros determinaría la viabilidad de su proyecto de una sola comunidad autonómica vasco-navarra en el marco jurídico del estado español.
Solo 200 metros separaron a los manifestantes del PP de los 8.000 sindicalistas de LAB, el sindicato de la izquierda abertzale, que desfilaron en Pamplona a la misma hora contra las deslocalizaciones industriales en Euskal Herria, no cediendo su agenda sindical a la movilización de la derecha.
No es un mal mensaje. Frente al peligro de paralización, la izquierda tiene que demostrar que es capaz de saber movilizarse y mantener su propia agenda social y política. Frente a la estrategia de bloqueo de las instituciones mediante la polarización del PP, la izquierda tiene que responder con un proyecto más amplio de profundización del cambio político y social para una próxima legislatura, que tendrá la posibilidad de situarse más a la izquierda en la medida en que mejore la correlación de fuerzas y los resultados electorales. No solo para reabrir el proceso de paz en Euskal Herria, sino también para abordar la reforma de leyes orgánicas y de la propia Constitución, para lo que necesita tener una amplia mayoría parlamentaria. Sin una correlación de fuerzas más a la izquierda –que precisa de la movilización social unitaria, no menos que de la articulación política en programas y candidaturas más a la izquierda—, no será posible una nueva experiencia social masiva de cambio democrático y modernización que empiece a cuestionar el modelo de desarrollo económico neoliberal, insostenible a pesar del maná de los beneficios empresariales.
Hasta ahora mantenemos el pulso, pero hay que plantearse cómo lo ganamos.
NOTAS
1/ “Herri Batasuna+Zapatero Presidente= hijos de puta”. Merece destacarse la proverbial memoria histórica de la derecha española. Ya en 1934, y ante la huelga general de octubre convocada por la Alianza Obrera contra el gobierno de derechas republicano, las siglas UHP (“Unios Hermanos Proletarios”) fueron transformadas por las diferentes milicias fascistas de la época en “Unión de Hijos de Puta”. Agapito Maestre, uno de los publicistas más asiduos en los distintos boletines electrónicos “confidenciales” de la derecha, describía así estos días a los convocantes de la manifestación de Madrid contra la guerra de Irak del 18 de marzo: “PSOE, IU, sindicatos y toda la basura lumpen y de conducta desviada de la sociedad”.
2/ Alfredo Urdaci fue el responsable de los servicios informativos de TVE durante el Gobierno Aznar y su cara pública, identificada popularmente con las manipulaciones mediáticas de los atentados del 11-M del 2004.
3/ Véase, por ejemplo, el editorial de Pablo Sebastián en el periódico electrónico La Estrella Digital (www.estrelladigital.es) de 9 de marzo del 2007, “La Oportunidad de IU”. El argumentario se remonta a la iniquidad que habría heredado el Gobierno Zapatero por la política antiterrorista de Felipe González hace ya más de diez años, en especial la infamia de los GAL, las supuestas concesiones al independentismo nacionalista frente al “federalismo” responsable de IU, la “traición” a la causa saharaui y el mantenimiento de las tropas españolas en Afganistán. Sebastián concluye: “marcando toda la distancia que quieran con el PP deberían hacer otro tanto con Zapatero, en defensa de la izquierda, pero también de la democracia y de la libertad. La libertad que está amenazada en el País Vasco y la democracia que empieza a brillar por su ausencia en las acciones y reacciones de la Moncloa, para salvar los desafueros de Zapatero. Hay ciertas cosas, como el Pacto del Tinell, el rodillo del Congreso y sus vetos para impedir debates y votaciones, que no son, simplemente, democráticas, e IU eso lo debería saber y actuar en consecuencia y en defensa del interés general. Si dejan de moverse como simples acompañantes del PSOE, tendrán una oportunidad y muchas personas, que no soportan a Zapatero y que se acuerdan de Aznar, se lo agradecerán”.
4/ Según Malo de Molina, responsable de estudios del Banco de España, “la remuneración por asalariado que había crecido a una tasa media del 9,4% entre 1980 a 1995 se ha moderado hasta el 2,9% de crecimiento medio entre 1996 y 2005”. Esa “indudable moderación” está ya en línea “con la trayectoria de la inflación”, pero “cuando se compara con los incrementos reales del PIB, el crecimiento real de los salarios es negativo en un 0,6% en el promedio de 1996 a 2007, frente a un crecimiento real del 1,3% entre 1980 a 1995”. Las empresas que cotizan en el mercado continuo de la bolsa española obtuvieron el año pasado unos beneficios económicos del 58.097 millones, un 34% más que un año antes. Las cajas ganaron 9.420 millones, un 48% más. Paradigmáticos son los resultados de los dos principales bancos, ya que el grupo Santander logró un beneficio de 7.596 millones, un 22% más que en 2005. Es la cantidad más elevada entre las compañías cotizadas. Mientras tanto, hemos sabido que según los últimos datos de un estudio del IESE, el sueldo medio anual de los ejecutivos se fijó en 190.200 euros y los grandes ejecutivos superaron, de media, los dos millones, aunque los ingresos variables se han duplicado en Iberdrola, por ejemplo. El sueldo se dispara si se comparan con los máximos ejecutivos de las empresas, los consejeros delegados o los presidentes de los consejos de administración. Se conoce que Francisco González, presidente del BBVA, obtuvo un salario de 9,78 millones el año pasado, además de otros diez millones que fueron depositados en su fondo de pensiones.
5/ Volviendo a los debates sobre la memoria histórica, merece la pena destacar que quienes desde el FSM y otros ámbitos defendían esta política de frente único tenían en el recuerdo la experiencia de la izquierda madrileña en abril de 1933. Frente a la llamada a concentrar 100.000 manifestantes de la derecha en El Escorial para proclamar a Gil Robles, dirigente de Acción Popular, la alternativa frente al gobierno de centro-derecha de la república, fue entonces la Alianza Obrera, como espacio de coordinación de toda la izquierda, la que movilizó unitariamente y proclamó la huelga general del transporte que desbarató la contraofensiva extraparlamentaria de la derecha española. Con todas las diferencias históricas y de métodos de lucha, el punto de referencia de esa política de frente único seguía siendo valido hoy, cuando de nuevo se trataba de evitar que cundiera la impotencia. Ver G. Munis, Jalones de Derrota, Promesas de Victoria, Ed. Zyx, pag. 127 (edición digital http://www.marxismo.org/?q=node/566)
Los limites neoliberales de las políticas sociales y ecológicas de la UE
G. Buster
Como es habitual, el Consejo Europeo de primavera (7 y 8 de marzo 2007) ha estado dedicado al debate de las cuestiones económicas y sociales. El punto fundamental de la agenda ha sido la política energética y el cambio climático. La Presidencia alemana ha conseguido su objetivo de una propuesta unilateral con gancho de cara a la reunión del G-8 en junio, donde defenderá el impulso de las negociaciones para un Acuerdo post Kyoto en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 2007-2009. Pero el concepto de la energía como un servicio público esta totalmente ausente, sacrificado a la dinámica interna de un mercado único en formación bajo el dictamen de las grandes empresas energéticas europeas.
El Consejo Europeo y la Comisión continúan la aplicación sistemática de la Agenda de Lisboa, a través de los planes nacionales, en el marco de las políticas neoliberales que siguen erosionando el llamado modelo social europeo. Y ello a pesar de la recuperación económica que se extiende al conjunto de los estados miembros. La izquierda europea no debe apoyar esta estrategia que divide a su base social y que a la larga sacrifica a los beneficios empresariales el mismo proyecto de construcción europea.
1- Un contexto de recuperación económica que pagan los trabajadores
El Consejo toma buena nota de la importante recuperación de la economía europea, en especial de la zona euro y de Alemania, con una tasa de crecimiento fuerte del 2,7%. Este cambio cíclico alcista ha supuesto ya una política monetaria más restrictiva del Banco Central Europeo, con subidas de sus tipos hasta el 3,75% (aunque se sitúan un punto y medio por debajo de los tipos de la Reserva Federal para el dólar).
El contexto de esta recuperación, sin embargo, no esta exento de peligros. Hay un crecimiento de la economía mundial, sobre todo de la capacidad productiva, que implica una fuerte competencia por cuotas de mercado, que afectan a una economía exportadora como la europea. Las exportaciones europeas tienen que competir con un dólar muy devaluado, lo que abre el interrogante de las posibles estrategias para mantener su competitividad. Bien una estrategia de incremento de la productividad que permita salarios y empleos de calidad, o una reestructuración que haga recaer en los trabajadores, sus salarios y calidad de empleo la presión por la competitividad.
La disyuntiva es de gran importancia y en definitiva vive en el enfoque contradictorio y un poco esquizofrénico de la Agenda de Lisboa, con sus distintos énfasis en innovación tecnológica y modelo social europeo, pero reinterpretado desde la óptica de la "flexiseguridad", que es en definitiva la opción por un mantenimiento de la competitividad frente al dólar basado en un ataque contra los trabajadores y el modelo social europeo.
En este sentido, los debates de Consejo siguen marcando una tendencia muy preocupante, cuya filosofía es posponer siempre a la consolidación de los beneficios empresariales cualquier otra consideración de política social o económica. En el desarrollo temporal, primero se aplica la "flexiseguridad", que es la continuación de las reformas estructurales contra el empleo estable, las pensiones, ampliación de la edad de jubilación -con sus consecuencias presupuestarias-, y se deja para más adelante desde el estudio de la nueva situación social europea, que la Comisión debe hacer, a las medidas sociales previstas en la Agenda de Lisboa.
Pero la realidad es que los salarios siguen cayendo: "la participación de los salarios ha alcanzado los niveles históricos más bajos en los últimos años". Lo dice el propio informe de la Comisión Desarrollo de los salarios y de los costes laborales en la zona euro: el peso de los salarios sobre la renta total ha caído desde el 68% en 1993 al 64% en 2006. Y añade: "los costes nominales laborales unitarios han crecido a un ritmo significativamente más bajo que el objetivo de estabilidad de los precios del 2% en los últimos años". Todo ello ha supuesto que los ingresos por empleado "han registrado el crecimiento histórico más bajo, el 2,6% entre 1995 y 2005".
Según este análisis de la situación económica de la UE, si se produjera un ajuste al alza de la participación salarial en la distribución de la renta, "los salarios podrían crecer a un ritmo mayor que la productividad, sin que esto tuviera como reflejo unos precios más altos y por tanto sin poner en riesgo la estabilidad monetaria". Esto implicaría que "los beneficios marginales, actualmente a niveles altos, deberían absorber parte del incremento de los costes laborales".
No se trata solo de "buenos sentimientos" por parte de unos responsables económicos europeos, que han dado cumplidas muestras de que parte están. Cuando el Financial Times hace campaña sistemática desde hace meses por un aumento de las rentas salariales en los convenios sindicales, es porque hay una profunda preocupación de que para que la recuperación europea sea sostenible, es necesario un aumento sustancial de la demanda interna, que depende esencialmente de los salarios.
El ejemplo de EE UU no puede ser más significativo. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Ben Bernanke, expresó en su discurso del pasado 6 de febrero su inquietud por el fuerte crecimiento de las desigualdades en su país, en especial en el fuerte aumento de las diferencias de renta: el 1% de las familias más ricas ha pasado de representar el 8% del total del pastel en 1979, al 14% en 2004. Por el contrario, el 20% de los hogares más pobres han visto descender su participación en el pastel desde el 7% al 5%, en el mismo periodo. Dada la importancia del mercado inmobiliario en la capacidad de endeudamiento de los trabajadores en EE UU, la caída en el PIB del último trimestre en EE UU en un 0,1% tiene que ver directamente con una caída en el consumo en EE UU ligada a esas desigualdades.
La cuestión en Europa es por lo tanto en que medida la recuperación económica va a permitir un reforzamiento del modelo social europeo a través de una mayor participación de los salarios en la renta total y reforzar la demanda interna. En que medida la mayoría de los europeos van a poder compartir o no las tasas de de beneficios de las grandes empresas europeas, que alcanzan records históricos que, en algunos países como España se sitúan de media para el Ibex 35 en un 30% por cuarto año consecutivo.
En esta situación una política de creación de empleos de calidad, junto con aumentos salariales, es crear la legitimidad imprescindible para poder seguir avanzando en el proyecto político de la construcción europea. El Consejo Europeo propone pasar del 64% al 66% de la población empleada. ¿Con que planes concretos, con que incentivos? No puede ser a través de la "flexiseguridad", el empleo precario y la extensión de la edad de jubilación porque su efecto seria aumentar la erosión de modelo social europeo que están detrás del rechazo del proyecto neoliberal de Tratado Constitucional.
Debería ser evidente -incluso para los miembros del "Club de Madrid" que siguen defendiendo el proyecto neoliberal de Tratado constitucional europeo-, que no se puede construir más Europa con menos derechos sociales para los europeos. Pero la orientación general del Consejo Europeo, aun en un ciclo de recuperación económica, sigue siendo la "flexiseguridad". Es decir, basar la recuperación de la competitividad europea en los mercados internacionales frente a un dólar devaluado en la erosión del modelo social europeo, en la contención salarial en una época de beneficios empresariales y en una debilidad de la demanda interna que resta autonomía y márgenes de maniobra a las políticas económicas europeas. Una orientación que ha sido denunciada por el vicepresidente de la Confederación Europea de Sindicatos, Reiner Hoffmann.
2- Cambio climático: regulando intereses no necesidades
En la Unión Europea, a diferencia de EE UU, no existe un margen político para poner en cuestión las evidencias científicas del cambio climático y sus efectos desastrosos en un periodo de tiempo de menos de cien años. Las instituciones europeas y las grandes empresas han visto en la lucha contra el cambio climático una oportunidad de crear nuevos mercados globales, como el de cuotas de emisiones de CO2 o tecnología verde anticontaminante, y también de recuperar la producción de energía eléctrica nuclear. La Unión Europea ha sido el sujeto político más importante en los Acuerdos de Kyoto. Y quiere volver a jugar este papel en la nueva Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que debe buscar un marco regulatorio global que incluya a EE UU, Australia y China.
El problema de la presidencia alemana cara a la cumbre del G-8 en junio es como construir una posición comunitaria tras la Ampliación que le permita a la vez responder a la presión de un electorado cada vez mas movilizado por los temas ecológicos y al desarrollo de un mercado común energético europeo en buena parte dependiente para sus suministros de hidrocarburos de Rusia.
El comodín que ha permitido llegar a un acuerdo es el horizonte de un nuevo ciclo de producción de energía nuclear en los nuevos estados miembros de Europa central y el báltico pero con tecnología francesa y alemana en vez de rusa. En el mercado común energético, el origen "sucio" de esa energía eléctrica nuclear quedará absorbido en la red general de distribución, al mismo tiempo que dota de autonomía energética a los estados miembros de Europa central y bálticos por los que atraviesan los oleoductos y gaseoductos hasta el corazón de la zona euro.
Por lo tanto, no es ingenuo ese apartado final en el Plan de Acción Energético aprobado por el Consejo Europeo. Pero ni la energía nuclear es neutral en relación con las emisiones de CO2 como se parece pretender ni esta exenta de contradicciones la compatibilidad del principio de decisión individual de uso de cada estado miembro con la imprescindible regulación comunitaria de las normas de seguridad y tratamiento de residuos.
Pero ese es el precio que ha pagado Merckel y la presidencia alemana por una iniciativa unilateral que refuerce su posición negociadora en el G-8 y la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. La posición unilateral se basa en tres compromisos: 1) una reducción del 20% de las emisiones comunitarias de gases invernadero para el 2020, cualquiera que sea la posición de EE UU, Australia o China en las futuras negociaciones; 2) alcanzar el 20% de energías renovables para el conjunto de la UE en la misma fecha; 3) regular obligatoriamente en cada estado miembro el consumo de un 10% de biocombustibles.
Hay que señalar los limites de este triple compromiso unilateral, que está lejos de las proporciones necesarias para una lucha consecuente del cambio climático. Porque el objetivo señalado como imprescindible por la comunidad científica en la reducción de gases invernadero no es el 20%, sino el 30% para el 2020, en el horizonte de llegar a un 60% en el 2050, una vez que la atmósfera ha alcanzado un nivel de concentración de gases invernadero que se sitúa en la parte baja de la horquilla de peligro (450-550 ppmv).
La capacidad de producción potencial de energías renovables es mucho mayor con una regulación adecuada del mercado y la tasa del 10% de biocombustibles parece marcada más por las necesidades de asegurar en toda la UE una demanda de mercado para la grandes empresas productoras que de asegurar la mezcla necesaria de fuentes de energía para alcanzar la cuota de reducción del 20% de gases invernaderos.
Pero más importante que este compromiso a medias con la lucha contra el cambio climático es la ausencia de una referencia también con cuotas a las imprescindibles políticas de ahorro energético. Frente a un modelo de desarrollo sostenible, la política energética comunitaria viene dictada por las necesidades de un mercado común neoliberal regulado de manera oligópólica por las grandes empresas europeas de la energía a través de la Comisión. Por eso tampoco hay ninguna referencia a la energía como un servicio público regulado sobre la base del principio de acceso universal de todos los ciudadanos europeos. Por el contrario, como recoge el articulo III-157 del proyecto neoliberal de Tratado Constitucional, se "garantiza" el abastecimiento del mercado y su funcionamiento, se "fomenta" la eficiencia energética y las energías alternativas, pero se mantiene la competencia de los estados miembros para decidir su modelo energético. El déficit de la Europa de la energía es tan evidente como el de la Europa social.
La izquierda europea necesita por lo tanto un modelo más radical y comprometido de lucha contra el cambio climático, que empiece con medidas unilaterales de más calado. Y necesita un modelo de comunitarización de la energía que parta no de los beneficios de las empresas oligopólicas del sector energético sino de las necesidades de los ciudadanos, a partir de su concepción de servicio público universal. Estamos todavía muy lejos de esa concepción y, por lo tanto, de una Europa ecológica y sostenible.
3- El futuro de Europa convertido en un tema de cena
El impasse sobre el Tratado Constitucional tuvo que quedar relegado a la cena de los jefes de estado y de gobierno del 8 de marzo. La presidencia alemana quería forzar un cuarto apartado en la declaración sobre el 50 Aniversaria del Tratado de Roma del próximo 25 de marzo con un compromiso de acuerdo sobre el futuro del Tratado Constitucional para finales de la presidencia portuguesa en el segundo semestre del 2007 y la ratificación del nuevo tratado antes de las elecciones al Parlamento Europeo del 2009.
A pesar del nuevo lobby de 19 estados miembros creado en Madrid bajo el patrocinio español, el Tratado constitucional neoliberal parece condenado por la oposición cerrada de Reino Unido, Polonia, República Checa, Países Bajos y Francia. El texto rechazado es inaceptable políticamente para quienes lo rechazaron por sus políticas neoliberales convertidas en ley. Pero el reforzamiento de los derechos sociales como contrapartida es inasumible para quienes se oponen a cualquier proceso de construcción política. El bloqueo parece total, a pesar de las intenciones de la presidencia alemana, a lo que no ayuda la falta de peso y entusiasmo portugués, que tiene otras prioridades para su próxima presidencia.
Por ello, la solución más realista para continuar el proceso de construcción política europea es la apertura de un auténtico proceso constituyente a partir de las elecciones al parlamento europeo del 2009. Que el nuevo parlamento europeo se convierta en una asamblea constituyente que discuta y elabore un nuevo borrador de Tratado Constitucional a partir de la única institución verdaderamente representativa de los ciudadanos europeos. Y que se someta el resultado de su trabajo constituyente a un referéndum europeo, acompañado por las ratificaciones de los estados miembros según sus legislaciones internas. No solo es el proceso más democrático para construir más Europa, comienza a ser además el único viable.
Porque la situación actual de funcionamiento de acuerdo con el Tratado de Niza es tan insostenible a medio plazo como la utilización cotidiana en las instituciones comunitarias de las pequeñas calculadoras repartidas por la presidencia alemana para conocer el resultado de las posibles combinaciones de voto de los estados miembros. No deja de ser una ironía que la pretendida democracia europea solo sea inteligible con unas pequeñas maquinas electrónicas fabricadas en China.
G. Buster
Como es habitual, el Consejo Europeo de primavera (7 y 8 de marzo 2007) ha estado dedicado al debate de las cuestiones económicas y sociales. El punto fundamental de la agenda ha sido la política energética y el cambio climático. La Presidencia alemana ha conseguido su objetivo de una propuesta unilateral con gancho de cara a la reunión del G-8 en junio, donde defenderá el impulso de las negociaciones para un Acuerdo post Kyoto en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 2007-2009. Pero el concepto de la energía como un servicio público esta totalmente ausente, sacrificado a la dinámica interna de un mercado único en formación bajo el dictamen de las grandes empresas energéticas europeas.
El Consejo Europeo y la Comisión continúan la aplicación sistemática de la Agenda de Lisboa, a través de los planes nacionales, en el marco de las políticas neoliberales que siguen erosionando el llamado modelo social europeo. Y ello a pesar de la recuperación económica que se extiende al conjunto de los estados miembros. La izquierda europea no debe apoyar esta estrategia que divide a su base social y que a la larga sacrifica a los beneficios empresariales el mismo proyecto de construcción europea.
1- Un contexto de recuperación económica que pagan los trabajadores
El Consejo toma buena nota de la importante recuperación de la economía europea, en especial de la zona euro y de Alemania, con una tasa de crecimiento fuerte del 2,7%. Este cambio cíclico alcista ha supuesto ya una política monetaria más restrictiva del Banco Central Europeo, con subidas de sus tipos hasta el 3,75% (aunque se sitúan un punto y medio por debajo de los tipos de la Reserva Federal para el dólar).
El contexto de esta recuperación, sin embargo, no esta exento de peligros. Hay un crecimiento de la economía mundial, sobre todo de la capacidad productiva, que implica una fuerte competencia por cuotas de mercado, que afectan a una economía exportadora como la europea. Las exportaciones europeas tienen que competir con un dólar muy devaluado, lo que abre el interrogante de las posibles estrategias para mantener su competitividad. Bien una estrategia de incremento de la productividad que permita salarios y empleos de calidad, o una reestructuración que haga recaer en los trabajadores, sus salarios y calidad de empleo la presión por la competitividad.
La disyuntiva es de gran importancia y en definitiva vive en el enfoque contradictorio y un poco esquizofrénico de la Agenda de Lisboa, con sus distintos énfasis en innovación tecnológica y modelo social europeo, pero reinterpretado desde la óptica de la "flexiseguridad", que es en definitiva la opción por un mantenimiento de la competitividad frente al dólar basado en un ataque contra los trabajadores y el modelo social europeo.
En este sentido, los debates de Consejo siguen marcando una tendencia muy preocupante, cuya filosofía es posponer siempre a la consolidación de los beneficios empresariales cualquier otra consideración de política social o económica. En el desarrollo temporal, primero se aplica la "flexiseguridad", que es la continuación de las reformas estructurales contra el empleo estable, las pensiones, ampliación de la edad de jubilación -con sus consecuencias presupuestarias-, y se deja para más adelante desde el estudio de la nueva situación social europea, que la Comisión debe hacer, a las medidas sociales previstas en la Agenda de Lisboa.
Pero la realidad es que los salarios siguen cayendo: "la participación de los salarios ha alcanzado los niveles históricos más bajos en los últimos años". Lo dice el propio informe de la Comisión Desarrollo de los salarios y de los costes laborales en la zona euro: el peso de los salarios sobre la renta total ha caído desde el 68% en 1993 al 64% en 2006. Y añade: "los costes nominales laborales unitarios han crecido a un ritmo significativamente más bajo que el objetivo de estabilidad de los precios del 2% en los últimos años". Todo ello ha supuesto que los ingresos por empleado "han registrado el crecimiento histórico más bajo, el 2,6% entre 1995 y 2005".
Según este análisis de la situación económica de la UE, si se produjera un ajuste al alza de la participación salarial en la distribución de la renta, "los salarios podrían crecer a un ritmo mayor que la productividad, sin que esto tuviera como reflejo unos precios más altos y por tanto sin poner en riesgo la estabilidad monetaria". Esto implicaría que "los beneficios marginales, actualmente a niveles altos, deberían absorber parte del incremento de los costes laborales".
No se trata solo de "buenos sentimientos" por parte de unos responsables económicos europeos, que han dado cumplidas muestras de que parte están. Cuando el Financial Times hace campaña sistemática desde hace meses por un aumento de las rentas salariales en los convenios sindicales, es porque hay una profunda preocupación de que para que la recuperación europea sea sostenible, es necesario un aumento sustancial de la demanda interna, que depende esencialmente de los salarios.
El ejemplo de EE UU no puede ser más significativo. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Ben Bernanke, expresó en su discurso del pasado 6 de febrero su inquietud por el fuerte crecimiento de las desigualdades en su país, en especial en el fuerte aumento de las diferencias de renta: el 1% de las familias más ricas ha pasado de representar el 8% del total del pastel en 1979, al 14% en 2004. Por el contrario, el 20% de los hogares más pobres han visto descender su participación en el pastel desde el 7% al 5%, en el mismo periodo. Dada la importancia del mercado inmobiliario en la capacidad de endeudamiento de los trabajadores en EE UU, la caída en el PIB del último trimestre en EE UU en un 0,1% tiene que ver directamente con una caída en el consumo en EE UU ligada a esas desigualdades.
La cuestión en Europa es por lo tanto en que medida la recuperación económica va a permitir un reforzamiento del modelo social europeo a través de una mayor participación de los salarios en la renta total y reforzar la demanda interna. En que medida la mayoría de los europeos van a poder compartir o no las tasas de de beneficios de las grandes empresas europeas, que alcanzan records históricos que, en algunos países como España se sitúan de media para el Ibex 35 en un 30% por cuarto año consecutivo.
En esta situación una política de creación de empleos de calidad, junto con aumentos salariales, es crear la legitimidad imprescindible para poder seguir avanzando en el proyecto político de la construcción europea. El Consejo Europeo propone pasar del 64% al 66% de la población empleada. ¿Con que planes concretos, con que incentivos? No puede ser a través de la "flexiseguridad", el empleo precario y la extensión de la edad de jubilación porque su efecto seria aumentar la erosión de modelo social europeo que están detrás del rechazo del proyecto neoliberal de Tratado Constitucional.
Debería ser evidente -incluso para los miembros del "Club de Madrid" que siguen defendiendo el proyecto neoliberal de Tratado constitucional europeo-, que no se puede construir más Europa con menos derechos sociales para los europeos. Pero la orientación general del Consejo Europeo, aun en un ciclo de recuperación económica, sigue siendo la "flexiseguridad". Es decir, basar la recuperación de la competitividad europea en los mercados internacionales frente a un dólar devaluado en la erosión del modelo social europeo, en la contención salarial en una época de beneficios empresariales y en una debilidad de la demanda interna que resta autonomía y márgenes de maniobra a las políticas económicas europeas. Una orientación que ha sido denunciada por el vicepresidente de la Confederación Europea de Sindicatos, Reiner Hoffmann.
2- Cambio climático: regulando intereses no necesidades
En la Unión Europea, a diferencia de EE UU, no existe un margen político para poner en cuestión las evidencias científicas del cambio climático y sus efectos desastrosos en un periodo de tiempo de menos de cien años. Las instituciones europeas y las grandes empresas han visto en la lucha contra el cambio climático una oportunidad de crear nuevos mercados globales, como el de cuotas de emisiones de CO2 o tecnología verde anticontaminante, y también de recuperar la producción de energía eléctrica nuclear. La Unión Europea ha sido el sujeto político más importante en los Acuerdos de Kyoto. Y quiere volver a jugar este papel en la nueva Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que debe buscar un marco regulatorio global que incluya a EE UU, Australia y China.
El problema de la presidencia alemana cara a la cumbre del G-8 en junio es como construir una posición comunitaria tras la Ampliación que le permita a la vez responder a la presión de un electorado cada vez mas movilizado por los temas ecológicos y al desarrollo de un mercado común energético europeo en buena parte dependiente para sus suministros de hidrocarburos de Rusia.
El comodín que ha permitido llegar a un acuerdo es el horizonte de un nuevo ciclo de producción de energía nuclear en los nuevos estados miembros de Europa central y el báltico pero con tecnología francesa y alemana en vez de rusa. En el mercado común energético, el origen "sucio" de esa energía eléctrica nuclear quedará absorbido en la red general de distribución, al mismo tiempo que dota de autonomía energética a los estados miembros de Europa central y bálticos por los que atraviesan los oleoductos y gaseoductos hasta el corazón de la zona euro.
Por lo tanto, no es ingenuo ese apartado final en el Plan de Acción Energético aprobado por el Consejo Europeo. Pero ni la energía nuclear es neutral en relación con las emisiones de CO2 como se parece pretender ni esta exenta de contradicciones la compatibilidad del principio de decisión individual de uso de cada estado miembro con la imprescindible regulación comunitaria de las normas de seguridad y tratamiento de residuos.
Pero ese es el precio que ha pagado Merckel y la presidencia alemana por una iniciativa unilateral que refuerce su posición negociadora en el G-8 y la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. La posición unilateral se basa en tres compromisos: 1) una reducción del 20% de las emisiones comunitarias de gases invernadero para el 2020, cualquiera que sea la posición de EE UU, Australia o China en las futuras negociaciones; 2) alcanzar el 20% de energías renovables para el conjunto de la UE en la misma fecha; 3) regular obligatoriamente en cada estado miembro el consumo de un 10% de biocombustibles.
Hay que señalar los limites de este triple compromiso unilateral, que está lejos de las proporciones necesarias para una lucha consecuente del cambio climático. Porque el objetivo señalado como imprescindible por la comunidad científica en la reducción de gases invernadero no es el 20%, sino el 30% para el 2020, en el horizonte de llegar a un 60% en el 2050, una vez que la atmósfera ha alcanzado un nivel de concentración de gases invernadero que se sitúa en la parte baja de la horquilla de peligro (450-550 ppmv).
La capacidad de producción potencial de energías renovables es mucho mayor con una regulación adecuada del mercado y la tasa del 10% de biocombustibles parece marcada más por las necesidades de asegurar en toda la UE una demanda de mercado para la grandes empresas productoras que de asegurar la mezcla necesaria de fuentes de energía para alcanzar la cuota de reducción del 20% de gases invernaderos.
Pero más importante que este compromiso a medias con la lucha contra el cambio climático es la ausencia de una referencia también con cuotas a las imprescindibles políticas de ahorro energético. Frente a un modelo de desarrollo sostenible, la política energética comunitaria viene dictada por las necesidades de un mercado común neoliberal regulado de manera oligópólica por las grandes empresas europeas de la energía a través de la Comisión. Por eso tampoco hay ninguna referencia a la energía como un servicio público regulado sobre la base del principio de acceso universal de todos los ciudadanos europeos. Por el contrario, como recoge el articulo III-157 del proyecto neoliberal de Tratado Constitucional, se "garantiza" el abastecimiento del mercado y su funcionamiento, se "fomenta" la eficiencia energética y las energías alternativas, pero se mantiene la competencia de los estados miembros para decidir su modelo energético. El déficit de la Europa de la energía es tan evidente como el de la Europa social.
La izquierda europea necesita por lo tanto un modelo más radical y comprometido de lucha contra el cambio climático, que empiece con medidas unilaterales de más calado. Y necesita un modelo de comunitarización de la energía que parta no de los beneficios de las empresas oligopólicas del sector energético sino de las necesidades de los ciudadanos, a partir de su concepción de servicio público universal. Estamos todavía muy lejos de esa concepción y, por lo tanto, de una Europa ecológica y sostenible.
3- El futuro de Europa convertido en un tema de cena
El impasse sobre el Tratado Constitucional tuvo que quedar relegado a la cena de los jefes de estado y de gobierno del 8 de marzo. La presidencia alemana quería forzar un cuarto apartado en la declaración sobre el 50 Aniversaria del Tratado de Roma del próximo 25 de marzo con un compromiso de acuerdo sobre el futuro del Tratado Constitucional para finales de la presidencia portuguesa en el segundo semestre del 2007 y la ratificación del nuevo tratado antes de las elecciones al Parlamento Europeo del 2009.
A pesar del nuevo lobby de 19 estados miembros creado en Madrid bajo el patrocinio español, el Tratado constitucional neoliberal parece condenado por la oposición cerrada de Reino Unido, Polonia, República Checa, Países Bajos y Francia. El texto rechazado es inaceptable políticamente para quienes lo rechazaron por sus políticas neoliberales convertidas en ley. Pero el reforzamiento de los derechos sociales como contrapartida es inasumible para quienes se oponen a cualquier proceso de construcción política. El bloqueo parece total, a pesar de las intenciones de la presidencia alemana, a lo que no ayuda la falta de peso y entusiasmo portugués, que tiene otras prioridades para su próxima presidencia.
Por ello, la solución más realista para continuar el proceso de construcción política europea es la apertura de un auténtico proceso constituyente a partir de las elecciones al parlamento europeo del 2009. Que el nuevo parlamento europeo se convierta en una asamblea constituyente que discuta y elabore un nuevo borrador de Tratado Constitucional a partir de la única institución verdaderamente representativa de los ciudadanos europeos. Y que se someta el resultado de su trabajo constituyente a un referéndum europeo, acompañado por las ratificaciones de los estados miembros según sus legislaciones internas. No solo es el proceso más democrático para construir más Europa, comienza a ser además el único viable.
Porque la situación actual de funcionamiento de acuerdo con el Tratado de Niza es tan insostenible a medio plazo como la utilización cotidiana en las instituciones comunitarias de las pequeñas calculadoras repartidas por la presidencia alemana para conocer el resultado de las posibles combinaciones de voto de los estados miembros. No deja de ser una ironía que la pretendida democracia europea solo sea inteligible con unas pequeñas maquinas electrónicas fabricadas en China.
16-3-2002. Cinco años después.
Alberto Ameijide "Amei" [1]
Hace cinco años, el sábado 16 de Marzo del 2002, coincidíamos en la calle, multitud de ciudadanos para protestar por el actual modelo de construcción europea basado fundamentalmente en los intereses del capital.
En aquellos momentos, coincidiendo con la presidencia española de la Unión Europea (rotatoria cada seis meses) se celebro entre los días 13 y 15 de marzo, la cumbre de jefes de estado de la Unión Europea en Barcelona, sitiándose la ciudad por las fuerzas de seguridad y suspendiéndose en parte de la ciudad el trafico circulatorio y el metro.
Tres plataformas bien diferentes [2], "Contra l'Europa del capital i la guerra" (Formada por numerosas organizaciones de lo que entonces denominábamos "antiglobalización"), el "Forum Social Barcelona" (Formada principalmente por asociaciones, partidos políticos institucionales y sindicatos) y finalmente "Plataforma catalana contra l'Europa del capital" (Formada por la izquierda independentista catalana), convocaban una manifestación conjunta para el sábado 16.
Los días antes de la manifestación, los medios de comunicación salvo excepciones ignoraron la existencia de la misma, mientras el gobierno del "neocañi" [3] Aznar, equiparaba a los organizadores como delincuentes, alertando a la población del peligro de la violencia en este tipo de manifestaciones e inclusive cerrando las fronteras a antiglobalizadores "sospechosos". Se seguía pues, el tratamiento mediático clásico hacia los movimientos alternativos, resumido en tres palabras: ignorar, banalizar y criminalizar
A pesar de ello, el resultado final fue que el día 16 de Marzo del 2002, ante la sorpresa de los propios organizadores, mas de 300.000 ciudadanos tomaban las calles para manifestarse pacíficamente.
Entre los multitud de manifestantes nos encontrábamos una heterogénea mezcla de gentes de diferentes tradiciones, movimientos e ideologías que abarcaban todas las gamas ( movimiento por la justicia global, movimiento pacifista, movimiento ecologista, movimiento vecinal, sindicalistas, socialistas, comunistas, anarquistas, trotskistas, ONGs criticas, okupas, independentistas, gentes venidas de otras partes Europa, de Argentina o incluso del Tibet y sobretodo un buen numero de gente no clasificable en ninguno de los grupos anteriores, pero que tienen claro su rechazo a la fotografía actual del mundo y de Europa.
Dos son los detalles básicos que hay que tener en cuenta para entender el éxito de esta movilización.
Por un lado todo el trabajo previo e historia que el entonces llamado "movimiento antiglobalización" había realizado hasta la fecha y por otro el contexto político en el que nos movíamos, donde una ola de movilizaciones sociales durante el primer semestre del 2002 (Plan Hidrológico Nacional, Prestige, Decretazo) significaban una primera reacción a lo que entonces habían sido placidos gobiernos del Partido Popular.
Breve síntesis del movimiento alterglobalización
Nunca he sabido que palabra es la mas adecuada, si movimiento (anti/alter)globalización o movimiento altermundista. En definitiva, aunque con matices, las tres palabras y muchas otras (movimiento de resistencia global, movimiento por la justicia global, movimiento de movimientos,....) se refieren básicamente a una misma entidad. Así pues que usaré el termino alterglobalización cuando me refiera al movimiento (De aquí para adelante M.AG) y altermundista cuando me refiera al pensamiento sobre el que se basa el M.AG.
Podemos definir el M.AG. como el conjunto de organizaciones, personas y colectivos que estan vinculados a las movilizaciones sociales contra la globalización neoliberal y al proceso de creación, consolidación y extensión del Foro Social Mundial y los Foros Sociales derivados.
El M.AG nace como una respuesta de la ciudadanía a un proyecto de expansión global de una ideología, el neoliberalismo (la "globalización neoliberal"), ante la falta de respuestas de la izquierda tradicional, y es heredero de multitud de experiencias y movimientos previos, sin los cuales difícil seria entender su nacimiento.
Su origen se podría datar en 1994, cuando el mismo día que entraba en vigor el TLC entre Estados Unidos, Canadá y México, el movimiento zapatista se levantaba. Aunque su impacto mediático y consolidación no llegaría hasta las movilizaciones de Seattle (1999), y en el caso europea hasta Praga (2000)
No obstante el M.AG se ha ido transformando y cambiando su configuración ha medida que entraban nuevos actores y otros perdían protagonismo y así mismo según la zona y problemáticas locales tener una composición y confluencias con otros movimientos muy diferentes.
En cuanto al M.AG en el Estado español, no es posible entender su surgimiento sin tener en cuenta la existencia previa y la evolución de movimientos sociales y colectivos ya existentes, como el movimiento anti-Maastrich, el movimiento por el 0’7, el movimiento pacifista, el movimiento por la objeción de conciencia (MOC), el movimiento okupa o el movimiento ecologista.
En Catalunya la primera movilización que popularizará el M.AG será la "Consulta sobre la abolición de la deuda externa" a través de la XCADE, coincidiendo con las elecciones generales de Marzo del 2000 a la que seguirán las movilizaciones contra la cumbre del Fondo Monetario internacional (FMI) y del Banco Mundial (Praga , sepiembre del 2000) que dará lugar al Moviment de Resistencia Global (MRG) y en el 2001, "la Campanya contra el Banco Mundial" en Barcelona.
A medida que se populariza el M.AG. van entrando nuevos actores dentro de el, por un lado multitud de organizaciones y ONG’s de carácter reformista, algunas satelizadas por PSC, ICV o ERC. Y por otro lado una serie de crepúsculos, algunos de carácter marxista (fundamentalmente trotskos) como Rojos/Roges, En Lluita, Batzac y CpEA-IV (posteriormente fusionados en Revolta Global) y otros de carácter independentista (Endavant, Maulets, Cajei,....)
Simultáneamente a su crecimiento, el M.AG. comienza a divergir en Catalunya a partir del 2002, sin embargo, primero las manifestaciones (PNH, LOU, Decretazo, Prestige), posteriormente Irak y finalmente los cuatro días de Mayo, tapan parcialmente esta realidad.
Habitualmente, se ha comentado que el M.AG, tiene su máximo desarrollo en 2002-2004, llegando a su cenit con la guerra de Irak, y que a partir del 2004 comienza su receso.
Hoy en día, no estaría claro si, la campaña contra la guerra de Irak (2003), se podría considerar una expresión propia del M.AG, o mas bien como una expresión de algo que podríamos denominar como movimiento anti-PP, donde el M.AG, ponía gran parte del trabajo y Partidos, sindicatos, ONG’s e incluso iglesia, la mayor parte de la gente
El M.AG. en los tiempos del socialiberalismo
Desaparecido el movimiento anti-PP, las diferentes campañas impulsadas por los diversos sectores de M.AG, han tenido escaso impacto, tanto en la ciudadanía, como en el resto de sectores del M.AG.
La agenda mediática es desde entonces marcada por la "caverna" y los asuntos relacionados con el "eje nacional" desplazan en los medios a aquellos otros relacionados con el "eje izquierda/derecha".
También la "cuestión nacional" se convierte en "tema estrella" de una parte del M.AG.
El discurso soberanista estuvo muy presente en la "Campanya dels Països Catalans contra la Constitució Europea" y sectores de M.AG. hicieron campaña por el NO en el referéndum del Estatut.
Así pues, temas como el Estatut o el proceso de paz en Euskadi, llenan televisiones y diarios, mientras que la política económica de ZP (el tema que mas diferencia al PSOE de la izquierda) no se cuestiona.
El M.AG se reduce y mediaticamente desaparece. Sin duda alguna, la falta de un marco estable y unitario de trabajo, ha tenido gran parte de culpa. En ello, también tienen que ver el fracaso primero de la MRG, y posteriormente, aún con sus diferencias, de la XMG, mal planteada desde el principio y que acabó siendo objeto de control de micropartidos políticos como "Revolta Global" o "En lluita"
A su vez se repite una historia recurrente en la intravida de muchas plataformas y redes. Y es que siempre que un partido o crepúsculo, generalmente ortodoxos de pensamiento, intenta "tutelar" un movimiento social, una plataforma, o un organismo plural, dicho movimiento ha acabado convirtiéndose en un mero apéndice del partido o se ha autodestruido en una lucha entre los que no querían ser tutelados y los otros.
Así pues, con el tiempo, el M.AG, se divide en la practica en entornos donde cada entorno va "a su bola".
A grosso modo, podemos distinguir los siguientes entornos:
- El "entorno ATTAC"
- El "entorno ODG" que impulsa las campañas sobre Deuda
- El "entorno neoanarquista" que ahora impulsa "Soles no podem"
- El "entorno independentista" impulsado por un lado Ciemen y por otro organizaciones como Endavant i la CAJEI
- El "entorno rojo" impulsado por Xarxa contra el tancament i la precarietat y la corriente Rojos/Roges
- El "entorno ecologista"
La actual fase de la III ola de movimientos sociales. El Post-altermundismo
Hoy en día existe un receso del M.AG a nivel mundial, victima quizá en parte de su propio éxito es decir, por un lado el hecho de que se hayan erosionado alguna de las puntas del sistema (ALCA, AMI, TCE, ....) ha provocado, una vez conseguido los objetivos, cierta desmovilización y por otro el M. AG no ha sabido pasar de la protesta a la propuesta con la misma fuerza y a su vez a sido incapaz de dotarse de una coordinación coherente.
Sostengo que actualmente estamos en una fase que podemos denominar post-altermundismo marcada por la situación actual de la dualidad movimiento alterglobalización / pensamiento altermundista
Podemos decir que el Altermundismo ha tenido relativo éxito como ideología, manifiestos como el de Porto Alegre [4], llamamientos como el de Bamako [5] y la extensa lista de articulos y libros de numerosos autores que han participado de el, son buena muestra de ello. Parte de esta ideología ha penetrando en organizaciones clásicas (Partidos, Sindicatos) y en los nuevos movimientos sociales (ecologismo, pacifismo, feminismo, vecinal,....)
Sin embargo, el altermundismo como movimiento (el movimiento alterglobalizador) fracasa, repitiendo los errores propios de las formas de organización anteriores (sectarismo entre organizaciones, luchas de poder, falta de rigor, hablar solo para convencidos, Noismo, ....) y encima siendo menos eficiente.
Y es que salvo en América Latina estamos peor que hace cinco años. En Europa, (con la excepción de la derrota del TCE en Francia) el proyecto neoliberal sigue avanzando sin que emerja un contrapeso, mientras el movimiento alterglobalización pierde fuelle.
En América Latina, si que ha hay en algunos países una oposición al proyecto neoliberal, pero esta oposición no se debe tanto al movimiento altermundista, sino a movimientos de carácter popular que han llevado al poder a gobiernos de izquierda o semi-izquierda y al fracaso del ALCA, la pieza clave de la estrategia de los EEUU en su antiguo "patio trasero"
A parte de que estas experiencias no son la panacea. Lula por moderado, Chaves por sus modos, formas y su cuestionable política exterior y energética y Bolivia, porque a pesar de ser la experiencia mas pura y bonita es el eslabón mas débil de la cadena.
Lo realmente a analizar de estas "oposiciones, es que se da desde el "poder".
Los que apostaron por la "huida del poder", como los zapatistas, se encuentran también en crisis. "La otra campaña" ha sido un fracaso e involuntariamente, han contribuido a que AMLO (PRD) perdiera las elecciones frente a Calderón (PAN).
Autores como Negri [6] o Holloway [7], que hace cinco años tomábamos como referencia, hoy por hoy nos suenan de otro mundo.
En definitiva, el M. AG ya deja de ser sujeto político del cambio por si solo.
Los interrogantes del futuro
El futuro de las luchas mundiales contra el modelo de "globalización neoliberal" están condicionada y dependerán fundamentalmente del resultado de tres situaciones que actualmente se dan:
1) Las resistencias en America Latina contra el modelo neoliberal y si hay posibilidades de un proyecto de integración latinoamericana independiente de EEUU y Europa, y el papel que pueda tener el "proceso bolivariano"
2) Si el movimiento alterglobalización es capaz de resurgir de su estancamiento, de su debate sobre ¿que dirección tomar? y la dirección hacia la cual resurja.
3) La coordinación y evolución de las diferentes resistencias que en Europa se producen frente al modelo de construcción Europea y que tiene como punta de lanza el Tratado Constitucional Europeo.
En Europa, es pues, necesaria la construcción de un movimiento político y social europeo, un movimiento heterogéneo, anti-liberal que incluya desde socialdemócratas no-liberales, ecopacifistas, altermundistas, socialistas, trotskistas y post-comunistas... .Una especie de ¿V internacional? (obiamente diferente a las cuatro anteriores), y configurada como una especie de red de partidos, redes, plataformas, asociaciones, colectivos, etc....autónomos e unidos a partir de una carta de principios mínimos.
Para ello, el altersocialismo, como ideología [8], puede ser un punto de encuentro para integrar diferentes tradiciones.
¿Altersocialismo?
A grosso modo podemos definir a escala mundial, tres grandes olas de movimientos sociales a lo largo de la historia.
La I ola de MM.SS., en el siglo XIX, sin duda la mas importante de todas, tuvo como sujeto al movimiento obrero y su aportación ideológica fue el socialismo.
La II ola de MM.SS., a finales de los sesenta, tuvo como sujeto a los nuevos movimientos sociales (movimiento estudiantil, movimiento ecologista, movimiento pacifista, movimiento feminista, movimiento vecinal, ...) y su aportación ideológica fue el ecopacifismo.
La III ola de MM.SS., la actual, tiene como sujeto al movimiento alterglobalizador y y su aportación ideológica es el altermundismo.
Si el ecosocialismo, surgido en los ochenta, es una ideología que pretende integrar el socialismo [9] con el ecopacifismo. El altersocialismo, termino que propongo, seria una ideología que integraria el ecosocialismo con el altermundismo.
Como tal, el altersocialismo, como tal, no pretendería sustituir a ninguna ideología, sino integrar y completar otras ideologías afines.
NOTAS
[1] Publicado en la revista-blog Alterglobalización, disponible en:
(http://altermundismo.blogspot.com/2007/03/n62-16-3-2002-cinco-aos-despus.html)
[2] Attac y Esquerra Unida i Alternativa (EUiA) formaban parte tanto de la Campaña "Contra l'Europa del capital i la guerra", como del "Forum Social Barcelona" , prueba de su heterogeneidad
[3] "Neocañi" termino con que el autor califica la versión es pañola de los "neocon", es decir: Conservador + Neoliberal + Nacionalista español.
[4] "Manifiesto de Porto Alegre"(2005) disponible en:
(http://altermundismo.blogspot.com/2006/01/n1-manifiesto-de-porto-alegre.html)
[5] "Llamamiento de Bamako" (2006) disponible en:
(http://altermundismo.blogspot.com/2006/04/n16-llamamiento-de-bamako.html)
[6] Hardt, M y Negri A. (2000) Imperio. Rebelión
[7] Holloway, J. (2002) Cambiar el mundo sin tomar el poder. Barcelona, El Viejo Topo
[8] Entenderemos por "Ideología" un conjunto de ideas en torno a la realidad, en torno al sistema político, económico, social, cultural, compartido por un grupo social o por una clase social y que orientan una acción practica.
[9] El autor entiende aquí el socialismo, no como una ideología, sino como un conjunto de ideologías con una raíz común.
En este articulo, el socialismo que pretendemos integrar con el ecopacifismo y con el altermundismo, es el socialismo democrático, lejos pues, del concepto de socialdemocracia que tienen actualmente los PS en Europa (socialiberalismo) y del "socialismo estatista" o "socialismo realmente existente" de tan triste recuerdo y que tanto daño a hecho a quienes nos situamos a la izquierda de los PS europeos.
Alberto Ameijide "Amei" [1]
Hace cinco años, el sábado 16 de Marzo del 2002, coincidíamos en la calle, multitud de ciudadanos para protestar por el actual modelo de construcción europea basado fundamentalmente en los intereses del capital.
En aquellos momentos, coincidiendo con la presidencia española de la Unión Europea (rotatoria cada seis meses) se celebro entre los días 13 y 15 de marzo, la cumbre de jefes de estado de la Unión Europea en Barcelona, sitiándose la ciudad por las fuerzas de seguridad y suspendiéndose en parte de la ciudad el trafico circulatorio y el metro.
Tres plataformas bien diferentes [2], "Contra l'Europa del capital i la guerra" (Formada por numerosas organizaciones de lo que entonces denominábamos "antiglobalización"), el "Forum Social Barcelona" (Formada principalmente por asociaciones, partidos políticos institucionales y sindicatos) y finalmente "Plataforma catalana contra l'Europa del capital" (Formada por la izquierda independentista catalana), convocaban una manifestación conjunta para el sábado 16.
Los días antes de la manifestación, los medios de comunicación salvo excepciones ignoraron la existencia de la misma, mientras el gobierno del "neocañi" [3] Aznar, equiparaba a los organizadores como delincuentes, alertando a la población del peligro de la violencia en este tipo de manifestaciones e inclusive cerrando las fronteras a antiglobalizadores "sospechosos". Se seguía pues, el tratamiento mediático clásico hacia los movimientos alternativos, resumido en tres palabras: ignorar, banalizar y criminalizar
A pesar de ello, el resultado final fue que el día 16 de Marzo del 2002, ante la sorpresa de los propios organizadores, mas de 300.000 ciudadanos tomaban las calles para manifestarse pacíficamente.
Entre los multitud de manifestantes nos encontrábamos una heterogénea mezcla de gentes de diferentes tradiciones, movimientos e ideologías que abarcaban todas las gamas ( movimiento por la justicia global, movimiento pacifista, movimiento ecologista, movimiento vecinal, sindicalistas, socialistas, comunistas, anarquistas, trotskistas, ONGs criticas, okupas, independentistas, gentes venidas de otras partes Europa, de Argentina o incluso del Tibet y sobretodo un buen numero de gente no clasificable en ninguno de los grupos anteriores, pero que tienen claro su rechazo a la fotografía actual del mundo y de Europa.
Dos son los detalles básicos que hay que tener en cuenta para entender el éxito de esta movilización.
Por un lado todo el trabajo previo e historia que el entonces llamado "movimiento antiglobalización" había realizado hasta la fecha y por otro el contexto político en el que nos movíamos, donde una ola de movilizaciones sociales durante el primer semestre del 2002 (Plan Hidrológico Nacional, Prestige, Decretazo) significaban una primera reacción a lo que entonces habían sido placidos gobiernos del Partido Popular.
Breve síntesis del movimiento alterglobalización
Nunca he sabido que palabra es la mas adecuada, si movimiento (anti/alter)globalización o movimiento altermundista. En definitiva, aunque con matices, las tres palabras y muchas otras (movimiento de resistencia global, movimiento por la justicia global, movimiento de movimientos,....) se refieren básicamente a una misma entidad. Así pues que usaré el termino alterglobalización cuando me refiera al movimiento (De aquí para adelante M.AG) y altermundista cuando me refiera al pensamiento sobre el que se basa el M.AG.
Podemos definir el M.AG. como el conjunto de organizaciones, personas y colectivos que estan vinculados a las movilizaciones sociales contra la globalización neoliberal y al proceso de creación, consolidación y extensión del Foro Social Mundial y los Foros Sociales derivados.
El M.AG nace como una respuesta de la ciudadanía a un proyecto de expansión global de una ideología, el neoliberalismo (la "globalización neoliberal"), ante la falta de respuestas de la izquierda tradicional, y es heredero de multitud de experiencias y movimientos previos, sin los cuales difícil seria entender su nacimiento.
Su origen se podría datar en 1994, cuando el mismo día que entraba en vigor el TLC entre Estados Unidos, Canadá y México, el movimiento zapatista se levantaba. Aunque su impacto mediático y consolidación no llegaría hasta las movilizaciones de Seattle (1999), y en el caso europea hasta Praga (2000)
No obstante el M.AG se ha ido transformando y cambiando su configuración ha medida que entraban nuevos actores y otros perdían protagonismo y así mismo según la zona y problemáticas locales tener una composición y confluencias con otros movimientos muy diferentes.
En cuanto al M.AG en el Estado español, no es posible entender su surgimiento sin tener en cuenta la existencia previa y la evolución de movimientos sociales y colectivos ya existentes, como el movimiento anti-Maastrich, el movimiento por el 0’7, el movimiento pacifista, el movimiento por la objeción de conciencia (MOC), el movimiento okupa o el movimiento ecologista.
En Catalunya la primera movilización que popularizará el M.AG será la "Consulta sobre la abolición de la deuda externa" a través de la XCADE, coincidiendo con las elecciones generales de Marzo del 2000 a la que seguirán las movilizaciones contra la cumbre del Fondo Monetario internacional (FMI) y del Banco Mundial (Praga , sepiembre del 2000) que dará lugar al Moviment de Resistencia Global (MRG) y en el 2001, "la Campanya contra el Banco Mundial" en Barcelona.
A medida que se populariza el M.AG. van entrando nuevos actores dentro de el, por un lado multitud de organizaciones y ONG’s de carácter reformista, algunas satelizadas por PSC, ICV o ERC. Y por otro lado una serie de crepúsculos, algunos de carácter marxista (fundamentalmente trotskos) como Rojos/Roges, En Lluita, Batzac y CpEA-IV (posteriormente fusionados en Revolta Global) y otros de carácter independentista (Endavant, Maulets, Cajei,....)
Simultáneamente a su crecimiento, el M.AG. comienza a divergir en Catalunya a partir del 2002, sin embargo, primero las manifestaciones (PNH, LOU, Decretazo, Prestige), posteriormente Irak y finalmente los cuatro días de Mayo, tapan parcialmente esta realidad.
Habitualmente, se ha comentado que el M.AG, tiene su máximo desarrollo en 2002-2004, llegando a su cenit con la guerra de Irak, y que a partir del 2004 comienza su receso.
Hoy en día, no estaría claro si, la campaña contra la guerra de Irak (2003), se podría considerar una expresión propia del M.AG, o mas bien como una expresión de algo que podríamos denominar como movimiento anti-PP, donde el M.AG, ponía gran parte del trabajo y Partidos, sindicatos, ONG’s e incluso iglesia, la mayor parte de la gente
El M.AG. en los tiempos del socialiberalismo
Desaparecido el movimiento anti-PP, las diferentes campañas impulsadas por los diversos sectores de M.AG, han tenido escaso impacto, tanto en la ciudadanía, como en el resto de sectores del M.AG.
La agenda mediática es desde entonces marcada por la "caverna" y los asuntos relacionados con el "eje nacional" desplazan en los medios a aquellos otros relacionados con el "eje izquierda/derecha".
También la "cuestión nacional" se convierte en "tema estrella" de una parte del M.AG.
El discurso soberanista estuvo muy presente en la "Campanya dels Països Catalans contra la Constitució Europea" y sectores de M.AG. hicieron campaña por el NO en el referéndum del Estatut.
Así pues, temas como el Estatut o el proceso de paz en Euskadi, llenan televisiones y diarios, mientras que la política económica de ZP (el tema que mas diferencia al PSOE de la izquierda) no se cuestiona.
El M.AG se reduce y mediaticamente desaparece. Sin duda alguna, la falta de un marco estable y unitario de trabajo, ha tenido gran parte de culpa. En ello, también tienen que ver el fracaso primero de la MRG, y posteriormente, aún con sus diferencias, de la XMG, mal planteada desde el principio y que acabó siendo objeto de control de micropartidos políticos como "Revolta Global" o "En lluita"
A su vez se repite una historia recurrente en la intravida de muchas plataformas y redes. Y es que siempre que un partido o crepúsculo, generalmente ortodoxos de pensamiento, intenta "tutelar" un movimiento social, una plataforma, o un organismo plural, dicho movimiento ha acabado convirtiéndose en un mero apéndice del partido o se ha autodestruido en una lucha entre los que no querían ser tutelados y los otros.
Así pues, con el tiempo, el M.AG, se divide en la practica en entornos donde cada entorno va "a su bola".
A grosso modo, podemos distinguir los siguientes entornos:
- El "entorno ATTAC"
- El "entorno ODG" que impulsa las campañas sobre Deuda
- El "entorno neoanarquista" que ahora impulsa "Soles no podem"
- El "entorno independentista" impulsado por un lado Ciemen y por otro organizaciones como Endavant i la CAJEI
- El "entorno rojo" impulsado por Xarxa contra el tancament i la precarietat y la corriente Rojos/Roges
- El "entorno ecologista"
La actual fase de la III ola de movimientos sociales. El Post-altermundismo
Hoy en día existe un receso del M.AG a nivel mundial, victima quizá en parte de su propio éxito es decir, por un lado el hecho de que se hayan erosionado alguna de las puntas del sistema (ALCA, AMI, TCE, ....) ha provocado, una vez conseguido los objetivos, cierta desmovilización y por otro el M. AG no ha sabido pasar de la protesta a la propuesta con la misma fuerza y a su vez a sido incapaz de dotarse de una coordinación coherente.
Sostengo que actualmente estamos en una fase que podemos denominar post-altermundismo marcada por la situación actual de la dualidad movimiento alterglobalización / pensamiento altermundista
Podemos decir que el Altermundismo ha tenido relativo éxito como ideología, manifiestos como el de Porto Alegre [4], llamamientos como el de Bamako [5] y la extensa lista de articulos y libros de numerosos autores que han participado de el, son buena muestra de ello. Parte de esta ideología ha penetrando en organizaciones clásicas (Partidos, Sindicatos) y en los nuevos movimientos sociales (ecologismo, pacifismo, feminismo, vecinal,....)
Sin embargo, el altermundismo como movimiento (el movimiento alterglobalizador) fracasa, repitiendo los errores propios de las formas de organización anteriores (sectarismo entre organizaciones, luchas de poder, falta de rigor, hablar solo para convencidos, Noismo, ....) y encima siendo menos eficiente.
Y es que salvo en América Latina estamos peor que hace cinco años. En Europa, (con la excepción de la derrota del TCE en Francia) el proyecto neoliberal sigue avanzando sin que emerja un contrapeso, mientras el movimiento alterglobalización pierde fuelle.
En América Latina, si que ha hay en algunos países una oposición al proyecto neoliberal, pero esta oposición no se debe tanto al movimiento altermundista, sino a movimientos de carácter popular que han llevado al poder a gobiernos de izquierda o semi-izquierda y al fracaso del ALCA, la pieza clave de la estrategia de los EEUU en su antiguo "patio trasero"
A parte de que estas experiencias no son la panacea. Lula por moderado, Chaves por sus modos, formas y su cuestionable política exterior y energética y Bolivia, porque a pesar de ser la experiencia mas pura y bonita es el eslabón mas débil de la cadena.
Lo realmente a analizar de estas "oposiciones, es que se da desde el "poder".
Los que apostaron por la "huida del poder", como los zapatistas, se encuentran también en crisis. "La otra campaña" ha sido un fracaso e involuntariamente, han contribuido a que AMLO (PRD) perdiera las elecciones frente a Calderón (PAN).
Autores como Negri [6] o Holloway [7], que hace cinco años tomábamos como referencia, hoy por hoy nos suenan de otro mundo.
En definitiva, el M. AG ya deja de ser sujeto político del cambio por si solo.
Los interrogantes del futuro
El futuro de las luchas mundiales contra el modelo de "globalización neoliberal" están condicionada y dependerán fundamentalmente del resultado de tres situaciones que actualmente se dan:
1) Las resistencias en America Latina contra el modelo neoliberal y si hay posibilidades de un proyecto de integración latinoamericana independiente de EEUU y Europa, y el papel que pueda tener el "proceso bolivariano"
2) Si el movimiento alterglobalización es capaz de resurgir de su estancamiento, de su debate sobre ¿que dirección tomar? y la dirección hacia la cual resurja.
3) La coordinación y evolución de las diferentes resistencias que en Europa se producen frente al modelo de construcción Europea y que tiene como punta de lanza el Tratado Constitucional Europeo.
En Europa, es pues, necesaria la construcción de un movimiento político y social europeo, un movimiento heterogéneo, anti-liberal que incluya desde socialdemócratas no-liberales, ecopacifistas, altermundistas, socialistas, trotskistas y post-comunistas... .Una especie de ¿V internacional? (obiamente diferente a las cuatro anteriores), y configurada como una especie de red de partidos, redes, plataformas, asociaciones, colectivos, etc....autónomos e unidos a partir de una carta de principios mínimos.
Para ello, el altersocialismo, como ideología [8], puede ser un punto de encuentro para integrar diferentes tradiciones.
¿Altersocialismo?
A grosso modo podemos definir a escala mundial, tres grandes olas de movimientos sociales a lo largo de la historia.
La I ola de MM.SS., en el siglo XIX, sin duda la mas importante de todas, tuvo como sujeto al movimiento obrero y su aportación ideológica fue el socialismo.
La II ola de MM.SS., a finales de los sesenta, tuvo como sujeto a los nuevos movimientos sociales (movimiento estudiantil, movimiento ecologista, movimiento pacifista, movimiento feminista, movimiento vecinal, ...) y su aportación ideológica fue el ecopacifismo.
La III ola de MM.SS., la actual, tiene como sujeto al movimiento alterglobalizador y y su aportación ideológica es el altermundismo.
Si el ecosocialismo, surgido en los ochenta, es una ideología que pretende integrar el socialismo [9] con el ecopacifismo. El altersocialismo, termino que propongo, seria una ideología que integraria el ecosocialismo con el altermundismo.
Como tal, el altersocialismo, como tal, no pretendería sustituir a ninguna ideología, sino integrar y completar otras ideologías afines.
NOTAS
[1] Publicado en la revista-blog Alterglobalización, disponible en:
(http://altermundismo.blogspot.com/2007/03/n62-16-3-2002-cinco-aos-despus.html)
[2] Attac y Esquerra Unida i Alternativa (EUiA) formaban parte tanto de la Campaña "Contra l'Europa del capital i la guerra", como del "Forum Social Barcelona" , prueba de su heterogeneidad
[3] "Neocañi" termino con que el autor califica la versión es pañola de los "neocon", es decir: Conservador + Neoliberal + Nacionalista español.
[4] "Manifiesto de Porto Alegre"(2005) disponible en:
(http://altermundismo.blogspot.com/2006/01/n1-manifiesto-de-porto-alegre.html)
[5] "Llamamiento de Bamako" (2006) disponible en:
(http://altermundismo.blogspot.com/2006/04/n16-llamamiento-de-bamako.html)
[6] Hardt, M y Negri A. (2000) Imperio. Rebelión
[7] Holloway, J. (2002) Cambiar el mundo sin tomar el poder. Barcelona, El Viejo Topo
[8] Entenderemos por "Ideología" un conjunto de ideas en torno a la realidad, en torno al sistema político, económico, social, cultural, compartido por un grupo social o por una clase social y que orientan una acción practica.
[9] El autor entiende aquí el socialismo, no como una ideología, sino como un conjunto de ideologías con una raíz común.
En este articulo, el socialismo que pretendemos integrar con el ecopacifismo y con el altermundismo, es el socialismo democrático, lejos pues, del concepto de socialdemocracia que tienen actualmente los PS en Europa (socialiberalismo) y del "socialismo estatista" o "socialismo realmente existente" de tan triste recuerdo y que tanto daño a hecho a quienes nos situamos a la izquierda de los PS europeos.
Escenas de polarización política en el Reino de España
G. Buster
Un día ha tardado la derecha social y el PP en responder a la decisión del Gobierno de conceder prisión atenuada al militante de ETA De Juana Chaos –que llevaba 115 días de huelga de hambre— con concentraciones nocturnas de varios miles de personas ante los ayuntamientos de las principales ciudades del país, convocadas por el Foro de Ermua y la Asociación de Víctimas del Terrorismo. La plana mayor del PP se ha repartido para encabezarlas, aunque los verdaderos protagonistas han acabado siendo dirigentes de extrema derecha como Ynestrillas y escuadras de algunos cientos de falangistas uniformados que intentaban, ante la sede del PSOE, repetir el escenario del 13-M del 2004, la noche anterior a la derrota electoral de Aznar.
En el actual, hay, sin embargo, algunas diferencias. Todo apunta a que el indudable alcance de las concentraciones, por alarmante que pueda parecer, no trae consigo una ampliación de las fuerzas de la derecha capaz de integrar a nuevos sectores.
El 13-M fue la consecuencia de pillar a Aznar en la mentira y en la manipulación electoral del atentado terrorista mas grave que ha sufrido España. Ahora se acusa a Zapatero de debilidad ante ETA, de “pactos secretos”. Pero sus decisiones están respaldadas por la ley, por el reglamento penitenciario y ejecutadas en nombre de criterios de humanidad. El desplazamiento a la derecha extrema, con la reaparición de grupos fascistas en primera línea, no parece la mejor estrategia para un PP que se juega en la movilización de todos sus votantes, incluidos los del centro, la posibilidad de mejorar sus expectativas de voto, mientras afianza la convicción en la izquierda y entre los distintos nacionalismos periféricos que, de ganar unas elecciones Rajoy, seria rehén de Aznar y de la derecha extrema que ahora le jalea.
Los “nuestros” y los “traidores”
Dos meses después del atentado de ETA en la terminal 4 del Aeropuerto de Madrid, la polarización política y social en el Reino de España sigue en aumento ante la perspectiva de una larga campaña electoral que hará de las elecciones legislativas de 2008 una continuación de las municipales y autonómicas de mayo del 2007. En la ultima encuesta del CIS, el PSOE se mantiene un punto por delante del PP (38,8% frente a 37,9%), mientras IU sube hasta el 6,5%.
El PP ha sido incapaz de rentabilizar el atentado de ETA y el fin del proceso de paz en Euskal Herría rompiendo el bloque político de la izquierda en el que se apoya el Gobierno Zapatero. Las encuestas siguen mostrando un apoyo mayoritario a la gestión del Gobierno en su política de “ambigüedad calculada” ante el conflicto vasco, que debe permitir mantener el horizonte de un nuevo proceso de paz en la siguiente legislatura, con una izquierda abertzale presente en los municipios vascos y un nuevo gobierno de coalición nacionalista y de izquierda en Navarra.
Pero han sido dos meses de movilización extraparlamentaria masiva de la derecha social. La primera, el 3 de febrero –convocada por el Foro de Ermua y la AVT en respuesta no tanto al atentado, cuanto a las manifestaciones unitarias de la izquierda y el Gobierno vasco del 13 de enero—; enseguida, la del 24 de febrero, contra la reducción de pena al militante de ETA De Juana Chaos, una manifestación en la que el alarde escenográfico de la extrema derecha desbordó por mucho al PP; finalmente, en la “noche de las traiciones”, la del pasado 2 de marzo, tras el pase a prisión atenuada de De Juana Chaos. Y se anuncian mas movilizaciones.
La confrontación entre la derecha y la izquierda domina toda la vida política y social, con sorprendentes ecos de los años 30 en más de una ocasión. El PSOE ha vuelto a tropezar inopinadamente y sin pretenderlo con la cuestión de la naturaleza de clase del estado que gobierna, con un poder judicial en manos de la derecha social y política que actúa saboteando legalmente las políticas y la gestión gubernamentales en nombre de la “razón de estado”.
Una “razón de estado” esgrimida por la derecha a fin de deslegitimar al Gobierno Zapatero con un asombroso abanico de especulaciones y fantaseos ad hoc: la teoría de la conspiración del 11-M, los supuestos “pactos secretos del gobierno con ETA”, el espantajo del peligro de la ruptura de la “unidad nacional”, la pretendida “persecución” de los ediles del PP en la lucha contra la corrupción urbanística, la “indisciplina” de la Guardia Civil, o, por acabar en algún sitio, el “laicismo” en las escuelas. Un día sí y otro también, la COPE –la cadena radiofónica, propiedad de la Conferencia Episcopal, de insolente militancia ultraderechista—, El Mundo, La Razón y las televisiones autonómicas de la derecha, encabezadas por TeleMadrid, no cejan en el empeño de de apelar a las conciencias –y menudo, a bajas pasiones quién sabe si del todo conscientes— de los electores de la derecha, en una suerte de paroxística movilización permanente in crescendo.
El frente judicial
La recusación de Pablo Pérez Tremps como juez del Tribunal Constitucional en el recurso del Defensor del Pueblo sobre la supuesta inconstitucionalidad del Estatuto de Cataluña ha vuelto a poner sobre la mesa en toda su crudeza las nefastas consecuencias políticas del Pacto Antiterrorista firmado por el PSOE con el PP bajo el Gobierno Aznar como respuesta a la ruptura de la tregua de ETA en 1999. En nombre del “consenso”, el Pacto Antiterrorista dio a la derecha una mayoría en el poder judicial que le aseguraba la continuidad de su política en caso de un cambio de gobierno.
Tal obsequio de un verdadero derecho de “veto judicial” repercute hoy en el Tribunal Constitucional, poniendo en cuestión la legitimidad de la reforma estatutaria no sólo en Cataluña, sino en todas las autonomías que han aprobado los nuevos estatutos. En el Consejo Superior del Poder Judicial, como ha recordado el combativo nuevo ministro de justicia, Mariano Fernández Bermejo, la actual mayoría se sostiene sobre una composición que “es legal, pero ilegitima”, porque el bloqueo del PP impide su renovación aun a pesar de haber superado ya por mucho el plazo temporal de su mandato. Y en la Audiencia Nacional, se siguen aplicando con empeñado denuedo las doctrinas que identifican a toda la izquierda abertzale con ETA, como partes de una única organización terrorista.
El nombramiento al frente del Ministerio de Justicia de Mariano Fernández Bermejo es una respuesta que refleja la consciencia, por parte del Gobierno Zapatero, de la necesidad de un pulso que se ha hecho inevitable en el frente judicial. Si López Aguilar, el ministro saliente, había sido uno de los negociadores socialistas del Pacto Antiterrorista con el PP, Fernández Bermejo fue una de sus victimas más señeras en el frente judicial, junto con Carlos Jiménez Villarejo, cuando era fiscal general de Madrid. Su rotunda advertencia de que “tuvimos que luchar contra los padres y ahora tendremos que hacerlo contra los hijos” para defender la democracia supone no tanto un giro a la izquierda del Gobierno, cuanto la resuelta decisión de conservar la legitimidad haciendo frente al desapoderado pulso de una derecha dispuesta a todo. En un sentido parecido hay que interpretar la decisión del gobierno de entesa de la izquierda catalana de recusar a su vez a Rodriguez Zapata, uno de los magistrados conservadores del Tribunal Constitucional por los mismos motivos por los que éste instigó la recusación de Perez Tremps –haber realizado informes técnicos para la Generalitat catalana—, a fin de asegurar una mayoría a la facción conservadora del Tribunal Constitucional (una posible mayoría que, dicho sea de paso, cuenta entre sus miembros a un antiguo Gobernador Civil franquista y, en su día, Jefe Provincial del Movimiento).
Proceso de paz o frente antinacionalista
Por el momento, la “ambigüedad calculada” del Gobierno Zapatero se subordina claramente a la necesidad de ganar las elecciones y evitar fisuras en el bloque electoral que le apoya. Busca, al propio tiempo, sostener una perspectiva que impida a la derecha dinamitar por una generación toda posibilidad de un proceso de paz. Pero la “ambigüedad calculada” se ha podido mantener –superando la nada disimulada oposición de sectores de la derecha del mismo PSOE— sólo gracias a la movilización callejera unitaria del 13 de enero por parte de la izquierda y de los nacionalistas periféricos.
El PP y la derecha social han intentado quebrar esa “ambigüedad calculada” desde el frente judicial y desde el frente parlamentario: con la sentencia del Tribunal Supremo declarando organización terrorista a las juventudes de la izquierda abertzale; con la iniciativa de ilegalización de EHAK, rechazada por todas las demás fuerzas políticas parlamentarias; con el esperpéntico encausamiento del Lehendakari Ibarretxe y de los interlocutores socialistas vascos de Batasuna; con la martilleante exigencia de prohibición y persecución de las candidaturas municipales de la izquierda abertzale. Todo con el inconfundible propósito de cerrar todas las puertas y ventanas a un posible cuadro nuevo de diálogo, al que ni la misma ETA se ha cerrado tras el atentado en Barajas.
La izquierda abertzale está inmersa en un vivo debate, mitigado por la represión, tras el atentado de ETA. La propuesta de un nuevo autonomismo vasco-navarro, en el marco del estado español y tras decisión democrática de los electores en ambos territorios, supone un esfuerzo de adaptación táctica significativo que permite a la actual dirección de Batasuna seguir siendo el interlocutor político de la izquierda abertzale. Así lo ha reconocido el propio Zapatero, insistiendo en la necesidad de que, para ser creíble tal evolución, debe ir enfáticamente acompañada del fin definitivo de la violencia. Pero cualquier escenario plausible de futuro pasa por la participación de la izquierda abertzale en las elecciones municipales de mayo.
Mientras tanto, la situación de De Juana Chaos y su huelga de hambre de 115 días han puesto de manifiesto que la situación política en Euskal Herria se asienta sobre una gran inestabilidad y peligro. La sentencia del Tribunal Supremo reduciendo la pena que le había sido impuesta en un pleno de la Audiencia Nacional de 12 años y medio a 3 años por escribir dos artículos supuestamente amenazantes –una vez cumplida ya su condena por los atentados con víctimas mortales— debería permitir mantener abierto el horizonte del proceso de paz. La decisión de aplicarle ahora a de De Juana Chaos prisión atenuada, evitando que su huelga de hambre pueda acabar en muerte no es sólo una medida humanitaria, sino una iniciativa de sentido común político reveladora de que la “ambigüedad calculada” de Zapatero es algo mas que una táctica mediática.
La movilización de la izquierda social por el proceso de paz sigue viva, no sólo en Euskal Herria –con iniciativas como las de Milaka Bilaka o las de las mujeres de Ahotsak—, sino también en Cataluña –con la plataforma “Sí al procés de pau”—. Las manifestaciones unitarias convocadas por la izquierda para el próximo 17 de marzo contra la guerra de Irak podrían convertirse en algo mas que un imprescindible recordatorio, para pasar a exigencias de paz no sólo valederas para el Oriente Próximo y Afganistán, sino también para el Reino de Españal.
“¡Un país civilizado, coño!”
El largo espectro de Aznar –que determina la polarización y radicalización de la derecha frente a la supuesta búsqueda del “sentido común” y a las pretendidas aspiraciones “centristas” de un Rajoy— toma cuerpo cada día. El juicio del 11-M ha desmentido rotundamente al PP, aferrado a una doctrina oficial no por inverosímil, menos machaconamente repetida a sus votantes a través de los potentes altavoces de sus oficiantes mediáticos: que “un grupo terrorista puso a Zapatero en la Moncloa”, según afirmara estólidamente en su día Miguel Ángel Rodríguez –antiguo portavoz del Gobierno de Aznar—, y que de lo único que se trataba ahora era de saber cuál fue ese grupo.
Pero lo cierto es que la mayoría absoluta del segundo Gobierno Aznar no sólo trajo consigo la política exterior de la foto del trío de las Azores, sino también la colaboración con los vuelos de la CIA y con el interrogatorio de prisioneros torturados en el limbo legal de Guantánamo. Y no ya valiéndose del secreto y el arcano, sino con la insolente impunidad de una derecha que se sabía capaz de interpretar y apoyar en todos los terrenos, desde su control del poder judicial y del poder legislativo, la deriva antidemocrática del Gobierno Aznar en el marco de la “guerra contra el terrorismo” de la Administración Bush. Una derecha política bien escoltada por la Conferencia Episcopal, que, no satisfecha con el logro de haber renovado, merced al chantaje de su movilización, una financiación pública que roza lo anticonstitucional, llama ahora a la desobediencia civil contra la asignatura de formación cívica, tímida alternativa laica a sus clases de catequización en la enseñanza pública y en la concertada.
Cuando se le recordó recientemente a Rajoy el caso de los interrogatorios llevados a cabo por policías españoles en Guantánamo cuando él era ministro de Aznar, soltó por toda respuesta esta sutileza, que dicho sea de paso vale por si propia para retratar de cuerpo entero al estupendo “centrista” sedicentemente moderado: “Estoy en otras cosas, coño; ¡éste es un país civilizado, coño!”. Desgraciadamente, se parece demasiado al “¡Al suelo, coño!” del golpista Tejero, de quien, mira por dónde, hemos descubierto estos días en qué anda ahora –él, y los suyos—, este coronel en libertad desde hace mucho, luego de cumplir sólo diez años de cárcel con todo tipo de beneficios penitenciarios (sin necesidad siquiera de amagar con una huelga de hambre, o de cualquier otra cosa). Nos lo han revelado los alardes escenográficos de la vieja extrema derecha en la Plaza de Colón de Madrid y los falangistas uniformados, brazo en alto ante los ayuntamientos de media España en la “noche de las traiciones”, cargando así involuntariamente de razón al nuevo ministro de justicia: para defender la democracia, “tuvimos que luchar contra los padres, y ahora tenemos que hacerlo contra los hijos”. Debería ser evidente a estas alturas que esa lucha democrática no sólo ha de ser unitaria y movilizar al conjunto de la izquierda, sino que precisa también combinar la confrontación institucional con la reocupación de la calle, en la perspectiva de vertebrar un proyecto de profundización en el cambio social y político que vaya mas allá del mero miedo a una vuelta de la derecha –¡y qué derecha!— al gobierno.
Todavía la memoria histórica es la historia de todos los días a comienzos del nuevo siglo en el Reino de España.
G. Buster
Un día ha tardado la derecha social y el PP en responder a la decisión del Gobierno de conceder prisión atenuada al militante de ETA De Juana Chaos –que llevaba 115 días de huelga de hambre— con concentraciones nocturnas de varios miles de personas ante los ayuntamientos de las principales ciudades del país, convocadas por el Foro de Ermua y la Asociación de Víctimas del Terrorismo. La plana mayor del PP se ha repartido para encabezarlas, aunque los verdaderos protagonistas han acabado siendo dirigentes de extrema derecha como Ynestrillas y escuadras de algunos cientos de falangistas uniformados que intentaban, ante la sede del PSOE, repetir el escenario del 13-M del 2004, la noche anterior a la derrota electoral de Aznar.
En el actual, hay, sin embargo, algunas diferencias. Todo apunta a que el indudable alcance de las concentraciones, por alarmante que pueda parecer, no trae consigo una ampliación de las fuerzas de la derecha capaz de integrar a nuevos sectores.
El 13-M fue la consecuencia de pillar a Aznar en la mentira y en la manipulación electoral del atentado terrorista mas grave que ha sufrido España. Ahora se acusa a Zapatero de debilidad ante ETA, de “pactos secretos”. Pero sus decisiones están respaldadas por la ley, por el reglamento penitenciario y ejecutadas en nombre de criterios de humanidad. El desplazamiento a la derecha extrema, con la reaparición de grupos fascistas en primera línea, no parece la mejor estrategia para un PP que se juega en la movilización de todos sus votantes, incluidos los del centro, la posibilidad de mejorar sus expectativas de voto, mientras afianza la convicción en la izquierda y entre los distintos nacionalismos periféricos que, de ganar unas elecciones Rajoy, seria rehén de Aznar y de la derecha extrema que ahora le jalea.
Los “nuestros” y los “traidores”
Dos meses después del atentado de ETA en la terminal 4 del Aeropuerto de Madrid, la polarización política y social en el Reino de España sigue en aumento ante la perspectiva de una larga campaña electoral que hará de las elecciones legislativas de 2008 una continuación de las municipales y autonómicas de mayo del 2007. En la ultima encuesta del CIS, el PSOE se mantiene un punto por delante del PP (38,8% frente a 37,9%), mientras IU sube hasta el 6,5%.
El PP ha sido incapaz de rentabilizar el atentado de ETA y el fin del proceso de paz en Euskal Herría rompiendo el bloque político de la izquierda en el que se apoya el Gobierno Zapatero. Las encuestas siguen mostrando un apoyo mayoritario a la gestión del Gobierno en su política de “ambigüedad calculada” ante el conflicto vasco, que debe permitir mantener el horizonte de un nuevo proceso de paz en la siguiente legislatura, con una izquierda abertzale presente en los municipios vascos y un nuevo gobierno de coalición nacionalista y de izquierda en Navarra.
Pero han sido dos meses de movilización extraparlamentaria masiva de la derecha social. La primera, el 3 de febrero –convocada por el Foro de Ermua y la AVT en respuesta no tanto al atentado, cuanto a las manifestaciones unitarias de la izquierda y el Gobierno vasco del 13 de enero—; enseguida, la del 24 de febrero, contra la reducción de pena al militante de ETA De Juana Chaos, una manifestación en la que el alarde escenográfico de la extrema derecha desbordó por mucho al PP; finalmente, en la “noche de las traiciones”, la del pasado 2 de marzo, tras el pase a prisión atenuada de De Juana Chaos. Y se anuncian mas movilizaciones.
La confrontación entre la derecha y la izquierda domina toda la vida política y social, con sorprendentes ecos de los años 30 en más de una ocasión. El PSOE ha vuelto a tropezar inopinadamente y sin pretenderlo con la cuestión de la naturaleza de clase del estado que gobierna, con un poder judicial en manos de la derecha social y política que actúa saboteando legalmente las políticas y la gestión gubernamentales en nombre de la “razón de estado”.
Una “razón de estado” esgrimida por la derecha a fin de deslegitimar al Gobierno Zapatero con un asombroso abanico de especulaciones y fantaseos ad hoc: la teoría de la conspiración del 11-M, los supuestos “pactos secretos del gobierno con ETA”, el espantajo del peligro de la ruptura de la “unidad nacional”, la pretendida “persecución” de los ediles del PP en la lucha contra la corrupción urbanística, la “indisciplina” de la Guardia Civil, o, por acabar en algún sitio, el “laicismo” en las escuelas. Un día sí y otro también, la COPE –la cadena radiofónica, propiedad de la Conferencia Episcopal, de insolente militancia ultraderechista—, El Mundo, La Razón y las televisiones autonómicas de la derecha, encabezadas por TeleMadrid, no cejan en el empeño de de apelar a las conciencias –y menudo, a bajas pasiones quién sabe si del todo conscientes— de los electores de la derecha, en una suerte de paroxística movilización permanente in crescendo.
El frente judicial
La recusación de Pablo Pérez Tremps como juez del Tribunal Constitucional en el recurso del Defensor del Pueblo sobre la supuesta inconstitucionalidad del Estatuto de Cataluña ha vuelto a poner sobre la mesa en toda su crudeza las nefastas consecuencias políticas del Pacto Antiterrorista firmado por el PSOE con el PP bajo el Gobierno Aznar como respuesta a la ruptura de la tregua de ETA en 1999. En nombre del “consenso”, el Pacto Antiterrorista dio a la derecha una mayoría en el poder judicial que le aseguraba la continuidad de su política en caso de un cambio de gobierno.
Tal obsequio de un verdadero derecho de “veto judicial” repercute hoy en el Tribunal Constitucional, poniendo en cuestión la legitimidad de la reforma estatutaria no sólo en Cataluña, sino en todas las autonomías que han aprobado los nuevos estatutos. En el Consejo Superior del Poder Judicial, como ha recordado el combativo nuevo ministro de justicia, Mariano Fernández Bermejo, la actual mayoría se sostiene sobre una composición que “es legal, pero ilegitima”, porque el bloqueo del PP impide su renovación aun a pesar de haber superado ya por mucho el plazo temporal de su mandato. Y en la Audiencia Nacional, se siguen aplicando con empeñado denuedo las doctrinas que identifican a toda la izquierda abertzale con ETA, como partes de una única organización terrorista.
El nombramiento al frente del Ministerio de Justicia de Mariano Fernández Bermejo es una respuesta que refleja la consciencia, por parte del Gobierno Zapatero, de la necesidad de un pulso que se ha hecho inevitable en el frente judicial. Si López Aguilar, el ministro saliente, había sido uno de los negociadores socialistas del Pacto Antiterrorista con el PP, Fernández Bermejo fue una de sus victimas más señeras en el frente judicial, junto con Carlos Jiménez Villarejo, cuando era fiscal general de Madrid. Su rotunda advertencia de que “tuvimos que luchar contra los padres y ahora tendremos que hacerlo contra los hijos” para defender la democracia supone no tanto un giro a la izquierda del Gobierno, cuanto la resuelta decisión de conservar la legitimidad haciendo frente al desapoderado pulso de una derecha dispuesta a todo. En un sentido parecido hay que interpretar la decisión del gobierno de entesa de la izquierda catalana de recusar a su vez a Rodriguez Zapata, uno de los magistrados conservadores del Tribunal Constitucional por los mismos motivos por los que éste instigó la recusación de Perez Tremps –haber realizado informes técnicos para la Generalitat catalana—, a fin de asegurar una mayoría a la facción conservadora del Tribunal Constitucional (una posible mayoría que, dicho sea de paso, cuenta entre sus miembros a un antiguo Gobernador Civil franquista y, en su día, Jefe Provincial del Movimiento).
Proceso de paz o frente antinacionalista
Por el momento, la “ambigüedad calculada” del Gobierno Zapatero se subordina claramente a la necesidad de ganar las elecciones y evitar fisuras en el bloque electoral que le apoya. Busca, al propio tiempo, sostener una perspectiva que impida a la derecha dinamitar por una generación toda posibilidad de un proceso de paz. Pero la “ambigüedad calculada” se ha podido mantener –superando la nada disimulada oposición de sectores de la derecha del mismo PSOE— sólo gracias a la movilización callejera unitaria del 13 de enero por parte de la izquierda y de los nacionalistas periféricos.
El PP y la derecha social han intentado quebrar esa “ambigüedad calculada” desde el frente judicial y desde el frente parlamentario: con la sentencia del Tribunal Supremo declarando organización terrorista a las juventudes de la izquierda abertzale; con la iniciativa de ilegalización de EHAK, rechazada por todas las demás fuerzas políticas parlamentarias; con el esperpéntico encausamiento del Lehendakari Ibarretxe y de los interlocutores socialistas vascos de Batasuna; con la martilleante exigencia de prohibición y persecución de las candidaturas municipales de la izquierda abertzale. Todo con el inconfundible propósito de cerrar todas las puertas y ventanas a un posible cuadro nuevo de diálogo, al que ni la misma ETA se ha cerrado tras el atentado en Barajas.
La izquierda abertzale está inmersa en un vivo debate, mitigado por la represión, tras el atentado de ETA. La propuesta de un nuevo autonomismo vasco-navarro, en el marco del estado español y tras decisión democrática de los electores en ambos territorios, supone un esfuerzo de adaptación táctica significativo que permite a la actual dirección de Batasuna seguir siendo el interlocutor político de la izquierda abertzale. Así lo ha reconocido el propio Zapatero, insistiendo en la necesidad de que, para ser creíble tal evolución, debe ir enfáticamente acompañada del fin definitivo de la violencia. Pero cualquier escenario plausible de futuro pasa por la participación de la izquierda abertzale en las elecciones municipales de mayo.
Mientras tanto, la situación de De Juana Chaos y su huelga de hambre de 115 días han puesto de manifiesto que la situación política en Euskal Herria se asienta sobre una gran inestabilidad y peligro. La sentencia del Tribunal Supremo reduciendo la pena que le había sido impuesta en un pleno de la Audiencia Nacional de 12 años y medio a 3 años por escribir dos artículos supuestamente amenazantes –una vez cumplida ya su condena por los atentados con víctimas mortales— debería permitir mantener abierto el horizonte del proceso de paz. La decisión de aplicarle ahora a de De Juana Chaos prisión atenuada, evitando que su huelga de hambre pueda acabar en muerte no es sólo una medida humanitaria, sino una iniciativa de sentido común político reveladora de que la “ambigüedad calculada” de Zapatero es algo mas que una táctica mediática.
La movilización de la izquierda social por el proceso de paz sigue viva, no sólo en Euskal Herria –con iniciativas como las de Milaka Bilaka o las de las mujeres de Ahotsak—, sino también en Cataluña –con la plataforma “Sí al procés de pau”—. Las manifestaciones unitarias convocadas por la izquierda para el próximo 17 de marzo contra la guerra de Irak podrían convertirse en algo mas que un imprescindible recordatorio, para pasar a exigencias de paz no sólo valederas para el Oriente Próximo y Afganistán, sino también para el Reino de Españal.
“¡Un país civilizado, coño!”
El largo espectro de Aznar –que determina la polarización y radicalización de la derecha frente a la supuesta búsqueda del “sentido común” y a las pretendidas aspiraciones “centristas” de un Rajoy— toma cuerpo cada día. El juicio del 11-M ha desmentido rotundamente al PP, aferrado a una doctrina oficial no por inverosímil, menos machaconamente repetida a sus votantes a través de los potentes altavoces de sus oficiantes mediáticos: que “un grupo terrorista puso a Zapatero en la Moncloa”, según afirmara estólidamente en su día Miguel Ángel Rodríguez –antiguo portavoz del Gobierno de Aznar—, y que de lo único que se trataba ahora era de saber cuál fue ese grupo.
Pero lo cierto es que la mayoría absoluta del segundo Gobierno Aznar no sólo trajo consigo la política exterior de la foto del trío de las Azores, sino también la colaboración con los vuelos de la CIA y con el interrogatorio de prisioneros torturados en el limbo legal de Guantánamo. Y no ya valiéndose del secreto y el arcano, sino con la insolente impunidad de una derecha que se sabía capaz de interpretar y apoyar en todos los terrenos, desde su control del poder judicial y del poder legislativo, la deriva antidemocrática del Gobierno Aznar en el marco de la “guerra contra el terrorismo” de la Administración Bush. Una derecha política bien escoltada por la Conferencia Episcopal, que, no satisfecha con el logro de haber renovado, merced al chantaje de su movilización, una financiación pública que roza lo anticonstitucional, llama ahora a la desobediencia civil contra la asignatura de formación cívica, tímida alternativa laica a sus clases de catequización en la enseñanza pública y en la concertada.
Cuando se le recordó recientemente a Rajoy el caso de los interrogatorios llevados a cabo por policías españoles en Guantánamo cuando él era ministro de Aznar, soltó por toda respuesta esta sutileza, que dicho sea de paso vale por si propia para retratar de cuerpo entero al estupendo “centrista” sedicentemente moderado: “Estoy en otras cosas, coño; ¡éste es un país civilizado, coño!”. Desgraciadamente, se parece demasiado al “¡Al suelo, coño!” del golpista Tejero, de quien, mira por dónde, hemos descubierto estos días en qué anda ahora –él, y los suyos—, este coronel en libertad desde hace mucho, luego de cumplir sólo diez años de cárcel con todo tipo de beneficios penitenciarios (sin necesidad siquiera de amagar con una huelga de hambre, o de cualquier otra cosa). Nos lo han revelado los alardes escenográficos de la vieja extrema derecha en la Plaza de Colón de Madrid y los falangistas uniformados, brazo en alto ante los ayuntamientos de media España en la “noche de las traiciones”, cargando así involuntariamente de razón al nuevo ministro de justicia: para defender la democracia, “tuvimos que luchar contra los padres, y ahora tenemos que hacerlo contra los hijos”. Debería ser evidente a estas alturas que esa lucha democrática no sólo ha de ser unitaria y movilizar al conjunto de la izquierda, sino que precisa también combinar la confrontación institucional con la reocupación de la calle, en la perspectiva de vertebrar un proyecto de profundización en el cambio social y político que vaya mas allá del mero miedo a una vuelta de la derecha –¡y qué derecha!— al gobierno.
Todavía la memoria histórica es la historia de todos los días a comienzos del nuevo siglo en el Reino de España.
Propuesta para un nuevo "Pacto por la Paz y la Libertad, contra el Terrorismo
Izquierda Unida
INTRODUCCIÓN
Desde hace varias décadas hemos sufrido el terrorismo de ETA. Durante todos estos años hemos sostenido un combate duro y difícil. Hoy, la fortaleza del Estado de Derecho es mayor que nunca, y, consecuentemente, aunque ETA puede seguir atentando, es mayor que nunca su debilidad.
En el proceso histórico de lucha contra el terrorismo en España ha habido una determinación absoluta para defender la vida y la libertad, para honrar a las víctimas y para acabar con la violencia definitivamente.
Hoy se puede constatar con satisfacción que en la sociedad vasca se ha extendido e intensificado el deseo de alcanzar su definitiva pacificación. Van haciéndose cada vez más frecuentes las llamadas al abandono del terrorismo y a la participación de todos los sectores, desde sus respectivas posiciones legítimamente discrepantes, en la resolución progresiva, por las vías democráticas e institucionales, de los graves problemas que tiene planteados el país.
En ese ya largo camino, los avances producidos se han debido esencialmente a la firmeza democrática de la sociedad y a la acción sostenida de tres factores básicos de la lucha antiterrorista: la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad, la cooperación internacional y la unidad y los acuerdos de las fuerzas democráticas y de las instituciones.
El atentado perpetrado por la organización terrorista ETA el 30 de diciembre de 2006 en el aparcamiento de la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas, que costó la vida a los jóvenes inmigrantes ecuatorianos Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio rompió el “alto el fuego permanente” iniciado por la banda el 24 de marzo de 2006. Este atentado quebró también el proceso de paz anunciado por el Presidente del Gobierno el 29 de junio de 2006.
Es un principio consolidado en la historia democrática de España que todo Gobierno debe hacer lo que esté en su mano para buscar los caminos de una paz definitiva y conseguir el final del terrorismo, con respeto absoluto a las reglas del Estado de Derecho, con fidelidad a la Constitución y a la Ley.
En este momento es muy necesario el fortalecimiento de la unidad democrática frente al terrorismo, porque en dicha unidad nos va la defensa de valores que todos compartimos: la vida, la libertad y la paz.
En un asunto de Estado tan importante y delicado como la lucha contra el terrorismo, las fuerzas democráticas deben evitar siempre la instrumentación partidista de los atentados como arma arrojadiza entre los demócratas. La unidad es la mejor forma de expresar la fortaleza de nuestra sociedad y su voluntad de no ceder a la extorsión de la violencia.
Por ello es fundamental la construcción de un marco permanente de unidad , abierto a todas las fuerzas políticas democráticas, que actualice y respalde una estrategia conjunta y compartida , recogiendo las experiencias compartidas de los acuerdos de Ajuria Enea, Madrid y Pamplona, así como del Pacto por las libertades y contra el terrorismo.
La presente propuesta de un nuevo Acuerdo por la Paz y la Libertad, contra el Terrorismo, tiene por objetivo contribuir al final del terrorismo a través de la más amplia unidad democrática, aunando fuerzas de todos los partidos democráticos de nuestro país, así como de las instituciones –tanto en el ámbito estatal como en las Comunidades Autónomas, especialmente del País Vasco y de Navarra- así como de las asociaciones cívicas y sociales. Alcanzar este objetivo sigue siendo la esperanza irrenunciable del Estado y la ciudadanía.
En definitiva, centramos nuestro esfuerzo en tres ejes principales: la unidad democrática sin exclusiones, la lógica del Estado de Derecho sin atajos, y la acción política frente al terrorismo.
PARTE RESOLUTIVA
RECHAZO DE LA VIOLENCIA
Las fuerzas políticas firmantes, decididas a reforzar y ampliar su unidad para hacer plenamente efectivas las libertades, acabar con el terrorismo y alcanzar la paz; convencidas de que la erradicación del terrorismo sigue siendo hoy un objetivo común fundamental de la acción de todas las instituciones y fuerzas democráticas:
Reafirmamos nuestro apoyo al actual Estado Democrático de Derecho, basado en la soberanía popular, expresada mediante el sufragio libre, como marco jurídico que garantiza la defensa de las libertades y el ejercicio del pluralismo político, social, económico y cultural.
Rechazamos la utilización de la violencia como método de consecución de objetivos políticos. Condenamos la violencia porque es moralmente inaceptable y absolutamente incompatible con la democracia. La paz es objetivo esencial de la actividad política, imprescindible para alcanzar el bienestar de los ciudadanos, preservar sus libertades individuales y colectivas, y proteger sus derechos humanos fundamentales, siendo el primero, el de la vida.
Reiteramos que la violencia terrorista, es decir, el asesinato, las agresiones, la extorsión económica, la amenaza y cualesquiera otras formas de intimidación y chantaje, como métodos de una pretendida acción política, son moralmente inaceptables y absolutamente incompatibles con la democracia. Nuestro rechazo firme a la violencia terrorista responde a nuestras convicciones democráticas, a nuestra fe en la razón y en la palabra, en la vida y en la libertad y se basa en la profunda y radical falta de legitimidad de quien intenta, mediando la violencia, imponer cualquier idea u objetivo a la voluntad del pueblo, a la soberanía de los ciudadanos.
La paz, la convivencia libre y el respeto a los derechos humanos, son valores no negociables.
En tal sentido, insistimos una vez más en la falta de legitimidad de los violentos para expresar la voluntad del pueblo vasco, así como en el rechazo de su pretensión de negociar problemas políticos, negociación que solo debe producirse entre los representantes legítimos de la voluntad popular.
Emplazamos al mundo abertzale a liberarse de la tutela de la violencia y apostar definitivamente por las vías pacíficas y democráticas.
Manifestamos nuestra plena determinación por trabajar juntos en la finalización definitiva de la violencia terrorista.
Creemos que a la fortaleza del Estado de Derecho en la lucha contra el terrorismo hay que añadir una condición imprescindible: la unidad democrática de los partidos políticos, y que eso significa la eliminación de la confrontación partidaria en la política antiterrorista. Por ello queremos formalizar solemnemente nuestra voluntad de eliminar del ámbito de la legítima confrontación política o electoral entre los partidos las políticas para acabar con el terrorismo.
EMPLAZAMIENTO A ETA PARA SU DISOLUCIÓN
Reiteramos la falta de legitimidad de ETA para expresar la voluntad del Pueblo Vasco y, consecuentemente, rechazamos su pretensión de negociar los problemas políticos del Pueblo Vasco que únicamente deben serlo entre los partidos políticos con representación parlamentaria, el Gobierno Vasco y el Gobierno del Estado.
Por ello, emplazamos a ETA, de modo formal, para que se disuelva, abandone definitivamente las armas y acepte las vías que el sistema democrático arbitre para superar las consecuencias sociales y políticas de la violencia.
LIDERAZGO DEL GOBIERNO / NO CONFRONTACIÓN PARTIDISTA
El terrorismo es un problema de Estado. Al Gobierno de España corresponde dirigir la lucha antiterrorista, pero combatir el terrorismo es una tarea que corresponde a todos los partidos políticos democráticos, estén en el Gobierno o en la oposición. Manifestamos nuestra voluntad de eliminar del ámbito de la legítima confrontación política o electoral entre nuestros partidos las políticas para acabar con el terrorismo.
Tal y como se establece en el artículo 97 de la Constitución Española, por el que el Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado.
Por ello, comprometemos nuestro apoyo activo al Gobierno en su legítimo liderazgo en la política orientada a la desaparición de la violencia y el terrorismo, de cara a la consecución definitiva de la paz.
SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS
Expresamos nuestra solidaridad con las Víctimas del Terrorismo. Ellas son la memoria, el recuerdo, la constatación presente y continua del sufrimiento, de la brutal injusticia que ha provocado el terrorismo de ETA.
Sabemos que la democracia nunca podrá devolverles lo que han perdido, pero estamos dispuestos a que reciban el reconocimiento y la atención de la sociedad española. La Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo ha sido una expresión unánime y cualificada de su reconocimiento moral y material. Pero nuestras obligaciones no han terminado.
Debemos esforzarnos por preservar su memoria, por establecer un sistema de atención cotidiana y permanente. Su colaboración con la sociedad española en la batalla contra el terrorismo sigue siendo necesaria, ya que nadie mejor que las víctimas para defender los valores de convivencia y respeto mutuo que quieren destruir aquellos que les han infligido tal sufrimiento.
Por ello, instamos a que la solidaridad con las víctimas de la violencia y sus familiares se plasme en acciones concretas y efectivas en el marco de la máxima colaboración entre las instituciones.
En este sentido, nos comprometemos a evitar la instrumentación partidista de las víctimas, a mejorar la atención que merecen y a perfeccionar la legislación vigente en la materia mediante un nuevo texto legal.
RESPETO AL ESTADO DE DERECHO
Nos comprometemos a velar por que la necesaria defensa del Estado de Derecho contra los ataques de la violencia se produzca siempre dentro del más estricto respeto de la legalidad y de los derechos humanos en general, sintiéndonos legitimados para denunciar, con la misma convicción con que condenamos toda violencia, los casos en que pueda haber violaciones de dicho principio.
Rechazamos la lógica de la guerra y la lógica de la excepción en la lucha frente al terrorismo y por la paz.
DIÁLOGO
Invitamos al Gobierno a perseverar en las labores de normalización y pacificación del País Vasco y en la lucha contra el terrorismo inspirada en los principios del diálogo y unidad entre las fuerzas democráticas, pleno respaldo a la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Ertzaintza, cooperación internacional en los ámbitos policial y judicial y apelación a la movilización social y a la conciencia ciudadana de repulsa de la violencia terrorista y reivindicación de los valores de pluralismo, tolerancia y la construcción de la paz como expresión colectiva de rechazo frente a quienes justifican esa violencia terrorista.
Después de la ruptura unilateral del “alto el fuego permanente”, sólo el abandono definitivo de la actividad armada tendría credibilidad. En este sentido, cabe actualizar la Resolución aprobada el 20 de mayo de 2005 por el Congreso de los Diputados, en la que, entre otras orientaciones, se fijaban las condiciones para abrir “procesos de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia, respetando en todo momento el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular. La violencia no tiene precio político y la democracia española nunca aceptará el chantaje de la violencia”.
Todo proceso futuro de diálogo, negociación y resolución deberá realizarse en unas condiciones de ausencia permanente de todas las expresiones de violencia del conflicto.
Instamos a que el diálogo, el consenso y el respeto a los principios democráticos y a las legítimas opciones políticas de los ciudadanos rija todo el proceso, que debe conducir al fin de la violencia terrorista, y evite actitudes de enfrentamiento entre posiciones ideológicas distintas.
BATASUNA-IZQUIERDA ABERTZALE
De otra parte, convencidos, de que la única vía para la normalización y pacificación de la sociedad es la que pasa por el estricto respeto de la voluntad popular, emplazamos a los movimientos políticos que aún continúan utilizando o legitimando la violencia para que, la abandonen y se incorporen a la actividad institucional, desde la que estarán legitimados para defender, por vías pacíficas y democráticas, sus propios planteamientos políticos.
En tal sentido, la legitimidad de todas las ideas políticas, expresadas democráticamente, tiene en el marco parlamentario, la vía de defensa y, en su caso, de incorporación al ordenamiento jurídico de cualquier reivindicación o proyecto político, incluso aquellos que pretenden revisar el propio marco institucional.
De otra parte, estudiaremos la flexibilización y reconsideración de la Ley de Partidos Políticos y primaremos la exigencia y el emplazamiento político al mundo abertzale.
FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD, JUSTICIA
Seguiremos apoyando al conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: Guardia Civil, Policía Nacional y la Ertzaintza, porque de su capacidad y eficacia depende la erradicación de la violencia, tal y como se está comprobando estos últimos años en la progresiva desarticulación operativa de la banda terrorista”. La acción policial erradica el terrorismo, previene los atentados, persigue a los autores y protege los principios que conforman la convivencia democrática, especialmente el derecho a la vida.
Por ello, reiteramos nuestra confianza en su trabajo y apoyaremos su dotación adecuada de medios humanos y materiales para desarrollar la labor que tienen encomendada. Es una confianza, un apoyo y un compromiso que queremos hacer extensivo a Jueces y Fiscales, a todos los que trabajan al servicio de la Justicia para asegurar nuestra convivencia libre y pacífica. Todo ello desde el respeto al principio constitucional de independencia judicial.
POLÍTICA PENITENCIARIA
Instamos al Gobierno a que mediante el más amplio diálogo con todas las fuerzas políticas desarrolle una nueva orientación, consensuada, dinámica y flexible, de la política penitenciaria en la forma que mejor propicie el final de la violencia, y en el marco del más escrupuloso respeto a los derechos humanos.
En este sentido, apoyamos las vías de reinserción para aquellas personas que decidan o hayan decidido abandonar la violencia con el propósito de defender sus ideas por cauces democráticos, respetando en cada caso la decisión que adopten las instituciones competentes del Estado a este respecto.
COOPERACIÓN CON LOS GOBIERNOS DEL PAÍS VASCO Y DE NAVARRA
Entendemos necesario y urgente el establecimiento de un acuerdo estable y definitivo entre el Gobierno de la Comunidad Autónoma y el Gobierno de Estado del que se derive una acción coordinada para combatir el terrorismo.
De manera general, nos comprometemos a trabajar por el reforzamiento de la cooperación entre las Instituciones estatales y de las Comunidades Autónomas del País Vasco y Navarra, en todos los ámbitos que incidan en el objetivo común de acabar con el terrorismo.
COOPERACION INTERNACIONAL
Expresamos nuestra convicción de que la colaboración internacional, particularmente en el seno de la Unión Europea, entre los Gobiernos y los distintos poderes judiciales es indispensable para la erradicación de la violencia, a fin de prevenir la comisión de nuevos atentados y evitar la impunidad de quienes los cometen, todo ello desde el respeto escrupuloso a los derechos humanos y a los principios que rigen el derecho internacional.
Al mismo tiempo, nos comprometemos a trabajar conjuntamente en el seno de la UE y a escala internacional en el marco de este acuerdo, en el ámbito de las instituciones y de las organizaciones políticas y ciudadanas.
CIUDADANÍA
Pero la definitiva erradicación de la violencia terrorista en España no es una tarea exclusiva de los partidos políticos democráticos. Exige el compromiso activo de todos, instituciones, gobiernos y ciudadanos en la afirmación constante de los valores cívicos y democráticos.
Nuestro compromiso es poner toda nuestra energía de partidos democráticos para conseguir un gran impulso cívico al servicio de la salvaguarda de las libertades y de los derechos de todos los ciudadanos. Este no es un compromiso coyuntural. Queremos dar a nuestro acuerdo eficacia de presente y proyección en el futuro. Para ello trabajaremos conjuntamente para que los valores y principios plasmados en este acuerdo alcancen el máximo apoyo social y de las instituciones, en las que nos comprometemos a defenderlos.
Una vez más queremos destacar la extraordinaria sensatez y moderación con que la sociedad ha reaccionado ante las agresiones terroristas, dando un ejemplo de talento y generosidad para el triunfo de la democracia sobre la barbarie terrorista. Llamamos a todos los ciudadanos para que, individualmente y a través de las asociaciones y agrupaciones de la sociedad civil en que se integran, asuman sus responsabilidades y trabajen por la desaparición de las actitudes fanáticas, intolerantes y violentas y por la consolidación de la libertad. El transcurso del tiempo ha demostrado la vigencia de estos principios. Hoy, constatada la creciente debilidad del terrorismo, gracias a la tenacidad de quienes durante años lo hemos combatido, hacemos un llamamiento para fortalecer la unidad de las fuerzas políticas en torno a tales principios y acciones, que han demostrado su eficacia.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Dirigimos muy especialmente este llamamiento a los responsables políticos, a los educadores, a los profesionales de la información, quienes están llamados a desempeñar, por su indudable influencia en los comportamientos sociales, un papel importante en el proceso de pacificación de nuestra sociedad.
Pedimos a los responsables de los medios de comunicación que -desde el respeto a la libertad de expresión- colaboren con las Instituciones representativas de la voluntad popular y a través de los medios a su alcance, en desarrollar el ambiente social necesario para la generalización de los valores del respeto mutuo, la tolerancia y el rechazo de la violencia y el terrorismo.
INSTITUCIONES
Invitamos a todas las instituciones – Gobiernos, Parlamentos, Ayuntamientos y demás entidades públicas- a que, se sumen a este acuerdo y trabajen en sus respectivos ámbitos para lograr sus objetivos. Por ello y a través de nuestros representantes, nos comprometemos a adherirnos a este acuerdo en las próximas reuniones de las respectivas instituciones.
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
El ámbito preferente de este pacto será el Congreso de los Diputados.
El objetivo de este acuerdo, impulsar conjuntamente la Paz, las libertades y la política contra el terrorismo, exige una colaboración permanente entre las fuerzas políticas firmantes y el Gobierno, que implica el intercambio de información, la actuación concertada en los ámbitos recogidos en el presente Acuerdo -reformas legislativas, apoyo a las víctimas, política penitenciaria, cooperación internacional, movilización ciudadana e instituciones- y la búsqueda de posiciones conjuntas ante todos los acontecimientos que afecten a la política antiterrorista. A tal fin, se creará una Comisión de seguimiento.
A través de este Acuerdo, se invitará al Gobierno a que, de forma bilateral y multilateral, comparta con las fuerzas firmantes información y estrategia en la lucha contra el terrorismo.
A la Comisión le corresponderá asimismo, la evaluación de la eficacia y de los resultados del Acuerdo y procederá, en su caso, a su actualización.
11-M Y TERRORISMO YIHADISTA
La matanza del 11-M en Madrid, que sucedió a los atentados de Casablanca y del 11-S en Nueva York, y que precedió al del 7-J en el metro de Londres, puso en evidencia una nueva amenaza para nuestro país: el terrorismo yihadista.
Las víctimas del atentado del 11-M, sus familias y la sociedad entera tienen derecho a que se haga justicia. A la Justicia corresponde el establecimiento de la verdad judicial, a través de la correspondiente sentencia.
Por el presente acuerdo, las formaciones políticas que lo suscriben se comprometen también a mantener la unidad frente a esta nueva amenaza y, siguiendo las recomendaciones establecidas en las conclusiones de la Comisión parlamentaria de Investigación del 11-M, a prestar el máximo apoyo político a las instituciones del Estado de Derecho como servicio público basado en la defensa de los valores constitucionales.
Sólo en la acción de los tribunales puede una sociedad democrática hallar la satisfacción de sus demandas de justicia, mediante una respuesta firme y contundente en el marco estricto del Estado de Derecho y la independencia judicial.
CLÁUSULA FINAL
Y, en prueba de conformidad con el Acuerdo que antecede, lo firman, en Madrid, a (fecha)
Fuentes
(1) Pacto de Madrid (5 de noviembre de 1987) suscrito por PSOE, AP, CDS, PCE, CiU, PNV, PDP, PL y EE.
(2) Pacto de Ajuria Enea (12 de enero de 1988) suscrito por CDS, PSE, AP, EE, PNV y el lehendakari José Antonio Ardanza.
(3) Pacto de Navarra (7 de octubre de 1988) suscrito por UPN, PSN-PSOE, AP, CDS, DC, EE, PL y por el presidente del Gobierno Navarro, Gabriel Urralburu.
(4) Moción aprobada por el Congreso el 10 de noviembre de 1998, por unanimidad, a propuesta del G. P. de Izquierda Unida).
(5) Moción del PP votada por el PSOE y el PNV el 14 de mayo de 1998, en conclusión del Debate sobre el estado de la Nación, siendo Presidente del Gobierno José María Aznar.
(6) Pacto por las Libertades y contra el terrorismo (8 de diciembre de 2000), suscrito por el PP y el PSOE
(7) Moción aprobada por el Congreso el 20 de mayo de 2005, al término del Debate sobre el estado de la Nación.
Izquierda Unida
INTRODUCCIÓN
Desde hace varias décadas hemos sufrido el terrorismo de ETA. Durante todos estos años hemos sostenido un combate duro y difícil. Hoy, la fortaleza del Estado de Derecho es mayor que nunca, y, consecuentemente, aunque ETA puede seguir atentando, es mayor que nunca su debilidad.
En el proceso histórico de lucha contra el terrorismo en España ha habido una determinación absoluta para defender la vida y la libertad, para honrar a las víctimas y para acabar con la violencia definitivamente.
Hoy se puede constatar con satisfacción que en la sociedad vasca se ha extendido e intensificado el deseo de alcanzar su definitiva pacificación. Van haciéndose cada vez más frecuentes las llamadas al abandono del terrorismo y a la participación de todos los sectores, desde sus respectivas posiciones legítimamente discrepantes, en la resolución progresiva, por las vías democráticas e institucionales, de los graves problemas que tiene planteados el país.
En ese ya largo camino, los avances producidos se han debido esencialmente a la firmeza democrática de la sociedad y a la acción sostenida de tres factores básicos de la lucha antiterrorista: la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad, la cooperación internacional y la unidad y los acuerdos de las fuerzas democráticas y de las instituciones.
El atentado perpetrado por la organización terrorista ETA el 30 de diciembre de 2006 en el aparcamiento de la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas, que costó la vida a los jóvenes inmigrantes ecuatorianos Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio rompió el “alto el fuego permanente” iniciado por la banda el 24 de marzo de 2006. Este atentado quebró también el proceso de paz anunciado por el Presidente del Gobierno el 29 de junio de 2006.
Es un principio consolidado en la historia democrática de España que todo Gobierno debe hacer lo que esté en su mano para buscar los caminos de una paz definitiva y conseguir el final del terrorismo, con respeto absoluto a las reglas del Estado de Derecho, con fidelidad a la Constitución y a la Ley.
En este momento es muy necesario el fortalecimiento de la unidad democrática frente al terrorismo, porque en dicha unidad nos va la defensa de valores que todos compartimos: la vida, la libertad y la paz.
En un asunto de Estado tan importante y delicado como la lucha contra el terrorismo, las fuerzas democráticas deben evitar siempre la instrumentación partidista de los atentados como arma arrojadiza entre los demócratas. La unidad es la mejor forma de expresar la fortaleza de nuestra sociedad y su voluntad de no ceder a la extorsión de la violencia.
Por ello es fundamental la construcción de un marco permanente de unidad , abierto a todas las fuerzas políticas democráticas, que actualice y respalde una estrategia conjunta y compartida , recogiendo las experiencias compartidas de los acuerdos de Ajuria Enea, Madrid y Pamplona, así como del Pacto por las libertades y contra el terrorismo.
La presente propuesta de un nuevo Acuerdo por la Paz y la Libertad, contra el Terrorismo, tiene por objetivo contribuir al final del terrorismo a través de la más amplia unidad democrática, aunando fuerzas de todos los partidos democráticos de nuestro país, así como de las instituciones –tanto en el ámbito estatal como en las Comunidades Autónomas, especialmente del País Vasco y de Navarra- así como de las asociaciones cívicas y sociales. Alcanzar este objetivo sigue siendo la esperanza irrenunciable del Estado y la ciudadanía.
En definitiva, centramos nuestro esfuerzo en tres ejes principales: la unidad democrática sin exclusiones, la lógica del Estado de Derecho sin atajos, y la acción política frente al terrorismo.
PARTE RESOLUTIVA
RECHAZO DE LA VIOLENCIA
Las fuerzas políticas firmantes, decididas a reforzar y ampliar su unidad para hacer plenamente efectivas las libertades, acabar con el terrorismo y alcanzar la paz; convencidas de que la erradicación del terrorismo sigue siendo hoy un objetivo común fundamental de la acción de todas las instituciones y fuerzas democráticas:
Reafirmamos nuestro apoyo al actual Estado Democrático de Derecho, basado en la soberanía popular, expresada mediante el sufragio libre, como marco jurídico que garantiza la defensa de las libertades y el ejercicio del pluralismo político, social, económico y cultural.
Rechazamos la utilización de la violencia como método de consecución de objetivos políticos. Condenamos la violencia porque es moralmente inaceptable y absolutamente incompatible con la democracia. La paz es objetivo esencial de la actividad política, imprescindible para alcanzar el bienestar de los ciudadanos, preservar sus libertades individuales y colectivas, y proteger sus derechos humanos fundamentales, siendo el primero, el de la vida.
Reiteramos que la violencia terrorista, es decir, el asesinato, las agresiones, la extorsión económica, la amenaza y cualesquiera otras formas de intimidación y chantaje, como métodos de una pretendida acción política, son moralmente inaceptables y absolutamente incompatibles con la democracia. Nuestro rechazo firme a la violencia terrorista responde a nuestras convicciones democráticas, a nuestra fe en la razón y en la palabra, en la vida y en la libertad y se basa en la profunda y radical falta de legitimidad de quien intenta, mediando la violencia, imponer cualquier idea u objetivo a la voluntad del pueblo, a la soberanía de los ciudadanos.
La paz, la convivencia libre y el respeto a los derechos humanos, son valores no negociables.
En tal sentido, insistimos una vez más en la falta de legitimidad de los violentos para expresar la voluntad del pueblo vasco, así como en el rechazo de su pretensión de negociar problemas políticos, negociación que solo debe producirse entre los representantes legítimos de la voluntad popular.
Emplazamos al mundo abertzale a liberarse de la tutela de la violencia y apostar definitivamente por las vías pacíficas y democráticas.
Manifestamos nuestra plena determinación por trabajar juntos en la finalización definitiva de la violencia terrorista.
Creemos que a la fortaleza del Estado de Derecho en la lucha contra el terrorismo hay que añadir una condición imprescindible: la unidad democrática de los partidos políticos, y que eso significa la eliminación de la confrontación partidaria en la política antiterrorista. Por ello queremos formalizar solemnemente nuestra voluntad de eliminar del ámbito de la legítima confrontación política o electoral entre los partidos las políticas para acabar con el terrorismo.
EMPLAZAMIENTO A ETA PARA SU DISOLUCIÓN
Reiteramos la falta de legitimidad de ETA para expresar la voluntad del Pueblo Vasco y, consecuentemente, rechazamos su pretensión de negociar los problemas políticos del Pueblo Vasco que únicamente deben serlo entre los partidos políticos con representación parlamentaria, el Gobierno Vasco y el Gobierno del Estado.
Por ello, emplazamos a ETA, de modo formal, para que se disuelva, abandone definitivamente las armas y acepte las vías que el sistema democrático arbitre para superar las consecuencias sociales y políticas de la violencia.
LIDERAZGO DEL GOBIERNO / NO CONFRONTACIÓN PARTIDISTA
El terrorismo es un problema de Estado. Al Gobierno de España corresponde dirigir la lucha antiterrorista, pero combatir el terrorismo es una tarea que corresponde a todos los partidos políticos democráticos, estén en el Gobierno o en la oposición. Manifestamos nuestra voluntad de eliminar del ámbito de la legítima confrontación política o electoral entre nuestros partidos las políticas para acabar con el terrorismo.
Tal y como se establece en el artículo 97 de la Constitución Española, por el que el Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado.
Por ello, comprometemos nuestro apoyo activo al Gobierno en su legítimo liderazgo en la política orientada a la desaparición de la violencia y el terrorismo, de cara a la consecución definitiva de la paz.
SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS
Expresamos nuestra solidaridad con las Víctimas del Terrorismo. Ellas son la memoria, el recuerdo, la constatación presente y continua del sufrimiento, de la brutal injusticia que ha provocado el terrorismo de ETA.
Sabemos que la democracia nunca podrá devolverles lo que han perdido, pero estamos dispuestos a que reciban el reconocimiento y la atención de la sociedad española. La Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo ha sido una expresión unánime y cualificada de su reconocimiento moral y material. Pero nuestras obligaciones no han terminado.
Debemos esforzarnos por preservar su memoria, por establecer un sistema de atención cotidiana y permanente. Su colaboración con la sociedad española en la batalla contra el terrorismo sigue siendo necesaria, ya que nadie mejor que las víctimas para defender los valores de convivencia y respeto mutuo que quieren destruir aquellos que les han infligido tal sufrimiento.
Por ello, instamos a que la solidaridad con las víctimas de la violencia y sus familiares se plasme en acciones concretas y efectivas en el marco de la máxima colaboración entre las instituciones.
En este sentido, nos comprometemos a evitar la instrumentación partidista de las víctimas, a mejorar la atención que merecen y a perfeccionar la legislación vigente en la materia mediante un nuevo texto legal.
RESPETO AL ESTADO DE DERECHO
Nos comprometemos a velar por que la necesaria defensa del Estado de Derecho contra los ataques de la violencia se produzca siempre dentro del más estricto respeto de la legalidad y de los derechos humanos en general, sintiéndonos legitimados para denunciar, con la misma convicción con que condenamos toda violencia, los casos en que pueda haber violaciones de dicho principio.
Rechazamos la lógica de la guerra y la lógica de la excepción en la lucha frente al terrorismo y por la paz.
DIÁLOGO
Invitamos al Gobierno a perseverar en las labores de normalización y pacificación del País Vasco y en la lucha contra el terrorismo inspirada en los principios del diálogo y unidad entre las fuerzas democráticas, pleno respaldo a la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Ertzaintza, cooperación internacional en los ámbitos policial y judicial y apelación a la movilización social y a la conciencia ciudadana de repulsa de la violencia terrorista y reivindicación de los valores de pluralismo, tolerancia y la construcción de la paz como expresión colectiva de rechazo frente a quienes justifican esa violencia terrorista.
Después de la ruptura unilateral del “alto el fuego permanente”, sólo el abandono definitivo de la actividad armada tendría credibilidad. En este sentido, cabe actualizar la Resolución aprobada el 20 de mayo de 2005 por el Congreso de los Diputados, en la que, entre otras orientaciones, se fijaban las condiciones para abrir “procesos de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia, respetando en todo momento el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular. La violencia no tiene precio político y la democracia española nunca aceptará el chantaje de la violencia”.
Todo proceso futuro de diálogo, negociación y resolución deberá realizarse en unas condiciones de ausencia permanente de todas las expresiones de violencia del conflicto.
Instamos a que el diálogo, el consenso y el respeto a los principios democráticos y a las legítimas opciones políticas de los ciudadanos rija todo el proceso, que debe conducir al fin de la violencia terrorista, y evite actitudes de enfrentamiento entre posiciones ideológicas distintas.
BATASUNA-IZQUIERDA ABERTZALE
De otra parte, convencidos, de que la única vía para la normalización y pacificación de la sociedad es la que pasa por el estricto respeto de la voluntad popular, emplazamos a los movimientos políticos que aún continúan utilizando o legitimando la violencia para que, la abandonen y se incorporen a la actividad institucional, desde la que estarán legitimados para defender, por vías pacíficas y democráticas, sus propios planteamientos políticos.
En tal sentido, la legitimidad de todas las ideas políticas, expresadas democráticamente, tiene en el marco parlamentario, la vía de defensa y, en su caso, de incorporación al ordenamiento jurídico de cualquier reivindicación o proyecto político, incluso aquellos que pretenden revisar el propio marco institucional.
De otra parte, estudiaremos la flexibilización y reconsideración de la Ley de Partidos Políticos y primaremos la exigencia y el emplazamiento político al mundo abertzale.
FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD, JUSTICIA
Seguiremos apoyando al conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: Guardia Civil, Policía Nacional y la Ertzaintza, porque de su capacidad y eficacia depende la erradicación de la violencia, tal y como se está comprobando estos últimos años en la progresiva desarticulación operativa de la banda terrorista”. La acción policial erradica el terrorismo, previene los atentados, persigue a los autores y protege los principios que conforman la convivencia democrática, especialmente el derecho a la vida.
Por ello, reiteramos nuestra confianza en su trabajo y apoyaremos su dotación adecuada de medios humanos y materiales para desarrollar la labor que tienen encomendada. Es una confianza, un apoyo y un compromiso que queremos hacer extensivo a Jueces y Fiscales, a todos los que trabajan al servicio de la Justicia para asegurar nuestra convivencia libre y pacífica. Todo ello desde el respeto al principio constitucional de independencia judicial.
POLÍTICA PENITENCIARIA
Instamos al Gobierno a que mediante el más amplio diálogo con todas las fuerzas políticas desarrolle una nueva orientación, consensuada, dinámica y flexible, de la política penitenciaria en la forma que mejor propicie el final de la violencia, y en el marco del más escrupuloso respeto a los derechos humanos.
En este sentido, apoyamos las vías de reinserción para aquellas personas que decidan o hayan decidido abandonar la violencia con el propósito de defender sus ideas por cauces democráticos, respetando en cada caso la decisión que adopten las instituciones competentes del Estado a este respecto.
COOPERACIÓN CON LOS GOBIERNOS DEL PAÍS VASCO Y DE NAVARRA
Entendemos necesario y urgente el establecimiento de un acuerdo estable y definitivo entre el Gobierno de la Comunidad Autónoma y el Gobierno de Estado del que se derive una acción coordinada para combatir el terrorismo.
De manera general, nos comprometemos a trabajar por el reforzamiento de la cooperación entre las Instituciones estatales y de las Comunidades Autónomas del País Vasco y Navarra, en todos los ámbitos que incidan en el objetivo común de acabar con el terrorismo.
COOPERACION INTERNACIONAL
Expresamos nuestra convicción de que la colaboración internacional, particularmente en el seno de la Unión Europea, entre los Gobiernos y los distintos poderes judiciales es indispensable para la erradicación de la violencia, a fin de prevenir la comisión de nuevos atentados y evitar la impunidad de quienes los cometen, todo ello desde el respeto escrupuloso a los derechos humanos y a los principios que rigen el derecho internacional.
Al mismo tiempo, nos comprometemos a trabajar conjuntamente en el seno de la UE y a escala internacional en el marco de este acuerdo, en el ámbito de las instituciones y de las organizaciones políticas y ciudadanas.
CIUDADANÍA
Pero la definitiva erradicación de la violencia terrorista en España no es una tarea exclusiva de los partidos políticos democráticos. Exige el compromiso activo de todos, instituciones, gobiernos y ciudadanos en la afirmación constante de los valores cívicos y democráticos.
Nuestro compromiso es poner toda nuestra energía de partidos democráticos para conseguir un gran impulso cívico al servicio de la salvaguarda de las libertades y de los derechos de todos los ciudadanos. Este no es un compromiso coyuntural. Queremos dar a nuestro acuerdo eficacia de presente y proyección en el futuro. Para ello trabajaremos conjuntamente para que los valores y principios plasmados en este acuerdo alcancen el máximo apoyo social y de las instituciones, en las que nos comprometemos a defenderlos.
Una vez más queremos destacar la extraordinaria sensatez y moderación con que la sociedad ha reaccionado ante las agresiones terroristas, dando un ejemplo de talento y generosidad para el triunfo de la democracia sobre la barbarie terrorista. Llamamos a todos los ciudadanos para que, individualmente y a través de las asociaciones y agrupaciones de la sociedad civil en que se integran, asuman sus responsabilidades y trabajen por la desaparición de las actitudes fanáticas, intolerantes y violentas y por la consolidación de la libertad. El transcurso del tiempo ha demostrado la vigencia de estos principios. Hoy, constatada la creciente debilidad del terrorismo, gracias a la tenacidad de quienes durante años lo hemos combatido, hacemos un llamamiento para fortalecer la unidad de las fuerzas políticas en torno a tales principios y acciones, que han demostrado su eficacia.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Dirigimos muy especialmente este llamamiento a los responsables políticos, a los educadores, a los profesionales de la información, quienes están llamados a desempeñar, por su indudable influencia en los comportamientos sociales, un papel importante en el proceso de pacificación de nuestra sociedad.
Pedimos a los responsables de los medios de comunicación que -desde el respeto a la libertad de expresión- colaboren con las Instituciones representativas de la voluntad popular y a través de los medios a su alcance, en desarrollar el ambiente social necesario para la generalización de los valores del respeto mutuo, la tolerancia y el rechazo de la violencia y el terrorismo.
INSTITUCIONES
Invitamos a todas las instituciones – Gobiernos, Parlamentos, Ayuntamientos y demás entidades públicas- a que, se sumen a este acuerdo y trabajen en sus respectivos ámbitos para lograr sus objetivos. Por ello y a través de nuestros representantes, nos comprometemos a adherirnos a este acuerdo en las próximas reuniones de las respectivas instituciones.
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
El ámbito preferente de este pacto será el Congreso de los Diputados.
El objetivo de este acuerdo, impulsar conjuntamente la Paz, las libertades y la política contra el terrorismo, exige una colaboración permanente entre las fuerzas políticas firmantes y el Gobierno, que implica el intercambio de información, la actuación concertada en los ámbitos recogidos en el presente Acuerdo -reformas legislativas, apoyo a las víctimas, política penitenciaria, cooperación internacional, movilización ciudadana e instituciones- y la búsqueda de posiciones conjuntas ante todos los acontecimientos que afecten a la política antiterrorista. A tal fin, se creará una Comisión de seguimiento.
A través de este Acuerdo, se invitará al Gobierno a que, de forma bilateral y multilateral, comparta con las fuerzas firmantes información y estrategia en la lucha contra el terrorismo.
A la Comisión le corresponderá asimismo, la evaluación de la eficacia y de los resultados del Acuerdo y procederá, en su caso, a su actualización.
11-M Y TERRORISMO YIHADISTA
La matanza del 11-M en Madrid, que sucedió a los atentados de Casablanca y del 11-S en Nueva York, y que precedió al del 7-J en el metro de Londres, puso en evidencia una nueva amenaza para nuestro país: el terrorismo yihadista.
Las víctimas del atentado del 11-M, sus familias y la sociedad entera tienen derecho a que se haga justicia. A la Justicia corresponde el establecimiento de la verdad judicial, a través de la correspondiente sentencia.
Por el presente acuerdo, las formaciones políticas que lo suscriben se comprometen también a mantener la unidad frente a esta nueva amenaza y, siguiendo las recomendaciones establecidas en las conclusiones de la Comisión parlamentaria de Investigación del 11-M, a prestar el máximo apoyo político a las instituciones del Estado de Derecho como servicio público basado en la defensa de los valores constitucionales.
Sólo en la acción de los tribunales puede una sociedad democrática hallar la satisfacción de sus demandas de justicia, mediante una respuesta firme y contundente en el marco estricto del Estado de Derecho y la independencia judicial.
CLÁUSULA FINAL
Y, en prueba de conformidad con el Acuerdo que antecede, lo firman, en Madrid, a (fecha)
Fuentes
(1) Pacto de Madrid (5 de noviembre de 1987) suscrito por PSOE, AP, CDS, PCE, CiU, PNV, PDP, PL y EE.
(2) Pacto de Ajuria Enea (12 de enero de 1988) suscrito por CDS, PSE, AP, EE, PNV y el lehendakari José Antonio Ardanza.
(3) Pacto de Navarra (7 de octubre de 1988) suscrito por UPN, PSN-PSOE, AP, CDS, DC, EE, PL y por el presidente del Gobierno Navarro, Gabriel Urralburu.
(4) Moción aprobada por el Congreso el 10 de noviembre de 1998, por unanimidad, a propuesta del G. P. de Izquierda Unida).
(5) Moción del PP votada por el PSOE y el PNV el 14 de mayo de 1998, en conclusión del Debate sobre el estado de la Nación, siendo Presidente del Gobierno José María Aznar.
(6) Pacto por las Libertades y contra el terrorismo (8 de diciembre de 2000), suscrito por el PP y el PSOE
(7) Moción aprobada por el Congreso el 20 de mayo de 2005, al término del Debate sobre el estado de la Nación.
El Argumento bomba
Juan Ramon Capella y Jose Luis Gordillo
Antes del bombazo en un aparcamiento de Barajas que ha costado la vida a dos trabajadores inmigrantes casi todo el mundo creía que se daban las condiciones para que ETA, por fin, se resignara a abandonar la lucha armada.
Había argumentos válidos para contemplarlo: tres años sin atentados mortales; la manifiesta inutilidad de los atentados para doblegar la voluntad del estado, representativa en este punto de la mayoría de las gentes y específicamente de los vascos; el aislamiento de ETA y de su brazo político; las declaraciones de los dirigentes de ese brazo político, que aunque no condenaban el uso de las armas sí manifestaban preferir las soluciones dialogadas. Y, por otro lado, había también condiciones previas adecuadas: la admisión por parte del PNV de la conveniencia de aplazar la modificación del estatuto vasco a un momento posterior al cese de la actividad armada, y la composición de un gobierno de España sinceramente deseoso de hacer cuanto pudiera para poner fin al trágico conflicto en que ETA nos ha metido. Por eso la “declaración de alto el fuego permanente” y la voluntad de negociación por parte de ETA pudieron ser tomados en cuenta por todos los grupos con representación parlamentaria, salvo el Partido Popular, y la negociación acogida como un bien por la mayoría de los ciudadanos.
Sobre este panorama, sin embargo, planeaban dos nubarrones.
Uno lo constituía el propio militarismo de ETA. No estaba claro si ETA había aceptado las consecuencias políticas de su derrota militar en curso. De haberlas aceptado plenamente, su propuesta de negociación se habría limitado a un calendario para la desaparición de las armas y un acuerdo sobre el trato —que siempre sería generoso por parte de la sociedad española— para los etarras encarcelados y encarcelables. Si no había percibido la magnitud de su derrota, su negociación trataría de imponer unos objetivos políticos desde su perspectiva mínimos: la anexión de Navarra a Euskadi —una posibilidad a la que está abierta la Constitución de 1978— y el reconocimiento del derecho de autodeterminación para Euskadi, acatando los resultados de una consulta popular al respecto; objetivos que no se podría aceptar.
El otro nubarrón lo constituía la política del mayor partido de la oposición, el PP, que sobre la base de una incomprensión de fondo de su propia derrota electoral ha buscado una confrontación completa y dura con el gobierno para erosionarle con vistas a las elecciones futuras. La política antiterrorista del gobierno no iba a ser una excepción, y el PP no sólo no se sumó a la autorización al gobierno del poder legislativo para negociar sino que movilizó al regresivo sector de la sociedad civil que le es afecto, a los instrumentos de propaganda que domina (el diario El Mundo, la cadena de radio Cope, Telemadrid, etc.), a la principal asociación de víctimas del terrorismo etarra y a su propio personal afín en el seno del Poder Judicial y en el aparato del estado para dificultar y entorpecer la posible negociación. La actual dirección del PP traicionó el limitado Pacto Antiterrorista firmado con el Psoe, que dice que la política antiterrorista debe quedar fuera del debate electoral, ya el 11 de marzo de 2004, al atribuir mendazmente a ETA la autoría de los atentados con el fin de ganar las elecciones de tres días después. Desde entonces ha hecho de este asunto su gran baza electoral y ha combatido al gobierno en el parlamento, en los media y en la calle utilizando a ETA como cebo para pescar todos los votos posibles. Con ello los dirigentes del PP traicionaron también otro principio contenido en aquel Pacto Antiterrorista, según el cual la dirección de la política antiterrorista le corresponde al gobierno de turno, y, con gran deslealtad no sólo con el Psoe sino con la sociedad española, mandaron a ETA un mensaje claro: no respetaremos lo que pueda hacer el gobierno actual; no queremos que sea este gobierno el que acabe con la violencia política en este país.
ETA pretende que las muertes ocasionadas por el bombazo del aeropuerto fueron un imprevisto —ETA avisó de la colocación de explosivos—, un “daño colateral” —la expresión es repugnante para referirse a los dos jóvenes ecuatorianos muertos—, causante de lo que el derecho penal califica de “homicidio preterintencional”. Tal “imprevisto”, sin embargo, revela el burdo mundo intelectual en que viven los dirigentes etarras, pues no es posible dar por descontado que una gran potencia explosiva en cualquier lugar público, y menos en un aeropuerto, no vaya a causar víctimas mortales. Sin embargo, aunque no hubiera habido víctimas mortales ETA debía haber sabido que volaba no sólo un aparcamiento sino también la posibilidad de proseguir la negociación. ETA ha ignorado que o bien negocia o bien pone bombas —o bien se autodisuelve, que sería otra posibilidad teórica—, pues las bombas son incompatibles con las negociaciones, ya que de otro modo éstas serían una invitación a poner más de aquéllas como bazas negociadoras. El comunicado posterior de ETA, afirmando que la negociación seguía abierta y lamentando las víctimas, es puro añadido de una chapuza política a la otra chapuza, la criminal, que ha acabado con la vida de dos personas tan inocentes que ni siquera eran españolas, si puede decirse así.
Es evidente que en la izquierda abertzale el gigantesco error y el crimen del atentado de Barajas no han sido interpretados unánimemente. Declaraciones procedentes de ese ámbito así lo ponen de manifiesto. Algo ha empezado a fisurarse en el brazo político de ETA, que sin embargo sigue siendo incapaz de sustraerse a la dictadura de sus milicos. Y éste es el punto. Porque si las gentes que en la llamada izquierda abertzale (abertzale sin duda, pero “izquierda” ¿de qué?) no toman las armas tuvieran la inteligencia y el valor de distanciarse efectivamente de ese aparato “militar” que se mueve sin sentido, tal vez podrían hacer más por los etarras condenados y por la extinción de la violencia que las negociaciones ahora dinamitadas.
Tendrán algo de tiempo para ello. Cualquier negociación es imposible en esta legislatura. Es más: eso sería un suicidio político para Zapatero y el Psoe después del bombazo, el posterior comunicado de ETA y el ensañamiento de PP. También porque, de perdidos al río, ETA, tras el fracaso del proceso de paz, puede preferir un gobierno del PP, del PP dirigido por los mentirosos del 11-M, para complicar las cosas y para intentar “acumular fuerzas” —que dicen ellos— a partir de la reacción de sus bases a la previsible andanada represiva de un gobierno en el que Acebes volviera a ser Ministro del Interior. No podemos olvidar que forma parte del código genético de ETA jugar al juego macabro del “tanto peor, tanto mejor”. En consecuencia, entra dentro de lo posible que reanude sus atentados en las vísperas electorales, para hacer más daño al gobierno actual. Hay también otras razones menos especulativas: que ETA se ha autodescalificado para negociar, salvo que en el futuro inicie un proceso de acciones reales, una práctica sostenida, que haga impensable la comisión de nuevos atentados.
Y a todo ello se deben añadir otros factores que nadie parece tener en cuenta. En el pleno parlamentario dedicado a la ruptura del proceso de paz, el representante del PNV advirtió de unas posibles “goteras en el CNI”, esto es, en los servicios secretos, los cuales se suponía que estaban vigilando a ETA para “verificar la realidad del alto el fuego” y desarrollando otras actividades para la seguridad del estado en el ámbito internacional. Sería propio de ingenuos descartar que en ese mundo tenebroso alguien haya ocultado información o se la haya dado a quien no debía con el objetivo de ponerle la zancadilla a Zapatero. El CNI, como servicio de información de un Estado de la OTAN, trabaja codo con codo con la CIA. Y seguro que Bush prefiere a Rajoy antes que a Zapatero, por lo de la retirada de las tropas de Iraq y porque, desde su óptica, un país con una base como la de Rota, tan decisiva para el despliegue militar en Oriente Medio, debe estar gobernado por políticos obedientes.
En su simplismo y en su abertzalismo de campanario, ETA y su mundo ignoran o les trae al pairo lo anterior. Asimismo hacen abstracción de que el Estado —y su gobierno— no puede aceptar lo que ETA ha propuesto. El Estado está obligado a defender los derechos y libertades de todos, incluidos los ciudadanos vascos. Y por eso no puede permitir, materialmente, que impongan cambios políticos unos minoritarios que pretenden situarse por encima de la voluntad de la ciudadanía. Nadie se lo podría perdonar. Sería, además, una invitación para un terrorismo de extrema derecha o para un golpe de estado.
Y, por otra parte, sabemos de sobra que ETA no podrá incluir en un hipotético viraje hacia la paz de su política a todos sus militantes: sin duda, siempre quedará un resto que prefiera echarse al monte una vez más... para acabar como los militantes del Grapo. El especial universo ideológico creado en tantos años de violencia no se dispersa simplemente ventilando las estancias. En el mejor de los casos, lo más razonable es esperar un final parecido a lo que fue ETA político-militar: declaración de abandono definitivo de las armas y anuncio de disolución, negociaciones con gran protagonismo de su brazo político (la Euskadiko Ezquerra de 1981, la de Mario Onaindía y Juan María Bandrés, tan diferentes por desgracia de Otegui y compañía), y alguna escisión. Conviene armarse de paciencia y observar este asunto con perspectiva histórica. En el País Vasco en 1978 actuaban ETA militar, ETA político-militar, los Comandos Autónomos Anticapitalistas y el Batallón Vasco-Español. Hoy sólo queda la ETA heredera de ETA militar.
¿Qué es lo principal ahora?
Debemos distinguir el plazo digamos corto, de un año, y el plazo más largo.
En el plazo corto el principal peligro político es justamente el Partido Popular dirigido por Rajoy, Acebes y Zaplana.
Este PP cree con Goebbels que una mentira repetida indefinidamente equivale a una verdad. Lo demostró en su afirmación sostenida de que ETA estaba tras los atentados de los trenes en Madrid, cuando el gobierno de Aznar tenía informaciones —además de las procedentes de los atentados anteriores en Marruecos contra bienes e intereses españoles— que evidenciaban la autoría (inoportuna para el PP, empantanado en Iraq) del terrorismo islamista. A la empecinada mentira de entonces sucedió una interminable retahila de insidias, incluso en el Parlamento, acerca de complots imaginarios que, sostenidos por El Mundo y por la Cope, han intentado deslegitimar las evidencias policiales y judiciales. Esa propaganda ha calado entre algunos de esos especiales conciudadanos que, como dijo el poeta, embisten cuando pretenden usar de la cabeza.
El comportamiento del PP en la fase de “alto el fuego” de ETA no fue mejor, sino incluso peor: le puso al gobierno tantas trabas como pudo incluso a costa de politizar al poder judicial, cuya cúpula le es aún afín, e impulsó a la Asociación de Víctimas del Terrorismo a convertirse en una jauría humana. El PP bajó a la calle para torpedear al gobierno. No ha bajado para condenar el atentado de Barajas con los cientos de miles de ciudadanos que sí lo hicieron.
Y eso lo hace un partido que tiene la corrupción en su armazón más íntimo. Innumerables alcaldes y cargos públicos autonómicos y provinciales del Partido Popular han empezado a visitar la cárcel tan pronto como ha sido dotada de medios la fiscalía anticorrupción. Los tránsfugas que obtiene vienen del mundo de la mafia del ladrillo y las recalificaciones: ésas que hacen imposible el acceso a una vivienda de tantas gentes trabajadoras jóvenes. Y, sobre esta base corrupta, hacen un guiño a toda la España que trapichea —y que desgraciadamente no es poca— diciéndole: “¡Devolvednos al poder!”.
Por eso, a corto plazo, el objetivo principal para que no empeore la situación social del país es impedir que el Partido Popular gane las elecciones. Cualesquiera elecciones, pero sobre todo las legislativas del año que viene. Ha de ser derrotado nuevamente en las urnas. Quienes están de verdad a favor de un proceso de paz para el País Vasco deberían estar de acuerdo con esta premisa, pues con el PP en el gobierno no habría, con toda certeza, posibilidad alguna de reabrir ni siquiera la expectativa de un final negociado de la violencia política. Por otra parte, solo una derrota del PP puede provocar una crisis interna que conduzca a un recambio en sus órganos directivos, un objetivo que debería ser compartido por todos los que no desean más regresiones de nuestro renqueante sistema de libertades. No hay que confiarse, y habrá que ir a votar, pues la derecha tratará de rebañar hasta el último voto favorable para ella, y usará todas las malas artes que la caracterizan para conseguirlo. Nos esperan, pues, meses de asco.
Un asco redoblado por la alarmante erosión del “Estado de Derecho” que representan sucesivas sentencias del Tribunal Supremo. Últimamente éste ha proclamado que las declaraciones de detenidos ante la policía, formalmente ante un abogado, pero desmentidas luego por coacción ante los jueces de instrucción, han de considerarse válidas. ¡Como si el abogado estuviera presente en todo el período de detención, prolongado más de 72 horas en los supuestos de la ley antiterrorista, y como si no hubiera torturas que no dejan huellas físicas, indetectables por los forenses! El Tribunal Supremo ha abierto una puerta más a la arbitrariedad —y a los deseos de hacer méritos de posibles funcionarios desaprensivos, o inflamados de “patriótico celo” que decía Alonso Martínez—. ¿Adónde vamos a parar?
Sin embargo, pese a todo, a más largo plazo, y con inteligencia política, se podrá conseguir que el grueso de los militantes de ETA abandone la lucha armada. Pues día a día se muestra que carece de sentido y empeora su propia situación.
Por nuestra parte, defenderemos en primer lugar la pacificación de Euskadi y la reconciliación entre los vascos, una tarea a la que podrían contribuir, mediante acciones moleculares y poco vistosas, todos los que ahora quieren hacer algo para lograr una paz duradera y viable. Defenderemos las negociaciones cuando se den las condiciones necesarias para ellas. La reconciliación exige algo más que esfuerzos políticos: también acciones sociales, “comisiones de la verdad” como en Sudáfrica, o iniciativas análogas. También defenderemos el derecho a la autodeterminación de los ciudadanos de Euskadi sólo ejercible después de un período de paz que permita la cicatrización de las heridas sociales. En paz, todo es discutible y debatible públicamente.
Pero ya desde ahora defendemos el regreso a los principios democráticos del ideal de “Estado de Derecho” que una serie de decisiones del poder judicial está poniendo en cuestión.
Juan Ramon Capella y Jose Luis Gordillo
Antes del bombazo en un aparcamiento de Barajas que ha costado la vida a dos trabajadores inmigrantes casi todo el mundo creía que se daban las condiciones para que ETA, por fin, se resignara a abandonar la lucha armada.
Había argumentos válidos para contemplarlo: tres años sin atentados mortales; la manifiesta inutilidad de los atentados para doblegar la voluntad del estado, representativa en este punto de la mayoría de las gentes y específicamente de los vascos; el aislamiento de ETA y de su brazo político; las declaraciones de los dirigentes de ese brazo político, que aunque no condenaban el uso de las armas sí manifestaban preferir las soluciones dialogadas. Y, por otro lado, había también condiciones previas adecuadas: la admisión por parte del PNV de la conveniencia de aplazar la modificación del estatuto vasco a un momento posterior al cese de la actividad armada, y la composición de un gobierno de España sinceramente deseoso de hacer cuanto pudiera para poner fin al trágico conflicto en que ETA nos ha metido. Por eso la “declaración de alto el fuego permanente” y la voluntad de negociación por parte de ETA pudieron ser tomados en cuenta por todos los grupos con representación parlamentaria, salvo el Partido Popular, y la negociación acogida como un bien por la mayoría de los ciudadanos.
Sobre este panorama, sin embargo, planeaban dos nubarrones.
Uno lo constituía el propio militarismo de ETA. No estaba claro si ETA había aceptado las consecuencias políticas de su derrota militar en curso. De haberlas aceptado plenamente, su propuesta de negociación se habría limitado a un calendario para la desaparición de las armas y un acuerdo sobre el trato —que siempre sería generoso por parte de la sociedad española— para los etarras encarcelados y encarcelables. Si no había percibido la magnitud de su derrota, su negociación trataría de imponer unos objetivos políticos desde su perspectiva mínimos: la anexión de Navarra a Euskadi —una posibilidad a la que está abierta la Constitución de 1978— y el reconocimiento del derecho de autodeterminación para Euskadi, acatando los resultados de una consulta popular al respecto; objetivos que no se podría aceptar.
El otro nubarrón lo constituía la política del mayor partido de la oposición, el PP, que sobre la base de una incomprensión de fondo de su propia derrota electoral ha buscado una confrontación completa y dura con el gobierno para erosionarle con vistas a las elecciones futuras. La política antiterrorista del gobierno no iba a ser una excepción, y el PP no sólo no se sumó a la autorización al gobierno del poder legislativo para negociar sino que movilizó al regresivo sector de la sociedad civil que le es afecto, a los instrumentos de propaganda que domina (el diario El Mundo, la cadena de radio Cope, Telemadrid, etc.), a la principal asociación de víctimas del terrorismo etarra y a su propio personal afín en el seno del Poder Judicial y en el aparato del estado para dificultar y entorpecer la posible negociación. La actual dirección del PP traicionó el limitado Pacto Antiterrorista firmado con el Psoe, que dice que la política antiterrorista debe quedar fuera del debate electoral, ya el 11 de marzo de 2004, al atribuir mendazmente a ETA la autoría de los atentados con el fin de ganar las elecciones de tres días después. Desde entonces ha hecho de este asunto su gran baza electoral y ha combatido al gobierno en el parlamento, en los media y en la calle utilizando a ETA como cebo para pescar todos los votos posibles. Con ello los dirigentes del PP traicionaron también otro principio contenido en aquel Pacto Antiterrorista, según el cual la dirección de la política antiterrorista le corresponde al gobierno de turno, y, con gran deslealtad no sólo con el Psoe sino con la sociedad española, mandaron a ETA un mensaje claro: no respetaremos lo que pueda hacer el gobierno actual; no queremos que sea este gobierno el que acabe con la violencia política en este país.
ETA pretende que las muertes ocasionadas por el bombazo del aeropuerto fueron un imprevisto —ETA avisó de la colocación de explosivos—, un “daño colateral” —la expresión es repugnante para referirse a los dos jóvenes ecuatorianos muertos—, causante de lo que el derecho penal califica de “homicidio preterintencional”. Tal “imprevisto”, sin embargo, revela el burdo mundo intelectual en que viven los dirigentes etarras, pues no es posible dar por descontado que una gran potencia explosiva en cualquier lugar público, y menos en un aeropuerto, no vaya a causar víctimas mortales. Sin embargo, aunque no hubiera habido víctimas mortales ETA debía haber sabido que volaba no sólo un aparcamiento sino también la posibilidad de proseguir la negociación. ETA ha ignorado que o bien negocia o bien pone bombas —o bien se autodisuelve, que sería otra posibilidad teórica—, pues las bombas son incompatibles con las negociaciones, ya que de otro modo éstas serían una invitación a poner más de aquéllas como bazas negociadoras. El comunicado posterior de ETA, afirmando que la negociación seguía abierta y lamentando las víctimas, es puro añadido de una chapuza política a la otra chapuza, la criminal, que ha acabado con la vida de dos personas tan inocentes que ni siquera eran españolas, si puede decirse así.
Es evidente que en la izquierda abertzale el gigantesco error y el crimen del atentado de Barajas no han sido interpretados unánimemente. Declaraciones procedentes de ese ámbito así lo ponen de manifiesto. Algo ha empezado a fisurarse en el brazo político de ETA, que sin embargo sigue siendo incapaz de sustraerse a la dictadura de sus milicos. Y éste es el punto. Porque si las gentes que en la llamada izquierda abertzale (abertzale sin duda, pero “izquierda” ¿de qué?) no toman las armas tuvieran la inteligencia y el valor de distanciarse efectivamente de ese aparato “militar” que se mueve sin sentido, tal vez podrían hacer más por los etarras condenados y por la extinción de la violencia que las negociaciones ahora dinamitadas.
Tendrán algo de tiempo para ello. Cualquier negociación es imposible en esta legislatura. Es más: eso sería un suicidio político para Zapatero y el Psoe después del bombazo, el posterior comunicado de ETA y el ensañamiento de PP. También porque, de perdidos al río, ETA, tras el fracaso del proceso de paz, puede preferir un gobierno del PP, del PP dirigido por los mentirosos del 11-M, para complicar las cosas y para intentar “acumular fuerzas” —que dicen ellos— a partir de la reacción de sus bases a la previsible andanada represiva de un gobierno en el que Acebes volviera a ser Ministro del Interior. No podemos olvidar que forma parte del código genético de ETA jugar al juego macabro del “tanto peor, tanto mejor”. En consecuencia, entra dentro de lo posible que reanude sus atentados en las vísperas electorales, para hacer más daño al gobierno actual. Hay también otras razones menos especulativas: que ETA se ha autodescalificado para negociar, salvo que en el futuro inicie un proceso de acciones reales, una práctica sostenida, que haga impensable la comisión de nuevos atentados.
Y a todo ello se deben añadir otros factores que nadie parece tener en cuenta. En el pleno parlamentario dedicado a la ruptura del proceso de paz, el representante del PNV advirtió de unas posibles “goteras en el CNI”, esto es, en los servicios secretos, los cuales se suponía que estaban vigilando a ETA para “verificar la realidad del alto el fuego” y desarrollando otras actividades para la seguridad del estado en el ámbito internacional. Sería propio de ingenuos descartar que en ese mundo tenebroso alguien haya ocultado información o se la haya dado a quien no debía con el objetivo de ponerle la zancadilla a Zapatero. El CNI, como servicio de información de un Estado de la OTAN, trabaja codo con codo con la CIA. Y seguro que Bush prefiere a Rajoy antes que a Zapatero, por lo de la retirada de las tropas de Iraq y porque, desde su óptica, un país con una base como la de Rota, tan decisiva para el despliegue militar en Oriente Medio, debe estar gobernado por políticos obedientes.
En su simplismo y en su abertzalismo de campanario, ETA y su mundo ignoran o les trae al pairo lo anterior. Asimismo hacen abstracción de que el Estado —y su gobierno— no puede aceptar lo que ETA ha propuesto. El Estado está obligado a defender los derechos y libertades de todos, incluidos los ciudadanos vascos. Y por eso no puede permitir, materialmente, que impongan cambios políticos unos minoritarios que pretenden situarse por encima de la voluntad de la ciudadanía. Nadie se lo podría perdonar. Sería, además, una invitación para un terrorismo de extrema derecha o para un golpe de estado.
Y, por otra parte, sabemos de sobra que ETA no podrá incluir en un hipotético viraje hacia la paz de su política a todos sus militantes: sin duda, siempre quedará un resto que prefiera echarse al monte una vez más... para acabar como los militantes del Grapo. El especial universo ideológico creado en tantos años de violencia no se dispersa simplemente ventilando las estancias. En el mejor de los casos, lo más razonable es esperar un final parecido a lo que fue ETA político-militar: declaración de abandono definitivo de las armas y anuncio de disolución, negociaciones con gran protagonismo de su brazo político (la Euskadiko Ezquerra de 1981, la de Mario Onaindía y Juan María Bandrés, tan diferentes por desgracia de Otegui y compañía), y alguna escisión. Conviene armarse de paciencia y observar este asunto con perspectiva histórica. En el País Vasco en 1978 actuaban ETA militar, ETA político-militar, los Comandos Autónomos Anticapitalistas y el Batallón Vasco-Español. Hoy sólo queda la ETA heredera de ETA militar.
¿Qué es lo principal ahora?
Debemos distinguir el plazo digamos corto, de un año, y el plazo más largo.
En el plazo corto el principal peligro político es justamente el Partido Popular dirigido por Rajoy, Acebes y Zaplana.
Este PP cree con Goebbels que una mentira repetida indefinidamente equivale a una verdad. Lo demostró en su afirmación sostenida de que ETA estaba tras los atentados de los trenes en Madrid, cuando el gobierno de Aznar tenía informaciones —además de las procedentes de los atentados anteriores en Marruecos contra bienes e intereses españoles— que evidenciaban la autoría (inoportuna para el PP, empantanado en Iraq) del terrorismo islamista. A la empecinada mentira de entonces sucedió una interminable retahila de insidias, incluso en el Parlamento, acerca de complots imaginarios que, sostenidos por El Mundo y por la Cope, han intentado deslegitimar las evidencias policiales y judiciales. Esa propaganda ha calado entre algunos de esos especiales conciudadanos que, como dijo el poeta, embisten cuando pretenden usar de la cabeza.
El comportamiento del PP en la fase de “alto el fuego” de ETA no fue mejor, sino incluso peor: le puso al gobierno tantas trabas como pudo incluso a costa de politizar al poder judicial, cuya cúpula le es aún afín, e impulsó a la Asociación de Víctimas del Terrorismo a convertirse en una jauría humana. El PP bajó a la calle para torpedear al gobierno. No ha bajado para condenar el atentado de Barajas con los cientos de miles de ciudadanos que sí lo hicieron.
Y eso lo hace un partido que tiene la corrupción en su armazón más íntimo. Innumerables alcaldes y cargos públicos autonómicos y provinciales del Partido Popular han empezado a visitar la cárcel tan pronto como ha sido dotada de medios la fiscalía anticorrupción. Los tránsfugas que obtiene vienen del mundo de la mafia del ladrillo y las recalificaciones: ésas que hacen imposible el acceso a una vivienda de tantas gentes trabajadoras jóvenes. Y, sobre esta base corrupta, hacen un guiño a toda la España que trapichea —y que desgraciadamente no es poca— diciéndole: “¡Devolvednos al poder!”.
Por eso, a corto plazo, el objetivo principal para que no empeore la situación social del país es impedir que el Partido Popular gane las elecciones. Cualesquiera elecciones, pero sobre todo las legislativas del año que viene. Ha de ser derrotado nuevamente en las urnas. Quienes están de verdad a favor de un proceso de paz para el País Vasco deberían estar de acuerdo con esta premisa, pues con el PP en el gobierno no habría, con toda certeza, posibilidad alguna de reabrir ni siquiera la expectativa de un final negociado de la violencia política. Por otra parte, solo una derrota del PP puede provocar una crisis interna que conduzca a un recambio en sus órganos directivos, un objetivo que debería ser compartido por todos los que no desean más regresiones de nuestro renqueante sistema de libertades. No hay que confiarse, y habrá que ir a votar, pues la derecha tratará de rebañar hasta el último voto favorable para ella, y usará todas las malas artes que la caracterizan para conseguirlo. Nos esperan, pues, meses de asco.
Un asco redoblado por la alarmante erosión del “Estado de Derecho” que representan sucesivas sentencias del Tribunal Supremo. Últimamente éste ha proclamado que las declaraciones de detenidos ante la policía, formalmente ante un abogado, pero desmentidas luego por coacción ante los jueces de instrucción, han de considerarse válidas. ¡Como si el abogado estuviera presente en todo el período de detención, prolongado más de 72 horas en los supuestos de la ley antiterrorista, y como si no hubiera torturas que no dejan huellas físicas, indetectables por los forenses! El Tribunal Supremo ha abierto una puerta más a la arbitrariedad —y a los deseos de hacer méritos de posibles funcionarios desaprensivos, o inflamados de “patriótico celo” que decía Alonso Martínez—. ¿Adónde vamos a parar?
Sin embargo, pese a todo, a más largo plazo, y con inteligencia política, se podrá conseguir que el grueso de los militantes de ETA abandone la lucha armada. Pues día a día se muestra que carece de sentido y empeora su propia situación.
Por nuestra parte, defenderemos en primer lugar la pacificación de Euskadi y la reconciliación entre los vascos, una tarea a la que podrían contribuir, mediante acciones moleculares y poco vistosas, todos los que ahora quieren hacer algo para lograr una paz duradera y viable. Defenderemos las negociaciones cuando se den las condiciones necesarias para ellas. La reconciliación exige algo más que esfuerzos políticos: también acciones sociales, “comisiones de la verdad” como en Sudáfrica, o iniciativas análogas. También defenderemos el derecho a la autodeterminación de los ciudadanos de Euskadi sólo ejercible después de un período de paz que permita la cicatrización de las heridas sociales. En paz, todo es discutible y debatible públicamente.
Pero ya desde ahora defendemos el regreso a los principios democráticos del ideal de “Estado de Derecho” que una serie de decisiones del poder judicial está poniendo en cuestión.
Hacia las lunas de marzo
Juan Ramon Capella
El politicismo de la justicia
Que la administración de justicia es política no se puede negar: se trata de uno de los poderes del estado. Pero que esa administración se comporte de manera politicista, que trate d
Juan Ramon Capella
El politicismo de la justicia
Que la administración de justicia es política no se puede negar: se trata de uno de los poderes del estado. Pero que esa administración se comporte de manera politicista, que trate d