Ante los rumores y los que intentan que Angel Pérez continue al frente de la candidatura en el Ayuntamiento de Madrid a cambio de que Sabanés encabece la lista de IU a la Comunidad.
Gente que todavia tiene etica nos dice:
COMUNICADO ANTE LA SITUACIÓN DE IU-CM
Los diferentes militantes que hemos venido oponiéndonos a la forma en que se han elaborado las candidaturas de IU-CM a la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, ante las noticias aparecidas esta mañana en los medios de comunicación acerca de un supuesto acuerdo en torno al conflicto, queremos desmentir dicha información y manifestar lo siguiente
1.- Ese supuesto acuerdo incumpliría las resoluciones de la Comisión Federal de Garantías Democráticas y de la Presidencia Federal, que exigen la entrega de los censos de la militancia de IU-CM, así como la invalidación de la designación del cabeza de lista al Ayuntamiento de Madrid.
2.- El supuesto acuerdo se habría alcanzado sin la participación ni el conocimiento de quienes hemos denunciado la irregularidad del proceso de confección de candidaturas.
3.- Sería de imposible explicación a la militancia de IU, y muy especialmente a la de Madrid Ciudad, que no se repare la vulneración de sus derechos. El problema no puede ser la solución.
4.- Reafirmamos nuestra firme voluntad de llegar a un acuerdo político, partiendo siempre del cumplimiento de las resoluciones de la Comisión Federal de Garantías Democráticas y de la Presidencia Federal.
Inés Sabanés
Virginia Díaz
Fausto Fernández
Enrique Santiago
Montserrat Muñoz
Tania Sánchez
Francisco Romero
Carmen Pérez-Carvallo
José Masa
Jorge García
Mauricio Valiente
Alejandro Infantes
Javier Blanco
Carmen Sánchez
David Chica
Rafael Mayoral
Reyes Montiel
Fran Pérez
Juan Martínez
Andrés Fariña
Alberto Arregui
Daniel Álvarez
Eduardo Cuenca
Concha Denche
Joaquín Sanz
Emilia Salas
Jorge Rochet
Raquel López
Luis Suárez
Juan Francisco Chamorro
Pedro Del Cura
Pedro Chaves
Julio Setién
Despierte, ministra, que el problema ya es otro
Alberto Montero Soler
El Ministerio de la Vivienda sigue empeñado en tratar de convencernos de que el problema de la vivienda está a punto de solucionarse en nuestro país mientras que la OCDE acaba de advertir precisamente de lo contrario.
Con esa intención, el pasado viernes día 19 de enero convocó una rueda de prensa para informarnos de que el incremento del precio de la vivienda durante el año 2006 fue de, tan sólo, el 9,1% con respecto al año anterior. Un dato que los responsables de esa institución interpretan como de lo más esperanzador -pues de esperanzas se construye la política de vivienda de este país, como ya comenté en otro artículo.
Sin embargo, el dato por sí mismo ya es preocupante si se tiene en cuenta que más que triplica el incremento del IPC para el año 2006 y, por lo tanto, más que triplica la tasa de crecimiento de los salarios que, directa o indirectamente, suele estar vinculada a ese índice. Esto significa que mientras que, en el mejor de los casos, los salarios no perderán poder adquisitivo este año con respecto a otros bienes, sí que lo seguirán haciendo con respecto a la vivienda.
Si se desgranan los datos ofrecidos en la rueda de prensa del Ministerio puede apreciarse el excesivo grado de complacencia con la que desde esa institución se valora la situación de la vivienda en España. Casi todos los indicadores muestran una ralentización en su crecimiento con respecto al año anterior. Esto indica que, por fin, se está frenando la actividad en el mercado inmobiliario.
Pero, precisamente, esa situación de desaceleración del mercado inmobiliario combinada con otros datos que están apareciendo publicados estos días es lo que debería tener a todo el Ministerio temblando por el previsible futuro que se nos avecina.
Y es que el problema de la vivienda en España ya no es única y exclusivamente el problema derivado de la evolución del precio de la vivienda.
Entiéndaseme bien. El precio, evidentemente, sigue siendo un problema para quienes hasta ahora no han podido comprar una vivienda y que, además, ahora difícilmente van a poder adquirirla dado el nivel alcanzado por dicho precio pero, también, dado el progresivo encarecimiento de la financiación para su adquisición.
Es por ello que no se entiende tanta satisfacción por parte del Ministerio en relación con la contención de los precios: sí, está bien que los precios crezcan menos que en el periodo anterior pero esto soluciona muy poco a casi nadie porque se han situado a unos niveles que lo convierten en un bien inaccesible para la población que, precisamente, hasta ahora no ha podido acceder a él.
Lo que resulta realmente preocupante es que el problema del precio de la vivienda haya transmutado, haya síntomas de que está cambiando su naturaleza y desde el Ministerio de la Vivienda no se comiencen a lanzar voces de alarma y a instrumentarse medidas de contención para el caso en que se presentara una crisis.
Endeudados pero ricos
En efecto, por un lado, nos encontramos que la ralentización en la evolución del precio de la vivienda –que tan pomposamente destaca el Ministerio como si, por otra parte, fuera mérito propio- indica de forma inequívoca una caída de la demanda en el mercado unida a una oferta que se mantiene casi constante.
Una gran parte de la explicación de esa caída de la demanda se encuentra en la subida que vienen experimentando los tipos de interés y, por consiguiente, en el aumento del precio de la financiación hipotecaria y su menor disponibilidad. De hecho, la mayor parte de los estudios empíricos realizados al respecto indican que la evolución del mercado de la vivienda en España se justifica, en gran medida y junto a otras variables, por la reducción de los tipos de interés de los años precedentes que los situaron en niveles históricamente bajos.
Por lo tanto, es normal que en estos momentos en los que se está produciendo el alza de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, la subida esté comenzando a repercutir sobre la demanda de viviendas y, por ende, sobre su precio, contribuyendo a su ralentización.
Pero esa subida de los tipos de interés tiene connotaciones que van más allá de los efectos sobre el precio que al Ministerio de Vivienda le ha interesado resaltar y que se convierten en el eje del nuevo problema relacionado con la vivienda que estoy tratando de explicar.
Y es que, gracias a esos tipos de interés históricamente bajos, el endeudamiento de las familias españolas había llegado, también, a niveles históricamente altos. Así, su deuda con las entidades financieras superaba a finales del mes de octubre del pasado año los 750.000 millones de euros (lo que equivale al 107% de su renta disponible anual) y, de esa cantidad, 550.000 millones correspondían a deuda hipotecaria. Además, a pesar de que la tasa de crecimiento del número de préstamos hipotecarios concedidos para la compra de una vivienda se ha ido reduciendo durante los últimos meses, el importe medio de las hipotecas sigue elevándose; como también lo sigue haciendo el esfuerzo financiero que deben realizar las familias para adquirir una vivienda y que ya llega al 42,1% de su renta bruta anual disponible, la tasa más alta desde marzo de 1996.
Este aumento del endeudamiento ha tratado de camuflarse desde instancias gubernamentales argumentando por una doble vía. En primer lugar, reconociendo que, si bien es cierto que las familias españolas se encuentran más endeudadas que nunca en su historia, su nivel de endeudamiento es de los menores de la OCDE (el viejo recurso de “sí, nosotros estamos mal; pero los otros están peor”). Y, en segundo lugar, destacando que la subida del precio de la vivienda ha aumentado el nivel de riqueza de las familias hasta el punto que ésta se ha duplicado en 10 años y equivale ya a 9 veces su renta anual.
El hecho de que el aumento de la riqueza de las familias obedezca a la subida del precio de la vivienda tiene, a su vez, una connotación importante. Y es que se produce una elevada concentración de la riqueza de esas familias en un único activo: el 75% de la riqueza de las familias españolas está concentrada en la vivienda, el porcentaje más alto de la OCDE (adviértase que, por ejemplo, en el Reino Unido la riqueza financiera y no financiera se reparte a partes iguales).
El problema que genera la concentración de la riqueza casi exclusivamente en activos inmobiliarios es que éstos son muy poco líquidos y, por lo tanto, en situación de necesidad puede resultar muy complicado monetizarlos. Y ahí empiezan los problemas.
Ricos pero morosos
La subida de los tipos de interés iniciada por el Banco Central Europeo -que los ha llevado actualmente hasta el 3,5%- no tiene visos de detenerse, según se desprende del último boletín publicado por la institución. En el mismo se destaca que los tipos de interés continúan situados en niveles bajos en una situación en la que el crecimiento monetario y del crédito es muy dinámico en un contexto de abundante liquidez y que, para garantizar la estabilidad de precios a medio plazo, es necesario actuar con firmeza en el momento oportuno.
Si a estas advertencias se le unen las palabras en el mismo sentido del gobernador de la institución, Jean-Claude Trichet, tras la última reunión del Consejo de gobierno del BCE, todo parece apuntar a que los tipos de interés volverán a subir a partir del mes de marzo.
Con lo cual, lo previsible es que las hipotecas continúen encareciéndose como vienen haciéndolo sin interrupción desde hace 15 meses. De hecho, el Euríbor, que es el tipo de interés de referencia para los préstamos hipotecarios, llegó en el mes de diciembre al 3,92%, su nivel más elevado desde mayo de 2002.
Este índice experimentó a lo largo del año pasado una subida acumulada de más de 1,13 puntos, la mayor en un ejercicio desde que se creó en 1999. Esto se traduce, básicamente, en que la cuota mensual de una hipoteca media contratada a tipo de interés variable a 25 años que se revisara a principios de este año se vería incrementada en torno a un 14,5%.
En este contexto de elevadísimo endeudamiento familiar en donde, además, la carga de la deuda se ha alargado en el tiempo, pues las hipotecas se conceden cada vez a más años, la continuidad de la política de elevación de los tipos de interés por parte del BCE puede tener efectos devastadores sobre la economía española.
Sin embargo, para nuestros ministros de la Vivienda, Trujillo, y de Economía, Solbes, todas las advertencias de que esta situación se pudiera encontrar cercana emitidas por instituciones tan diversas como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, el Relator de las Naciones Unidas para la Vivienda o el Comisario europeo de Economía y Finanzas caen en saco roto.
Sin embargo, bien harían estos ministros en atender tanto a esas advertencias como a los datos que parecen indicar que el riesgo potencial pudiera encontrarse más próximo de lo que todos quisiéramos.
En efecto, según los últimos datos aportados por el Banco de España, las familias han comenzado a dejar de pagar hipotecas y créditos al consumo hasta tal punto que las cuotas impagadas de los créditos hipotecarios se han incrementado un 26% en el último año. De hecho, por primera vez desde el año 2000 los impagos hipotecarios crecen más deprisa que la concesión de nuevos créditos.
Pero, lo que es más grave, las perspectivas son de un progresivo empeoramiento. Según la Confederación Española de Cajas de Ahorros, un 70% de las cajas prevé que aumente la morosidad en sus créditos en los próximos meses y ninguna prevé que se reduzca.
Si el panorama que se avecina es de un incremento de la morosidad, la que puede ser considerada como la solución particular más expeditiva –la venta de la vivienda para atender a las obligaciones financieras contraídas-, en el caso en que fuera aplicada masivamente por los propietarios, podría acabar dando lugar a un problema social y económico de primera magnitud.
En ese caso, el aumento de la oferta de viviendas provocaría la reducción de su precio y, con ello, el hundimiento del mercado inmobiliario. Ese hundimiento acabaría contagiándose a los mercados financieros si la caída generalizada del precio de los activos inmobiliarios situara el valor de las garantías colaterales de los préstamos hipotecarios –esto es, de las viviendas- por debajo del valor de la deuda contraída para la financiación de su compra. Una posibilidad que tampoco hay que descartar porque, de hecho, y según estimaciones del Banco de España, el precio de la vivienda en el mercado español ya se encuentra sobrevalorado en casi un 20% mientras que las estimaciones de la OCDE recién publicadas, afirman que lo está en más de un 30%. La crisis estaría servida.
Es por ello que el problema de la vivienda, en este contexto de expectativas de nuevas subidas de los tipos de interés e incremento de la morosidad, sigue siendo el del precio. Pero, ahora, el problema reviste una doble dimensión: es el problema del precio excesivamente elevado para los que no tienen vivienda ni perspectivas de acceso a la misma; pero también es el problema que podría tener lugar si, como está ocurriendo en Estados Unidos, los precios de la vivienda comenzaran a reducirse al tiempo que el coste de la deuda se eleva.
Mientras aparecen indicios de que ese escenario no puede ser descartado a medio plazo, el Ministerio se limita a congratularse de que las viviendas se encarecen pero menos. Y es que ya lo dice la sabiduría popular: no hay peor ciego que el que no quiere ver.
Alberto Montero Soler
El Ministerio de la Vivienda sigue empeñado en tratar de convencernos de que el problema de la vivienda está a punto de solucionarse en nuestro país mientras que la OCDE acaba de advertir precisamente de lo contrario.
Con esa intención, el pasado viernes día 19 de enero convocó una rueda de prensa para informarnos de que el incremento del precio de la vivienda durante el año 2006 fue de, tan sólo, el 9,1% con respecto al año anterior. Un dato que los responsables de esa institución interpretan como de lo más esperanzador -pues de esperanzas se construye la política de vivienda de este país, como ya comenté en otro artículo.
Sin embargo, el dato por sí mismo ya es preocupante si se tiene en cuenta que más que triplica el incremento del IPC para el año 2006 y, por lo tanto, más que triplica la tasa de crecimiento de los salarios que, directa o indirectamente, suele estar vinculada a ese índice. Esto significa que mientras que, en el mejor de los casos, los salarios no perderán poder adquisitivo este año con respecto a otros bienes, sí que lo seguirán haciendo con respecto a la vivienda.
Si se desgranan los datos ofrecidos en la rueda de prensa del Ministerio puede apreciarse el excesivo grado de complacencia con la que desde esa institución se valora la situación de la vivienda en España. Casi todos los indicadores muestran una ralentización en su crecimiento con respecto al año anterior. Esto indica que, por fin, se está frenando la actividad en el mercado inmobiliario.
Pero, precisamente, esa situación de desaceleración del mercado inmobiliario combinada con otros datos que están apareciendo publicados estos días es lo que debería tener a todo el Ministerio temblando por el previsible futuro que se nos avecina.
Y es que el problema de la vivienda en España ya no es única y exclusivamente el problema derivado de la evolución del precio de la vivienda.
Entiéndaseme bien. El precio, evidentemente, sigue siendo un problema para quienes hasta ahora no han podido comprar una vivienda y que, además, ahora difícilmente van a poder adquirirla dado el nivel alcanzado por dicho precio pero, también, dado el progresivo encarecimiento de la financiación para su adquisición.
Es por ello que no se entiende tanta satisfacción por parte del Ministerio en relación con la contención de los precios: sí, está bien que los precios crezcan menos que en el periodo anterior pero esto soluciona muy poco a casi nadie porque se han situado a unos niveles que lo convierten en un bien inaccesible para la población que, precisamente, hasta ahora no ha podido acceder a él.
Lo que resulta realmente preocupante es que el problema del precio de la vivienda haya transmutado, haya síntomas de que está cambiando su naturaleza y desde el Ministerio de la Vivienda no se comiencen a lanzar voces de alarma y a instrumentarse medidas de contención para el caso en que se presentara una crisis.
Endeudados pero ricos
En efecto, por un lado, nos encontramos que la ralentización en la evolución del precio de la vivienda –que tan pomposamente destaca el Ministerio como si, por otra parte, fuera mérito propio- indica de forma inequívoca una caída de la demanda en el mercado unida a una oferta que se mantiene casi constante.
Una gran parte de la explicación de esa caída de la demanda se encuentra en la subida que vienen experimentando los tipos de interés y, por consiguiente, en el aumento del precio de la financiación hipotecaria y su menor disponibilidad. De hecho, la mayor parte de los estudios empíricos realizados al respecto indican que la evolución del mercado de la vivienda en España se justifica, en gran medida y junto a otras variables, por la reducción de los tipos de interés de los años precedentes que los situaron en niveles históricamente bajos.
Por lo tanto, es normal que en estos momentos en los que se está produciendo el alza de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, la subida esté comenzando a repercutir sobre la demanda de viviendas y, por ende, sobre su precio, contribuyendo a su ralentización.
Pero esa subida de los tipos de interés tiene connotaciones que van más allá de los efectos sobre el precio que al Ministerio de Vivienda le ha interesado resaltar y que se convierten en el eje del nuevo problema relacionado con la vivienda que estoy tratando de explicar.
Y es que, gracias a esos tipos de interés históricamente bajos, el endeudamiento de las familias españolas había llegado, también, a niveles históricamente altos. Así, su deuda con las entidades financieras superaba a finales del mes de octubre del pasado año los 750.000 millones de euros (lo que equivale al 107% de su renta disponible anual) y, de esa cantidad, 550.000 millones correspondían a deuda hipotecaria. Además, a pesar de que la tasa de crecimiento del número de préstamos hipotecarios concedidos para la compra de una vivienda se ha ido reduciendo durante los últimos meses, el importe medio de las hipotecas sigue elevándose; como también lo sigue haciendo el esfuerzo financiero que deben realizar las familias para adquirir una vivienda y que ya llega al 42,1% de su renta bruta anual disponible, la tasa más alta desde marzo de 1996.
Este aumento del endeudamiento ha tratado de camuflarse desde instancias gubernamentales argumentando por una doble vía. En primer lugar, reconociendo que, si bien es cierto que las familias españolas se encuentran más endeudadas que nunca en su historia, su nivel de endeudamiento es de los menores de la OCDE (el viejo recurso de “sí, nosotros estamos mal; pero los otros están peor”). Y, en segundo lugar, destacando que la subida del precio de la vivienda ha aumentado el nivel de riqueza de las familias hasta el punto que ésta se ha duplicado en 10 años y equivale ya a 9 veces su renta anual.
El hecho de que el aumento de la riqueza de las familias obedezca a la subida del precio de la vivienda tiene, a su vez, una connotación importante. Y es que se produce una elevada concentración de la riqueza de esas familias en un único activo: el 75% de la riqueza de las familias españolas está concentrada en la vivienda, el porcentaje más alto de la OCDE (adviértase que, por ejemplo, en el Reino Unido la riqueza financiera y no financiera se reparte a partes iguales).
El problema que genera la concentración de la riqueza casi exclusivamente en activos inmobiliarios es que éstos son muy poco líquidos y, por lo tanto, en situación de necesidad puede resultar muy complicado monetizarlos. Y ahí empiezan los problemas.
Ricos pero morosos
La subida de los tipos de interés iniciada por el Banco Central Europeo -que los ha llevado actualmente hasta el 3,5%- no tiene visos de detenerse, según se desprende del último boletín publicado por la institución. En el mismo se destaca que los tipos de interés continúan situados en niveles bajos en una situación en la que el crecimiento monetario y del crédito es muy dinámico en un contexto de abundante liquidez y que, para garantizar la estabilidad de precios a medio plazo, es necesario actuar con firmeza en el momento oportuno.
Si a estas advertencias se le unen las palabras en el mismo sentido del gobernador de la institución, Jean-Claude Trichet, tras la última reunión del Consejo de gobierno del BCE, todo parece apuntar a que los tipos de interés volverán a subir a partir del mes de marzo.
Con lo cual, lo previsible es que las hipotecas continúen encareciéndose como vienen haciéndolo sin interrupción desde hace 15 meses. De hecho, el Euríbor, que es el tipo de interés de referencia para los préstamos hipotecarios, llegó en el mes de diciembre al 3,92%, su nivel más elevado desde mayo de 2002.
Este índice experimentó a lo largo del año pasado una subida acumulada de más de 1,13 puntos, la mayor en un ejercicio desde que se creó en 1999. Esto se traduce, básicamente, en que la cuota mensual de una hipoteca media contratada a tipo de interés variable a 25 años que se revisara a principios de este año se vería incrementada en torno a un 14,5%.
En este contexto de elevadísimo endeudamiento familiar en donde, además, la carga de la deuda se ha alargado en el tiempo, pues las hipotecas se conceden cada vez a más años, la continuidad de la política de elevación de los tipos de interés por parte del BCE puede tener efectos devastadores sobre la economía española.
Sin embargo, para nuestros ministros de la Vivienda, Trujillo, y de Economía, Solbes, todas las advertencias de que esta situación se pudiera encontrar cercana emitidas por instituciones tan diversas como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, el Relator de las Naciones Unidas para la Vivienda o el Comisario europeo de Economía y Finanzas caen en saco roto.
Sin embargo, bien harían estos ministros en atender tanto a esas advertencias como a los datos que parecen indicar que el riesgo potencial pudiera encontrarse más próximo de lo que todos quisiéramos.
En efecto, según los últimos datos aportados por el Banco de España, las familias han comenzado a dejar de pagar hipotecas y créditos al consumo hasta tal punto que las cuotas impagadas de los créditos hipotecarios se han incrementado un 26% en el último año. De hecho, por primera vez desde el año 2000 los impagos hipotecarios crecen más deprisa que la concesión de nuevos créditos.
Pero, lo que es más grave, las perspectivas son de un progresivo empeoramiento. Según la Confederación Española de Cajas de Ahorros, un 70% de las cajas prevé que aumente la morosidad en sus créditos en los próximos meses y ninguna prevé que se reduzca.
Si el panorama que se avecina es de un incremento de la morosidad, la que puede ser considerada como la solución particular más expeditiva –la venta de la vivienda para atender a las obligaciones financieras contraídas-, en el caso en que fuera aplicada masivamente por los propietarios, podría acabar dando lugar a un problema social y económico de primera magnitud.
En ese caso, el aumento de la oferta de viviendas provocaría la reducción de su precio y, con ello, el hundimiento del mercado inmobiliario. Ese hundimiento acabaría contagiándose a los mercados financieros si la caída generalizada del precio de los activos inmobiliarios situara el valor de las garantías colaterales de los préstamos hipotecarios –esto es, de las viviendas- por debajo del valor de la deuda contraída para la financiación de su compra. Una posibilidad que tampoco hay que descartar porque, de hecho, y según estimaciones del Banco de España, el precio de la vivienda en el mercado español ya se encuentra sobrevalorado en casi un 20% mientras que las estimaciones de la OCDE recién publicadas, afirman que lo está en más de un 30%. La crisis estaría servida.
Es por ello que el problema de la vivienda, en este contexto de expectativas de nuevas subidas de los tipos de interés e incremento de la morosidad, sigue siendo el del precio. Pero, ahora, el problema reviste una doble dimensión: es el problema del precio excesivamente elevado para los que no tienen vivienda ni perspectivas de acceso a la misma; pero también es el problema que podría tener lugar si, como está ocurriendo en Estados Unidos, los precios de la vivienda comenzaran a reducirse al tiempo que el coste de la deuda se eleva.
Mientras aparecen indicios de que ese escenario no puede ser descartado a medio plazo, el Ministerio se limita a congratularse de que las viviendas se encarecen pero menos. Y es que ya lo dice la sabiduría popular: no hay peor ciego que el que no quiere ver.
La paz: muy difícil, pero la mejor salida
G. Buster
A juzgar por el pulsómetro de la SER, veinte días después del atentado de ETA en la T-4 del Aeropuerto de Barajas, Zapatero no solo habría sido capaz de frenar la contraofensiva del Partido Popular (PP), sino que habría recuperado una ventaja en intención de voto de seis puntos y el respaldo mayoritario de la sociedad española (54% frente al 36%) en su gestión de la política antiterrorista. Los datos de la encuesta, más allá de su margen de error, reflejan el sentimiento político en la calle y en los medios de comunicación tras las manifestaciones del 13 de enero en Madrid y Bilbao y el debate en el Congreso de los Diputados del día 15. Es decir, reflejan la situación de confrontación entre la derecha y la izquierda españolas, situando en un segundo plano la situación interna en Euskal Herria. Porque el efecto más importante del atentado de ETA ha sido, irónicamente, desplazar del eje conflicto vasco de la propia situación vasca a la del estado español en su conjunto, marcada por la crispación política y la movilización continua de la derecha contra el Gobierno Zapatero.
El comunicado de ETA
El día 9 de enero, ETA hizo público su comunicado reivindicando el atentado y explicando las razones de su acción. Los elementos de análisis eran ya conocidos: el bloqueo del proceso de paz, en especial en lo referente a la represión e ilegalización de la izquierda abertzale, la ofensiva judicial con la doctrina Parot para evitar las excarcelaciones de presos de ETA tras cumplir sus condenas…Pero si el Gobierno podía ser acusado de no cumplir sus compromisos en la ampliación de un espacio político democrático capaz de integrar a la izquierda abertzale más allá de la estrategia represiva heredada del PP, era evidente la contradicción de querer abrir ese espacio con 500 kilos de explosivos como si se tratase de un procedimiento técnico que no afectase a la declaración de “alto el fuego permanente”. Era no solo un error político, sino también una estupidez como discurso, que debilitaba la reafirmación del compromiso con el proceso de paz no solo de ETA, sino de la izquierda abertzale.
Las dificultades en la gestión de esta contradicción se han ido haciendo patentes con los días a golpe de declaraciones explicativas de Otegi y de artículos de Gara sobre los encuentros entre ETA y el Gobierno. Del “desconcierto” –subrayado por el hecho de que Otegi tuvo conocimiento del atentado en plena reunión con uno de sus interlocutores del PSE, Jáuregui— se pasó a reconocer la “contradicción”, a las “puntualizaciones” sobre la traducción de las declaraciones del vasco al castellano de otros dirigentes abertzales. Y cuando estaba a punto de generalizarse el debate político en toda la izquierda abertzale, la decisión del Tribunal Supremo de revisar la sentencia de la Audiencia Nacional y declarar a las organizaciones juveniles de la izquierda abertzale parte de ETA, resucitando la doctrina Garzón, permitió ahogarlo en la necesidad de una respuesta única frente a la represión.
De alguna manera, la decisión del Tribunal Supremo, con una composición marcada por los nombramientos durante el Gobierno Aznar, era la respuesta de la derecha al éxito de las manifestaciones de Madrid y Bilbao y a la resistencia de Zapatero en el debate del día 15 en el Congreso de los Diputados a subordinarse a la política antiterrorista del PP. Pero su adopción, frente a la Audiencia Nacional, en parte había venido anunciada por la política de acoso a distintos sectores de las izquierdas, siguiendo la línea del ministro del interior Rubalcaba contra Batasuna –e incluso organismos unitarios como el movimiento de mujeres por la paz Ahotsak—, para hacer explotar las “contradicciones” de la izquierda abertzale, arrinconándola entre la marginación o la condena pública del atentado, con la misma doctrina Garzón de que debilitar a la izquierda abertzale es en definitiva debilitar a ETA.
La suma de las incongruencias del discurso de ETA con las consecuencias de las diferentes aplicaciones políticas de la doctrina Garzón, en un momento en que las manifestaciones de Madrid y Bilbao frenaban al PP, redujeron el margen de maniobra de Zapatero para mantener su “ambigüedad calculada” sobre el proceso de paz.
Las manifestaciones
El éxito de la manifestación de Madrid (200.000 personas), además de las de Pamplona, Zaragoza, Santiago, Burgos y otras ciudades se debió ante todo a que suponían una removilización de la izquierda frente al PP. El hecho de que fuesen convocadas por los sindicatos CC.OO y UGT y las asociaciones de emigrantes ecuatorianos dieron un carácter de clase más allá de las diferencias y debilidades ideológicas sobre el proceso de paz mismo. ¡Zapatero, no estás solo! y ¡Paz! fueron las consignas más coreadas en una clara confrontación con la derecha.
Esta polarización, alimentada por la estrategia del PP de hacer del fracaso del proceso de paz su principal instrumento para una victoria electoral de la derecha, se refleja también en el pulsómetro de la SER antes citado. El 67% considera que el PP utiliza el terrorismo con fines electorales, que el Gobierno ha hecho lo correcto tras el atentado (53%) y el PP, no (61%), y además, que Zapatero debe seguir intentando el fin negociado de ETA (59% frente al 32%). Para la mayoría de la población asalariada fuera de Euskal Herria, la confrontación con la derecha y el peligro de una vuelta al gobierno del PP han sido determinantes en su actitud durante este mes de enero.
La manifestación de Bilbao, convocada por el Lehendakari Ibarretexe y el Gobierno Vasco, también fue un éxito (80.000 personas). Pero su carácter fue distinto desde el primer momento. Frente a las propuestas de una convocatoria en los términos de la coincidencia de posiciones entre el portavoz del PNV, Imaz, y un PSE marcado desde Madrid por Rubalcaba –que daban por enterrado el proceso de paz y colocaban en primer plano el acoso y aislamiento de Batasuna—, Ibarretxe impuso institucionalmente el eje del diálogo y de las condiciones democráticas necesarias para un proceso de paz.
La batalla política tanto en Madrid como en Euskadi que precedió a la convocatoria de las manifestaciones fue distinta, pero estuvo muy relacionada. En Madrid, el PP tomó rápidamente la decisión de no acudir, bajo la presión de la Asociación de Victimas del Terrorismo (AVT), consciente de que no podía cambiar la naturaleza misma de la convocatoria sindical y que podía perder en la calle, en una dura confrontación, la imagen de mayoría social que ha intentado construir con sus cinco grandes manifestaciones contra el proceso de paz en dos años y medio. Pero ello no le impidió una campaña de erosión para deslegitimar la manifestación sindical. En nombre del consenso antiterrorista PP-PSOE, intentó enfrentar a un sector de la dirección confederal de CC OO contra la dirección regional de Madrid, principal impulsora de la manifestación. Exigió la introducción de la palabra “Libertad” en el lema de la convocatoria “Por la Paz y contra el Terrorismo” como un caballo de troya que le permitiese otras exigencias posteriores en nombre de la “unidad de los demócratas” y chantajeó e intentó escindir a las asociaciones de emigrantes ecuatorianos desde la Comunidad de Madrid, en manos del PP. A pesar de algunas concesiones menores, la decisión política de las direcciones sindicales de Madrid bloqueó la campaña de erosión del PP.
En Bilbao, el lema de la convocatoria se convirtió también en la excusa formal del forcejeo político. La convocatoria “Por la Paz y el Diálogo” fue criticada por el PSE, pero Patxi López antepuso la unidad de acción con el PNV, contando con la complicidad de Imaz. Hasta que Batasuna anunció que ella también acudiría a la manifestación en apoyo del proceso de paz. Para impedirlo, Imaz impuso una tercera consigna de condena explicita del terrorismo de ETA, dando un nuevo aliento a su estrategia de recrear un nuevo pacto de Ajuria Enea basado en la alianza entre PNV y PSE como alternativa al pacto antiterrorista PP-PSOE. En ese marco, la única intervención del Lehendakari Ibarretxe al final de la manifestación volvió a incluir la nota de lectura de consenso democrático sí, pero para intentar de nuevo un proceso de paz que la represión contra la izquierda abertzale no debía ahogar.
El debate en el Congreso
Tras el clima creado por las manifestaciones del sábado 13, el debate parlamentario del lunes estuvo precedido por un diálogo interpuesto en los medios de comunicación entre Otegi y Zapatero y las reacciones posteriores de Rajoy. Las largas entrevistas de Otegi en Gara y de Zapatero en El País no solo intentaban reasegurar a sus respectivas bases de un cierto control racional del proceso, sino de una capacidad de iniciativa independiente de poderes fácticos.
Otegi llevó las “contradicciones” al punto de responsabilizar a todos los sujetos del proceso de paz –y no solo al Gobierno— del bloqueo del mismo, pero reiteró su compromiso de reemprenderlo con las iniciativas y autocríticas necesarias por parte de la izquierda abertzale. Ello no resolvía el problema, porque tras el atentado su condición de sujeto político aceptado por el resto de las fuerzas políticas depende de su condena de la violencia y no solo del llamamiento realizado a ETA para que mantenga la tregua rota. Y esa condena le supondría al mismo tiempo su deslegitimación como interlocutor ante ETA y los sectores minoritarios de la izquierda abertzale que amenazan con la escisión. Su llamamiento a la iniciativa política –incapaz de influir de manera positiva en la correlación de fuerzas en el resto del estado entre la derecha y las izquierdas, de establecer una relación política y social entre la removilización de las izquierdas en el estado y las condiciones para el proceso de paz a través de un movimiento social por la paz— se convierte así en una mera esperanza impotente de que el paso del tiempo arregle las propias “contradicciones” de la izquierda abertzale.
En el caso de la entrevista con Zapatero, tras asegurar que el gobierno no se encontraba ante una crisis, sino ante el acoso de la contraofensiva de la derecha que utilizaba la política antiterrorista con fines electorales –como si no hubiese sido así durante toda la legislatura por razones obvias—, acababa reiterando el compromiso del gobierno con el fin de la violencia con diálogo. Solo ETA era culpable del fin del diálogo y de un proceso de paz en el que el Gobierno había tenido toda la voluntad de avanzar y de cuya metodología se reivindicaba. Porque. en definitiva, el problema de la violencia es el del apoyo social, y este solo se puede superar ganando políticamente a otra perspectiva a sectores significativos de la izquierda abertzale. Su “ambigüedad calculada” se convertía así en una esperanza siempre que se superasen los condicionamientos de la contraofensiva del PP –con sus reflejos dentro del PSOE— y se volviesen a dar las condiciones de cese de la violencia y credibilidad de los interlocutores para un nuevo proceso de paz dialogado.
El debate parlamentario del día 15 escenificó la polarización existente y las alternativas, ayudado por un formato que dio todo el protagonismo a Zapatero y Rajoy. Este último, que había intentado forzar el debate en los primeros días de enero ante un Gobierno paralizado, se encontró, tras las manifestaciones y las entrevistas, con que había quedado aislado de antemano.
La propuesta del PP de una rendición incondicional del Gobierno, su autocrítica y la sumisión al frente antiterrorista que excluía a los nacionalistas vascos y catalanes y al resto de las izquierdas, sin otra perspectiva que una represión generalizada judicial y policial no solo contra ETA, sino también contra el conjunto de la izquierda abertzale, acompañada de la puesta en cuestión de los propios gobiernos vasco y catalán, no podía tener ningún eco. La frase de que en el proceso de paz “si dialoga le ponen bombas, y si no le ponen bombas, es porque ya ha cedido” era una disyuntiva que nadie podía aceptar racionalmente con sus consecuencias. Sobre todo ante la evidente carencia de buena fe del proponente, que cayó en las encuestas casi un 20% en su valoración, ya de por si no muy alta. De igual manera que su exigencia de que se retirase la moción parlamentaria de mayo de 2005 que establecía las condiciones para el diálogo con ETA, porque éste simplemente debía quedar anatemizado. Pero el PP contaba con algo más que la reivindicación del pasado en la forma del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo y la añoranza del Gobierno Aznar. Cuenta con la herencia institucional de esa política, reflejada en la composición de la judicatura y en una capacidad de movilización social que pretende volver a poner a prueba el 5 de febrero.
La alternativa de Zapatero a la oferta de reedición del frentismo españolista era un consenso amplio contra el PP y contra ETA, una reedición, si no formal, sí de hecho, de los Pactos de Ajuria Enea, más allá de mantener una reunión paralela del Pacto Antiterrorista con el PP. Ese Consenso o Ajuria Enea II era la condición mínima necesaria para poder mantener la perspectiva de un proceso de paz –simbolizada en la moción parlamentaria de mayo de 2005—, aunque dejase sin resolver el problema de cómo crear las condiciones para ello, una vez cerrado el actual por el atentado de ETA. Y en especial, sin resolver las cuestiones clave de la magnitud de la respuesta policial y judicial al atentado y la posible participación al menos por vías indirectas de candidaturas locales de sectores de la izquierda abertzale en las elecciones municipales. Porque sin resolver estas dos cuestiones en una ampliación de las condiciones democráticas de integración de la izquierda abertzale, el único freno a una nueva ruptura del reiterado “alto el fuego” de ETA con una ofensiva terrorista que se llevase por delante al Gobierno Zapatero parece pasar por ofrecer un margen de actuación legal de Batasuna a través de EHAK, que de todos modos no resuelve el problema de su aceptación como interlocutor político. Es decir, un freno muy débil para quienes ya han cometido el error político del atentado del 30 de diciembre.
Pero esta preocupación solo apareció de manera secundaria en el debate parlamentario a través de las intervenciones de los portavoces del PNV, EA o Nafarroa Bai. Para el resto de las fuerzas políticas y sobre todo para Zapatero, la prioridad del debate era evitar el cerco político y social del PP, deslegitimizando su estrategia y ganando tiempo con un discurso de unidad antiterrorista. Ante el bloqueo de las propuestas del PP en el Congreso de los Diputados, sus portavoces anunciaron que las llevarían a los parlamentos autonómicos y los ayuntamientos, exigiendo la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK), bajo cuyas siglas actúa la izquierda abertzale en el parlamento vasco.
Pocos días después –mientras el PP rechazaba cualquier posibilidad de acercamiento en esta estrategia de la tensión—, Zapatero recibió a Ibarretxe en la Moncloa. Aunque nada se ha conocido del contenido de la reunión, sin embargo la reiteración de las líneas fundamentales del discurso de uno y otro parecían corresponder no tanto a un “acuerdo de desacuerdos” como a una división de papeles, según la distinta correlación de fuerzas en Euskadi y en el conjunto del Estado, para la colaboración y gestión del tiempo ganado.
Y ahora ¿qué?
Lo aleatorio de esa conquista es que depende fundamentalmente de la capacidad de reacción de la derecha y del aguante y paciencia de la izquierda abertzale. La derecha, más allá de las críticas habituales a Rajoy por sus debilidades en comparación con Aznar, comprendió el mismo día del debate que su fuerza sigue estando no en su espléndido aislamiento de minoría mayoritaria opositora, sino en la contundencia de la acción judicial y del acompañamiento de la movilización en la calle. En definitiva, si la tregua estaba rota, se trataba de hacer que ETA no tuviese vuelta atrás y que actuase en consecuencia, en un nuevo ciclo de represión-violencia que volviese a poner las cosas en su sitio.
Los cándidos análisis de Gara, según los cuales “el ciclo de la ilegalización y la marginación están superados”, se encontraron con la revisión el 19 de enero por el Tribunal Supremo de la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la naturaleza de las sucesivas organizaciones juveniles de la izquierda abertzale Jarrai, Haika y Segi. De los 24 acusados, 23 fueron condenados a 6 años de cárcel, acusados de pertenecer a banda terrorista, de acuerdo con la doctrina Garzón. Cuatro de ellos eran detenidos en pocas horas, en medio de manifestaciones, ruedas de prensa y cajeros automáticos carbonizados, mientras el ministro del interior Rubalcaba preveía la rápida detención del resto. Las perspectivas para los macro-sumarios contra los medios de comunicación y los movimientos sociales cercanos a la izquierda abertzale no podían ser peores. Y el mensaje muy claro: Zapatero e Ibarretxe podían decir lo quisieran, pero la derecha tenía en sus manos la capacidad, vía judicial, de imponer el ámbito de la represión tras el atentado y estaba dispuesta a que recayese sobre la totalidad de la izquierda abertzale.
La situación creada y los peligros que encierra demuestran hasta qué punto las izquierdas necesitan, frente a la contraofensiva de la derecha, un discurso que vaya más allá de la buena conciencia de la unidad antiterrorista y de la presión sobre la izquierda abertzale para que condene la violencia de ETA. Tienen que dar una respuesta democrática a medio y largo plazo sobre la solución política del conflicto vasco para acabar con la violencia, y tienen que utilizar, frente a la derecha y frente a ETA, su principal activo, que no es otro que la movilización social por la paz. Estos días se ha demostrado que es posible.
No resignarse a un nuevo ciclo de represión-violencia, a nuevas acciones de ETA y a la victoria electoral de una derecha movilizada implica desarrollar un movimiento por la paz a partir de las iniciativas y movilizaciones existentes, con la pluralidad del debate político imprescindible, y crear las condiciones democráticas para un nuevo proceso de paz. Los que no quieren la paz, dicen que es imposible. El resto, simplemente, que es muy difícil, pero que no hay otra salida.
G. Buster
A juzgar por el pulsómetro de la SER, veinte días después del atentado de ETA en la T-4 del Aeropuerto de Barajas, Zapatero no solo habría sido capaz de frenar la contraofensiva del Partido Popular (PP), sino que habría recuperado una ventaja en intención de voto de seis puntos y el respaldo mayoritario de la sociedad española (54% frente al 36%) en su gestión de la política antiterrorista. Los datos de la encuesta, más allá de su margen de error, reflejan el sentimiento político en la calle y en los medios de comunicación tras las manifestaciones del 13 de enero en Madrid y Bilbao y el debate en el Congreso de los Diputados del día 15. Es decir, reflejan la situación de confrontación entre la derecha y la izquierda españolas, situando en un segundo plano la situación interna en Euskal Herria. Porque el efecto más importante del atentado de ETA ha sido, irónicamente, desplazar del eje conflicto vasco de la propia situación vasca a la del estado español en su conjunto, marcada por la crispación política y la movilización continua de la derecha contra el Gobierno Zapatero.
El comunicado de ETA
El día 9 de enero, ETA hizo público su comunicado reivindicando el atentado y explicando las razones de su acción. Los elementos de análisis eran ya conocidos: el bloqueo del proceso de paz, en especial en lo referente a la represión e ilegalización de la izquierda abertzale, la ofensiva judicial con la doctrina Parot para evitar las excarcelaciones de presos de ETA tras cumplir sus condenas…Pero si el Gobierno podía ser acusado de no cumplir sus compromisos en la ampliación de un espacio político democrático capaz de integrar a la izquierda abertzale más allá de la estrategia represiva heredada del PP, era evidente la contradicción de querer abrir ese espacio con 500 kilos de explosivos como si se tratase de un procedimiento técnico que no afectase a la declaración de “alto el fuego permanente”. Era no solo un error político, sino también una estupidez como discurso, que debilitaba la reafirmación del compromiso con el proceso de paz no solo de ETA, sino de la izquierda abertzale.
Las dificultades en la gestión de esta contradicción se han ido haciendo patentes con los días a golpe de declaraciones explicativas de Otegi y de artículos de Gara sobre los encuentros entre ETA y el Gobierno. Del “desconcierto” –subrayado por el hecho de que Otegi tuvo conocimiento del atentado en plena reunión con uno de sus interlocutores del PSE, Jáuregui— se pasó a reconocer la “contradicción”, a las “puntualizaciones” sobre la traducción de las declaraciones del vasco al castellano de otros dirigentes abertzales. Y cuando estaba a punto de generalizarse el debate político en toda la izquierda abertzale, la decisión del Tribunal Supremo de revisar la sentencia de la Audiencia Nacional y declarar a las organizaciones juveniles de la izquierda abertzale parte de ETA, resucitando la doctrina Garzón, permitió ahogarlo en la necesidad de una respuesta única frente a la represión.
De alguna manera, la decisión del Tribunal Supremo, con una composición marcada por los nombramientos durante el Gobierno Aznar, era la respuesta de la derecha al éxito de las manifestaciones de Madrid y Bilbao y a la resistencia de Zapatero en el debate del día 15 en el Congreso de los Diputados a subordinarse a la política antiterrorista del PP. Pero su adopción, frente a la Audiencia Nacional, en parte había venido anunciada por la política de acoso a distintos sectores de las izquierdas, siguiendo la línea del ministro del interior Rubalcaba contra Batasuna –e incluso organismos unitarios como el movimiento de mujeres por la paz Ahotsak—, para hacer explotar las “contradicciones” de la izquierda abertzale, arrinconándola entre la marginación o la condena pública del atentado, con la misma doctrina Garzón de que debilitar a la izquierda abertzale es en definitiva debilitar a ETA.
La suma de las incongruencias del discurso de ETA con las consecuencias de las diferentes aplicaciones políticas de la doctrina Garzón, en un momento en que las manifestaciones de Madrid y Bilbao frenaban al PP, redujeron el margen de maniobra de Zapatero para mantener su “ambigüedad calculada” sobre el proceso de paz.
Las manifestaciones
El éxito de la manifestación de Madrid (200.000 personas), además de las de Pamplona, Zaragoza, Santiago, Burgos y otras ciudades se debió ante todo a que suponían una removilización de la izquierda frente al PP. El hecho de que fuesen convocadas por los sindicatos CC.OO y UGT y las asociaciones de emigrantes ecuatorianos dieron un carácter de clase más allá de las diferencias y debilidades ideológicas sobre el proceso de paz mismo. ¡Zapatero, no estás solo! y ¡Paz! fueron las consignas más coreadas en una clara confrontación con la derecha.
Esta polarización, alimentada por la estrategia del PP de hacer del fracaso del proceso de paz su principal instrumento para una victoria electoral de la derecha, se refleja también en el pulsómetro de la SER antes citado. El 67% considera que el PP utiliza el terrorismo con fines electorales, que el Gobierno ha hecho lo correcto tras el atentado (53%) y el PP, no (61%), y además, que Zapatero debe seguir intentando el fin negociado de ETA (59% frente al 32%). Para la mayoría de la población asalariada fuera de Euskal Herria, la confrontación con la derecha y el peligro de una vuelta al gobierno del PP han sido determinantes en su actitud durante este mes de enero.
La manifestación de Bilbao, convocada por el Lehendakari Ibarretexe y el Gobierno Vasco, también fue un éxito (80.000 personas). Pero su carácter fue distinto desde el primer momento. Frente a las propuestas de una convocatoria en los términos de la coincidencia de posiciones entre el portavoz del PNV, Imaz, y un PSE marcado desde Madrid por Rubalcaba –que daban por enterrado el proceso de paz y colocaban en primer plano el acoso y aislamiento de Batasuna—, Ibarretxe impuso institucionalmente el eje del diálogo y de las condiciones democráticas necesarias para un proceso de paz.
La batalla política tanto en Madrid como en Euskadi que precedió a la convocatoria de las manifestaciones fue distinta, pero estuvo muy relacionada. En Madrid, el PP tomó rápidamente la decisión de no acudir, bajo la presión de la Asociación de Victimas del Terrorismo (AVT), consciente de que no podía cambiar la naturaleza misma de la convocatoria sindical y que podía perder en la calle, en una dura confrontación, la imagen de mayoría social que ha intentado construir con sus cinco grandes manifestaciones contra el proceso de paz en dos años y medio. Pero ello no le impidió una campaña de erosión para deslegitimar la manifestación sindical. En nombre del consenso antiterrorista PP-PSOE, intentó enfrentar a un sector de la dirección confederal de CC OO contra la dirección regional de Madrid, principal impulsora de la manifestación. Exigió la introducción de la palabra “Libertad” en el lema de la convocatoria “Por la Paz y contra el Terrorismo” como un caballo de troya que le permitiese otras exigencias posteriores en nombre de la “unidad de los demócratas” y chantajeó e intentó escindir a las asociaciones de emigrantes ecuatorianos desde la Comunidad de Madrid, en manos del PP. A pesar de algunas concesiones menores, la decisión política de las direcciones sindicales de Madrid bloqueó la campaña de erosión del PP.
En Bilbao, el lema de la convocatoria se convirtió también en la excusa formal del forcejeo político. La convocatoria “Por la Paz y el Diálogo” fue criticada por el PSE, pero Patxi López antepuso la unidad de acción con el PNV, contando con la complicidad de Imaz. Hasta que Batasuna anunció que ella también acudiría a la manifestación en apoyo del proceso de paz. Para impedirlo, Imaz impuso una tercera consigna de condena explicita del terrorismo de ETA, dando un nuevo aliento a su estrategia de recrear un nuevo pacto de Ajuria Enea basado en la alianza entre PNV y PSE como alternativa al pacto antiterrorista PP-PSOE. En ese marco, la única intervención del Lehendakari Ibarretxe al final de la manifestación volvió a incluir la nota de lectura de consenso democrático sí, pero para intentar de nuevo un proceso de paz que la represión contra la izquierda abertzale no debía ahogar.
El debate en el Congreso
Tras el clima creado por las manifestaciones del sábado 13, el debate parlamentario del lunes estuvo precedido por un diálogo interpuesto en los medios de comunicación entre Otegi y Zapatero y las reacciones posteriores de Rajoy. Las largas entrevistas de Otegi en Gara y de Zapatero en El País no solo intentaban reasegurar a sus respectivas bases de un cierto control racional del proceso, sino de una capacidad de iniciativa independiente de poderes fácticos.
Otegi llevó las “contradicciones” al punto de responsabilizar a todos los sujetos del proceso de paz –y no solo al Gobierno— del bloqueo del mismo, pero reiteró su compromiso de reemprenderlo con las iniciativas y autocríticas necesarias por parte de la izquierda abertzale. Ello no resolvía el problema, porque tras el atentado su condición de sujeto político aceptado por el resto de las fuerzas políticas depende de su condena de la violencia y no solo del llamamiento realizado a ETA para que mantenga la tregua rota. Y esa condena le supondría al mismo tiempo su deslegitimación como interlocutor ante ETA y los sectores minoritarios de la izquierda abertzale que amenazan con la escisión. Su llamamiento a la iniciativa política –incapaz de influir de manera positiva en la correlación de fuerzas en el resto del estado entre la derecha y las izquierdas, de establecer una relación política y social entre la removilización de las izquierdas en el estado y las condiciones para el proceso de paz a través de un movimiento social por la paz— se convierte así en una mera esperanza impotente de que el paso del tiempo arregle las propias “contradicciones” de la izquierda abertzale.
En el caso de la entrevista con Zapatero, tras asegurar que el gobierno no se encontraba ante una crisis, sino ante el acoso de la contraofensiva de la derecha que utilizaba la política antiterrorista con fines electorales –como si no hubiese sido así durante toda la legislatura por razones obvias—, acababa reiterando el compromiso del gobierno con el fin de la violencia con diálogo. Solo ETA era culpable del fin del diálogo y de un proceso de paz en el que el Gobierno había tenido toda la voluntad de avanzar y de cuya metodología se reivindicaba. Porque. en definitiva, el problema de la violencia es el del apoyo social, y este solo se puede superar ganando políticamente a otra perspectiva a sectores significativos de la izquierda abertzale. Su “ambigüedad calculada” se convertía así en una esperanza siempre que se superasen los condicionamientos de la contraofensiva del PP –con sus reflejos dentro del PSOE— y se volviesen a dar las condiciones de cese de la violencia y credibilidad de los interlocutores para un nuevo proceso de paz dialogado.
El debate parlamentario del día 15 escenificó la polarización existente y las alternativas, ayudado por un formato que dio todo el protagonismo a Zapatero y Rajoy. Este último, que había intentado forzar el debate en los primeros días de enero ante un Gobierno paralizado, se encontró, tras las manifestaciones y las entrevistas, con que había quedado aislado de antemano.
La propuesta del PP de una rendición incondicional del Gobierno, su autocrítica y la sumisión al frente antiterrorista que excluía a los nacionalistas vascos y catalanes y al resto de las izquierdas, sin otra perspectiva que una represión generalizada judicial y policial no solo contra ETA, sino también contra el conjunto de la izquierda abertzale, acompañada de la puesta en cuestión de los propios gobiernos vasco y catalán, no podía tener ningún eco. La frase de que en el proceso de paz “si dialoga le ponen bombas, y si no le ponen bombas, es porque ya ha cedido” era una disyuntiva que nadie podía aceptar racionalmente con sus consecuencias. Sobre todo ante la evidente carencia de buena fe del proponente, que cayó en las encuestas casi un 20% en su valoración, ya de por si no muy alta. De igual manera que su exigencia de que se retirase la moción parlamentaria de mayo de 2005 que establecía las condiciones para el diálogo con ETA, porque éste simplemente debía quedar anatemizado. Pero el PP contaba con algo más que la reivindicación del pasado en la forma del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo y la añoranza del Gobierno Aznar. Cuenta con la herencia institucional de esa política, reflejada en la composición de la judicatura y en una capacidad de movilización social que pretende volver a poner a prueba el 5 de febrero.
La alternativa de Zapatero a la oferta de reedición del frentismo españolista era un consenso amplio contra el PP y contra ETA, una reedición, si no formal, sí de hecho, de los Pactos de Ajuria Enea, más allá de mantener una reunión paralela del Pacto Antiterrorista con el PP. Ese Consenso o Ajuria Enea II era la condición mínima necesaria para poder mantener la perspectiva de un proceso de paz –simbolizada en la moción parlamentaria de mayo de 2005—, aunque dejase sin resolver el problema de cómo crear las condiciones para ello, una vez cerrado el actual por el atentado de ETA. Y en especial, sin resolver las cuestiones clave de la magnitud de la respuesta policial y judicial al atentado y la posible participación al menos por vías indirectas de candidaturas locales de sectores de la izquierda abertzale en las elecciones municipales. Porque sin resolver estas dos cuestiones en una ampliación de las condiciones democráticas de integración de la izquierda abertzale, el único freno a una nueva ruptura del reiterado “alto el fuego” de ETA con una ofensiva terrorista que se llevase por delante al Gobierno Zapatero parece pasar por ofrecer un margen de actuación legal de Batasuna a través de EHAK, que de todos modos no resuelve el problema de su aceptación como interlocutor político. Es decir, un freno muy débil para quienes ya han cometido el error político del atentado del 30 de diciembre.
Pero esta preocupación solo apareció de manera secundaria en el debate parlamentario a través de las intervenciones de los portavoces del PNV, EA o Nafarroa Bai. Para el resto de las fuerzas políticas y sobre todo para Zapatero, la prioridad del debate era evitar el cerco político y social del PP, deslegitimizando su estrategia y ganando tiempo con un discurso de unidad antiterrorista. Ante el bloqueo de las propuestas del PP en el Congreso de los Diputados, sus portavoces anunciaron que las llevarían a los parlamentos autonómicos y los ayuntamientos, exigiendo la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK), bajo cuyas siglas actúa la izquierda abertzale en el parlamento vasco.
Pocos días después –mientras el PP rechazaba cualquier posibilidad de acercamiento en esta estrategia de la tensión—, Zapatero recibió a Ibarretxe en la Moncloa. Aunque nada se ha conocido del contenido de la reunión, sin embargo la reiteración de las líneas fundamentales del discurso de uno y otro parecían corresponder no tanto a un “acuerdo de desacuerdos” como a una división de papeles, según la distinta correlación de fuerzas en Euskadi y en el conjunto del Estado, para la colaboración y gestión del tiempo ganado.
Y ahora ¿qué?
Lo aleatorio de esa conquista es que depende fundamentalmente de la capacidad de reacción de la derecha y del aguante y paciencia de la izquierda abertzale. La derecha, más allá de las críticas habituales a Rajoy por sus debilidades en comparación con Aznar, comprendió el mismo día del debate que su fuerza sigue estando no en su espléndido aislamiento de minoría mayoritaria opositora, sino en la contundencia de la acción judicial y del acompañamiento de la movilización en la calle. En definitiva, si la tregua estaba rota, se trataba de hacer que ETA no tuviese vuelta atrás y que actuase en consecuencia, en un nuevo ciclo de represión-violencia que volviese a poner las cosas en su sitio.
Los cándidos análisis de Gara, según los cuales “el ciclo de la ilegalización y la marginación están superados”, se encontraron con la revisión el 19 de enero por el Tribunal Supremo de la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la naturaleza de las sucesivas organizaciones juveniles de la izquierda abertzale Jarrai, Haika y Segi. De los 24 acusados, 23 fueron condenados a 6 años de cárcel, acusados de pertenecer a banda terrorista, de acuerdo con la doctrina Garzón. Cuatro de ellos eran detenidos en pocas horas, en medio de manifestaciones, ruedas de prensa y cajeros automáticos carbonizados, mientras el ministro del interior Rubalcaba preveía la rápida detención del resto. Las perspectivas para los macro-sumarios contra los medios de comunicación y los movimientos sociales cercanos a la izquierda abertzale no podían ser peores. Y el mensaje muy claro: Zapatero e Ibarretxe podían decir lo quisieran, pero la derecha tenía en sus manos la capacidad, vía judicial, de imponer el ámbito de la represión tras el atentado y estaba dispuesta a que recayese sobre la totalidad de la izquierda abertzale.
La situación creada y los peligros que encierra demuestran hasta qué punto las izquierdas necesitan, frente a la contraofensiva de la derecha, un discurso que vaya más allá de la buena conciencia de la unidad antiterrorista y de la presión sobre la izquierda abertzale para que condene la violencia de ETA. Tienen que dar una respuesta democrática a medio y largo plazo sobre la solución política del conflicto vasco para acabar con la violencia, y tienen que utilizar, frente a la derecha y frente a ETA, su principal activo, que no es otro que la movilización social por la paz. Estos días se ha demostrado que es posible.
No resignarse a un nuevo ciclo de represión-violencia, a nuevas acciones de ETA y a la victoria electoral de una derecha movilizada implica desarrollar un movimiento por la paz a partir de las iniciativas y movilizaciones existentes, con la pluralidad del debate político imprescindible, y crear las condiciones democráticas para un nuevo proceso de paz. Los que no quieren la paz, dicen que es imposible. El resto, simplemente, que es muy difícil, pero que no hay otra salida.
Cambio climatico: amenaza global
Oskar Matute
El pasado mes de Noviembre del 2006 tuvo lugar en Nairobi (Kenia) la Conferencia Mundial sobre Cambio Climático (COP12/MOP2). Dicha conferencia reunió durante 5 días a más de 10.000 personas provenientes de todos los puntos del planeta y en representación de diferentes Gobiernos nacionales, regionales, oficinas estatales del Clima, sindicatos, organizaciones ecologistas y movimiento asociativo en el sentido más amplio que la expresión permite. Y, ¿para qué se congregó tanta gente de lugares tan diversos? Pues, fundamentalmente para analizar las consecuencias del cambio climático a lo largo y ancho del planeta, para analizar el grado de cumplimiento de acuerdos alcanzado anteriormente en cumbres anteriores (Kyoto, Nueva Delhi, etc.), y para ver si atendiendo a la evolución del cambio climático, las medidas en marcha son suficientes para conseguir objetivos que permitan al menos, un control del calentamiento global que frene la devastación que dicho efecto causa sobre el planeta.
Y, a la vista de los objetivos anteriormente citados, lo que tendríamos que hacer ahora es ver si los objetivos pretendidos se alcanzaron o simplemente quedaron en la constatación del mal estado del planeta y el reparto de responsabilidades y culpas entre unos y otros, mientras millones de seres humanos, en el mejor de los casos se ven obligados a abandonar sus territorios en busca de la subsistencia, y en el peor a morir por el efecto de políticas que priman el interés económico frente al interés humano, esto es o la lógica del dinero o la lógica humana.
Pues bien, hemos de decir que la cumbre sólo de manera muy parcial, muy limitada llego a rozar los objetivos pretendidos. En primer lugar, respecto al diagnostico de la situación actual, podemos concluir que los esfuerzos empleados hasta la actualidad tanto en el control de emisión de gases que provoquen efecto invernadero (anteriores compromisos como el protocolo de Kyoto planteaban una reducción del 5’2 % de reducción de los 160 países firmantes en relación con la emisión producida en 1990, para el periodo 2008-2012) como en la inclusión de mas países al protocolo y aceptación de la reducción de dichos gases (recordar que USA y Australia no aceptan dichos compromisos, y que por otro lado China e India los consideran limitadores de su capacidad para acceder al nivel de desarrollo de los países mas industrializados) arrojan un resultado amargo.
Ni la cifra de reducción perseguida (5’2 % sobre lo emitido en 1990) es suficiente, ni la autoexclusión de dichos compromisos por determinados países (USA y Australia, principalmente) garantiza el carácter global y eficaz de dicho compromiso. Así las cosas, podemos concluir que queda mucho por hacer y mucho que denunciar para que todos los países, especialmente los que mas contaminan asuman su responsabilidad en el calentamiento global, y aporten o contribuyan a paliar o reducir la gravedad de los efectos que dicho calentamiento provocan.
En este sentido, se acordó trabajar en la búsqueda de mecanismos que permitan el desarrollo de mecanismos que garanticen el cumplimiento de los acuerdos por los firmantes, y por otro lado, que estos mecanismos ofrezcan un marco de integración a los países no firmantes. Habrá que ver que da de sí, y aun deseando que alcance las metas que persigue dicho trabajo, uno no puede dejar de ser pesimista, cuando de tratar de convencer a países como USA se refiere.
Y, en lo que respecta, y esto sin duda es lo mas importante, al futuro, conviene decir que el objetivo que se pretende alcanzar como objetivo común y general es, por un lado evitar un calentamiento global que vaya mas allá del aumento de temperatura de 2º centígrados, y de otra parte que los mecanismos financieros de la convención y del protocolo (esto es las ayudas económicas para la mitigación, adaptación y aumento de capacidad) se centren en las áreas que sufren de manera mas directa las consecuencias del calentamiento global, esto es África, sudeste asiático y América Latina.
Para alcanzar estos dos objetivos sin duda además de determinación o voluntarismo hacen faltan nuevas recetas para nuestro maltrecho planeta. Una, fundamental que el compromiso expresado por los países desarrollados de la necesidad de aumentar las reducciones hasta un 50% sobre lo emitido en el año 2000 sea un objetivo a cumplir casi con carácter obligatorio, y sin casi, y que para esto se activen los mecanismos, foros, formas de funcionamiento necesarias etc. para que de aquí al 2030 dicho porcentaje de reducción sea un objetivo alcanzable y no una quimera deseable. Y, por otro lado es imprescindible que las ayudas económicas lleguen de manera real y con carácter urgente a aquellos lugares que están sufriendo en primera persona los devastadores efectos del aumento global de temperatura.
No es normal, que como ocurre en la actualidad tan solo el 3% de los proyectos (tanto de transferencia de tecnología como de otros) vaya destinada a África y sudeste asiático cuando es sin duda el continente donde con mayor crudeza y bajo las formas de sequía, inundaciones, subida del nivel del mar, ampliación de las áreas de influencia de enfermedades infecciosas, etc. se manifiestas las consecuencias del nada inocuo aumento de temperatura global.
Como decía, en la actualidad solo el 3% de los proyectos tienen como destino a aquellos que mas los necesitan. ¿Por qué? Es fácil, la mayoría de estos proyectos son financiados por empresas privadas, y estas encuentran poco rentable la acción en estos lugares, y por otro lado con respecto a la ayuda de estados u organismos como la PNUD exigen tal nivel de confirmación y compromisos, llamémosle burocracia, que dilatan en varios años la llegada al lugar de la tan ansiada ayuda desde el momento en que se solicito. Por tanto es urgente, un plan especial para la zona que garantice la llegada de ayuda de manera rápida y eficaz y un papel mas activo de la ONU y los gobiernos mundiales que no deleguen en multinacionales privadas la capacidad de incidencia y acción en dicha zona, de lo contrario, les estamos abandonando a su suerte a decenas de millones de personas.
Y, para ir concluyendo ¿que podemos hacer desde la izquierda, desde Ezker Batua Berdeak? Yo creo que varias son las cosas que podemos hacer y sobre las que podemos llevar a cabo una acción necesaria, que por un lado nos acerque al movimiento asociativo, especialmente el ecologista y que por otro lado brinde a los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi un mayor conocimiento de lo que ocurre y de las consecuencias de las acciones de una sociedad industrializada como la nuestra.
En primer lugar concienciación, podemos y debemos incluir en nuestra agenda, una acción de sensibilización desde todos los niveles de actuación que tenemos (municipal, foral, parlamentario, social, etc…) a favor de un mayor compromiso con las zonas mas degradadas del planeta así como una mayor concienciación de lo que nuestra acción diaria supone (uso irracional del automóvil, primacía de productivismo sobre la sostenibilidad ambiental, macroproyectos que esquilman el medio ambiente y favorecen una mayor contaminación atmosférica tales como la Y vasca, o la variante sur metropolitana por citar tan solo algunos).
Para trasladar dichas reflexiones tenemos argumentos y estudios, algunos como el “Informe Stern” (anterior economista del Banco Mundial y ahora asesor del gobierno Británico) poco sospechosos de situarse en nuestra orbita que estiman los efectos del aumento del calentamiento global como responsable de la perdida de entre un 5% y un 20% del PIB en las economías de los países industrializados, esto es una catástrofe mundial sin precedentes, mientras que estima que una acción decidida de dichos gobiernos en mitigar el aumento de temperatura en 2º tendría un coste del 1% del PIB de dichos países.
También debiera ser tarea nuestra favorecer a implantar el llamado “Movimiento Clima” integrado por WWF/Adena, Intermon Oxfam, OCU y CCOO que promueve un compromiso personal de reducción de emisiones a la vez que una demanda social dirigida a empresas y gobiernos para que actúen responsablemente frente al cambio climático.
Esto tan solo son apuntes de lo que podemos hacer, sin duda hay muchas cosas en nuestra mano que hacer, pero lo importante es empezar a andar, porque el movimiento se demuestra andando; y porque es claro que nosotros y nosotras no somos dioses, pero, la sequía, las inundaciones, la extensión de enfermedades infecciosas tampoco son plagas bíblicas. Son ni más ni menos, que los efectos de un fenómeno, el del calentamiento global, que tiene responsables, muchos gobiernos y un mismo modelo económico, el neoliberal, y nuestra responsabilidad es alzar la voz y denunciarlo.
Oskar Matute
El pasado mes de Noviembre del 2006 tuvo lugar en Nairobi (Kenia) la Conferencia Mundial sobre Cambio Climático (COP12/MOP2). Dicha conferencia reunió durante 5 días a más de 10.000 personas provenientes de todos los puntos del planeta y en representación de diferentes Gobiernos nacionales, regionales, oficinas estatales del Clima, sindicatos, organizaciones ecologistas y movimiento asociativo en el sentido más amplio que la expresión permite. Y, ¿para qué se congregó tanta gente de lugares tan diversos? Pues, fundamentalmente para analizar las consecuencias del cambio climático a lo largo y ancho del planeta, para analizar el grado de cumplimiento de acuerdos alcanzado anteriormente en cumbres anteriores (Kyoto, Nueva Delhi, etc.), y para ver si atendiendo a la evolución del cambio climático, las medidas en marcha son suficientes para conseguir objetivos que permitan al menos, un control del calentamiento global que frene la devastación que dicho efecto causa sobre el planeta.
Y, a la vista de los objetivos anteriormente citados, lo que tendríamos que hacer ahora es ver si los objetivos pretendidos se alcanzaron o simplemente quedaron en la constatación del mal estado del planeta y el reparto de responsabilidades y culpas entre unos y otros, mientras millones de seres humanos, en el mejor de los casos se ven obligados a abandonar sus territorios en busca de la subsistencia, y en el peor a morir por el efecto de políticas que priman el interés económico frente al interés humano, esto es o la lógica del dinero o la lógica humana.
Pues bien, hemos de decir que la cumbre sólo de manera muy parcial, muy limitada llego a rozar los objetivos pretendidos. En primer lugar, respecto al diagnostico de la situación actual, podemos concluir que los esfuerzos empleados hasta la actualidad tanto en el control de emisión de gases que provoquen efecto invernadero (anteriores compromisos como el protocolo de Kyoto planteaban una reducción del 5’2 % de reducción de los 160 países firmantes en relación con la emisión producida en 1990, para el periodo 2008-2012) como en la inclusión de mas países al protocolo y aceptación de la reducción de dichos gases (recordar que USA y Australia no aceptan dichos compromisos, y que por otro lado China e India los consideran limitadores de su capacidad para acceder al nivel de desarrollo de los países mas industrializados) arrojan un resultado amargo.
Ni la cifra de reducción perseguida (5’2 % sobre lo emitido en 1990) es suficiente, ni la autoexclusión de dichos compromisos por determinados países (USA y Australia, principalmente) garantiza el carácter global y eficaz de dicho compromiso. Así las cosas, podemos concluir que queda mucho por hacer y mucho que denunciar para que todos los países, especialmente los que mas contaminan asuman su responsabilidad en el calentamiento global, y aporten o contribuyan a paliar o reducir la gravedad de los efectos que dicho calentamiento provocan.
En este sentido, se acordó trabajar en la búsqueda de mecanismos que permitan el desarrollo de mecanismos que garanticen el cumplimiento de los acuerdos por los firmantes, y por otro lado, que estos mecanismos ofrezcan un marco de integración a los países no firmantes. Habrá que ver que da de sí, y aun deseando que alcance las metas que persigue dicho trabajo, uno no puede dejar de ser pesimista, cuando de tratar de convencer a países como USA se refiere.
Y, en lo que respecta, y esto sin duda es lo mas importante, al futuro, conviene decir que el objetivo que se pretende alcanzar como objetivo común y general es, por un lado evitar un calentamiento global que vaya mas allá del aumento de temperatura de 2º centígrados, y de otra parte que los mecanismos financieros de la convención y del protocolo (esto es las ayudas económicas para la mitigación, adaptación y aumento de capacidad) se centren en las áreas que sufren de manera mas directa las consecuencias del calentamiento global, esto es África, sudeste asiático y América Latina.
Para alcanzar estos dos objetivos sin duda además de determinación o voluntarismo hacen faltan nuevas recetas para nuestro maltrecho planeta. Una, fundamental que el compromiso expresado por los países desarrollados de la necesidad de aumentar las reducciones hasta un 50% sobre lo emitido en el año 2000 sea un objetivo a cumplir casi con carácter obligatorio, y sin casi, y que para esto se activen los mecanismos, foros, formas de funcionamiento necesarias etc. para que de aquí al 2030 dicho porcentaje de reducción sea un objetivo alcanzable y no una quimera deseable. Y, por otro lado es imprescindible que las ayudas económicas lleguen de manera real y con carácter urgente a aquellos lugares que están sufriendo en primera persona los devastadores efectos del aumento global de temperatura.
No es normal, que como ocurre en la actualidad tan solo el 3% de los proyectos (tanto de transferencia de tecnología como de otros) vaya destinada a África y sudeste asiático cuando es sin duda el continente donde con mayor crudeza y bajo las formas de sequía, inundaciones, subida del nivel del mar, ampliación de las áreas de influencia de enfermedades infecciosas, etc. se manifiestas las consecuencias del nada inocuo aumento de temperatura global.
Como decía, en la actualidad solo el 3% de los proyectos tienen como destino a aquellos que mas los necesitan. ¿Por qué? Es fácil, la mayoría de estos proyectos son financiados por empresas privadas, y estas encuentran poco rentable la acción en estos lugares, y por otro lado con respecto a la ayuda de estados u organismos como la PNUD exigen tal nivel de confirmación y compromisos, llamémosle burocracia, que dilatan en varios años la llegada al lugar de la tan ansiada ayuda desde el momento en que se solicito. Por tanto es urgente, un plan especial para la zona que garantice la llegada de ayuda de manera rápida y eficaz y un papel mas activo de la ONU y los gobiernos mundiales que no deleguen en multinacionales privadas la capacidad de incidencia y acción en dicha zona, de lo contrario, les estamos abandonando a su suerte a decenas de millones de personas.
Y, para ir concluyendo ¿que podemos hacer desde la izquierda, desde Ezker Batua Berdeak? Yo creo que varias son las cosas que podemos hacer y sobre las que podemos llevar a cabo una acción necesaria, que por un lado nos acerque al movimiento asociativo, especialmente el ecologista y que por otro lado brinde a los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi un mayor conocimiento de lo que ocurre y de las consecuencias de las acciones de una sociedad industrializada como la nuestra.
En primer lugar concienciación, podemos y debemos incluir en nuestra agenda, una acción de sensibilización desde todos los niveles de actuación que tenemos (municipal, foral, parlamentario, social, etc…) a favor de un mayor compromiso con las zonas mas degradadas del planeta así como una mayor concienciación de lo que nuestra acción diaria supone (uso irracional del automóvil, primacía de productivismo sobre la sostenibilidad ambiental, macroproyectos que esquilman el medio ambiente y favorecen una mayor contaminación atmosférica tales como la Y vasca, o la variante sur metropolitana por citar tan solo algunos).
Para trasladar dichas reflexiones tenemos argumentos y estudios, algunos como el “Informe Stern” (anterior economista del Banco Mundial y ahora asesor del gobierno Británico) poco sospechosos de situarse en nuestra orbita que estiman los efectos del aumento del calentamiento global como responsable de la perdida de entre un 5% y un 20% del PIB en las economías de los países industrializados, esto es una catástrofe mundial sin precedentes, mientras que estima que una acción decidida de dichos gobiernos en mitigar el aumento de temperatura en 2º tendría un coste del 1% del PIB de dichos países.
También debiera ser tarea nuestra favorecer a implantar el llamado “Movimiento Clima” integrado por WWF/Adena, Intermon Oxfam, OCU y CCOO que promueve un compromiso personal de reducción de emisiones a la vez que una demanda social dirigida a empresas y gobiernos para que actúen responsablemente frente al cambio climático.
Esto tan solo son apuntes de lo que podemos hacer, sin duda hay muchas cosas en nuestra mano que hacer, pero lo importante es empezar a andar, porque el movimiento se demuestra andando; y porque es claro que nosotros y nosotras no somos dioses, pero, la sequía, las inundaciones, la extensión de enfermedades infecciosas tampoco son plagas bíblicas. Son ni más ni menos, que los efectos de un fenómeno, el del calentamiento global, que tiene responsables, muchos gobiernos y un mismo modelo económico, el neoliberal, y nuestra responsabilidad es alzar la voz y denunciarlo.
La ruptura de la tregua y sus consecuencias políticas
G. Buster
El 30 de diciembre ETA rompió su “alto el fuego permanente” con un coche bomba en la Terminal 4 del Aeropuerto de Madrid que causó importantes daños, decenas de heridos y dos muertos. Con este atentado se ponía fin a más de tres años sin victimas mortales y a nueve meses de lo que ha resultado ser solo una tregua en la actividad de ETA.
El proceso de paz en Euskal Herria se encontraba bloqueado y las encuestas del Gobierno vasco mostraban que el 64% de los ciudadanos vascos temía un atentado de ETA. Pero la bomba de la T-4 en Madrid pilló por sorpresa al Gobierno– “en un año estaremos mejor que hoy”, había dicho Zapatero el día antes tras el último consejo de ministros del año- y a la dirección de Batasuna, como reconoció abiertamente Joseba Alvarez en Radio Euskadi: “yo creo que eso no se lo esperaba nadie”.
De hecho, reinaba un cierto ambiente de optimismo después de que el Ministro Rubalcaba hubiese confirmado que representantes del Gobierno y de ETA se habían reunido el 14 de diciembre “con el objetivo de intentar desbloquear el proceso de paz”. El Gobierno habría podido “verificar la voluntad de ETA de mantener el alto el fuego”, según la prensa vasca, y Zapatero así se lo comunicó a Rajoy en su entrevista del 22 de diciembre. Es más, al parecer, Gobierno y ETA habían quedado para una nueva reunión a finales del mes de enero o comienzos de febrero.
La cuestión política clave era la participación de la izquierda abertzale en las elecciones municipales de marzo. Batasuna y el Gobierno mantenían un duro pulso sobre cómo se produciría la legalización de las candidaturas de la izquierda abertzale –o superándolo, o en el marco mismo de la Ley de Partidos heredada del Gobierno Aznar-, pero nadie dudaba, empezando por Batasuna, de que esa participación se produciría. Con ella, la izquierda abertzale se legitimaría como interlocutor político para la mesa de partidos que, junto a los contactos del Gobierno con ETA, constituía la segunda pata del proceso de paz.
El plazo para la presentación y legalización de las candidaturas de la izquierda abertzale hasta finales de febrero era por lo tanto el margen temporal para continuar con un duro tira y afloja negociador. Un pulso que incluía además otras condiciones para que el proceso pudiera seguir avanzando, simultánea o posteriormente, como el acercamiento de los presos, la situación de los macro-sumarios contra los medios de comunicación o los movimientos sociales ligados a la izquierda abertzale, la excarcelación de presos de ETA cumplidas legalmente sus penas (con la huelga de hambre de De Juana Chaos como espada de Damocles). Es decir, las condiciones para una actividad política democrática de la izquierda abertzale. Mientras tanto, ésta aumentaba la presión por su parte con una importante movilización social y un incremento de la kale borroka frente a lo que consideraba el bloqueo del proceso por un Gobierno que se jactaba públicamente de haber hecho menos concesiones que Aznar en su momento.
¿Por qué el atentado?
La cuestión es, por lo pronto: ¿por qué puso ETA la bomba el 30 de diciembre?
La primera respuesta de Arnaldo Otegi, portavoz de Batasuna, el mismo día 30 por la tarde, tras expresar su “solidaridad humana” con las victimas, fue que el proceso de paz “no esta roto y es más necesario que nunca”, y que era necesario “reconstruir las condiciones que permitan estabilizar de manera definitiva el proceso”. Acusó al Gobierno Zapatero de “no haber hecho un solo gesto en nueve meses de tregua”, pero que el atentado, “no nos retrotrae a un escenario anterior al 24 de marzo” (fecha de la declaración del “alto el fuego permanente” de ETA).
Las declaraciones de Otegi parecían responder ante todo a dos prioridades de la dirección de Batasuna: evitar una escisión en sus filas y una ruptura con ETA –y muy probablemente, una escisión en la propia ETA- cerrando filas, e intentar mantener el proceso sobre la base del ejemplo del proceso de paz irlandés. Lo primero, de ocurrir, suponía el fin del proceso mismo al desaparecer el interlocutor político de la izquierda abertzale; lo segundo, no dejaba de ser un intento desesperado de mantener la legitimidad como interlocutor de la propia ETA a partir de una analogía de imposible aplicación en el Estado español, dada la correlación de fuerzas impuesta por la movilización masiva y continua de la derecha social y política contra el proceso de paz.
Enseguida se hizo patente que, como había ocurrido en el primer proceso de paz alrededor de los contactos de Argel en 1989, el aparato militar se había acabado imponiendo a la dirección política de ETA. Bien para introducir el espectro de nuevas victimas mortales y la derrota electoral del PSOE como consecuencia, bien para cerrar el proceso de paz una vez más –como en el proceso de Argel en 1989 o el de Lizarra en 1999- constatado que implicaba un viaje sin retorno para la propia ETA en ausencia de un cambio cualitativo del marco político-estratégico de su lucha. Lo que el Barne Buletina de la organización había definido ya en marzo de 1993, al concluir el balance del primer proceso de paz, como el “síndrome de Argel”.
La analogía irlandesa, a la que parecían referirse las declaraciones iniciales de Otegi, era el atentado con un coche bomba en el barrio londinense de Docklands el 9 de febrero de 1996, que había roto la tregua del IRA de 1994, ocasionando dos muertos y cientos de heridos. Un boletín interno de ETA del 2001, al hacer balance del proceso irlandés, señalaba que ello había permitido más tarde llevar el proceso de paz a un nuevo escenario.
Los tres avisos de ETA previos al estallido del coche bomba en la T-4 de Madrid hacen suponer que su objetivo no era causar victimas mortales, sino graves daños materiales. La ausencia de victimas mortales había sido uno de los argumentos fuertes de Zapatero para solicitar del Congreso de los Diputados el apoyo para el diálogo con ETA en mayo del 2005 –su principal escudo institucional frente a la contraofensiva del PP. Pero como dijo Gaspar Llamazares, “quien juega con fuego, se acaba quemando”. La muerte de dos emigrantes ecuatorianos –paradigma de víctimas inocentes y ajenas al conflicto vasco- hacía imposible cualquier analogía irlandesa.
Por otra parte, los casi doscientos kilos de material explosivo abandonados en Atxondo por ETA alimentaban las tesis de quienes interesadamente defendían que el objetivo del nuevo sector dominante en ETA era lanzar una ofensiva en toda regla que cortase de raíz el proceso de paz.
La consecuencia inmediata, en cualquier caso, es que el pulso político sobre la forma jurídica de la participación electoral de la izquierda abertzale había quedado saldado a favor de mantener su ilegalización, como había venido exigiendo Rajoy antes del atentado. La movilización y preparación de la izquierda abertzale para las elecciones se cortó en seco. Como las campañas de solidaridad por las condiciones democráticas del proceso de paz, tanto en Euskal Herria como en el resto del Estado español. Y por si había alguna duda, el acto previsto el 6 de enero de apoyo a los presos vascos, organizado por el nuevo Movimiento pro Amnistía en el velódromo Anoeta de Donosti, era prohibido por la Audiencia Nacional y reprimido por la policía.
La falta de aviso formal previo del fin de la tregua por parte de ETA –a diferencia de ocasiones anteriores—, la sorpresa de la dirección de Batasuna, su reafirmación de la estrategia de Anoeta y su negativa a dar por concluido el diálogo con ETA y el proceso de paz en curso hasta ese momento, parecen apuntar en definitiva a que un sector de ETA ha sido incapaz de aguantar la tensión política de la negociación y ha cometido con este acto terrorista un grave error político.
La reacción del Gobierno y la campaña del PP
Las primeras reacciones por parte del Gobierno, más allá de la sorpresa, reflejaron en seguida el debate en curso sobre qué hacer tras el atentado.
Zapatero compareció pocos minutos después de hacerlo Otegi, confirmada la falta de condena formal por parte de Batasuna y su defensa del proceso. Tras constatar que “no se cumplen las condiciones de la resolución parlamentaria de mayo”, informó que había “ordenado suspender todas las iniciativas para desarrollar el diálogo” con ETA. Pero desde ese momento mantuvo una ambigüedad semántica sobre el proceso de paz, distinguiéndolo del fin de la violencia como condición previa para una nueva “aproximación del Gobierno al diálogo” con ETA. Esa ambigüedad aparece también recogida en el comunicado emitido al día siguiente por la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.
La ambigüedad, que parecía querer mantener un horizonte de esperanza para repensar el proceso de paz en las nuevas circunstancias políticas, fue inmediatamente detectada por el PP. Rajoy había comparecido ante los medios antes que Zapatero para exigir el fin del diálogo con ETA, la persecución de la izquierda abertzale y la completa sumisión del Gobierno al Pacto Antiterrorista PP-PSOE heredado del período Aznar, en los mismos términos que tras la reunión con Zapatero del 22 de diciembre. Pero después de la comparecencia de Zapatero, el portavoz de interior del PP, Astarloa, exigió una “declaración formal de ruptura” del proceso de paz, no su “suspensión”, y la autocrítica por la “manifiesto fracaso de su política antiterrorista”. Los medios de comunicación de la derecha inmediatamente recogieron la nueva línea de Astarloa.
Durante 48 horas, la ofensiva mediática del PP definió el marco de las posiciones del resto de las fuerzas políticas. El Gobierno Vasco, con el apoyo de los consejeros de las tres fuerzas políticas que lo componen, mantuvo no solo la ambigüedad, sino la necesidad política de mantener el proceso de paz. Aunque Ibarretxe era contradicho públicamente por Imaz, portavoz del PNV, que daba por acabado el proceso de paz, exigía la condena formal de Batasuna del atentado –haciéndose eco de la Ley de Partidos- y al fin del diálogo con ETA, de la que ya solo cabía esperar su disolución. Pocos días después se sumaba a esta postura Patxi Zabaleta, coordinador de Aralar, con mayor contundencia si cabe. Durán i Lleida, portavoz de CiU en Madrid, se ofreció como ministro, primero al PSOE, y después, al PP. ERC se alineó inicialmente con las tesis de Otegi, para aceptar después la disciplina del Tripartito catalán de apoyo incondicional a Zapatero. IU, con la mayoría de Llamazares apoyando a Zapatero, se encontró con posturas de algunos sectores del PCE que parecían añorar la estrategia de las “dos orillas”.
Esa ofensiva del PP vino acompañada de una crítica frontal a Rubalcaba y a su gestión del diálogo con ETA. ¿Cómo era posible que las fuerzas de seguridad no hubieran detectado nada, que las conclusiones de la reunión con ETA del 14 de diciembre hubieran sido tan distintas en sus previsiones de los hechos? Pepe Blanco, secretario de organización del PSOE, hacía frente –en ausencia de Zapatero y de la portavoz del Gobierno, Maria Teresa Fernández- a la ofensiva del PP, exigiendo unidad antiterrorista a todos los partidos y asegurando que las palabras de Zapatero no contenían ninguna ambigüedad en cuanto al fin del proceso de paz y sí la voluntad de autocrítica. Mientras se acumulaban las declaraciones y presiones de los barones territoriales del PSOE y de algunos ministros para una definición mas dura en el mismo sentido, en algún caso exigiendo la vuelta al consenso antiterrorista con el PP, como defendía el ex ministro de defensa Bono desde muchos meses antes.
Según distintos confidenciales de prensa, Rubalcaba exigió de Zapatero el fin de toda ambigüedad y compareció el 2 de enero para asegurar que la polémica alimentada por el PP era falsa, porque el proceso de paz, no solo el diálogo con ETA, estaba “roto, liquidado y acabado”. Que el martes 9 de enero comenzaría una ronda con todos los partidos políticos para conocer su posición ante la situación y sus propuestas para la política antiterrorista del Gobierno. Con ello tomaba directamente la iniciativa política frente al PP y trazaba las líneas generales de una estrategia antiterrorista más allá del Pacto Antiterrorista PP-PSOE, al abrirse al resto de los partidos políticos, incluidos los nacionalistas, sobre la que sustentar la política de represión selectiva sobre ETA –que nunca había cesado- y también un nuevo ciclo de represión de la izquierda abertzale, acorralada entre la kale borroka y la escisión.
La campaña del PP combinaba ya elementos extraparlamentarios -como la convocatoria de concentraciones por parte de la Asociación de Victimas del Terrorismo (AVT) en la perspectiva de una gran manifestación contra el Gobierno, y en las que reaparecieron grupos fascistas- con la agitación mediática. Pero abrió ahora un tercer frente, el parlamentario. Astarloa exigió de nuevo que fuera Zapatero quién diera personalmente por roto el proceso ante el pleno del Congreso de los Diputados, reunido de manera extraordinaria durante sus vacaciones. Al exigir el pleno y no la convocatoria de la Diputación Permanente, el PP estaba cuestionando directamente la legitimidad del Gobierno al exigir la aplicación de un artículo del reglamento previsto para casos de crisis institucional o guerra.
Zapatero, sin embargo, no reapareció hasta el día 4 de enero con su visita al lugar del atentado -donde seguían las tareas de búsqueda de una de las victimas bajo decenas de miles de toneladas de escombros-, para expresar en los términos más firmes su compromiso con el fin de la violencia y la consecución de paz, anunciar su comparecencia parlamentaria para construir el consenso de las fuerzas políticas y rechazar cualquier posibilidad de intimidación al Gobierno por parte de ETA. Pero no dijo nada más.
Soledad Gallego-Diaz, desde El País el día 5, resumía así las posiciones: “Parece evidente que siguen existiendo dos maneras de enfocar el fin de ETA. La que defiende el PP pretende alcanzar el fin de la violencia mediante la acción policial y judicial y exige cegar toda vía de diálogo. La estrategia de Zapatero ha sido otra, y probablemente seguirá siéndolo. El presidente sigue pensando, y trabajando, para lograr un fin dialogado de la violencia (…) Pero hace falta que explique a los ciudadanos por qué sigue en ese camino, aun sabiendo que no va a contar con el apoyo del PP, y que exponga las nuevas condiciones que exige a ETA y a Batasuna para ello”.
Un debate con cuatro posiciones
En realidad, en el debate político que estaba teniendo lugar, no había solo dos posiciones, sino al menos cuatro, con distintos matices en cada una de ellas.
La del PP cuenta con la ventaja de ser una continuación de la contraofensiva iniciada después del 14-M de 2004, incluidas las teorías conspiratorias sobre la participación de ETA en los atentados del 11-M, para deslegitimar al Gobierno Zapatero. El atentado daría la razón a la política antiterrorista definida por el Gobierno Aznar tras la ruptura de la tregua de 1999 y que se concretó en el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, la Ley de Partidos y la persecución judicial del conjunto de la izquierda abertzale a través de la doctrina Garzón. El Gobierno Zapatero debería ahora reconocer públicamente su error al alejarse de esta política abrfiendo un diálogo con ETA sin el consenso del PP. En realidad, el PP ha hecho del fracaso del proceso de paz el eje de su contraofensiva desde el 14-M, cercando al Gobierno e intentando limitar su margen de maniobra con una movilización extraparlamentaria, encabezada por la AVT, que ha sacado a la calle en Madrid a cientos de miles de personas en cinco ocasiones. La vía represiva y judicial contra la izquierda abertzale es a la vez su estrategia de acoso y derribo del Gobierno Zapatero. (Dentro de esta orientación están aquellos sectores del PSOE que siempre han condicionado cualquier política socialista en relación con el conflicto vasco a un consenso previo con el PP, dándole un derecho de veto en la práctica aunque sea en nombre de la eficacia. Y tras el atentado, han exigido, con Bono, “enseñar seria y democráticamente los dientes” a ETA o, de acuerdo con la doctrina Garzón, a ETA-Batasuna, demostrando una capacidad represiva igual o superior a la del PP para evitar el corrimiento de votos del centro hacia la derecha.)
La segunda gran opción es la que parece estar construyendo Rubalcaba. Una nueva política antiterrorista, en el sentido de que no espera contar con el consenso de un PP, que mantiene su dinámica de acoso y derribo del Gobierno Zapatero, pero si apoyada por el resto de las fuerzas políticas. Una política que en sus contenidos, como se ha encargado de subrayar Rubalcaba, implicaría la represión selectiva de ETA y la extensión de la judicialización del conflicto a toda la izquierda abertzale, sin grandes diferencias con la política antiterrorista del PP. La eficacia de esa acción represiva sería la garantía de la buena fe y capacidad del Gobierno. A esta postura parecen sumarse sectores tan dispares como Imaz del PNV o Zabaleta de Aralar, con la idea de que el aislamiento y derrota policial debe llevar a una autodisolución de ETA antes de cualquier legalización de la izquierda abertzale como sujeto político y única posible mediadora ya en temas como los presos. Patxo Unzueta daba cuerpo teórico a esta postura en El País el 4 de enero.
La tercera alternativa parece surgir de la ambigüedad calculada de Zapatero. Parte de un reconocimiento de que el atentado ha acabado con las condiciones institucionalizadas para el diálogo, pero se mantiene para un futuro no determinado un horizonte de proceso de paz que reivindique la línea seguida por el Gobierno hasta ahora. Aunque se haya hecho imposible la legalización de las candidaturas de la izquierda abertzale, no implica una nueva criminalización masiva de Batasuna y su entorno -contrarios mayoritariamente a la violencia según las encuestas-, para empujar definitivamente a una autonomía política de la izquierda abertzale respecto de ETA, de manera que más allá de la represión selectiva, sea este el precio político que tenga que pagar por la ruptura de la tregua. La deslegitimación como interlocutor de ETA no implicaría la de una nueva dirección autónoma de Batasuna. El horizonte de un proceso de paz se trasladaría así a una nueva legislatura.
Por último, la cuarta postura, defiende la necesidad de mantener el proceso de paz entendido como la creación de las condiciones políticas que lo hagan posible, el desarrollo de un movimiento social por la paz que articule un consenso para evitar retrocesos y bloqueos, y la adopción de medidas unilaterales, que incluyan la actividad legal democrática de la izquierda abertzale. Se trata en definitiva de evitar un nuevo ciclo de violencia-represión-violencia en Euskal Herria, que acabaría llevando de vuelta al PP al Gobierno central. Porque la experiencia ha demostrado que solo la deslegitimación política de la vía armada a través de alternativas democráticas, y no solo la represión policial, pueden superar las causas profundas de la existencia de organizaciones como ETA. La resolución democrática –dando la palabra a los ciudadanos— del conflicto nacional vasco debe ser el punto de partida para mantener una perspectiva de diálogo con ETA para su autodisolución. Como se ha demostrado, el mantenimiento en la ilegalidad de la izquierda abertzale refuerza el carácter incontrolable del aparato militar de ETA.
Se trata naturalmente de un esquema de posiciones, en una realidad cambiante de líneas no definidas, que contribuye y cambia con la correlación de fuerzas entre fuerzas políticas y la movilización de la opinión publica. El propio Zapatero, en sus conversaciones con los periodistas durante las celebraciones de la Pascua Militar el día 6, quiso cerrar la polémica semántica mantenida con Rubalcaba: “el proceso de paz tenía su fundamento en el diálogo y, por tanto, tras el atentado, llegó a su punto final”. Pero se reafirmó en la corrección de la orientación y metodología seguida por el Gobierno en el proceso de paz, definiendo el terreno de consenso en el PSOE. Su toma definitiva de posición se dará en la comparecencia el 15 de enero en el Congreso de los Diputados y en el debate que allí tenga lugar, el cual dejará sin duda marca para el resto de la legislatura y determinará el tono y el momento de las próximas elecciones generales.
La removilización de la izquierda
Durante la primera semana de enero, después del choque del atentado, el debate político ha sido un ejercicio de desconcierto, con una derecha volcada a la contraofensiva final contra el gobierno y unas izquierdas impotentes y sumidas en la pasividad. El resultado, en definitiva, de dos años y medio de gobierno minoritario del PSOE, en el que Zapatero ha intentado hacer una gestión “en frío” del mandato de cambio recibido el 14-M del 2004, apoyado en el impulso menguante del mayor ciclo de movilizaciones del post-franquismo de 2002-2004, mientras la derecha social y política se volcaba en una movilización extraparlamentaria e institucional sin precedentes.
La falta de iniciativa de la izquierda peso tanto como los escombros de la T-4 hasta el 5 de enero. Las primeras concentraciones de protesta en Madrid fueron convocadas separada pero paralelamente por la AVT y la Federación Española de Municipios y Provincias. La desventaja numérica de la izquierda en la segunda convocatoria acabó con intimidaciones por parte de piquetes de manifestantes de derechas, fascistas incluidos, ante la falta total de servicios de orden. El Foro Social de Madrid fue incapaz de encontrar el consenso para un comunicado llamando a la movilización. El peligro de desmoralización solo empezó a superarse cuando CC OO y UGT, con el apoyo posterior de IU y del PSOE, convocaron finalmente en Madrid una manifestación para el 13 de enero “por la paz y contra el terrorismo”, a la que se sumó la organización de emigrantes ecuatorianos que había previsto otra ese mismo día.
La bola de nieve de una cierta recomposición política de la izquierda frente a la contraofensiva del PP, empezó a hacerse sentir también en Cataluña a partir de la iniciativa de la Plataforma Aturem la Guerra, que había estado a la cabeza de las manifestaciones contra la guerra de Irak. Se constituyó la Plataforma “Sí al Procés de Pau” y se convocó otra manifestación de todas las fuerzas políticas para el 28 de enero. Montilla y el gobierno catalán de la Entesa se pusieron detrás de Zapatero.
Por su parte, el Gobierno vasco convocó directamente su propia manifestación también para el día 13 en Bilbao, “por la paz y el diálogo”, abriendo con el lema una polémica con el Partido Socialista de Euskadi y desatando el rechazo frontal del PP.
Los límites impuestos por la derecha
A la espera de la evolución de los acontecimientos, que estarán marcados por la movilización de la izquierda y el debate en el Congreso de los Diputados, los últimos días han vuelto a poner de manifiesto muchos de los problemas tácticos y estratégicos de las izquierdas en el Estado español que han comenzado a ser discutidas en Sin Permiso [véase: Búster I, Búster II, Búster III y Maurizio Matteuzzi].
El proceso de cambio social y político iniciado el 14-M del 2004 con la derrota de Aznar, tras el ciclo de luchas del 2002-2004, esta llegado a sus límites. En el terreno económico ha supuesto una continuación de las políticas neoliberales en muchos aspectos, matizados por un fuerte crecimiento económico y reformas para la extensión de prestaciones sociales gracias a la Ley de Dependencia. Pero el modelo económico sigue siendo prácticamente el mismo, basado en la construcción y el endeudamiento familiar, a pesar de no ser sostenible a medio plazo. La polarización de la renta nacional sigue perjudicando a los asalariados, que soportan el mayor índice de temporalidad de toda la UE, erosionando el voto de los sectores de centro, como han argumentando recientemente Toni Doménech y Daniel Raventós en El País el pasado 31 de diciembre.
El Gobierno Zapatero ha producido importantes avances en temas democráticos y de igualdad jurídica de los ciudadanos. Basta compararlo con el resto de los gobiernos de la UE en estos aspectos. Pero la estructura de un estado con distintas nacionalidades y la descentralización del gasto social hacia los gobiernos autonómicos ha vuelto a plantear con urgencia la mas importante de las cuestiones democráticas aun no resuelta, como es el modelo de estado. Es en este terreno de la reforma de los Estatutos de Autonomía, y del proceso de paz en Euskal Herria donde la correlación de fuerzas impuesta por la movilización de la derecha social y política tras el 14-M del 2004 ha impuesto unas “líneas rojas” que han frustrado el avance hacia un modelo federal de estado, avances democráticos mas importantes en la cuestión nacional y bloqueado el proceso de paz.
La falta de debate táctico y estratégico de cómo superarlas desde la izquierda para mantener y profundizar el cambio político y social iniciado en el 2004 es uno de los principales impedimentos. La gestión “en frío” del Gobierno Zapatero, con una izquierda social subordinada a acompañar institucionalmente las iniciativas parlamentarias de la izquierda política, no es capaz de superar los problemas de fondo que plantea la fuerte articulación social y política de la derecha después de los ocho años del periodo Aznar. Ha sido especialmente patente en los nueve meses del proceso de paz en Euskal Herria. De ahí la importancia política de los debates que están teniendo lugar y de la experiencia práctica que van a suponer para sectores significativos de la ciudadanía. Sin una política de izquierdas, claramente delimitada de las propuestas del PP -tanto en lo que se refiere al proceso de paz, como en relación con la estabilidad y seguridad laboral, la mejora perceptible del nivel de vida de la mayoría de la población tras años de perdida de poder adquisitivo-, no se podrá movilizar una mayoría social de izquierdas para ganar las elecciones y se abrirá el paso a una fuerte involución democrática con un gobierno del PP enfrentado los gobiernos de izquierdas autonómicos y dispuesto a asfixiarlos económicamente.
Pero todavía estamos a tiempo.
G. Buster
El 30 de diciembre ETA rompió su “alto el fuego permanente” con un coche bomba en la Terminal 4 del Aeropuerto de Madrid que causó importantes daños, decenas de heridos y dos muertos. Con este atentado se ponía fin a más de tres años sin victimas mortales y a nueve meses de lo que ha resultado ser solo una tregua en la actividad de ETA.
El proceso de paz en Euskal Herria se encontraba bloqueado y las encuestas del Gobierno vasco mostraban que el 64% de los ciudadanos vascos temía un atentado de ETA. Pero la bomba de la T-4 en Madrid pilló por sorpresa al Gobierno– “en un año estaremos mejor que hoy”, había dicho Zapatero el día antes tras el último consejo de ministros del año- y a la dirección de Batasuna, como reconoció abiertamente Joseba Alvarez en Radio Euskadi: “yo creo que eso no se lo esperaba nadie”.
De hecho, reinaba un cierto ambiente de optimismo después de que el Ministro Rubalcaba hubiese confirmado que representantes del Gobierno y de ETA se habían reunido el 14 de diciembre “con el objetivo de intentar desbloquear el proceso de paz”. El Gobierno habría podido “verificar la voluntad de ETA de mantener el alto el fuego”, según la prensa vasca, y Zapatero así se lo comunicó a Rajoy en su entrevista del 22 de diciembre. Es más, al parecer, Gobierno y ETA habían quedado para una nueva reunión a finales del mes de enero o comienzos de febrero.
La cuestión política clave era la participación de la izquierda abertzale en las elecciones municipales de marzo. Batasuna y el Gobierno mantenían un duro pulso sobre cómo se produciría la legalización de las candidaturas de la izquierda abertzale –o superándolo, o en el marco mismo de la Ley de Partidos heredada del Gobierno Aznar-, pero nadie dudaba, empezando por Batasuna, de que esa participación se produciría. Con ella, la izquierda abertzale se legitimaría como interlocutor político para la mesa de partidos que, junto a los contactos del Gobierno con ETA, constituía la segunda pata del proceso de paz.
El plazo para la presentación y legalización de las candidaturas de la izquierda abertzale hasta finales de febrero era por lo tanto el margen temporal para continuar con un duro tira y afloja negociador. Un pulso que incluía además otras condiciones para que el proceso pudiera seguir avanzando, simultánea o posteriormente, como el acercamiento de los presos, la situación de los macro-sumarios contra los medios de comunicación o los movimientos sociales ligados a la izquierda abertzale, la excarcelación de presos de ETA cumplidas legalmente sus penas (con la huelga de hambre de De Juana Chaos como espada de Damocles). Es decir, las condiciones para una actividad política democrática de la izquierda abertzale. Mientras tanto, ésta aumentaba la presión por su parte con una importante movilización social y un incremento de la kale borroka frente a lo que consideraba el bloqueo del proceso por un Gobierno que se jactaba públicamente de haber hecho menos concesiones que Aznar en su momento.
¿Por qué el atentado?
La cuestión es, por lo pronto: ¿por qué puso ETA la bomba el 30 de diciembre?
La primera respuesta de Arnaldo Otegi, portavoz de Batasuna, el mismo día 30 por la tarde, tras expresar su “solidaridad humana” con las victimas, fue que el proceso de paz “no esta roto y es más necesario que nunca”, y que era necesario “reconstruir las condiciones que permitan estabilizar de manera definitiva el proceso”. Acusó al Gobierno Zapatero de “no haber hecho un solo gesto en nueve meses de tregua”, pero que el atentado, “no nos retrotrae a un escenario anterior al 24 de marzo” (fecha de la declaración del “alto el fuego permanente” de ETA).
Las declaraciones de Otegi parecían responder ante todo a dos prioridades de la dirección de Batasuna: evitar una escisión en sus filas y una ruptura con ETA –y muy probablemente, una escisión en la propia ETA- cerrando filas, e intentar mantener el proceso sobre la base del ejemplo del proceso de paz irlandés. Lo primero, de ocurrir, suponía el fin del proceso mismo al desaparecer el interlocutor político de la izquierda abertzale; lo segundo, no dejaba de ser un intento desesperado de mantener la legitimidad como interlocutor de la propia ETA a partir de una analogía de imposible aplicación en el Estado español, dada la correlación de fuerzas impuesta por la movilización masiva y continua de la derecha social y política contra el proceso de paz.
Enseguida se hizo patente que, como había ocurrido en el primer proceso de paz alrededor de los contactos de Argel en 1989, el aparato militar se había acabado imponiendo a la dirección política de ETA. Bien para introducir el espectro de nuevas victimas mortales y la derrota electoral del PSOE como consecuencia, bien para cerrar el proceso de paz una vez más –como en el proceso de Argel en 1989 o el de Lizarra en 1999- constatado que implicaba un viaje sin retorno para la propia ETA en ausencia de un cambio cualitativo del marco político-estratégico de su lucha. Lo que el Barne Buletina de la organización había definido ya en marzo de 1993, al concluir el balance del primer proceso de paz, como el “síndrome de Argel”.
La analogía irlandesa, a la que parecían referirse las declaraciones iniciales de Otegi, era el atentado con un coche bomba en el barrio londinense de Docklands el 9 de febrero de 1996, que había roto la tregua del IRA de 1994, ocasionando dos muertos y cientos de heridos. Un boletín interno de ETA del 2001, al hacer balance del proceso irlandés, señalaba que ello había permitido más tarde llevar el proceso de paz a un nuevo escenario.
Los tres avisos de ETA previos al estallido del coche bomba en la T-4 de Madrid hacen suponer que su objetivo no era causar victimas mortales, sino graves daños materiales. La ausencia de victimas mortales había sido uno de los argumentos fuertes de Zapatero para solicitar del Congreso de los Diputados el apoyo para el diálogo con ETA en mayo del 2005 –su principal escudo institucional frente a la contraofensiva del PP. Pero como dijo Gaspar Llamazares, “quien juega con fuego, se acaba quemando”. La muerte de dos emigrantes ecuatorianos –paradigma de víctimas inocentes y ajenas al conflicto vasco- hacía imposible cualquier analogía irlandesa.
Por otra parte, los casi doscientos kilos de material explosivo abandonados en Atxondo por ETA alimentaban las tesis de quienes interesadamente defendían que el objetivo del nuevo sector dominante en ETA era lanzar una ofensiva en toda regla que cortase de raíz el proceso de paz.
La consecuencia inmediata, en cualquier caso, es que el pulso político sobre la forma jurídica de la participación electoral de la izquierda abertzale había quedado saldado a favor de mantener su ilegalización, como había venido exigiendo Rajoy antes del atentado. La movilización y preparación de la izquierda abertzale para las elecciones se cortó en seco. Como las campañas de solidaridad por las condiciones democráticas del proceso de paz, tanto en Euskal Herria como en el resto del Estado español. Y por si había alguna duda, el acto previsto el 6 de enero de apoyo a los presos vascos, organizado por el nuevo Movimiento pro Amnistía en el velódromo Anoeta de Donosti, era prohibido por la Audiencia Nacional y reprimido por la policía.
La falta de aviso formal previo del fin de la tregua por parte de ETA –a diferencia de ocasiones anteriores—, la sorpresa de la dirección de Batasuna, su reafirmación de la estrategia de Anoeta y su negativa a dar por concluido el diálogo con ETA y el proceso de paz en curso hasta ese momento, parecen apuntar en definitiva a que un sector de ETA ha sido incapaz de aguantar la tensión política de la negociación y ha cometido con este acto terrorista un grave error político.
La reacción del Gobierno y la campaña del PP
Las primeras reacciones por parte del Gobierno, más allá de la sorpresa, reflejaron en seguida el debate en curso sobre qué hacer tras el atentado.
Zapatero compareció pocos minutos después de hacerlo Otegi, confirmada la falta de condena formal por parte de Batasuna y su defensa del proceso. Tras constatar que “no se cumplen las condiciones de la resolución parlamentaria de mayo”, informó que había “ordenado suspender todas las iniciativas para desarrollar el diálogo” con ETA. Pero desde ese momento mantuvo una ambigüedad semántica sobre el proceso de paz, distinguiéndolo del fin de la violencia como condición previa para una nueva “aproximación del Gobierno al diálogo” con ETA. Esa ambigüedad aparece también recogida en el comunicado emitido al día siguiente por la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.
La ambigüedad, que parecía querer mantener un horizonte de esperanza para repensar el proceso de paz en las nuevas circunstancias políticas, fue inmediatamente detectada por el PP. Rajoy había comparecido ante los medios antes que Zapatero para exigir el fin del diálogo con ETA, la persecución de la izquierda abertzale y la completa sumisión del Gobierno al Pacto Antiterrorista PP-PSOE heredado del período Aznar, en los mismos términos que tras la reunión con Zapatero del 22 de diciembre. Pero después de la comparecencia de Zapatero, el portavoz de interior del PP, Astarloa, exigió una “declaración formal de ruptura” del proceso de paz, no su “suspensión”, y la autocrítica por la “manifiesto fracaso de su política antiterrorista”. Los medios de comunicación de la derecha inmediatamente recogieron la nueva línea de Astarloa.
Durante 48 horas, la ofensiva mediática del PP definió el marco de las posiciones del resto de las fuerzas políticas. El Gobierno Vasco, con el apoyo de los consejeros de las tres fuerzas políticas que lo componen, mantuvo no solo la ambigüedad, sino la necesidad política de mantener el proceso de paz. Aunque Ibarretxe era contradicho públicamente por Imaz, portavoz del PNV, que daba por acabado el proceso de paz, exigía la condena formal de Batasuna del atentado –haciéndose eco de la Ley de Partidos- y al fin del diálogo con ETA, de la que ya solo cabía esperar su disolución. Pocos días después se sumaba a esta postura Patxi Zabaleta, coordinador de Aralar, con mayor contundencia si cabe. Durán i Lleida, portavoz de CiU en Madrid, se ofreció como ministro, primero al PSOE, y después, al PP. ERC se alineó inicialmente con las tesis de Otegi, para aceptar después la disciplina del Tripartito catalán de apoyo incondicional a Zapatero. IU, con la mayoría de Llamazares apoyando a Zapatero, se encontró con posturas de algunos sectores del PCE que parecían añorar la estrategia de las “dos orillas”.
Esa ofensiva del PP vino acompañada de una crítica frontal a Rubalcaba y a su gestión del diálogo con ETA. ¿Cómo era posible que las fuerzas de seguridad no hubieran detectado nada, que las conclusiones de la reunión con ETA del 14 de diciembre hubieran sido tan distintas en sus previsiones de los hechos? Pepe Blanco, secretario de organización del PSOE, hacía frente –en ausencia de Zapatero y de la portavoz del Gobierno, Maria Teresa Fernández- a la ofensiva del PP, exigiendo unidad antiterrorista a todos los partidos y asegurando que las palabras de Zapatero no contenían ninguna ambigüedad en cuanto al fin del proceso de paz y sí la voluntad de autocrítica. Mientras se acumulaban las declaraciones y presiones de los barones territoriales del PSOE y de algunos ministros para una definición mas dura en el mismo sentido, en algún caso exigiendo la vuelta al consenso antiterrorista con el PP, como defendía el ex ministro de defensa Bono desde muchos meses antes.
Según distintos confidenciales de prensa, Rubalcaba exigió de Zapatero el fin de toda ambigüedad y compareció el 2 de enero para asegurar que la polémica alimentada por el PP era falsa, porque el proceso de paz, no solo el diálogo con ETA, estaba “roto, liquidado y acabado”. Que el martes 9 de enero comenzaría una ronda con todos los partidos políticos para conocer su posición ante la situación y sus propuestas para la política antiterrorista del Gobierno. Con ello tomaba directamente la iniciativa política frente al PP y trazaba las líneas generales de una estrategia antiterrorista más allá del Pacto Antiterrorista PP-PSOE, al abrirse al resto de los partidos políticos, incluidos los nacionalistas, sobre la que sustentar la política de represión selectiva sobre ETA –que nunca había cesado- y también un nuevo ciclo de represión de la izquierda abertzale, acorralada entre la kale borroka y la escisión.
La campaña del PP combinaba ya elementos extraparlamentarios -como la convocatoria de concentraciones por parte de la Asociación de Victimas del Terrorismo (AVT) en la perspectiva de una gran manifestación contra el Gobierno, y en las que reaparecieron grupos fascistas- con la agitación mediática. Pero abrió ahora un tercer frente, el parlamentario. Astarloa exigió de nuevo que fuera Zapatero quién diera personalmente por roto el proceso ante el pleno del Congreso de los Diputados, reunido de manera extraordinaria durante sus vacaciones. Al exigir el pleno y no la convocatoria de la Diputación Permanente, el PP estaba cuestionando directamente la legitimidad del Gobierno al exigir la aplicación de un artículo del reglamento previsto para casos de crisis institucional o guerra.
Zapatero, sin embargo, no reapareció hasta el día 4 de enero con su visita al lugar del atentado -donde seguían las tareas de búsqueda de una de las victimas bajo decenas de miles de toneladas de escombros-, para expresar en los términos más firmes su compromiso con el fin de la violencia y la consecución de paz, anunciar su comparecencia parlamentaria para construir el consenso de las fuerzas políticas y rechazar cualquier posibilidad de intimidación al Gobierno por parte de ETA. Pero no dijo nada más.
Soledad Gallego-Diaz, desde El País el día 5, resumía así las posiciones: “Parece evidente que siguen existiendo dos maneras de enfocar el fin de ETA. La que defiende el PP pretende alcanzar el fin de la violencia mediante la acción policial y judicial y exige cegar toda vía de diálogo. La estrategia de Zapatero ha sido otra, y probablemente seguirá siéndolo. El presidente sigue pensando, y trabajando, para lograr un fin dialogado de la violencia (…) Pero hace falta que explique a los ciudadanos por qué sigue en ese camino, aun sabiendo que no va a contar con el apoyo del PP, y que exponga las nuevas condiciones que exige a ETA y a Batasuna para ello”.
Un debate con cuatro posiciones
En realidad, en el debate político que estaba teniendo lugar, no había solo dos posiciones, sino al menos cuatro, con distintos matices en cada una de ellas.
La del PP cuenta con la ventaja de ser una continuación de la contraofensiva iniciada después del 14-M de 2004, incluidas las teorías conspiratorias sobre la participación de ETA en los atentados del 11-M, para deslegitimar al Gobierno Zapatero. El atentado daría la razón a la política antiterrorista definida por el Gobierno Aznar tras la ruptura de la tregua de 1999 y que se concretó en el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, la Ley de Partidos y la persecución judicial del conjunto de la izquierda abertzale a través de la doctrina Garzón. El Gobierno Zapatero debería ahora reconocer públicamente su error al alejarse de esta política abrfiendo un diálogo con ETA sin el consenso del PP. En realidad, el PP ha hecho del fracaso del proceso de paz el eje de su contraofensiva desde el 14-M, cercando al Gobierno e intentando limitar su margen de maniobra con una movilización extraparlamentaria, encabezada por la AVT, que ha sacado a la calle en Madrid a cientos de miles de personas en cinco ocasiones. La vía represiva y judicial contra la izquierda abertzale es a la vez su estrategia de acoso y derribo del Gobierno Zapatero. (Dentro de esta orientación están aquellos sectores del PSOE que siempre han condicionado cualquier política socialista en relación con el conflicto vasco a un consenso previo con el PP, dándole un derecho de veto en la práctica aunque sea en nombre de la eficacia. Y tras el atentado, han exigido, con Bono, “enseñar seria y democráticamente los dientes” a ETA o, de acuerdo con la doctrina Garzón, a ETA-Batasuna, demostrando una capacidad represiva igual o superior a la del PP para evitar el corrimiento de votos del centro hacia la derecha.)
La segunda gran opción es la que parece estar construyendo Rubalcaba. Una nueva política antiterrorista, en el sentido de que no espera contar con el consenso de un PP, que mantiene su dinámica de acoso y derribo del Gobierno Zapatero, pero si apoyada por el resto de las fuerzas políticas. Una política que en sus contenidos, como se ha encargado de subrayar Rubalcaba, implicaría la represión selectiva de ETA y la extensión de la judicialización del conflicto a toda la izquierda abertzale, sin grandes diferencias con la política antiterrorista del PP. La eficacia de esa acción represiva sería la garantía de la buena fe y capacidad del Gobierno. A esta postura parecen sumarse sectores tan dispares como Imaz del PNV o Zabaleta de Aralar, con la idea de que el aislamiento y derrota policial debe llevar a una autodisolución de ETA antes de cualquier legalización de la izquierda abertzale como sujeto político y única posible mediadora ya en temas como los presos. Patxo Unzueta daba cuerpo teórico a esta postura en El País el 4 de enero.
La tercera alternativa parece surgir de la ambigüedad calculada de Zapatero. Parte de un reconocimiento de que el atentado ha acabado con las condiciones institucionalizadas para el diálogo, pero se mantiene para un futuro no determinado un horizonte de proceso de paz que reivindique la línea seguida por el Gobierno hasta ahora. Aunque se haya hecho imposible la legalización de las candidaturas de la izquierda abertzale, no implica una nueva criminalización masiva de Batasuna y su entorno -contrarios mayoritariamente a la violencia según las encuestas-, para empujar definitivamente a una autonomía política de la izquierda abertzale respecto de ETA, de manera que más allá de la represión selectiva, sea este el precio político que tenga que pagar por la ruptura de la tregua. La deslegitimación como interlocutor de ETA no implicaría la de una nueva dirección autónoma de Batasuna. El horizonte de un proceso de paz se trasladaría así a una nueva legislatura.
Por último, la cuarta postura, defiende la necesidad de mantener el proceso de paz entendido como la creación de las condiciones políticas que lo hagan posible, el desarrollo de un movimiento social por la paz que articule un consenso para evitar retrocesos y bloqueos, y la adopción de medidas unilaterales, que incluyan la actividad legal democrática de la izquierda abertzale. Se trata en definitiva de evitar un nuevo ciclo de violencia-represión-violencia en Euskal Herria, que acabaría llevando de vuelta al PP al Gobierno central. Porque la experiencia ha demostrado que solo la deslegitimación política de la vía armada a través de alternativas democráticas, y no solo la represión policial, pueden superar las causas profundas de la existencia de organizaciones como ETA. La resolución democrática –dando la palabra a los ciudadanos— del conflicto nacional vasco debe ser el punto de partida para mantener una perspectiva de diálogo con ETA para su autodisolución. Como se ha demostrado, el mantenimiento en la ilegalidad de la izquierda abertzale refuerza el carácter incontrolable del aparato militar de ETA.
Se trata naturalmente de un esquema de posiciones, en una realidad cambiante de líneas no definidas, que contribuye y cambia con la correlación de fuerzas entre fuerzas políticas y la movilización de la opinión publica. El propio Zapatero, en sus conversaciones con los periodistas durante las celebraciones de la Pascua Militar el día 6, quiso cerrar la polémica semántica mantenida con Rubalcaba: “el proceso de paz tenía su fundamento en el diálogo y, por tanto, tras el atentado, llegó a su punto final”. Pero se reafirmó en la corrección de la orientación y metodología seguida por el Gobierno en el proceso de paz, definiendo el terreno de consenso en el PSOE. Su toma definitiva de posición se dará en la comparecencia el 15 de enero en el Congreso de los Diputados y en el debate que allí tenga lugar, el cual dejará sin duda marca para el resto de la legislatura y determinará el tono y el momento de las próximas elecciones generales.
La removilización de la izquierda
Durante la primera semana de enero, después del choque del atentado, el debate político ha sido un ejercicio de desconcierto, con una derecha volcada a la contraofensiva final contra el gobierno y unas izquierdas impotentes y sumidas en la pasividad. El resultado, en definitiva, de dos años y medio de gobierno minoritario del PSOE, en el que Zapatero ha intentado hacer una gestión “en frío” del mandato de cambio recibido el 14-M del 2004, apoyado en el impulso menguante del mayor ciclo de movilizaciones del post-franquismo de 2002-2004, mientras la derecha social y política se volcaba en una movilización extraparlamentaria e institucional sin precedentes.
La falta de iniciativa de la izquierda peso tanto como los escombros de la T-4 hasta el 5 de enero. Las primeras concentraciones de protesta en Madrid fueron convocadas separada pero paralelamente por la AVT y la Federación Española de Municipios y Provincias. La desventaja numérica de la izquierda en la segunda convocatoria acabó con intimidaciones por parte de piquetes de manifestantes de derechas, fascistas incluidos, ante la falta total de servicios de orden. El Foro Social de Madrid fue incapaz de encontrar el consenso para un comunicado llamando a la movilización. El peligro de desmoralización solo empezó a superarse cuando CC OO y UGT, con el apoyo posterior de IU y del PSOE, convocaron finalmente en Madrid una manifestación para el 13 de enero “por la paz y contra el terrorismo”, a la que se sumó la organización de emigrantes ecuatorianos que había previsto otra ese mismo día.
La bola de nieve de una cierta recomposición política de la izquierda frente a la contraofensiva del PP, empezó a hacerse sentir también en Cataluña a partir de la iniciativa de la Plataforma Aturem la Guerra, que había estado a la cabeza de las manifestaciones contra la guerra de Irak. Se constituyó la Plataforma “Sí al Procés de Pau” y se convocó otra manifestación de todas las fuerzas políticas para el 28 de enero. Montilla y el gobierno catalán de la Entesa se pusieron detrás de Zapatero.
Por su parte, el Gobierno vasco convocó directamente su propia manifestación también para el día 13 en Bilbao, “por la paz y el diálogo”, abriendo con el lema una polémica con el Partido Socialista de Euskadi y desatando el rechazo frontal del PP.
Los límites impuestos por la derecha
A la espera de la evolución de los acontecimientos, que estarán marcados por la movilización de la izquierda y el debate en el Congreso de los Diputados, los últimos días han vuelto a poner de manifiesto muchos de los problemas tácticos y estratégicos de las izquierdas en el Estado español que han comenzado a ser discutidas en Sin Permiso [véase: Búster I, Búster II, Búster III y Maurizio Matteuzzi].
El proceso de cambio social y político iniciado el 14-M del 2004 con la derrota de Aznar, tras el ciclo de luchas del 2002-2004, esta llegado a sus límites. En el terreno económico ha supuesto una continuación de las políticas neoliberales en muchos aspectos, matizados por un fuerte crecimiento económico y reformas para la extensión de prestaciones sociales gracias a la Ley de Dependencia. Pero el modelo económico sigue siendo prácticamente el mismo, basado en la construcción y el endeudamiento familiar, a pesar de no ser sostenible a medio plazo. La polarización de la renta nacional sigue perjudicando a los asalariados, que soportan el mayor índice de temporalidad de toda la UE, erosionando el voto de los sectores de centro, como han argumentando recientemente Toni Doménech y Daniel Raventós en El País el pasado 31 de diciembre.
El Gobierno Zapatero ha producido importantes avances en temas democráticos y de igualdad jurídica de los ciudadanos. Basta compararlo con el resto de los gobiernos de la UE en estos aspectos. Pero la estructura de un estado con distintas nacionalidades y la descentralización del gasto social hacia los gobiernos autonómicos ha vuelto a plantear con urgencia la mas importante de las cuestiones democráticas aun no resuelta, como es el modelo de estado. Es en este terreno de la reforma de los Estatutos de Autonomía, y del proceso de paz en Euskal Herria donde la correlación de fuerzas impuesta por la movilización de la derecha social y política tras el 14-M del 2004 ha impuesto unas “líneas rojas” que han frustrado el avance hacia un modelo federal de estado, avances democráticos mas importantes en la cuestión nacional y bloqueado el proceso de paz.
La falta de debate táctico y estratégico de cómo superarlas desde la izquierda para mantener y profundizar el cambio político y social iniciado en el 2004 es uno de los principales impedimentos. La gestión “en frío” del Gobierno Zapatero, con una izquierda social subordinada a acompañar institucionalmente las iniciativas parlamentarias de la izquierda política, no es capaz de superar los problemas de fondo que plantea la fuerte articulación social y política de la derecha después de los ocho años del periodo Aznar. Ha sido especialmente patente en los nueve meses del proceso de paz en Euskal Herria. De ahí la importancia política de los debates que están teniendo lugar y de la experiencia práctica que van a suponer para sectores significativos de la ciudadanía. Sin una política de izquierdas, claramente delimitada de las propuestas del PP -tanto en lo que se refiere al proceso de paz, como en relación con la estabilidad y seguridad laboral, la mejora perceptible del nivel de vida de la mayoría de la población tras años de perdida de poder adquisitivo-, no se podrá movilizar una mayoría social de izquierdas para ganar las elecciones y se abrirá el paso a una fuerte involución democrática con un gobierno del PP enfrentado los gobiernos de izquierdas autonómicos y dispuesto a asfixiarlos económicamente.
Pero todavía estamos a tiempo.
ETA rompe el “alto el fuego”
G. Buster
El 30 de diciembre, un coche bomba reivindicado por ETA puso fin a nueve meses de “alto el fuego” unilateral. Debajo de 40.000 toneladas de cemento quedaban los cuerpos de dos emigrantes ecuatorianos y las condiciones políticas del proceso de paz en Euskal Herria. La cuestión prioritaria de la izquierda es ahora desescombrar el proceso de paz y recuperar una iniciativa política que quiere arrebatarle la derecha del PP, con la colaboración inestimable de sectores del propio PSOE.
Un proceso bloqueado
Las señales del bloqueo del proceso de paz han sido numerosas durante los meses de noviembre y diciembre. Otegi y Permach, dirigentes de Batasuna, declararon formalmente que “la represión y el acoso a la izquierda abertzale” hacían imposible un “diálogo político multilateral”. La kale borroka volvió a aparecer con ataques a sedes del PSE, mientras la represión judicial se acentuaba. ETA por su parte robó 350 armas en Francia en octubre. El PP volvía a sacar a más de 100.000 personas a la calle contra el proceso de paz. Mientras que la movilización a favor de las condiciones del proceso en Euskadi empezaban a encontrar algún eco de solidaridad en la izquierda de Madrid y Barcelona.
A pesar de este bloqueo político, cuyo nudo gordiano ha sido la situación de ilegalidad de Batasuna como consecuencia de la Ley de Partidos y la incapacidad del Gobierno Zapatero de romper las “líneas rojas” heredadas de la política antiterrorista del PP, tanto la izquierda abertzale como Zapatero reiteraron su voluntad de mantener vivo y abierto el proceso de paz. Aunque la evolución de la huelga de hambre de De Juana Chaos pendía sobre él como una espada de Damocles.
Así lo exigía la opinión pública vasca, como recogían distintas encuestas, y parecía corresponder a los intereses políticos últimos del PSOE - a quién un atentado de ETA le pondría a los pies del PP y en riesgo de perder las elecciones- y de la izquierda abertzale, que es bien consciente del precio político pagado por el fracaso de los dos proceso de paz anteriores.
Cuando Rubalcaba informó que el día 14 de diciembre se habían reunido emisarios del Gobierno y de ETA y que se había podido constatar la voluntad de mantener el “alto el fuego” por parte de ETA, la etapa de bloqueo parecía superada. Aunque fuese ganando tiempo hasta finales de febrero, cuando se cierre el plazo para la presentación de candidaturas municipales y se supiera definitivamente si la izquierda abertzale puede reintegrarse a las instituciones políticas como un actor reconocido.
Fin del “alto el fuego”...¿fin del proceso de paz?
Que menos de dos semanas después ocurriese el atentado de Madrid, de gran violencia destructora y causando heridos y muertos, pilló al Gobierno por sorpresa. La noche antes Zapatero había hecho un balance del 2006 lleno de optimismo, asegurando que la situación del proceso de paz sería mucho mejor al acabar el 2007. Otra cuestión es hasta que punto pilló también por sorpresa a la dirección de Batasuna –volcada desde hace meses en la movilización social con el horizonte de las municipales- y si la dirección política de ETA no se había visto desbordada una vez más por el aparato militar para cortar las expectativas reavivadas tras la reunión del 14 de diciembre.
La intervención de Otegi para solidarizarse con las victimas y proclamar que, por su parte, las perspectivas del proceso de paz seguían abiertas, se mantuvo dentro de las “líneas de solidaridad” de la izquierda abertzale con ETA. En medio del desastre político que implicaba el atentado para la campaña de movilización de Batasuna -que cortaba en seco- las declaraciones de Otegi parecían priorizar evitar una escisión política en ETA o entre esta y la izquierda abertzale, manteniendo su papel de responsable público del sujeto político interlocutor de la izquierda abertzale.
Zapatero por su parte, acosado por las declaraciones y la convocatoria de movilizaciones del PP y de sectores importantes del propio PSOE, constató que las condiciones de ausencia de violencia requeridas en el mandato parlamentario de mayo del 2005 para el dialogo Gobierno-ETA no se daban ya. Pero evitó cuidadosamente referirse al conjunto del proceso de paz. Pero cualquiera que fueran sus intenciones, veinticuatro horas después, Rubalcaba y Pepe Blanco se encargaban de aclarar que el propio proceso de paz estaba no solo enterrado sino muerto como los dos emigrantes ecuatorianos desaparecidos.
La izquierda necesita un horizonte político de paz
En realidad, si un sector de ETA ha demostrado ser incapaz de aguantar la tensión política del propio proceso ante la falta de movimientos del Gobierno en temas como la legalización de Batasuna o la situación de los presos, otro tanto parece en el PSOE ante la campaña de acoso y derribo del PP, recogida y sostenida dentro del propio aparato socialista por los barones territoriales y algunos ministros, cuya única política parece ser darle a la derecha postfranquista un poder de veto sobre sus propias actuaciones.
Sin embargo, el único horizonte político para la izquierda -si no quiere que la desmovilización y la abstención de sus votantes le den en unas elecciones anticipadas de nuevo el Gobierno al PP- es recuperar el proceso de paz, sacarlo de debajo de los escombros y volver a crear las condiciones para su desarrollo. Ese convencimiento profundo, que por otra parte parece estar latente en los distintos electorados de las izquierdas, inevitablemente ira acompañado de la experiencia de que el proceso de paz es demasiado importante para dejarlo exclusivamente en manos del Gobierno y de ETA, o incluso de los partidos políticos institucionales. Que es necesario un tercer componente que cobre protagonismo, un movimiento por la paz lo suficientemente fuerte y enraizado socialmente en Euskal Herria y en el resto del Estado español como para imponer frente a la derecha y los intereses cuyunturales de unos y de otros, sus propias “líneas rojas” que hagan imposibles bloqueos y atentados como los que hemos sufrido.
Con solo un cuarto de la legislatura por delante, es una perspectiva difícil. Pero es la única que puede evitar que la acumulación de las consecuencias negativas del fracaso actual del proceso de paz se acumulen en un “círculo vicioso” que acabe llevando al PP al Gobierno y abriendo una nueva dinámica de violencia y represión en Euskal Herria. Es fundamental defender esta perspectiva desde todas las izquierdas sociales y políticas del estado. Es en estos momentos de crisis cuando la izquierda debe tener una alternativa global, independiente de la derecha, y su propio proyecto de cambio social y político, que no podrá darse sin que tenga éxito un proceso de paz democrático en Euskal Herria.
G. Buster
El 30 de diciembre, un coche bomba reivindicado por ETA puso fin a nueve meses de “alto el fuego” unilateral. Debajo de 40.000 toneladas de cemento quedaban los cuerpos de dos emigrantes ecuatorianos y las condiciones políticas del proceso de paz en Euskal Herria. La cuestión prioritaria de la izquierda es ahora desescombrar el proceso de paz y recuperar una iniciativa política que quiere arrebatarle la derecha del PP, con la colaboración inestimable de sectores del propio PSOE.
Un proceso bloqueado
Las señales del bloqueo del proceso de paz han sido numerosas durante los meses de noviembre y diciembre. Otegi y Permach, dirigentes de Batasuna, declararon formalmente que “la represión y el acoso a la izquierda abertzale” hacían imposible un “diálogo político multilateral”. La kale borroka volvió a aparecer con ataques a sedes del PSE, mientras la represión judicial se acentuaba. ETA por su parte robó 350 armas en Francia en octubre. El PP volvía a sacar a más de 100.000 personas a la calle contra el proceso de paz. Mientras que la movilización a favor de las condiciones del proceso en Euskadi empezaban a encontrar algún eco de solidaridad en la izquierda de Madrid y Barcelona.
A pesar de este bloqueo político, cuyo nudo gordiano ha sido la situación de ilegalidad de Batasuna como consecuencia de la Ley de Partidos y la incapacidad del Gobierno Zapatero de romper las “líneas rojas” heredadas de la política antiterrorista del PP, tanto la izquierda abertzale como Zapatero reiteraron su voluntad de mantener vivo y abierto el proceso de paz. Aunque la evolución de la huelga de hambre de De Juana Chaos pendía sobre él como una espada de Damocles.
Así lo exigía la opinión pública vasca, como recogían distintas encuestas, y parecía corresponder a los intereses políticos últimos del PSOE - a quién un atentado de ETA le pondría a los pies del PP y en riesgo de perder las elecciones- y de la izquierda abertzale, que es bien consciente del precio político pagado por el fracaso de los dos proceso de paz anteriores.
Cuando Rubalcaba informó que el día 14 de diciembre se habían reunido emisarios del Gobierno y de ETA y que se había podido constatar la voluntad de mantener el “alto el fuego” por parte de ETA, la etapa de bloqueo parecía superada. Aunque fuese ganando tiempo hasta finales de febrero, cuando se cierre el plazo para la presentación de candidaturas municipales y se supiera definitivamente si la izquierda abertzale puede reintegrarse a las instituciones políticas como un actor reconocido.
Fin del “alto el fuego”...¿fin del proceso de paz?
Que menos de dos semanas después ocurriese el atentado de Madrid, de gran violencia destructora y causando heridos y muertos, pilló al Gobierno por sorpresa. La noche antes Zapatero había hecho un balance del 2006 lleno de optimismo, asegurando que la situación del proceso de paz sería mucho mejor al acabar el 2007. Otra cuestión es hasta que punto pilló también por sorpresa a la dirección de Batasuna –volcada desde hace meses en la movilización social con el horizonte de las municipales- y si la dirección política de ETA no se había visto desbordada una vez más por el aparato militar para cortar las expectativas reavivadas tras la reunión del 14 de diciembre.
La intervención de Otegi para solidarizarse con las victimas y proclamar que, por su parte, las perspectivas del proceso de paz seguían abiertas, se mantuvo dentro de las “líneas de solidaridad” de la izquierda abertzale con ETA. En medio del desastre político que implicaba el atentado para la campaña de movilización de Batasuna -que cortaba en seco- las declaraciones de Otegi parecían priorizar evitar una escisión política en ETA o entre esta y la izquierda abertzale, manteniendo su papel de responsable público del sujeto político interlocutor de la izquierda abertzale.
Zapatero por su parte, acosado por las declaraciones y la convocatoria de movilizaciones del PP y de sectores importantes del propio PSOE, constató que las condiciones de ausencia de violencia requeridas en el mandato parlamentario de mayo del 2005 para el dialogo Gobierno-ETA no se daban ya. Pero evitó cuidadosamente referirse al conjunto del proceso de paz. Pero cualquiera que fueran sus intenciones, veinticuatro horas después, Rubalcaba y Pepe Blanco se encargaban de aclarar que el propio proceso de paz estaba no solo enterrado sino muerto como los dos emigrantes ecuatorianos desaparecidos.
La izquierda necesita un horizonte político de paz
En realidad, si un sector de ETA ha demostrado ser incapaz de aguantar la tensión política del propio proceso ante la falta de movimientos del Gobierno en temas como la legalización de Batasuna o la situación de los presos, otro tanto parece en el PSOE ante la campaña de acoso y derribo del PP, recogida y sostenida dentro del propio aparato socialista por los barones territoriales y algunos ministros, cuya única política parece ser darle a la derecha postfranquista un poder de veto sobre sus propias actuaciones.
Sin embargo, el único horizonte político para la izquierda -si no quiere que la desmovilización y la abstención de sus votantes le den en unas elecciones anticipadas de nuevo el Gobierno al PP- es recuperar el proceso de paz, sacarlo de debajo de los escombros y volver a crear las condiciones para su desarrollo. Ese convencimiento profundo, que por otra parte parece estar latente en los distintos electorados de las izquierdas, inevitablemente ira acompañado de la experiencia de que el proceso de paz es demasiado importante para dejarlo exclusivamente en manos del Gobierno y de ETA, o incluso de los partidos políticos institucionales. Que es necesario un tercer componente que cobre protagonismo, un movimiento por la paz lo suficientemente fuerte y enraizado socialmente en Euskal Herria y en el resto del Estado español como para imponer frente a la derecha y los intereses cuyunturales de unos y de otros, sus propias “líneas rojas” que hagan imposibles bloqueos y atentados como los que hemos sufrido.
Con solo un cuarto de la legislatura por delante, es una perspectiva difícil. Pero es la única que puede evitar que la acumulación de las consecuencias negativas del fracaso actual del proceso de paz se acumulen en un “círculo vicioso” que acabe llevando al PP al Gobierno y abriendo una nueva dinámica de violencia y represión en Euskal Herria. Es fundamental defender esta perspectiva desde todas las izquierdas sociales y políticas del estado. Es en estos momentos de crisis cuando la izquierda debe tener una alternativa global, independiente de la derecha, y su propio proyecto de cambio social y político, que no podrá darse sin que tenga éxito un proceso de paz democrático en Euskal Herria.