El programa 'En Portada' de TVE ha puesto en Internet el magnifico documental: EL ORDEN CRIMINAL DEL MUNDO, en el que algunos intelectuales describen lo que está pasando en nuestra sociedad, en el que el modelo socio-económico que algunos han impuesto nos lleva irremisiblemente a la autodestrucción y por tanto desaparición de nuestra especie sobre el planeta y acaso arrastramos también al resto de los seres vivos. Si esto no se frena nuestro destino está definitivamente marcado, el problema es que cuanto más tiempo tardemos en frenarlo la probabilidad de que esto ocurra aumenta.
Videos (desde RTVE):
El orden criminal del mundo I:
El orden criminal del mundo II:
El orden criminal del mundo III:
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Muchos de nosotros hemos visto el video ATTAC aux PARADIS, basado en las extraordinarias investigaciones del periodista DENIS ROBERT, que descubrió al mundo la terrible realidad de CLEARSTREAM.
Ahora Dénis se enfrenta a una querella, cuya vista tendrá lugar los próximos 14 y 15 de diciembre.
Como ya hemos hecho más de doce mil ciudadanos europeos, os invitamos a entrar en el enlace:
Para Firmar
donde podéis firmar para dar soporte a Robert, en su lucha a modo de "David contra el gigante Goliath", gigante que representa
al Poder financiero global, asociado (en el entramado secreto luxemburgués de Clearstream) a las redes mafiosas mundiales, los paraisos fiscales y la corrupción generalizada.
Clearstream, ese "gran notario del mundo", representa el eslabón secreto telemático entre la red mundial de bancos y el mundo
del dienro negro, los traficos de todo tipo y la criminalidad financiera global.
Todos debemos a Dénis el mérito y el favor de habernos descubierto su existencia.
Que no esté solo en este juicio.
La libertad de pensar y de escribir es un valor fundamental que prima sobre los intereses bancarios del Gran Ducado.
¡¡¡TODOS SOMOS DENIS ROBERT!!!
Ahora Dénis se enfrenta a una querella, cuya vista tendrá lugar los próximos 14 y 15 de diciembre.
Como ya hemos hecho más de doce mil ciudadanos europeos, os invitamos a entrar en el enlace:
Para Firmar
donde podéis firmar para dar soporte a Robert, en su lucha a modo de "David contra el gigante Goliath", gigante que representa
al Poder financiero global, asociado (en el entramado secreto luxemburgués de Clearstream) a las redes mafiosas mundiales, los paraisos fiscales y la corrupción generalizada.
Clearstream, ese "gran notario del mundo", representa el eslabón secreto telemático entre la red mundial de bancos y el mundo
del dienro negro, los traficos de todo tipo y la criminalidad financiera global.
Todos debemos a Dénis el mérito y el favor de habernos descubierto su existencia.
Que no esté solo en este juicio.
La libertad de pensar y de escribir es un valor fundamental que prima sobre los intereses bancarios del Gran Ducado.
¡¡¡TODOS SOMOS DENIS ROBERT!!!
COMUNICADO DE ATTAC-ESPAÑA SOBRE LA APROBACIÓN DE LA DIRECTIVA DE SERVICIOS EN EL MERCADO INTERIOR DE LA UNIÓN : CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA.
Desgraciadamente se han cumplido los peores vaticinios y el Parlamento Europeo (PE), en votación celebrada el pasado 15 de noviembre y contando con la valiosa colaboración de los europarlamentarios españoles del grupo “socialista “, ha aprobado de manera definitiva un texto de Directiva de Servicios que recoge todas las propuesta formuladas por el Consejo de Ministros de la UE en el pasado mes de julio y que representa un claro retroceso sobre lo aprobado en el PE en la primera votación de febrero.
Esta desafortunada decisión del PE - fruto de la alianza entre los grupos popular, socialista y liberal, y en contra de la opinión de los grupos de los Verdes e Izquierda Unitaria Europea – se toma después de que la Comisión y el Consejo rechazaran considerar las 43 enmiendas formuladas por el Comité de mercado interior y protección de los consumidores del PE que pretendían restablecer el texto tal y como el parlamento lo había votado en la primera lectura y suprimir una serie de ambigüedades creadas por la Comisión que había hecho una serie de "interpretaciones" restrictivas de lo allí votado.
Ante esa negativa, que hubiera podido llevar a un proceso de conciliación para la adopción de un texto que satisficiera a ambas partes, el PE ha optado por rendirse ante el Consejo y la Comisión (que representan fielmente los intereses de los grandes grupos financieros e industriales europeos) y aceptar una Directiva de carácter marcadamente liberalizadora de los servicios en la UE; en la que, entre otras cosas, se limitan los "servicios sociales" excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva y se supeditan el derecho laboral a nivel nacional y los derechos fundamentales al respeto del derecho comunitario ,condicionados estos derechos fundamentales a lo que en la jerga europea se conoce como "las cuatro libertades fundamentales": libertad de establecimiento y de circulación de personas, bienes, capitales y servicios. Esto es una forma de introducir subrepticiamente el espíritu y la letra contenida en el Tratado Constitucional Europeo y confirma la premonición del ex-comisario Bolkestein que, ante el No del referéndum francés, anunció, sin pudor alguno, que esto no paralizaría en absoluto el camino actual de las políticas europeas. Por todo ello, la aprobación de la directiva “Bolkestein” constituye una verdadera agresión contra los derechos fundamentales tal y como fueron consagrados en las constituciones y legislaciones nacionales.
Estas modificaciones se añaden a otros peligros que el texto originariamente aprobado por el PE ya conllevaba, y que se mantienen, en lo relativo a :
- los trabajadores independientes o autónomos, a los que se podrá aplicar el “principio del país de origen”
- los Servicios Públicos (SSPP) de sectores de alta tecnología o en áreas técnicamente poco desarrolladas , que podrán ser privatizado forzosamente
- el poder de regulación de los SSPP en las administraciones publicas, que se verán en la practica imposibilidad de llevar a cabo “pruebas de necesidad económica” previas a la implantación de nuevos servicios, lo que deja a las “libres fuerzas del mercado” la decisión final sobre la organización y distribución territorial de los SSPP
Asimismo se asigna a la Comisión Europea un derecho de fiscalización desmesurado sobre la obligada transposición de la directiva a las legislaciones nacionales a realizar antes del 2010, y se otorga al Tribunal de Justicia Europeo un papel relevante a la hora de interpretar las posibles violaciones de esta directiva (de calculada ambigüedad) por parte de los estados miembros, organismos ambos de talante claramente neoliberal y no sujetos a ningún tipo de control democrático. Esto significa que una cuota del poder de la regulación de los SSPP pasa desde los parlamentos elegidos democráticamente a unos organismos técnico-jurídicos, supuestamente neutrales pero en la practica muy atentos a los intereses de las empresas.
La aprobación de esta directiva, acogida con gran satisfacción, entre otros, por el Presidente del PE, José Borrell, y el sindicato CCOO, contribuirá a ahondar el proceso de liberalización de las políticas europeas, lo que suscitó el rechazo popular de algunos países en el referéndum sobre el Tratado constitucional (TCE) que tuvo lugar en mayo de 2005 .Como ha manifestado el presidente de la Izquierda Unida Europea, por encima de la cuestión de los servicios está el concepto mismo de la integración europea de decidir si deseamos un marco legal que armonice al alza nuestra legislación de protección social o más bien aceptamos que esta armonización se lleve a cabo por las reglas de la competencia y del mercado que lo harán irremediablemente a la baja
Supone asimismo un nuevo deterioro de la legitimidad democrática de la institución europea, dado que la postura adoptada finalmente por los representantes de la ciudadanía europea no responde a las peticiones y reivindicaciones de esta ciudadanía, que reclaman cada vez más una Europa social y solidaria, como se puso de manifiesto en las masivas movilizaciones sociales y políticas europeas que tuvieron lugar a principios de año 2006 y que llevaron al PE a retirar originalmente algunos de los aspectos más liberales de la Directiva . Sobre esta cuestión se plantea si deseamos promover una democracia europea parlamentaria y orientada a los intereses de la ciudadanía o nos vamos a dejar gobernar por comunicados interpretativos o casos legales, emanados de instituciones tan conservadoras y poco democráticas, como la Comisión y el Tribunal Europeo.
Hay que destacar el lamentable papel jugado tanto en las negociaciones previas como en la votación final por la totalidad de los diputados socialistas españoles, que han preferido unir sus votos a los grupos más reaccionarios, que defender los principios de la campaña electoral del PSOE en la defensa de los servicios públicos y derechos sociales, traicionando así de nuevo las esperanzas depositadas en ellos por sus electores y por gran parte de la ciudadanía que aspiran a refrenar el avance del neoliberalismo en la UE , promovido por las empresas transnacionales y el capital financiero
ATTAC-España - 19 de noviembre de 2006
Desgraciadamente se han cumplido los peores vaticinios y el Parlamento Europeo (PE), en votación celebrada el pasado 15 de noviembre y contando con la valiosa colaboración de los europarlamentarios españoles del grupo “socialista “, ha aprobado de manera definitiva un texto de Directiva de Servicios que recoge todas las propuesta formuladas por el Consejo de Ministros de la UE en el pasado mes de julio y que representa un claro retroceso sobre lo aprobado en el PE en la primera votación de febrero.
Esta desafortunada decisión del PE - fruto de la alianza entre los grupos popular, socialista y liberal, y en contra de la opinión de los grupos de los Verdes e Izquierda Unitaria Europea – se toma después de que la Comisión y el Consejo rechazaran considerar las 43 enmiendas formuladas por el Comité de mercado interior y protección de los consumidores del PE que pretendían restablecer el texto tal y como el parlamento lo había votado en la primera lectura y suprimir una serie de ambigüedades creadas por la Comisión que había hecho una serie de "interpretaciones" restrictivas de lo allí votado.
Ante esa negativa, que hubiera podido llevar a un proceso de conciliación para la adopción de un texto que satisficiera a ambas partes, el PE ha optado por rendirse ante el Consejo y la Comisión (que representan fielmente los intereses de los grandes grupos financieros e industriales europeos) y aceptar una Directiva de carácter marcadamente liberalizadora de los servicios en la UE; en la que, entre otras cosas, se limitan los "servicios sociales" excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva y se supeditan el derecho laboral a nivel nacional y los derechos fundamentales al respeto del derecho comunitario ,condicionados estos derechos fundamentales a lo que en la jerga europea se conoce como "las cuatro libertades fundamentales": libertad de establecimiento y de circulación de personas, bienes, capitales y servicios. Esto es una forma de introducir subrepticiamente el espíritu y la letra contenida en el Tratado Constitucional Europeo y confirma la premonición del ex-comisario Bolkestein que, ante el No del referéndum francés, anunció, sin pudor alguno, que esto no paralizaría en absoluto el camino actual de las políticas europeas. Por todo ello, la aprobación de la directiva “Bolkestein” constituye una verdadera agresión contra los derechos fundamentales tal y como fueron consagrados en las constituciones y legislaciones nacionales.
Estas modificaciones se añaden a otros peligros que el texto originariamente aprobado por el PE ya conllevaba, y que se mantienen, en lo relativo a :
- los trabajadores independientes o autónomos, a los que se podrá aplicar el “principio del país de origen”
- los Servicios Públicos (SSPP) de sectores de alta tecnología o en áreas técnicamente poco desarrolladas , que podrán ser privatizado forzosamente
- el poder de regulación de los SSPP en las administraciones publicas, que se verán en la practica imposibilidad de llevar a cabo “pruebas de necesidad económica” previas a la implantación de nuevos servicios, lo que deja a las “libres fuerzas del mercado” la decisión final sobre la organización y distribución territorial de los SSPP
Asimismo se asigna a la Comisión Europea un derecho de fiscalización desmesurado sobre la obligada transposición de la directiva a las legislaciones nacionales a realizar antes del 2010, y se otorga al Tribunal de Justicia Europeo un papel relevante a la hora de interpretar las posibles violaciones de esta directiva (de calculada ambigüedad) por parte de los estados miembros, organismos ambos de talante claramente neoliberal y no sujetos a ningún tipo de control democrático. Esto significa que una cuota del poder de la regulación de los SSPP pasa desde los parlamentos elegidos democráticamente a unos organismos técnico-jurídicos, supuestamente neutrales pero en la practica muy atentos a los intereses de las empresas.
La aprobación de esta directiva, acogida con gran satisfacción, entre otros, por el Presidente del PE, José Borrell, y el sindicato CCOO, contribuirá a ahondar el proceso de liberalización de las políticas europeas, lo que suscitó el rechazo popular de algunos países en el referéndum sobre el Tratado constitucional (TCE) que tuvo lugar en mayo de 2005 .Como ha manifestado el presidente de la Izquierda Unida Europea, por encima de la cuestión de los servicios está el concepto mismo de la integración europea de decidir si deseamos un marco legal que armonice al alza nuestra legislación de protección social o más bien aceptamos que esta armonización se lleve a cabo por las reglas de la competencia y del mercado que lo harán irremediablemente a la baja
Supone asimismo un nuevo deterioro de la legitimidad democrática de la institución europea, dado que la postura adoptada finalmente por los representantes de la ciudadanía europea no responde a las peticiones y reivindicaciones de esta ciudadanía, que reclaman cada vez más una Europa social y solidaria, como se puso de manifiesto en las masivas movilizaciones sociales y políticas europeas que tuvieron lugar a principios de año 2006 y que llevaron al PE a retirar originalmente algunos de los aspectos más liberales de la Directiva . Sobre esta cuestión se plantea si deseamos promover una democracia europea parlamentaria y orientada a los intereses de la ciudadanía o nos vamos a dejar gobernar por comunicados interpretativos o casos legales, emanados de instituciones tan conservadoras y poco democráticas, como la Comisión y el Tribunal Europeo.
Hay que destacar el lamentable papel jugado tanto en las negociaciones previas como en la votación final por la totalidad de los diputados socialistas españoles, que han preferido unir sus votos a los grupos más reaccionarios, que defender los principios de la campaña electoral del PSOE en la defensa de los servicios públicos y derechos sociales, traicionando así de nuevo las esperanzas depositadas en ellos por sus electores y por gran parte de la ciudadanía que aspiran a refrenar el avance del neoliberalismo en la UE , promovido por las empresas transnacionales y el capital financiero
ATTAC-España - 19 de noviembre de 2006
Manifiesto Ciudadano: A propósito de Seseña. Por dignidad, NO A LA CORRUPCIÓN URBANÍSTICA
Para Firmar
A.A.: "A toda la ciudadanía"
El conflicto desencadenado en Seseña entre el empresario inmobiliario conocido como El Pocero y el Ayuntamiento simboliza una lucha mucho más importante que nos afecta a todas y todos los ciudadanos de este país, una lucha en la que está en juego la dignidad y la propia democracia. Y no creemos exagerar.
En Seseña se desarrolla, ante el estupor y de momento la pasividad generalizada, una campaña de presión absolutamente intolerable e insidiosa de un empresario privado contra representantes de los ciudadanos que desempeñan decentemente la función para la que fueron elegidos –cosa, por desgracia, no demasiado frecuente en los tiempos que corren-, un empresario dispuesto a arrasar sin escrúpulos la riqueza pública, el territorio, a las mismas personas y pisotear cualquier atisbo de justicia con el único fin de acrecentar de forma insultante y desorbitada su lucro particular. No se trata de defender al alcalde de esta población como tal, sino de salvaguardar los bienes que son de todos y todas de la voracidad de esta espiral de locura en que el “enladrillamiento” de España nos ha venido enfangando.
En esta semana, El Pocero ha llegado a la indecencia de lanzar a sus trabajadores y trabajadoras a un enfrentamiento con la Corporación para exigir más negocios para su patrono, más beneficios para su jefe, más pelotazos inmobiliarios para quien con toda seguridad no titubearía en dejarlos a todos en la calle a cambio del más insignificante incremento de sus ganancias. Y los trabajadores, por manipulación, por miedo o por lo que quiera que sea, nos han brindado un espectáculo que, en catadura moral y estética, es equiparable al legendario “¡Vivan las cadenas!” que se dice que gritó una parte del pueblo español para celebrar el regreso del rey Fernando VII, el aplastamiento de la modesta libertad conquistada en las Cortes de Cádiz y la reinstauración del Absolutismo.
Pero, como todos y todas sabemos, el caso de Seseña no es único; ya son públicos más, muchos más, en Marbella, Ciempozuelos, Camas, Alicante, Telde, etc. Con implicaciones de políticos de distintos partidos y connivencia de diferentes administraciones públicas. Ésta es, ya lo sabemos todos también, una enfermedad terrible y generalizada.
Las recientes declaraciones de representantes de los promotores inmobiliarios, justificando la corrupción como una vía para salvar las –según ellos- excesivas trabas burocráticas a la iniciativa empresarial y –de nuevo, según ellos- enriquecedora del país, aparte de alcanzar cimas de hipocresía, desvergüenza y desfachatez difícilmente superables, nos indican muy bien de qué estamos hablando. No son “papelitos” lo que eluden las mastodónticas operaciones urbanísticas ni trabas administrativas más o menos quisquillosas, sino el control ciudadano y democrático de la gestión de la economía y los bienes que a todos nos pertenecen, el entorno natural, el equilibrio territorial, el suelo público y derechos fundamentales proclamados en la mismísima Constitución.
De entre estos últimos, el que de forma más trágica e infame destruyen las recalificaciones desaforadas y las urbanizaciones caóticas es el elemental derecho de todas y todos los ciudadanos a una vivienda digna, teóricamente garantizado por el artículo 47 de la Carta Magna. Mientras centenares de miles de personas no pueden acceder a algo tan básico como un hogar en el que desarrollar su vida en plena libertad, promotores, constructores y banqueros, con la impagable aquiescencia cuando no descarada colaboración de los poderes públicos, obtienen beneficios en cuantías obscenas a costa de arrebatar el suelo público y truncar su gestión a favor del interés general, ambas cosas imprescindibles para garantizar cabalmente el derecho a la vivienda. Construyen más y más viviendas a precios inalcanzables para millones de ciudadanos y ciudadanas, trabajadores y trabajadoras, condenándoles a una existencia azarosa o a la servidumbre de interminables hipotecas. Y ello en un país en el que, no sólo hay cerca de tres millones de viviendas vacías, como con frecuencia se ha dicho, sino que un porcentaje elevadísimo de ellas son de protección oficial, un nido incomprensible de estafa de dinero público, sin que los poderes públicos acometan la elemental acción de expropiarlas.
Hay que decirlo alto y claro. El urbanismo desatado de España ni es motor de la economía ni fuente de riqueza pública, sino todo lo contrario. Los inmensos beneficios de los especuladores se asientan inevitablemente en la miseria de la inmensa mayoría de la población trabajadora, porque obtienen su foco primordial de generación de dinero a manos llenas del suelo que debiera ser público y emplearse en garantizar los derechos de todas y todos.
Es preciso proclamarlo. No asistimos a un repentino y reciente mal. España viene siendo objeto de un monumental saqueo de la riqueza nacional a manos de constructores, promotores y bancos con la complicidad de un amplísimo ejército de gestores públicos tan venales como mediocres desde hace décadas. Convirtiendo además nuestra economía en una maquinaria desquiciada y enferma que en cualquier momento puede estallar y dejar una estela de desempleo, pobreza y desesperación de miles de personas sin que haya habido oportunidad de exigir responsabilidad a los artífices del destrozo.
Por todo lo anterior, las ciudadanas y los ciudadanos firmantes de este escrito hacemos un llamamiento a la rebelión del conjunto de la población contra este estado de cosas, una rebelión masiva, contundente y sin concesiones ni contemporizaciones de ninguna índole con los corruptos.
No confiamos en ningún pacto de Estado de las cúpulas de los principales partidos políticos que carezca del control y participación ciudadana. No podemos confiar en partidos políticos que en uno u otro grado se han beneficiado del expolio y lo han tolerado durante más de treinta años. Partidos políticos que ahora sólo se preocupan de la corrupción para emplearla como arma arrojadiza contra el adversario.
Sólo confiamos en la movilización amplia y decidida de los millones de ciudadanos y ciudadanas, trabajadores y trabajadoras, que carecen del elemental derecho a un hogar, están ahogados por las hipotecas o sencillamente no tienen ningún interés bastardo en los negocios del ladrillo. Somos la inmensa, la abrumadora mayoría, independientemente de nuestra filiación partidaria. Somos nosotros quienes, con nuestra presión democrática, podemos y debemos obligar a los poderes públicos a adoptar las medidas radicales que se precisan para atajar el gran saqueo.
Miles de jóvenes nos vienen enseñando con sus movilizaciones por una vivienda digna, en Madrid, Barcelona y otras ciudades, desde antes del verano, cuál es el camino. Hay que reforzarlo y persistir hasta que no puedan eludirnos de ninguna forma.
No nos basta ningún código ético de ésos que los partidos políticos mayoritarios aprueban con tanto entusiasmo como incumplen, ni siquiera con el endurecimiento de la legislación de incompatibilidades de cargos públicos y funcionarios.
Exigimos que se acabe con la inmensa trama de intereses económicos que hay detrás de la construcción y el urbanismo de España. Mientras esta trama subsista habrá políticos dispuestos a venderse y dinero de sobra para poder comprarlos, y los expulsados del sistema continuarán siendo precisamente los que no se venden. Y seguirá siendo así aunque se aprueben un millón de bienintencionados códigos éticos.
Exigimos que se acabe con la insensatez de que el beneficio de las recalificaciones sea para los propietarios privados y no un beneficio social y público. Exigimos la gestión íntegramente pública del urbanismo, único camino posible para matar la gallina de los huevos de oro de los especuladores.
Gestión pública del urbanismo con el control y participación ciudadana, suprimiendo nefastas figuras como los “agentes urbanizadores” y los “convenios urbanísticos”, que dejan en manos de gestores públicos al margen del control democrático y especuladores privados la negociación de asuntos de interés general tan trascendentales para el bienestar social como la ordenación del territorio.
Exigimos que los Ayuntamiento se garanticen suelo público (Patrimonio Municipal de Suelo) y destinen este suelo y los rendimientos de sus operaciones urbanísticas por completo a vivienda social pública, a hacer efectivos los derechos fundamentales de todas y todos y no al lucro de unos pocos.
Exigimos que, cuando menos, se cumplan las leyes que se aprueban y, junto al procesamiento de todos los corruptos, se adopten las medidas básicas de demolición de viviendas ilegales o expropiación de viviendas de protección oficial con las que se especula, viviendas que pueden perfectamente ser la base inicial de un amplio parque de vivienda pública en alquiler a precios limitados para atender la necesidad esencial de acceso a un techo de miles y miles de personas.
Empecemos con Seseña, porque allí nos jugamos un futuro de dignidad, o bien de empobrecimiento de la mayoría y destrucción del país. Si toleramos que El Pocero cumpla sus fines de lucro particular habrán ganado todos los Poceros que menudean por el territorio nacional a golpe de pelotazo, comisión y recalificación. Si perdemos la dignidad en Seseña, la habremos perdido en todas las Seseñas de España.
Empecemos por Seseña y continuemos por el resto hasta que no les quede más remedio que escucharnos.
Si estás convencido como nosotros de que esta monstruosidad hay que detenerla, suscribe y difunde este manifiesto. No se exige más que ser ciudadano y decente para hacerlo
Para Firmar
A.A.: "A toda la ciudadanía"
El conflicto desencadenado en Seseña entre el empresario inmobiliario conocido como El Pocero y el Ayuntamiento simboliza una lucha mucho más importante que nos afecta a todas y todos los ciudadanos de este país, una lucha en la que está en juego la dignidad y la propia democracia. Y no creemos exagerar.
En Seseña se desarrolla, ante el estupor y de momento la pasividad generalizada, una campaña de presión absolutamente intolerable e insidiosa de un empresario privado contra representantes de los ciudadanos que desempeñan decentemente la función para la que fueron elegidos –cosa, por desgracia, no demasiado frecuente en los tiempos que corren-, un empresario dispuesto a arrasar sin escrúpulos la riqueza pública, el territorio, a las mismas personas y pisotear cualquier atisbo de justicia con el único fin de acrecentar de forma insultante y desorbitada su lucro particular. No se trata de defender al alcalde de esta población como tal, sino de salvaguardar los bienes que son de todos y todas de la voracidad de esta espiral de locura en que el “enladrillamiento” de España nos ha venido enfangando.
En esta semana, El Pocero ha llegado a la indecencia de lanzar a sus trabajadores y trabajadoras a un enfrentamiento con la Corporación para exigir más negocios para su patrono, más beneficios para su jefe, más pelotazos inmobiliarios para quien con toda seguridad no titubearía en dejarlos a todos en la calle a cambio del más insignificante incremento de sus ganancias. Y los trabajadores, por manipulación, por miedo o por lo que quiera que sea, nos han brindado un espectáculo que, en catadura moral y estética, es equiparable al legendario “¡Vivan las cadenas!” que se dice que gritó una parte del pueblo español para celebrar el regreso del rey Fernando VII, el aplastamiento de la modesta libertad conquistada en las Cortes de Cádiz y la reinstauración del Absolutismo.
Pero, como todos y todas sabemos, el caso de Seseña no es único; ya son públicos más, muchos más, en Marbella, Ciempozuelos, Camas, Alicante, Telde, etc. Con implicaciones de políticos de distintos partidos y connivencia de diferentes administraciones públicas. Ésta es, ya lo sabemos todos también, una enfermedad terrible y generalizada.
Las recientes declaraciones de representantes de los promotores inmobiliarios, justificando la corrupción como una vía para salvar las –según ellos- excesivas trabas burocráticas a la iniciativa empresarial y –de nuevo, según ellos- enriquecedora del país, aparte de alcanzar cimas de hipocresía, desvergüenza y desfachatez difícilmente superables, nos indican muy bien de qué estamos hablando. No son “papelitos” lo que eluden las mastodónticas operaciones urbanísticas ni trabas administrativas más o menos quisquillosas, sino el control ciudadano y democrático de la gestión de la economía y los bienes que a todos nos pertenecen, el entorno natural, el equilibrio territorial, el suelo público y derechos fundamentales proclamados en la mismísima Constitución.
De entre estos últimos, el que de forma más trágica e infame destruyen las recalificaciones desaforadas y las urbanizaciones caóticas es el elemental derecho de todas y todos los ciudadanos a una vivienda digna, teóricamente garantizado por el artículo 47 de la Carta Magna. Mientras centenares de miles de personas no pueden acceder a algo tan básico como un hogar en el que desarrollar su vida en plena libertad, promotores, constructores y banqueros, con la impagable aquiescencia cuando no descarada colaboración de los poderes públicos, obtienen beneficios en cuantías obscenas a costa de arrebatar el suelo público y truncar su gestión a favor del interés general, ambas cosas imprescindibles para garantizar cabalmente el derecho a la vivienda. Construyen más y más viviendas a precios inalcanzables para millones de ciudadanos y ciudadanas, trabajadores y trabajadoras, condenándoles a una existencia azarosa o a la servidumbre de interminables hipotecas. Y ello en un país en el que, no sólo hay cerca de tres millones de viviendas vacías, como con frecuencia se ha dicho, sino que un porcentaje elevadísimo de ellas son de protección oficial, un nido incomprensible de estafa de dinero público, sin que los poderes públicos acometan la elemental acción de expropiarlas.
Hay que decirlo alto y claro. El urbanismo desatado de España ni es motor de la economía ni fuente de riqueza pública, sino todo lo contrario. Los inmensos beneficios de los especuladores se asientan inevitablemente en la miseria de la inmensa mayoría de la población trabajadora, porque obtienen su foco primordial de generación de dinero a manos llenas del suelo que debiera ser público y emplearse en garantizar los derechos de todas y todos.
Es preciso proclamarlo. No asistimos a un repentino y reciente mal. España viene siendo objeto de un monumental saqueo de la riqueza nacional a manos de constructores, promotores y bancos con la complicidad de un amplísimo ejército de gestores públicos tan venales como mediocres desde hace décadas. Convirtiendo además nuestra economía en una maquinaria desquiciada y enferma que en cualquier momento puede estallar y dejar una estela de desempleo, pobreza y desesperación de miles de personas sin que haya habido oportunidad de exigir responsabilidad a los artífices del destrozo.
Por todo lo anterior, las ciudadanas y los ciudadanos firmantes de este escrito hacemos un llamamiento a la rebelión del conjunto de la población contra este estado de cosas, una rebelión masiva, contundente y sin concesiones ni contemporizaciones de ninguna índole con los corruptos.
No confiamos en ningún pacto de Estado de las cúpulas de los principales partidos políticos que carezca del control y participación ciudadana. No podemos confiar en partidos políticos que en uno u otro grado se han beneficiado del expolio y lo han tolerado durante más de treinta años. Partidos políticos que ahora sólo se preocupan de la corrupción para emplearla como arma arrojadiza contra el adversario.
Sólo confiamos en la movilización amplia y decidida de los millones de ciudadanos y ciudadanas, trabajadores y trabajadoras, que carecen del elemental derecho a un hogar, están ahogados por las hipotecas o sencillamente no tienen ningún interés bastardo en los negocios del ladrillo. Somos la inmensa, la abrumadora mayoría, independientemente de nuestra filiación partidaria. Somos nosotros quienes, con nuestra presión democrática, podemos y debemos obligar a los poderes públicos a adoptar las medidas radicales que se precisan para atajar el gran saqueo.
Miles de jóvenes nos vienen enseñando con sus movilizaciones por una vivienda digna, en Madrid, Barcelona y otras ciudades, desde antes del verano, cuál es el camino. Hay que reforzarlo y persistir hasta que no puedan eludirnos de ninguna forma.
No nos basta ningún código ético de ésos que los partidos políticos mayoritarios aprueban con tanto entusiasmo como incumplen, ni siquiera con el endurecimiento de la legislación de incompatibilidades de cargos públicos y funcionarios.
Exigimos que se acabe con la inmensa trama de intereses económicos que hay detrás de la construcción y el urbanismo de España. Mientras esta trama subsista habrá políticos dispuestos a venderse y dinero de sobra para poder comprarlos, y los expulsados del sistema continuarán siendo precisamente los que no se venden. Y seguirá siendo así aunque se aprueben un millón de bienintencionados códigos éticos.
Exigimos que se acabe con la insensatez de que el beneficio de las recalificaciones sea para los propietarios privados y no un beneficio social y público. Exigimos la gestión íntegramente pública del urbanismo, único camino posible para matar la gallina de los huevos de oro de los especuladores.
Gestión pública del urbanismo con el control y participación ciudadana, suprimiendo nefastas figuras como los “agentes urbanizadores” y los “convenios urbanísticos”, que dejan en manos de gestores públicos al margen del control democrático y especuladores privados la negociación de asuntos de interés general tan trascendentales para el bienestar social como la ordenación del territorio.
Exigimos que los Ayuntamiento se garanticen suelo público (Patrimonio Municipal de Suelo) y destinen este suelo y los rendimientos de sus operaciones urbanísticas por completo a vivienda social pública, a hacer efectivos los derechos fundamentales de todas y todos y no al lucro de unos pocos.
Exigimos que, cuando menos, se cumplan las leyes que se aprueban y, junto al procesamiento de todos los corruptos, se adopten las medidas básicas de demolición de viviendas ilegales o expropiación de viviendas de protección oficial con las que se especula, viviendas que pueden perfectamente ser la base inicial de un amplio parque de vivienda pública en alquiler a precios limitados para atender la necesidad esencial de acceso a un techo de miles y miles de personas.
Empecemos con Seseña, porque allí nos jugamos un futuro de dignidad, o bien de empobrecimiento de la mayoría y destrucción del país. Si toleramos que El Pocero cumpla sus fines de lucro particular habrán ganado todos los Poceros que menudean por el territorio nacional a golpe de pelotazo, comisión y recalificación. Si perdemos la dignidad en Seseña, la habremos perdido en todas las Seseñas de España.
Empecemos por Seseña y continuemos por el resto hasta que no les quede más remedio que escucharnos.
Si estás convencido como nosotros de que esta monstruosidad hay que detenerla, suscribe y difunde este manifiesto. No se exige más que ser ciudadano y decente para hacerlo
Lo bueno que tiene el ser un blogger sin seguidores es que te puedes ausentar durante un largo periodo de tiempo, sin dar explicaciones, sin dar excusas y no ocurrir por ello nada.
Por una combinación de falta de tiempo y vagancia, hemos estado un mes sin publicar, asi pues, el pasado 16 de noviembre retomamos la actividad con 10 artículos en un día.
Para no indigestaros con 10 post en la RP, os haré un breve resumen de las novedades en "Resistiendo la Caverna":
Publicamos, una vez mas, otro articulo de coyuntura política de G. Buster, en esta ocasión sobre el proceso de paz en Euskadi, recuperamos el acertadísimo comunicado de Attac-España sobre las ultimas reformas fiscales del actual gobierno.
Reproducimos las entrevistas a Alberto Aguerri, miembro de Nueva Claridad e integrado dentro de la candidatura de Enrique Santiago y que recientemente se incorporo al CPF de IU y la entrevista que la profesora y experta en economía critica Miren Etxezarreta concedió al sindicato CNT
También profundizamos la problemática de la vivienda con tres recortes: por un lado el posicionamiento sobre la vivienda de la "Asamblea contra la precariedad y por una vivienda digna", por otro un articulo rescatado de la revista Mientras Tanto sobre "Desordenes públicos supuestas guerrillas urbanas y otras cosas." y nos hicimos eco de las presiones de La Caixa a Youtube para censurar video sobre la oficina Municipal antimobing de Barcelona.
Y hablando de vivienda llegamos a la corrupción, donde publicamos las cifras y graficas sobre corrupción que Alberto Garzón nos facilita y así mismo, reproducimos un articulo de Joan Tourné (El Triangle) sobre aspectos no conocidos de la biografía de Artur Mas y su "actividad" empresarial.
Para acabar también nos hicimos eco y publicamos la carta de Ecologistas en Acción que el director de el diario "El Pais" no quiso publicar.
Por una combinación de falta de tiempo y vagancia, hemos estado un mes sin publicar, asi pues, el pasado 16 de noviembre retomamos la actividad con 10 artículos en un día.
Para no indigestaros con 10 post en la RP, os haré un breve resumen de las novedades en "Resistiendo la Caverna":
Publicamos, una vez mas, otro articulo de coyuntura política de G. Buster, en esta ocasión sobre el proceso de paz en Euskadi, recuperamos el acertadísimo comunicado de Attac-España sobre las ultimas reformas fiscales del actual gobierno.
Reproducimos las entrevistas a Alberto Aguerri, miembro de Nueva Claridad e integrado dentro de la candidatura de Enrique Santiago y que recientemente se incorporo al CPF de IU y la entrevista que la profesora y experta en economía critica Miren Etxezarreta concedió al sindicato CNT
También profundizamos la problemática de la vivienda con tres recortes: por un lado el posicionamiento sobre la vivienda de la "Asamblea contra la precariedad y por una vivienda digna", por otro un articulo rescatado de la revista Mientras Tanto sobre "Desordenes públicos supuestas guerrillas urbanas y otras cosas." y nos hicimos eco de las presiones de La Caixa a Youtube para censurar video sobre la oficina Municipal antimobing de Barcelona.
Y hablando de vivienda llegamos a la corrupción, donde publicamos las cifras y graficas sobre corrupción que Alberto Garzón nos facilita y así mismo, reproducimos un articulo de Joan Tourné (El Triangle) sobre aspectos no conocidos de la biografía de Artur Mas y su "actividad" empresarial.
Para acabar también nos hicimos eco y publicamos la carta de Ecologistas en Acción que el director de el diario "El Pais" no quiso publicar.
El proceso de paz en la encrucijada
G.Buster
Durante el mes de octubre, el proceso de paz en Euskal Herria se ha visto sometido a durísimas pruebas. Desde la huelga de hambre de 63 días de De Juana Chaos y su posterior enjuiciamiento para evitar su excarcelación, hasta la incautación legal de las herriko tabernas, el procesamiento de la dirección de Batasuna y, finalmente, el robo de 350 armas cortas en Vauvert (Francia) y el aviso de Zapatero de que “tendrá consecuencias para el proceso de paz”.
A pesar de estos intentos de “judicializar” el proceso de paz, de volver a hacer de la represión una solución para las contradicciones acumuladas y los avisos de lo que puede implicar un nuevo ciclo de represión-violencia que representan los actos de kale borroka y el robo de armas, el debate político sigue abriéndose camino con enorme dificultad. La prueba de ello es la capacidad de movilización de la sociedad civil vasca por las condiciones que hagan posible avanzar en el proceso (la legalización de la izquierda abertzale, la reagrupación de los presos vascos en Euskal Herria, el sobreseimiento de los macro-procesos…). Pero también el apoyo internacional al proceso de paz que supone la declaración de personalidades (ver recuadro) y la derrota del PP en el debate en el Parlamento Europeo.
La izquierda abertzale sigue comprometida con el proceso de paz
A mediados de septiembre, la prensa española se hacia eco de un duro debate en el interior de ETA que habría enfrentado al ex diputado vasco Josu Urrutikoetxea, principal negociador con el Gobierno, con el responsable del aparato militar, Garikoitz Aspiazu, en una asamblea de ETA del mes de agosto. Aspiazu exigía un plazo de tiempo corto para la legalización de la izquierda abertzale y la formación de la mesa de partidos como condiciones para entrar en una segunda fase de la negociación y de contactos con el gobierno. El propio Gobierno desmentía que esos contactos estuvieran teniendo lugar en Noruega y se reafirmaba en la vigencia de la Ley de Partidos, exigiendo a Batasuna que resolviese ella el problema de su ilegalización mediante un nuevo proceso constituyente que acatase expresamente las exigencias de dicha Ley.
A pesar de las expectativas creadas tras la declaración de “alto el fuego permanente” de ETA el 22 de marzo del 2006 y de los más de tres años sin atentados mortales, la realidad es que, tras obtener el apoyo de los grupos políticos –a excepción del PP- en sede parlamentaria y anunciar su voluntad de iniciar el diálogo con ETA si se verificaba “el fin del uso de la violencia”, el Gobierno Zapatero no ha dado pasos sustanciales.
El Gobierno Zapatero parece ante todo priorizar la gestión del debate político interno fuera de Euskal Herria, en especial con el PP, poniendo en primer plano el minimizar la posible erosión de apoyo de su electorado de izquierdas y del centro. Pero con ello pierde la iniciativa de los ritmos políticos del proceso de paz. Por un lado, debe ser una Batasuna ilegalizada la que responda a la vez a la presión de su propia base y a la necesidad de movilizar por las condiciones que hagan posible socialmente el proceso de paz en Euskal Herria. Por otro, acepta el condicionamiento continuo que implica la movilización extraparlamentaria y a través del aparato judicial y administrativo de la derecha y del PP, que solo puede salir perdiendo electoralmente si avanza el proceso de paz.
En esta situación, el comunicado de la Mesa Nacional de Batasuna de 7 de octubre, supuso una constatación de las contradicciones del proceso, de la incapacidad del Gobierno Zapatero para avanzar con iniciativas en el mismo, respondiendo a la declaración de “alto el fuego permanente” de ETA. Pero también del compromiso adquirido por la izquierda abertzale con la estrategia “Orain Herria, Orain Bakea”, cuyo objetivo es situar la resolución del conflicto en el marco democrático del derecho a decidir de los ciudadanos vascos. La Preocupación de Batasuna es que el Gobierno Zapatero parece ser incapaz de romper plenamente con la herencia del PP, situando el proceso político multilateral –que implique a todas las fuerzas políticas vascas- en primer plano, y sigue a remolque de las estrategias de bloqueo de la derecha política y judicial, que creen que el proceso de paz debe ahogarse en una nueva ola de represión contra la izquierda abertzale.
El aparato judicial y la aplicación del Pacto Antiterrorista
Una y otra vez, el principal obstáculo para el avance del proceso de paz ha sido la voluntad del aparato judicial de seguir aplicando la estrategia y la legislación antiterrorista pactada por el Gobierno Aznar con el PSOE. Una estrategia que dio el control de la mayoría de los órganos juridiccionales a la derecha judicial y que aplica la lógica represiva diseñada por Garzón para los macroprocesos: incriminar con ETA en un solo continuo organizativo a toda la izquierda abertzale y a parte del nacionalismo, sobre la base de compartir los mismos objetivos estratégicos independentistas. El último eslabón de esta estrategia es la Ley de Partidos que ilegalizó a Batasuna al exigirle la condena expresa de la violencia protagonizada por ETA.
La nueva situación creada por la declaración de “alto el fuego permanente” de ETA y de voluntad de dialogo del Gobierno, apoyado por todas las fuerzas políticas menos el PP, no ha tenido ningún eco en el aparato judicial que, por el contrario, alegando que “la justicia no esta en tregua”, ha intentado impedir que se den las condiciones del proceso de paz arreciando la represión legal contra la izquierda abertzale.
Frente a ello, el Gobierno Zapatero se ha declarado impotente. Ni desde el Ministerio de Justicia, ni desde la Fiscalia General ha sido capaz de una movilización de los sectores progresistas de la judicatura y la fiscalía a favor del proceso de paz. La prueba más dura en esta situación ha sido la huelga de hambre de De Juana Chaos, a quién se le mantiene en prisión por una nueva acusación de escribir artículos en Gara, con una petición inicial de 96 años. La huelga de hambre, que amenazaba con un fin doblemente trágico de la muerte de De Juana Chaos y del fin del proceso de paz, fue detenida en el último momento, con una nueva concesión de la izquierda abertzale de aceptar una solicitud de pena de cuatro años. El fiscal que llevaba el caso renunció en protesta, pero el juicio contra De Juana Chaos –y su actitud en el mismo- ha puesto de manifiesto una vez más el compromiso de la izquierda abertzale con el proceso de paz.
Sin embargo, al mismo tiempo, la fiscalía iniciaba un proceso de incautación de las herriko tabernas sobre la base de su pertenencia al aparato financiero de Batasuna como fuerza ilegalizada. Y la tensión aumentaba exponencialmente ante la entrada, registro e incautación por parte de la policía en los locales sociales de la izquierda abertzale en todos los puntos de la geografía de Euskadi. Una tensión a la que la izquierda abertzale ha ido dando salida a través de una movilización “controlada”, pero que también ha acabado alimentando actos “descontrolados” de kale borroka, incluidos ataques a alguna sede del PSE.
La política y la movilización como únicas salidas
Los peligros de esta escalada de “represión-violencia”, más allá de la palabrería provocadora del PP, fueron puestos de manifiesto con el robo de 350 armas cortas en Vauvert (Francia), en una acción que la policía francesa cree que lleva el sello de ETA, pero que no ha sido reivindicada por esta. El proceso de paz no puede ser unilateral, sino que tiene que partir de unas medidas de confianza mínimas que permitan abrir un campo político y multilateral de diálogo, que finalmente tendrá que concretarse en una mesa de diálogo político de todas las fuerzas de Euskadi y en otra paralela en Nafarroa. El objetivo de este proceso no puede ser la derrota represiva de la izquierda independentista vasca, como quería la estrategia antiterrorista del PP, sino un acuerdo político y social que permita que sean los ciudadanos y ciudadanas vascas los que decidan democráticamente su futuro político.
En este sentido, repolitizar el proceso de paz, implicar a todas las fuerzas políticas en el mismo avanzando en la concreción de la mesa de diálogo, crear las condiciones de paz con el reagrupamiento de presos, la legalización de la izquierda abertzale, el fin de la “ofensiva” de la derecha judicial, son la única salida realista y deseable. La otra alternativa, la que defiende todos los días Rajoy y el PP, la ruptura del proceso de paz y la persecución y represión de la izquierda independentista solo pueden conducir a un aumento de la tensión y de la violencia, impuestas a una sociedad vasca que ha optado decididamente por dar una salida política y democrática al conflicto.
Pruebas de que esta es la única salida sensata lo pone de manifiesto la declaración de apoyo internacional de personalidades, pero también el debate en el Parlamento Europeo. La derrota del PP, que quería alinear detrás de sus tesis a toda la derecha europea, ha sido profunda. La derecha tiene la mayoría del Parlamento Europeo. A pesar de ello, la resolución del PP contra el proceso de paz fue rechazada por 44 votos. Y la propuesta del PSOE, apoyada por toda la izquierda europea, tuvo una mayoría de 10 votos. Con esta decisión, todas las instituciones comunitarias han mostrado su apoyo al proceso de paz, aislando en Europa al PP, y reconociendo que el conflicto vasco es “un problema político”, que solo puede ser resuelto por medios políticos, como declaro el portavoz de los socialistas europeos Schultz.
La comparecencia de Otegui y de toda la dirección encausada en el sumario 35/02 de la ilegalizada Batasuna el pasado 28 de octubre sirvió para reiterar que su formación "mantiene intacta su apuesta por dar una respuesta democrática al conflicto que vive Euskal Herria". Pero insistió en que esto "sólo se puede hacer si se desactivan los instrumentos del pasado que el PSOE pactó con el PP y que hoy son utilizados para golpear a la izquierda abertzale”. Y exigió que el Gobierno Zapatero "garantice unas condiciones de igualdad, que ahora no se dan, para poner en marcha un proceso de diálogo multilateral".
Por su parte, Zapatero recogía el pulso dos días después para reiterar que sería bueno para España que Batasuna aceptara las reglas del juego, animó a ello a la izquierda abertzale, y dijo que el Gobierno y el PSOE tienen "la máxima voluntad" de que representen al espacio que tienen, "sin duda alguna", en la sociedad vasca y puedan contribuir a la paz. Desde esta perspectiva, la legalización de la formula política de representación de la izquierda abertzale, en el marco de la Ley de Partidos era problema de la izquierda abertzale, a la que se le estaba acabando el plazo de tiempo para poder concurrir a las elecciones municipales.
Pero plantear el inicio del diálogo político como un juego suma cero no parece la formula más prudente para avanzar en el proceso de paz. Sobre todo cuando el PP se encuentra al acecho para rentabilizar y explotar las contradicciones inevitables del mismo.
G.Buster
Durante el mes de octubre, el proceso de paz en Euskal Herria se ha visto sometido a durísimas pruebas. Desde la huelga de hambre de 63 días de De Juana Chaos y su posterior enjuiciamiento para evitar su excarcelación, hasta la incautación legal de las herriko tabernas, el procesamiento de la dirección de Batasuna y, finalmente, el robo de 350 armas cortas en Vauvert (Francia) y el aviso de Zapatero de que “tendrá consecuencias para el proceso de paz”.
A pesar de estos intentos de “judicializar” el proceso de paz, de volver a hacer de la represión una solución para las contradicciones acumuladas y los avisos de lo que puede implicar un nuevo ciclo de represión-violencia que representan los actos de kale borroka y el robo de armas, el debate político sigue abriéndose camino con enorme dificultad. La prueba de ello es la capacidad de movilización de la sociedad civil vasca por las condiciones que hagan posible avanzar en el proceso (la legalización de la izquierda abertzale, la reagrupación de los presos vascos en Euskal Herria, el sobreseimiento de los macro-procesos…). Pero también el apoyo internacional al proceso de paz que supone la declaración de personalidades (ver recuadro) y la derrota del PP en el debate en el Parlamento Europeo.
La izquierda abertzale sigue comprometida con el proceso de paz
A mediados de septiembre, la prensa española se hacia eco de un duro debate en el interior de ETA que habría enfrentado al ex diputado vasco Josu Urrutikoetxea, principal negociador con el Gobierno, con el responsable del aparato militar, Garikoitz Aspiazu, en una asamblea de ETA del mes de agosto. Aspiazu exigía un plazo de tiempo corto para la legalización de la izquierda abertzale y la formación de la mesa de partidos como condiciones para entrar en una segunda fase de la negociación y de contactos con el gobierno. El propio Gobierno desmentía que esos contactos estuvieran teniendo lugar en Noruega y se reafirmaba en la vigencia de la Ley de Partidos, exigiendo a Batasuna que resolviese ella el problema de su ilegalización mediante un nuevo proceso constituyente que acatase expresamente las exigencias de dicha Ley.
A pesar de las expectativas creadas tras la declaración de “alto el fuego permanente” de ETA el 22 de marzo del 2006 y de los más de tres años sin atentados mortales, la realidad es que, tras obtener el apoyo de los grupos políticos –a excepción del PP- en sede parlamentaria y anunciar su voluntad de iniciar el diálogo con ETA si se verificaba “el fin del uso de la violencia”, el Gobierno Zapatero no ha dado pasos sustanciales.
El Gobierno Zapatero parece ante todo priorizar la gestión del debate político interno fuera de Euskal Herria, en especial con el PP, poniendo en primer plano el minimizar la posible erosión de apoyo de su electorado de izquierdas y del centro. Pero con ello pierde la iniciativa de los ritmos políticos del proceso de paz. Por un lado, debe ser una Batasuna ilegalizada la que responda a la vez a la presión de su propia base y a la necesidad de movilizar por las condiciones que hagan posible socialmente el proceso de paz en Euskal Herria. Por otro, acepta el condicionamiento continuo que implica la movilización extraparlamentaria y a través del aparato judicial y administrativo de la derecha y del PP, que solo puede salir perdiendo electoralmente si avanza el proceso de paz.
En esta situación, el comunicado de la Mesa Nacional de Batasuna de 7 de octubre, supuso una constatación de las contradicciones del proceso, de la incapacidad del Gobierno Zapatero para avanzar con iniciativas en el mismo, respondiendo a la declaración de “alto el fuego permanente” de ETA. Pero también del compromiso adquirido por la izquierda abertzale con la estrategia “Orain Herria, Orain Bakea”, cuyo objetivo es situar la resolución del conflicto en el marco democrático del derecho a decidir de los ciudadanos vascos. La Preocupación de Batasuna es que el Gobierno Zapatero parece ser incapaz de romper plenamente con la herencia del PP, situando el proceso político multilateral –que implique a todas las fuerzas políticas vascas- en primer plano, y sigue a remolque de las estrategias de bloqueo de la derecha política y judicial, que creen que el proceso de paz debe ahogarse en una nueva ola de represión contra la izquierda abertzale.
El aparato judicial y la aplicación del Pacto Antiterrorista
Una y otra vez, el principal obstáculo para el avance del proceso de paz ha sido la voluntad del aparato judicial de seguir aplicando la estrategia y la legislación antiterrorista pactada por el Gobierno Aznar con el PSOE. Una estrategia que dio el control de la mayoría de los órganos juridiccionales a la derecha judicial y que aplica la lógica represiva diseñada por Garzón para los macroprocesos: incriminar con ETA en un solo continuo organizativo a toda la izquierda abertzale y a parte del nacionalismo, sobre la base de compartir los mismos objetivos estratégicos independentistas. El último eslabón de esta estrategia es la Ley de Partidos que ilegalizó a Batasuna al exigirle la condena expresa de la violencia protagonizada por ETA.
La nueva situación creada por la declaración de “alto el fuego permanente” de ETA y de voluntad de dialogo del Gobierno, apoyado por todas las fuerzas políticas menos el PP, no ha tenido ningún eco en el aparato judicial que, por el contrario, alegando que “la justicia no esta en tregua”, ha intentado impedir que se den las condiciones del proceso de paz arreciando la represión legal contra la izquierda abertzale.
Frente a ello, el Gobierno Zapatero se ha declarado impotente. Ni desde el Ministerio de Justicia, ni desde la Fiscalia General ha sido capaz de una movilización de los sectores progresistas de la judicatura y la fiscalía a favor del proceso de paz. La prueba más dura en esta situación ha sido la huelga de hambre de De Juana Chaos, a quién se le mantiene en prisión por una nueva acusación de escribir artículos en Gara, con una petición inicial de 96 años. La huelga de hambre, que amenazaba con un fin doblemente trágico de la muerte de De Juana Chaos y del fin del proceso de paz, fue detenida en el último momento, con una nueva concesión de la izquierda abertzale de aceptar una solicitud de pena de cuatro años. El fiscal que llevaba el caso renunció en protesta, pero el juicio contra De Juana Chaos –y su actitud en el mismo- ha puesto de manifiesto una vez más el compromiso de la izquierda abertzale con el proceso de paz.
Sin embargo, al mismo tiempo, la fiscalía iniciaba un proceso de incautación de las herriko tabernas sobre la base de su pertenencia al aparato financiero de Batasuna como fuerza ilegalizada. Y la tensión aumentaba exponencialmente ante la entrada, registro e incautación por parte de la policía en los locales sociales de la izquierda abertzale en todos los puntos de la geografía de Euskadi. Una tensión a la que la izquierda abertzale ha ido dando salida a través de una movilización “controlada”, pero que también ha acabado alimentando actos “descontrolados” de kale borroka, incluidos ataques a alguna sede del PSE.
La política y la movilización como únicas salidas
Los peligros de esta escalada de “represión-violencia”, más allá de la palabrería provocadora del PP, fueron puestos de manifiesto con el robo de 350 armas cortas en Vauvert (Francia), en una acción que la policía francesa cree que lleva el sello de ETA, pero que no ha sido reivindicada por esta. El proceso de paz no puede ser unilateral, sino que tiene que partir de unas medidas de confianza mínimas que permitan abrir un campo político y multilateral de diálogo, que finalmente tendrá que concretarse en una mesa de diálogo político de todas las fuerzas de Euskadi y en otra paralela en Nafarroa. El objetivo de este proceso no puede ser la derrota represiva de la izquierda independentista vasca, como quería la estrategia antiterrorista del PP, sino un acuerdo político y social que permita que sean los ciudadanos y ciudadanas vascas los que decidan democráticamente su futuro político.
En este sentido, repolitizar el proceso de paz, implicar a todas las fuerzas políticas en el mismo avanzando en la concreción de la mesa de diálogo, crear las condiciones de paz con el reagrupamiento de presos, la legalización de la izquierda abertzale, el fin de la “ofensiva” de la derecha judicial, son la única salida realista y deseable. La otra alternativa, la que defiende todos los días Rajoy y el PP, la ruptura del proceso de paz y la persecución y represión de la izquierda independentista solo pueden conducir a un aumento de la tensión y de la violencia, impuestas a una sociedad vasca que ha optado decididamente por dar una salida política y democrática al conflicto.
Pruebas de que esta es la única salida sensata lo pone de manifiesto la declaración de apoyo internacional de personalidades, pero también el debate en el Parlamento Europeo. La derrota del PP, que quería alinear detrás de sus tesis a toda la derecha europea, ha sido profunda. La derecha tiene la mayoría del Parlamento Europeo. A pesar de ello, la resolución del PP contra el proceso de paz fue rechazada por 44 votos. Y la propuesta del PSOE, apoyada por toda la izquierda europea, tuvo una mayoría de 10 votos. Con esta decisión, todas las instituciones comunitarias han mostrado su apoyo al proceso de paz, aislando en Europa al PP, y reconociendo que el conflicto vasco es “un problema político”, que solo puede ser resuelto por medios políticos, como declaro el portavoz de los socialistas europeos Schultz.
La comparecencia de Otegui y de toda la dirección encausada en el sumario 35/02 de la ilegalizada Batasuna el pasado 28 de octubre sirvió para reiterar que su formación "mantiene intacta su apuesta por dar una respuesta democrática al conflicto que vive Euskal Herria". Pero insistió en que esto "sólo se puede hacer si se desactivan los instrumentos del pasado que el PSOE pactó con el PP y que hoy son utilizados para golpear a la izquierda abertzale”. Y exigió que el Gobierno Zapatero "garantice unas condiciones de igualdad, que ahora no se dan, para poner en marcha un proceso de diálogo multilateral".
Por su parte, Zapatero recogía el pulso dos días después para reiterar que sería bueno para España que Batasuna aceptara las reglas del juego, animó a ello a la izquierda abertzale, y dijo que el Gobierno y el PSOE tienen "la máxima voluntad" de que representen al espacio que tienen, "sin duda alguna", en la sociedad vasca y puedan contribuir a la paz. Desde esta perspectiva, la legalización de la formula política de representación de la izquierda abertzale, en el marco de la Ley de Partidos era problema de la izquierda abertzale, a la que se le estaba acabando el plazo de tiempo para poder concurrir a las elecciones municipales.
Pero plantear el inicio del diálogo político como un juego suma cero no parece la formula más prudente para avanzar en el proceso de paz. Sobre todo cuando el PP se encuentra al acecho para rentabilizar y explotar las contradicciones inevitables del mismo.
COMUNICADO DE ATTAC-ESPAÑA
Ricos, grandes empresas y multinacionales ganan, la ciudadanía pierde
El Congreso aprueba la “Ley del impuesto de la renta sobre las personas físicas y de modificación parcial de las leyes sobre los impuestos de sociedades, sobre la renta de no residentes y sobre el patrimonio” y la “Ley de medidas para la prevención del fraude fiscal”
El Congreso de los Diputados aprobó el 2 de Noviembre de 2006 dos leyes de suma importancia para la ciudadanía española, dos leyes que son claves en la presente legislatura y que regulan, una el régimen fiscal y la otra los mecanismos de prevención del fraude fiscal.
La ley que orienta la reforma fiscal pretende incentivar el crecimiento reduciendo la presión fiscal muy especialmente sobre las capas altas, esto supone reducir los impuestos a las rentas del capital en detrimento de las del trabajo.
·Consolida la aplicación de un tipo único de un 18% para las rentas del capital, que en general es significativamente inferior a la media de las rentas del trabajo. A las rentas del trabajo se les seguirá aplicando una escala progresiva, lo que no se hará con las del capital.
·Reduce el impuesto de sociedades del 35% al 30% para las grandes empresas y a un 25 para las medianas y pequeñas.
·Reduce el tipo máximo del IRPF del 45% al 43% y de 5 a 4 los tramos impositivos.
Esta ley disminuye la equidad y la progresividad del sistema fiscal (que pague más quien más tenga) y refuerza las reformas de gobiernos anteriores, cargando más la presión fiscal sobre los trabajadores asalariados y autónomos y los pequeños empresarios. Reducirá en 6000 millones de euros anuales la capacidad recaudatoria del Estado, significará necesariamente un aumento de los impuestos al consumo y mermará los recursos necesarios para financiar los servicios sociales en España y en general las políticas públicas de bienestar. Hay que decir que la presión fiscal en España está 5 puntos por debajo de la media europea y que también el presupuesto de servicios sociales en España está 6 puntos porcentuales por debajo de la media europea, en relación al PIB (producto interior bruto) Aun así todo augura que los efectos de la ley obligarán a corto plazo a reducir el gasto público del que se benefician una mayoría de ciudadanos.
En lo referente a la Ley de Prevención del Fraude Fiscal hemos de decir que Attac la valora positivamente como un intento de perseguirlo en España, que según estimaciones solventes, supone alrededor del 23% del PIB de nuestro país. Pero quiere señalar, con toda firmeza, que de la actitud de la Agencia Tributaria y del propio Ministerio de Economía y Hacienda, no se desprende una voluntad clara de acabar con él, con la evasión de capitales y con la economía sumergida. La insuficiente dotación de medios técnicos – humanos y materiales- de que los servicios de Inspección adolecen, tanto hoy como previsiblemente en el futuro próximo - a juzgar por lo que al respecto reflejan los Presupuestos Generales para 2007- nos hace albergar escasas esperanzas respecto a la erradicación progresiva de tan elevado volumen de fraude sea una realidad”.
Así que no es de extrañar que la mitad aproximadamente de los billetes de 500 € circulen en España, o que la economía sumergida en España signifique más del 23% del PIB, o que prácticamente todas las inmobiliarias acepten sin problemas el dinero negro, o que las grandes empresas no puedan ser investigadas por falta de medios humanos de inspección, o bien que, a estas horas, todavía el Ministerio de Economía y Hacienda no haya hecho una apreciación del monto del fraude fiscal en nuestro país.
Pero no solo investigar el fraude en estas condiciones es imposible, también resulta un “brindis al sol” la normativa que trata de regular las medidas de prevención del blanqueo de capitales (Ley del 2003 y Reglamento de 2005) En ese sentido el Servicio para la Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), órgano ejecutivo de la Comisión de Blanqueo, compuesta por representantes de varios ministerios y que depende presupuestariamente del Banco de España, sólo investigó a 14 entidades financieras de las 6.500 censadas en España (según valoración del GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional) O bien, también valora el GAFI que no hay una mínima supervisión de las actividades que desarrollan los despachos de abogados, notarías, inmobiliarias, registradores, asesores, joyeros y casinos, hasta hace poco se dedicaban para todos ellos sólo dos inspectores para toda España, ahora ha aumentado a cuatro. El número de comunicaciones sobre operaciones sospechosas entre los años 2001 y 2004 se redujo a la ridícula cifra de 18.
Y son estas profesiones de mucho riesgo y de obligada inspección, ya que sobretodo en el caso de notarías e inmobiliarias son sectores sensibles a operaciones relacionadas con clientes residentes en Paraísos Fiscales. Y es en este sentido que ATTAC pidió al Gobierno Español en 2005 y como medida necesaria para combatir la evasión, el blanqueo de dinero y el fraude fiscal, que formule leyes que impidan que sean reconocidas por el ordenamiento jurídico español las sociedades mercantiles y entidades financieras registradas en estos Paraísos Fiscales, eso sí sin respuesta alguna del Ejecutivo.
EN CONCLUSIÓN:
Queremos informar a la ciudadanía que:
La ley que despliega la reforma fiscal es una ley regresiva que significará una sociedad más desigual, con menos servicios públicos y menos cohesionada. Que la apuesta normativa del Gobierno para prevenir el Fraude Fiscal no será efectiva si no existe una mayor voluntad política que se traduzca en promover medios humanos para la supervisión fiscal de las grandes empresas, que son las que menos se inspeccionan, así como de despachos de abogados, notarías, registradores de la propiedad, etc… Tampoco será efectivo mientras el Gobierno no ponga medios para controlar la evasión y el fraude fiscal vía Paraísos Fiscales identificados en la OCDE.
En general se confirma que son los ciudadanos de a pie los que pagan el grueso de los impuestos.
ATTAC-España
Ricos, grandes empresas y multinacionales ganan, la ciudadanía pierde
El Congreso aprueba la “Ley del impuesto de la renta sobre las personas físicas y de modificación parcial de las leyes sobre los impuestos de sociedades, sobre la renta de no residentes y sobre el patrimonio” y la “Ley de medidas para la prevención del fraude fiscal”
El Congreso de los Diputados aprobó el 2 de Noviembre de 2006 dos leyes de suma importancia para la ciudadanía española, dos leyes que son claves en la presente legislatura y que regulan, una el régimen fiscal y la otra los mecanismos de prevención del fraude fiscal.
La ley que orienta la reforma fiscal pretende incentivar el crecimiento reduciendo la presión fiscal muy especialmente sobre las capas altas, esto supone reducir los impuestos a las rentas del capital en detrimento de las del trabajo.
·Consolida la aplicación de un tipo único de un 18% para las rentas del capital, que en general es significativamente inferior a la media de las rentas del trabajo. A las rentas del trabajo se les seguirá aplicando una escala progresiva, lo que no se hará con las del capital.
·Reduce el impuesto de sociedades del 35% al 30% para las grandes empresas y a un 25 para las medianas y pequeñas.
·Reduce el tipo máximo del IRPF del 45% al 43% y de 5 a 4 los tramos impositivos.
Esta ley disminuye la equidad y la progresividad del sistema fiscal (que pague más quien más tenga) y refuerza las reformas de gobiernos anteriores, cargando más la presión fiscal sobre los trabajadores asalariados y autónomos y los pequeños empresarios. Reducirá en 6000 millones de euros anuales la capacidad recaudatoria del Estado, significará necesariamente un aumento de los impuestos al consumo y mermará los recursos necesarios para financiar los servicios sociales en España y en general las políticas públicas de bienestar. Hay que decir que la presión fiscal en España está 5 puntos por debajo de la media europea y que también el presupuesto de servicios sociales en España está 6 puntos porcentuales por debajo de la media europea, en relación al PIB (producto interior bruto) Aun así todo augura que los efectos de la ley obligarán a corto plazo a reducir el gasto público del que se benefician una mayoría de ciudadanos.
En lo referente a la Ley de Prevención del Fraude Fiscal hemos de decir que Attac la valora positivamente como un intento de perseguirlo en España, que según estimaciones solventes, supone alrededor del 23% del PIB de nuestro país. Pero quiere señalar, con toda firmeza, que de la actitud de la Agencia Tributaria y del propio Ministerio de Economía y Hacienda, no se desprende una voluntad clara de acabar con él, con la evasión de capitales y con la economía sumergida. La insuficiente dotación de medios técnicos – humanos y materiales- de que los servicios de Inspección adolecen, tanto hoy como previsiblemente en el futuro próximo - a juzgar por lo que al respecto reflejan los Presupuestos Generales para 2007- nos hace albergar escasas esperanzas respecto a la erradicación progresiva de tan elevado volumen de fraude sea una realidad”.
Así que no es de extrañar que la mitad aproximadamente de los billetes de 500 € circulen en España, o que la economía sumergida en España signifique más del 23% del PIB, o que prácticamente todas las inmobiliarias acepten sin problemas el dinero negro, o que las grandes empresas no puedan ser investigadas por falta de medios humanos de inspección, o bien que, a estas horas, todavía el Ministerio de Economía y Hacienda no haya hecho una apreciación del monto del fraude fiscal en nuestro país.
Pero no solo investigar el fraude en estas condiciones es imposible, también resulta un “brindis al sol” la normativa que trata de regular las medidas de prevención del blanqueo de capitales (Ley del 2003 y Reglamento de 2005) En ese sentido el Servicio para la Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), órgano ejecutivo de la Comisión de Blanqueo, compuesta por representantes de varios ministerios y que depende presupuestariamente del Banco de España, sólo investigó a 14 entidades financieras de las 6.500 censadas en España (según valoración del GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional) O bien, también valora el GAFI que no hay una mínima supervisión de las actividades que desarrollan los despachos de abogados, notarías, inmobiliarias, registradores, asesores, joyeros y casinos, hasta hace poco se dedicaban para todos ellos sólo dos inspectores para toda España, ahora ha aumentado a cuatro. El número de comunicaciones sobre operaciones sospechosas entre los años 2001 y 2004 se redujo a la ridícula cifra de 18.
Y son estas profesiones de mucho riesgo y de obligada inspección, ya que sobretodo en el caso de notarías e inmobiliarias son sectores sensibles a operaciones relacionadas con clientes residentes en Paraísos Fiscales. Y es en este sentido que ATTAC pidió al Gobierno Español en 2005 y como medida necesaria para combatir la evasión, el blanqueo de dinero y el fraude fiscal, que formule leyes que impidan que sean reconocidas por el ordenamiento jurídico español las sociedades mercantiles y entidades financieras registradas en estos Paraísos Fiscales, eso sí sin respuesta alguna del Ejecutivo.
EN CONCLUSIÓN:
Queremos informar a la ciudadanía que:
La ley que despliega la reforma fiscal es una ley regresiva que significará una sociedad más desigual, con menos servicios públicos y menos cohesionada. Que la apuesta normativa del Gobierno para prevenir el Fraude Fiscal no será efectiva si no existe una mayor voluntad política que se traduzca en promover medios humanos para la supervisión fiscal de las grandes empresas, que son las que menos se inspeccionan, así como de despachos de abogados, notarías, registradores de la propiedad, etc… Tampoco será efectivo mientras el Gobierno no ponga medios para controlar la evasión y el fraude fiscal vía Paraísos Fiscales identificados en la OCDE.
En general se confirma que son los ciudadanos de a pie los que pagan el grueso de los impuestos.
ATTAC-España
A partir del Consejo Político Federal de Izquierda Unida, celebrado en junio pasado, un sector de la oposición de izquierdas a la dirección de Llamazares, decidió aceptar el reto de incorporarse a las tareas de la dirección federal de IU. El propio Enrique de Santiago, que encabezó la candidatura de oposición a Llamazares en la última Asamblea Federal de IU y varios compañeros más, entre los que se encuentra Alberto Arregui, que pertenece al Comité de Redacción de nuestra revista desde su fundación en 1976.
Vuestra incorporación a la Comisión Permanente ha levantado un revuelo interno. Partidarios, detractores, acusaciones de traición… ¿Qué te ha llevado a ti a entrar?
Tras las riadas siempre baja el nivel de agua. Y la verdad, en esta ocasión no aparece ningún cadáver al retirarse las aguas, al revés, rápidamente se está viendo que tomamos la decisión correcta. La pena es que otros compañeros no fueran tan osados como nosotros y hayan quedado fuera de este intento de dirección integradora. Eso les lleva a una dinámica perversa pues necesitan justificar su desplante inventando o exagerando diferencias que no existen entre ellos y Llamazares.
Baste recordar que la mayor claudicación de IU ante la dirección del PSOE la protagonizó la fugaz dirección encabezada por Francisco Frutos al pactar con Almunia, en un pacto preelectoral aceptando de cabo a rabo el programa del PSOE.
IU vive en una situación de crisis permanente, en los últimos años el porcentaje de votos a la coalición se reduce constantemente y, lo que es mucho peor, las Asambleas de base se vacían de militancia.
Una vez que quedó claro que la oposición a la dirección federal de IU carecía de la posibilidad de ofrecer una dirección alternativa, cabían básicamente dos opciones: intentar colaborar a la recuperación de IU, o jugar al cuanto peor mejor, para pescar en río revuelto. Esta última táctica, es un disparate, pues IU y PCE son como esos siameses que aparecen en la prensa. Algunos piensan que uno sobreviviría aunque sea a costa de la muerte del otro, pero se puede tener la seguridad de que en la operación de separación morirían los dos. Y, hoy por hoy, IU sigue siendo el único núcleo de ámbito estatal donde se agrupa la izquierda en la que sobrevive la idea de la transformación socialista de la sociedad, el núcleo a partir del cual recomponer el movimiento de la izquierda. A pesar de todo se puede hablar de marxismo, y a pesar de todos los atropellos existe un margen de democracia interna de la que carecen otras organizaciones.
Pero parece un juego peligroso, ¿Hasta que punto la incorporación a una dirección te hace cómplice de su política?
Eso depende. No se trata de un gobierno de coalición con el PP, sino de una organización de compañeros y compañeras con los que puedes tener muchas diferencias pero con los que vas en el mismo barco. Es paradójico, algunos que consideran «pecado mortal», estar en la misma dirección que Llamazares, por un lado ya formaban parte de esta dirección desde la Asamblea Federal. Y, en lo interno, supone dejar que el sectarismo político te ofusque. Por ejemplo: dicen que no puedes llegar a acuerdos con estos compañeros pero no tienen inconveniente en apoyar el envío de tropas imperialistas al Líbano, de acuerdo con Bush y el gobierno sionista de Israel. El sectarismo conduce a este tipo de contradicciones.
Entonces, podrías concretar más el grado de acuerdos y desacuerdos en el seno de la Comisión Permanente.
Eso supone entender los distintos bloques que existen en este momento en esa dirección. Por un lado, obviamente el grupo organizado en torno a Gaspar Llamazares mantiene la mayoría en la dirección, pero ha dado un paso para tratar de integrar una mayor pluralidad, en parte por razones de supervivencia, y desprenderse más de un grupo que es un verdadero lastre, que pesa como el cemento y los ladrillos, a la hora de una política de izquierdas, que es el encabezado por el diputado Ángel Pérez, que controla la mayoría del aparato de la federación de Madrid.
Se puede afirmar que las luchas en el seno de IU, entre sus dirigentes se entiende, no se producen por diferencias ideológicas, o programáticas ¿Cuáles serían las diferencias entre Frutos, Pérez, Alcaráz, Llamazares…? La clave es la lucha por el poder, la ambición de dominar el aparato de la organización. Y por eso también la clave de la solución está en conseguir nueva afiliación, rejuvenecer la organización en un sentido amplio, no sólo de edad, y que las cosas vayan desde las Asambleas de base hacia la dirección. Hoy en día desde los aparatos se controla la organización.
Así pueden darse alianzas que parecen antinatura para desbancar a unos del control de la dirección para ponerse ellos. Esa es la obsesión de un sector de la actual dirección del PCE que está dispuesto a pactar con Pérez para desbancar a Llamazares. Por eso están tan enfadados con la entrada de Enrique en la dirección, pues les pone más cuesta arriba su maniobra. En IU sucede en parte como en la sociedad burguesa; hay muchos que defienden una cosa u otra, por ejemplo pactar con el PSOE, dependiendo de si controlan el aparato o están en la oposición.
¿Pero no son casi todos ellos militantes del PCE?
Nominalmente si, pero para entender lo que pasa es necesario entender la historia de IU, que estaba formada por varios partidos e independientes. Mientras el núcleo del aparato de IU coincidía con el aparato del PCE no había un conflicto agudo, aunque ya hubo problemas cíclicos, pero ahora el aparato del PCE y de IU no sólo no coinciden sino que están contrapuestos. Se podría decir, en cierto sentido, que son dos partidos distintos y la coexistencia no es precisamente pacífica. Será un problema muy difícil de resolver. Las llamadas «familias» de IU no son corrientes ideológicas, sino más bien agrupaciones en torno a aparatos y cargos públicos.
Parece un lío difícil de seguir, pero ¿no existen discrepancias de carácter político?
Sí, claro. Y, sin duda, la mayor aportación de nuestra incorporación a la Comisión Permanente ha sido elevar el nivel político de las discusiones. Pero existe un problema que podríamos llamar «prepolítico», la condición sin la cual el debate político verdadero no puede existir, la democracia interna. Terrenos caciquíles como la organización regional de Madrid, que parecen un grupo de señoritos en un cortijo, o los conflictos en Salamanca, Cantabria, Jaén, Málaga…muestran que tenemos muchos dirigentes desideologizados, o más bien, que están dominados por la ideología dominante en la sociedad.
Pero ¿Cuáles son esas discrepancias ideológicas a las que has hecho referencia?
Llevo sólo tres meses participando en la Permanente pero ya han surgido debates muy interesantes. Me parece clave la discusión sobre la Reforma Laboral y de la Seguridad Social pactadas por el gobierno y los sindicatos.
La discusión fue muy buena, a pesar de que quienes pedíamos una oposición frontal con voto negativo en todos los ámbitos a la reforma laboral nos quedamos en minoría. Sin embargo si conseguimos una oposición frontal a la reforma de la Seguridad Social que tiene aspectos tan salvajemente regresivos como el aumento del cómputo en 24 meses para tener derecho a la jubilación, eso en el país de la precariedad y la ilegalidad.
La filosofía del gobierno es culpar a los trabajadores de todos los problemas de la sociedad y la economía. Su conciencia de clase esta clara, con la clase dominante, y eso hay compañeros y compañeras de la dirección que no terminan de entenderlo.
Aunque se va produciendo un cierto giro en la posición de IU frente al gobierno PSOE conforme se acercan las elecciones. ZP no es que este girando a la derecha, como dice Llamazares, sino que cada vez muestra más el carácter de clase de su política, e IU va tomando posición más a la izquierda frente a aspectos de la política del gobierno. Por ejemplo la memoria histórica o la inmigración.
Mis mayores discrepancias, además de otras menores se han centrado en el apoyo al envío de tropas al Líbano y la falta de una política más audaz en el proceso de paz en Euskalherria, así como una política más consecuente en defensa de lo público y de los intereses de la clase obrera en temas como el ERE de RTVE o el tema de las privatizaciones, como las eléctricas o la ley de dependencia.
La actual dirección dará bandazos a izquierda y derecha pues carece de programa y perspectivas. Se vota a favor de la Ley de dependencia elaborada por el PSOE que tiene graves deficiencias y, sobre todo sería necesario tener una postura de rechazo de los Presupuestos Generales del Estado tal como los ha presentado el gobierno y condicionar nuestro voto a un cambio radical de los mismos, ahora profundizan la política de transferencia de rentas de los pobres a los ricos.
Aunque sea de forma muy resumida, ¿puedes explicarnos las discrepancias que has mencionado?
En cuanto al Líbano creo que no podemos apoyar el envío de tropas imperialistas, las de los Estados excoloniales incluido el español, creando la ficción de «un ejército pacificador». Van allí a defender los intereses del imperialismo de los EEUU y del propio Estado sionista, después del fracaso de la intervención del ejército israelí. El «ejercito humanitario» es una contradicción en los términos, y desde IU estamos colaborando a incrementar este engaño. ¿De que sirve el antibelicismo, empleo este término porque yo no soy pacifista, si a la hora de la verdad apoyamos las intervenciones de los ejércitos imperialistas? Además contribuimos a que ZP parezca el líder de la paz cuando la tiempo se envían tropas a Afganistán para acciones de guerra.
En cuanto a RTVE, creo que los responsables de esta área en IU han metido la pata hasta el cuello. Fue un disparate mayúsculo el apoyar un plan salvaje de reducción de plantilla, la destrucción de más de 4.000 empleos, la vía para favorecer a las cadenas privadas, y no sólo lo apoyaron sino que Alcázar y Mendi lo presentaron como un «éxito sindical». Es para no creerlo, pero es uno de los defectos de la mayoría de IU, no se atreven a enmendar la plana a la desastrosa política de Méndez y Fidalgo que han abandonado la movilización y la presión sindical como arma de los trabajadores.
En cuanto al proceso de paz en Euskadi, merecería una explicación detallada, pero al menos decir que IU tendría que estar denunciando la política de ZP. Tienen una ocasión que difícilmente se da, y después de una actuación audaz al principio, incluso marginando al PP, ahora están atascados ante la ofensiva de la derecha y, sobre todo, de los propios problemas internos en el PSOE. El acercamiento de los presos es una reivindicación democrática, simplemente es el cumplimiento de la ley, y aún no lo han hecho, y es imprescindible para afianzar el proceso. Debiéramos estar haciendo campaña por esto pero existen compañeros en IU que piensan que defender los derechos democráticos de los pueblos, como el de autodeterminación, «nos quita votos en otras partes», lo que nos quita votos es no ser más consecuentes, no abrir más la organización.
Por último ¿cómo ves las perspectivas electorales?
De momento creo que la clave para hacerlo bien pasa por defender un programa que responda a las necesidades objetivas de la mayor parte de las familias obreras y de la juventud. IU no puede hacer su política basándose en las encuestas de opinión, primero porque nosotros no nos dirigimos a toda la sociedad sino a aquellos sectores que esperan una alternativa diferente, desde luego claramente a la izquierda del gobierno. Es curioso pero existe mayor porcentaje, algunos lo cifran en el 13% de electorado que tiene como referencia política a IU, que el porcentaje de voto que recibimos. Y, en gran medida, la fórmula para tener ese porcentaje de voto, y más, es que nadie pueda decir : «los de IU son como todos los demás políticos». Y para conseguir que la gente nos vea «diferentes» en el aspecto más positivo de la expresión, debemos defender los intereses de nuestra clase y además jubilar a bastantes de los actuales dirigentes y dar paso a la base, no sólo a la actual militancia, sino a todas aquellas personas que se incorporarían a la lucha activa en nuestras filas, algo mucho más importante que contar votos.
Fuente: Nueva Claridad
Vuestra incorporación a la Comisión Permanente ha levantado un revuelo interno. Partidarios, detractores, acusaciones de traición… ¿Qué te ha llevado a ti a entrar?
Tras las riadas siempre baja el nivel de agua. Y la verdad, en esta ocasión no aparece ningún cadáver al retirarse las aguas, al revés, rápidamente se está viendo que tomamos la decisión correcta. La pena es que otros compañeros no fueran tan osados como nosotros y hayan quedado fuera de este intento de dirección integradora. Eso les lleva a una dinámica perversa pues necesitan justificar su desplante inventando o exagerando diferencias que no existen entre ellos y Llamazares.
Baste recordar que la mayor claudicación de IU ante la dirección del PSOE la protagonizó la fugaz dirección encabezada por Francisco Frutos al pactar con Almunia, en un pacto preelectoral aceptando de cabo a rabo el programa del PSOE.
IU vive en una situación de crisis permanente, en los últimos años el porcentaje de votos a la coalición se reduce constantemente y, lo que es mucho peor, las Asambleas de base se vacían de militancia.
Una vez que quedó claro que la oposición a la dirección federal de IU carecía de la posibilidad de ofrecer una dirección alternativa, cabían básicamente dos opciones: intentar colaborar a la recuperación de IU, o jugar al cuanto peor mejor, para pescar en río revuelto. Esta última táctica, es un disparate, pues IU y PCE son como esos siameses que aparecen en la prensa. Algunos piensan que uno sobreviviría aunque sea a costa de la muerte del otro, pero se puede tener la seguridad de que en la operación de separación morirían los dos. Y, hoy por hoy, IU sigue siendo el único núcleo de ámbito estatal donde se agrupa la izquierda en la que sobrevive la idea de la transformación socialista de la sociedad, el núcleo a partir del cual recomponer el movimiento de la izquierda. A pesar de todo se puede hablar de marxismo, y a pesar de todos los atropellos existe un margen de democracia interna de la que carecen otras organizaciones.
Pero parece un juego peligroso, ¿Hasta que punto la incorporación a una dirección te hace cómplice de su política?
Eso depende. No se trata de un gobierno de coalición con el PP, sino de una organización de compañeros y compañeras con los que puedes tener muchas diferencias pero con los que vas en el mismo barco. Es paradójico, algunos que consideran «pecado mortal», estar en la misma dirección que Llamazares, por un lado ya formaban parte de esta dirección desde la Asamblea Federal. Y, en lo interno, supone dejar que el sectarismo político te ofusque. Por ejemplo: dicen que no puedes llegar a acuerdos con estos compañeros pero no tienen inconveniente en apoyar el envío de tropas imperialistas al Líbano, de acuerdo con Bush y el gobierno sionista de Israel. El sectarismo conduce a este tipo de contradicciones.
Entonces, podrías concretar más el grado de acuerdos y desacuerdos en el seno de la Comisión Permanente.
Eso supone entender los distintos bloques que existen en este momento en esa dirección. Por un lado, obviamente el grupo organizado en torno a Gaspar Llamazares mantiene la mayoría en la dirección, pero ha dado un paso para tratar de integrar una mayor pluralidad, en parte por razones de supervivencia, y desprenderse más de un grupo que es un verdadero lastre, que pesa como el cemento y los ladrillos, a la hora de una política de izquierdas, que es el encabezado por el diputado Ángel Pérez, que controla la mayoría del aparato de la federación de Madrid.
Se puede afirmar que las luchas en el seno de IU, entre sus dirigentes se entiende, no se producen por diferencias ideológicas, o programáticas ¿Cuáles serían las diferencias entre Frutos, Pérez, Alcaráz, Llamazares…? La clave es la lucha por el poder, la ambición de dominar el aparato de la organización. Y por eso también la clave de la solución está en conseguir nueva afiliación, rejuvenecer la organización en un sentido amplio, no sólo de edad, y que las cosas vayan desde las Asambleas de base hacia la dirección. Hoy en día desde los aparatos se controla la organización.
Así pueden darse alianzas que parecen antinatura para desbancar a unos del control de la dirección para ponerse ellos. Esa es la obsesión de un sector de la actual dirección del PCE que está dispuesto a pactar con Pérez para desbancar a Llamazares. Por eso están tan enfadados con la entrada de Enrique en la dirección, pues les pone más cuesta arriba su maniobra. En IU sucede en parte como en la sociedad burguesa; hay muchos que defienden una cosa u otra, por ejemplo pactar con el PSOE, dependiendo de si controlan el aparato o están en la oposición.
¿Pero no son casi todos ellos militantes del PCE?
Nominalmente si, pero para entender lo que pasa es necesario entender la historia de IU, que estaba formada por varios partidos e independientes. Mientras el núcleo del aparato de IU coincidía con el aparato del PCE no había un conflicto agudo, aunque ya hubo problemas cíclicos, pero ahora el aparato del PCE y de IU no sólo no coinciden sino que están contrapuestos. Se podría decir, en cierto sentido, que son dos partidos distintos y la coexistencia no es precisamente pacífica. Será un problema muy difícil de resolver. Las llamadas «familias» de IU no son corrientes ideológicas, sino más bien agrupaciones en torno a aparatos y cargos públicos.
Parece un lío difícil de seguir, pero ¿no existen discrepancias de carácter político?
Sí, claro. Y, sin duda, la mayor aportación de nuestra incorporación a la Comisión Permanente ha sido elevar el nivel político de las discusiones. Pero existe un problema que podríamos llamar «prepolítico», la condición sin la cual el debate político verdadero no puede existir, la democracia interna. Terrenos caciquíles como la organización regional de Madrid, que parecen un grupo de señoritos en un cortijo, o los conflictos en Salamanca, Cantabria, Jaén, Málaga…muestran que tenemos muchos dirigentes desideologizados, o más bien, que están dominados por la ideología dominante en la sociedad.
Pero ¿Cuáles son esas discrepancias ideológicas a las que has hecho referencia?
Llevo sólo tres meses participando en la Permanente pero ya han surgido debates muy interesantes. Me parece clave la discusión sobre la Reforma Laboral y de la Seguridad Social pactadas por el gobierno y los sindicatos.
La discusión fue muy buena, a pesar de que quienes pedíamos una oposición frontal con voto negativo en todos los ámbitos a la reforma laboral nos quedamos en minoría. Sin embargo si conseguimos una oposición frontal a la reforma de la Seguridad Social que tiene aspectos tan salvajemente regresivos como el aumento del cómputo en 24 meses para tener derecho a la jubilación, eso en el país de la precariedad y la ilegalidad.
La filosofía del gobierno es culpar a los trabajadores de todos los problemas de la sociedad y la economía. Su conciencia de clase esta clara, con la clase dominante, y eso hay compañeros y compañeras de la dirección que no terminan de entenderlo.
Aunque se va produciendo un cierto giro en la posición de IU frente al gobierno PSOE conforme se acercan las elecciones. ZP no es que este girando a la derecha, como dice Llamazares, sino que cada vez muestra más el carácter de clase de su política, e IU va tomando posición más a la izquierda frente a aspectos de la política del gobierno. Por ejemplo la memoria histórica o la inmigración.
Mis mayores discrepancias, además de otras menores se han centrado en el apoyo al envío de tropas al Líbano y la falta de una política más audaz en el proceso de paz en Euskalherria, así como una política más consecuente en defensa de lo público y de los intereses de la clase obrera en temas como el ERE de RTVE o el tema de las privatizaciones, como las eléctricas o la ley de dependencia.
La actual dirección dará bandazos a izquierda y derecha pues carece de programa y perspectivas. Se vota a favor de la Ley de dependencia elaborada por el PSOE que tiene graves deficiencias y, sobre todo sería necesario tener una postura de rechazo de los Presupuestos Generales del Estado tal como los ha presentado el gobierno y condicionar nuestro voto a un cambio radical de los mismos, ahora profundizan la política de transferencia de rentas de los pobres a los ricos.
Aunque sea de forma muy resumida, ¿puedes explicarnos las discrepancias que has mencionado?
En cuanto al Líbano creo que no podemos apoyar el envío de tropas imperialistas, las de los Estados excoloniales incluido el español, creando la ficción de «un ejército pacificador». Van allí a defender los intereses del imperialismo de los EEUU y del propio Estado sionista, después del fracaso de la intervención del ejército israelí. El «ejercito humanitario» es una contradicción en los términos, y desde IU estamos colaborando a incrementar este engaño. ¿De que sirve el antibelicismo, empleo este término porque yo no soy pacifista, si a la hora de la verdad apoyamos las intervenciones de los ejércitos imperialistas? Además contribuimos a que ZP parezca el líder de la paz cuando la tiempo se envían tropas a Afganistán para acciones de guerra.
En cuanto a RTVE, creo que los responsables de esta área en IU han metido la pata hasta el cuello. Fue un disparate mayúsculo el apoyar un plan salvaje de reducción de plantilla, la destrucción de más de 4.000 empleos, la vía para favorecer a las cadenas privadas, y no sólo lo apoyaron sino que Alcázar y Mendi lo presentaron como un «éxito sindical». Es para no creerlo, pero es uno de los defectos de la mayoría de IU, no se atreven a enmendar la plana a la desastrosa política de Méndez y Fidalgo que han abandonado la movilización y la presión sindical como arma de los trabajadores.
En cuanto al proceso de paz en Euskadi, merecería una explicación detallada, pero al menos decir que IU tendría que estar denunciando la política de ZP. Tienen una ocasión que difícilmente se da, y después de una actuación audaz al principio, incluso marginando al PP, ahora están atascados ante la ofensiva de la derecha y, sobre todo, de los propios problemas internos en el PSOE. El acercamiento de los presos es una reivindicación democrática, simplemente es el cumplimiento de la ley, y aún no lo han hecho, y es imprescindible para afianzar el proceso. Debiéramos estar haciendo campaña por esto pero existen compañeros en IU que piensan que defender los derechos democráticos de los pueblos, como el de autodeterminación, «nos quita votos en otras partes», lo que nos quita votos es no ser más consecuentes, no abrir más la organización.
Por último ¿cómo ves las perspectivas electorales?
De momento creo que la clave para hacerlo bien pasa por defender un programa que responda a las necesidades objetivas de la mayor parte de las familias obreras y de la juventud. IU no puede hacer su política basándose en las encuestas de opinión, primero porque nosotros no nos dirigimos a toda la sociedad sino a aquellos sectores que esperan una alternativa diferente, desde luego claramente a la izquierda del gobierno. Es curioso pero existe mayor porcentaje, algunos lo cifran en el 13% de electorado que tiene como referencia política a IU, que el porcentaje de voto que recibimos. Y, en gran medida, la fórmula para tener ese porcentaje de voto, y más, es que nadie pueda decir : «los de IU son como todos los demás políticos». Y para conseguir que la gente nos vea «diferentes» en el aspecto más positivo de la expresión, debemos defender los intereses de nuestra clase y además jubilar a bastantes de los actuales dirigentes y dar paso a la base, no sólo a la actual militancia, sino a todas aquellas personas que se incorporarían a la lucha activa en nuestras filas, algo mucho más importante que contar votos.
Fuente: Nueva Claridad
Miren es catedrática de Economía Aplicada y da clases de las asignaturas Desarrollo Económico y Política Económica. Defiende un enfoque marxista y anticapitalista de la economía. No en vano ha participado en numerosas charlas y debates en contra de la globalización capitalista y la UE, ha escrito numerosos libros así como también coordina actualmente el Seminario de Economía Crítica Taifa, en Barcelona.
¿Puedes presentarte brevemente?
Me llamo Miren Etxezarreta, soy economista de profesión. He procurado muchos años trabajar la economía critica. Estoy en los movimientos sociales.
¿Como empezaste a interesarte por la economía?
A mí siempre me ha preocupado que haya pobres y ricos, y quería saber por qué, y pensé que estudiando Económicas lo entendería. Estudie 5 años y no me enteré. A los 70 años lo he llegado a entender un poco.
¿Por qué se enseña economía mayoritariamente neoliberal en nuestras facultades?
Siempre se ha enseñado el pensamiento dominante. En este momento es la economía neoliberal. ¿Cómo se ha llegado a eso? Hay una serie de mecanismos muy indirectos y muy sutiles que hacen que la gente aprenda la economía neoliberal. Si eres un estudiante brillante, como sólo te enseñan economía neoliberal, es la que aprendes, después pasas a hacer un doctorado, y como ya la has estudiado, sigues con la economía neoliberal, y para ser profesor tienes que presentar artículos en revistas donde publican sólo economía neoliberal... No hay censura directamente, son canales muy indirectos, dentro de la propia profesión, que hacen que el sistema se perpetúe. Además te rodean de un clima en el que si eres crítica estás muy desprestigiada, eso es difícil de sostener. Se trata de descalificar profesionalmente e ideológicamente a la gente que hace otras cosas. Un debate ideológico con los neoliberales se puede hacer pero su argumento siempre es que estas obsoleto/a, atrasado/a. Una de las razones de la situación actual es la falta de debate disciplinar-ideológico.
¿Crees que se busca la desaparición de los planes de estudios de asignaturas como historia económica o pensamiento económico que ponen en duda la hegemonía de la teoría y práctica económica liberal?
En parte sí. Sobre todo en algunas facultades que quieren ser “modernas” y muy matemáticas teniendo prestigio por esa línea. De hecho se ha eliminado en algunas facultades y se elimina más por la convicción de los que mandan de que la economía tiene que ir por los derroteros actuales, que por censura. Evidentemente no son ingenuos, saben muy bien lo que están haciendo.
¿El pensamiento anticapitalista ha tenido siempre tan poco peso? ¿Por qué?
El pensamiento es fruto de la realidad, y de la composición de fuerzas, en los años 60 y primeros 70 era más rico; las corrientes afines a Sraffa, a Marx estaban más presentes. Esto no quiere decir que fuera muy potente, pero más que ahora sí. Por otra parte el hecho de que se considere que estás obsoleto y que no eres riguroso si piensas en términos de Keynes o no digamos nada si piensas en términos de Marxismo, hace mella en el desarrollo del anticapitalismo.
Los economistas radicales americanos (Union of Radical Political Economics) irrumpieron en la 82ª reunión anual de la Asociación Económica Americana (AEA) en 1969, denunciando que el objetivo de esta Asociación y sus economistas miembros era apoyar, cuales mercenarios, a la élite económica y que eran los instrumentos necesarios para la consecución de unos fines injustos. Concretamente los acusaron de ser los sacerdotes que predican en las facultades y los ingenieros que actúan en contra de los trabajadores y a favor de los capitalistas .
¿Crees que esto es así con la mayoría de economistas, también en el Estado español, hoy en día? ¿Como se implementa en la práctica todo esto?
En una inmensa proporción sí. Hay excepciones, pero en general somos mercenarios y servidores del poder. Se implementa simplemente porque tenemos que comer de ahí. Lo importante es que somos asalariados y por la condición de asalariados nos vemos obligados a ello. En la universidad que puede ser el reducto en que podríamos tener mas libertad, tiene estos otros mecanismos que lo impiden. Somos fruto de la sociedad en la que vivimos.
¿Cómo has visto la evolución del comportamiento de los estudiantes ante los estudios de economía?
Aquí estoy triste, pues percibo una regresión fuerte en el interés de los estudiantes por unos estudios de economía que les expliquen la realidad. Hemos conducido a los estudiantes en una dirección en que lo único que importa son las notas, el currículum, para poder tener un empleo mejor o una beca. No hay ninguna relación coste-beneficio en que el beneficio sea lo que sabes o aprendes, sino que la relación es que el coste es el estudio y el beneficio es la nota, el planteamiento pasa a ser tener la máxima nota con el mínimo esfuerzo y no importa nada lo que aprendas. Me preocupa bastante la marcha que está llevando la universidad.
¿Cómo crees que se deberían estructurar los estudios de economía y empresa? ¿Qué métodos docentes crees más útiles?
Con muchas menos asignaturas, menos horas de clase, más horas de trabajo personal en la biblioteca, con asignaturas integradoras, con mucha teoría, estar en la universidad significa saber teorías. Habría que integrar muchísimo más la historia y la vida cotidiana, el análisis de tu disciplina y de la vida cotidiana. La clase magistral se debería combinar con tutorías de grupos pequeños, haciendo muchos trabajos, entonces la gente aprendería mucho más. Los métodos docentes deberían ser más activos por parte del estudiante.
Creo también que es necesaria más cultura general, los estudiantes no leen nada, en general es patético. Estamos convirtiendo al estudiante universitario en una persona que es capaz de repetir cuatro cosas, de aprender cuatro cosas, que no se necesita más. Para ir a trabajar a una caja o a un ayuntamiento no se necesita saber mucho. Se está produciendo lo que interesa al poder, gente sin ninguna capacidad de reflexión propia, y sin capacidad crítica y con poca capacidad intelectual por falta de cultura a todos los niveles. Las elites ya van a universidades privadas y hacen doctorados en las privadas.
¿Puedes definirnos brevemente la situación actual de los/as trabajadores/as y del sistema económico, sus problemas y las perspectivas que se presentan?
Estamos en un punto en el que la clase trabajadora ha sufrido una derrota histórica fuerte desde los años 70 y, por lo tanto, su situación ha empeorado. En este momento la situación se ha degradado tanto que parece como si se empezara a reaccionar un poco. Todo ello con muy pocas perspectivas de una sociedad libre. Si pierdes el trabajo con 40 años no tienes esperanza en encontrar otro. A pesar de todo, el 80% de la población cree que vive bien. Se da una situación complicada en que materialmente el sistema produce mucha riqueza y alguna se tiene que distribuir, pero la desigualdad está creciendo, los salarios de la elite están creciendo mucho.
¿Crees que se está dando un proceso de desaparición de la clase media?
Yo no lo tengo tan claro. Veo una asalarización creciente porque antes se vivía con un salario y ahora se vive parecido con dos salarios. Creo que lo que sostiene el sistema es la clase media, la elite de la clase obrera, que cada vez gasta más dinero. El sistema sostiene una parte importante de la población para que pueda reproducirse y para legitimarse. Aun así hay un 20% de pobres en España.
La gente compra pisos a 50 años, la gente protesta, está angustiada, pero no toma medidas muy duras. Las condiciones objetivas son cada vez más difíciles, pero a nivel subjetivo no lo parece.
La clase media se ha reforzado en muchas cosas. Ahora hay más universitarios que nunca, pues la mayoría de universitarios no tenían padres universitarios. Quizás vuestra generación es la primera en la que estaréis peor que la de vuestros padres.
¿Cómo crees que se puede difundir la economía crítica y con qué medios para ser útil para los movimientos sociales y la población en general?
Predicar y la praxis. Estamos viviendo una etapa en la que da miedo decir que esto no funciona. Lo primero que hay que hacer es una crítica sólida y los economistas jóvenes tenéis que prepararos para ello. De todas formas, lo intelectual solo no cambiará nunca una sociedad. Hay que organizarse. Si algo podemos hacer, es facilitar conocimientos y herramientas a los movimientos sociales. Como economistas tenemos que participar en ellos, tenemos que crear trabajos económicos, rigurosos y sólidos como participantes, no como sabios. Hay muy pocos economistas participando en movimientos sociales. Creo también que el papel del profesional es trabajar en su profesión. Tampoco me vale el economista que es fantástico en la asociación de vecinos o el sindicato, pero no hace trabajos de economía.
¿Qué alternativas a nivel teórico y de práctica económica planteas para el cambio social?
Tanto a nivel teórico como de práctica, no creo en las alternativas planteadas desde arriba. Yo no creo que tenga que haber un diseño. Si hay algo que nos ha enseñado la experiencia de la URSS es que los diseños de arriba abajo son un desastre. Es un proceso largo. Creo que en las condiciones políticas, sociales y económicas actuales no es posible plantear una transformación radical y rápida del sistema capitalista. Las alternativas se tienen que construir de abajo arriba. Será, pues, a través del debate, de la reflexión, con los instrumentos que tengamos de tipo técnico… pero no es un problema de técnica, es un problema de política, de fuerza social. Si tú tienes fuerza social seguro que encontrarás economistas que hagan un diseño que a ti te interesa. En esto estaría más próxima a movimientos anarquistas o zapatistas de abajo arriba, pero también creo que arriba debe de haber instituciones que refuercen lo de abajo.
El caso de Venezuela, por ejemplo, es algo que va de arriba abajo, como pasó en Nicaragua, donde hace la revolución una elite, con el apoyo del pueblo, pero el pueblo no estaba integrado, los valores no habían cambiado. En el momento que hay una derecha que les ofrece lo que valoran a nivel material, se pasan a la derecha. Es una superestructura puesta sobre una socio-estructura muy débil, que no vale. Es el peligro de Chávez.
Por otra parte, con la competitividad global no hay ninguna esperanza, hay que rechazarla de fondo. Con el mercado solo no hay ninguna esperanza, tampoco creo que lo más importante sea la estatalización de las economías. La propiedad pública de los medios de producción es necesaria pero no lo es todo. Tiene que haber una planificación social, desde la base de la población, que marque los ejes centrales de la economía, y si fuese así no tendría mucho inconveniente en que en algunas partes de la economía funcionara la iniciativa privada, así como la del tipo cooperativa o empresas dirigidas por sus trabajadores, siempre y cuando no dejes que éstas dominen lo público. En el caso de las transnacionales es imposible porque pueden con lo público.
*Se puede leer la declaración entera en Información Comercial Española, nº488, abril de 1974, p. 88. También se puede leer sobre el tema en Samuel Bowles. “Los economistas como servidores del poder”. Revista Española de Economía, Enero-Abril de 1977, pp. 474-483.
Para leer más:
Libros
-Etxezarreta, Miren (coord). La Reestructuración del capitalismo en España: 1970-1990. Icària-Fuhem, Barcelona, 1991.
- Etxezarreta, Miren. “La vulnerabilidad de los modelos económicos neoliberales”, en el libro de Guerrero, Diego (coord). Macroeconomia y crisis mundial. Trotta, Madrid, 2000. Disponible en http://pc1406.cps.ucm.es.
-Fernández Duran, Ramón; Etxezarreta, Miren. Globalización capitalista: luchas y resistencias. Virus-Baladre, Barcelona, 2001.
-Etxezarreta, Miren (coord). “Crítica a la economía ortodoxa”. Seminario de Economía Crítica TAIFA. Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions, 2004.
Artículos, ponencias y otros trabajos
-Etxezarreta, Miren. “Las alternativas y los economistas”. Ponencia de las X Jornadas de Economía Crítica de Barcelona, 2006. Se puede consultar en la web www.economiacritica.org, donde hay varios artículos de Miren.
Webs
http://www.economiacritica.org
http://www.seminaritaifa.no-ip.org
http://cursos.seminaritaifa.org
¿Puedes presentarte brevemente?
Me llamo Miren Etxezarreta, soy economista de profesión. He procurado muchos años trabajar la economía critica. Estoy en los movimientos sociales.
¿Como empezaste a interesarte por la economía?
A mí siempre me ha preocupado que haya pobres y ricos, y quería saber por qué, y pensé que estudiando Económicas lo entendería. Estudie 5 años y no me enteré. A los 70 años lo he llegado a entender un poco.
¿Por qué se enseña economía mayoritariamente neoliberal en nuestras facultades?
Siempre se ha enseñado el pensamiento dominante. En este momento es la economía neoliberal. ¿Cómo se ha llegado a eso? Hay una serie de mecanismos muy indirectos y muy sutiles que hacen que la gente aprenda la economía neoliberal. Si eres un estudiante brillante, como sólo te enseñan economía neoliberal, es la que aprendes, después pasas a hacer un doctorado, y como ya la has estudiado, sigues con la economía neoliberal, y para ser profesor tienes que presentar artículos en revistas donde publican sólo economía neoliberal... No hay censura directamente, son canales muy indirectos, dentro de la propia profesión, que hacen que el sistema se perpetúe. Además te rodean de un clima en el que si eres crítica estás muy desprestigiada, eso es difícil de sostener. Se trata de descalificar profesionalmente e ideológicamente a la gente que hace otras cosas. Un debate ideológico con los neoliberales se puede hacer pero su argumento siempre es que estas obsoleto/a, atrasado/a. Una de las razones de la situación actual es la falta de debate disciplinar-ideológico.
¿Crees que se busca la desaparición de los planes de estudios de asignaturas como historia económica o pensamiento económico que ponen en duda la hegemonía de la teoría y práctica económica liberal?
En parte sí. Sobre todo en algunas facultades que quieren ser “modernas” y muy matemáticas teniendo prestigio por esa línea. De hecho se ha eliminado en algunas facultades y se elimina más por la convicción de los que mandan de que la economía tiene que ir por los derroteros actuales, que por censura. Evidentemente no son ingenuos, saben muy bien lo que están haciendo.
¿El pensamiento anticapitalista ha tenido siempre tan poco peso? ¿Por qué?
El pensamiento es fruto de la realidad, y de la composición de fuerzas, en los años 60 y primeros 70 era más rico; las corrientes afines a Sraffa, a Marx estaban más presentes. Esto no quiere decir que fuera muy potente, pero más que ahora sí. Por otra parte el hecho de que se considere que estás obsoleto y que no eres riguroso si piensas en términos de Keynes o no digamos nada si piensas en términos de Marxismo, hace mella en el desarrollo del anticapitalismo.
Los economistas radicales americanos (Union of Radical Political Economics) irrumpieron en la 82ª reunión anual de la Asociación Económica Americana (AEA) en 1969, denunciando que el objetivo de esta Asociación y sus economistas miembros era apoyar, cuales mercenarios, a la élite económica y que eran los instrumentos necesarios para la consecución de unos fines injustos. Concretamente los acusaron de ser los sacerdotes que predican en las facultades y los ingenieros que actúan en contra de los trabajadores y a favor de los capitalistas .
¿Crees que esto es así con la mayoría de economistas, también en el Estado español, hoy en día? ¿Como se implementa en la práctica todo esto?
En una inmensa proporción sí. Hay excepciones, pero en general somos mercenarios y servidores del poder. Se implementa simplemente porque tenemos que comer de ahí. Lo importante es que somos asalariados y por la condición de asalariados nos vemos obligados a ello. En la universidad que puede ser el reducto en que podríamos tener mas libertad, tiene estos otros mecanismos que lo impiden. Somos fruto de la sociedad en la que vivimos.
¿Cómo has visto la evolución del comportamiento de los estudiantes ante los estudios de economía?
Aquí estoy triste, pues percibo una regresión fuerte en el interés de los estudiantes por unos estudios de economía que les expliquen la realidad. Hemos conducido a los estudiantes en una dirección en que lo único que importa son las notas, el currículum, para poder tener un empleo mejor o una beca. No hay ninguna relación coste-beneficio en que el beneficio sea lo que sabes o aprendes, sino que la relación es que el coste es el estudio y el beneficio es la nota, el planteamiento pasa a ser tener la máxima nota con el mínimo esfuerzo y no importa nada lo que aprendas. Me preocupa bastante la marcha que está llevando la universidad.
¿Cómo crees que se deberían estructurar los estudios de economía y empresa? ¿Qué métodos docentes crees más útiles?
Con muchas menos asignaturas, menos horas de clase, más horas de trabajo personal en la biblioteca, con asignaturas integradoras, con mucha teoría, estar en la universidad significa saber teorías. Habría que integrar muchísimo más la historia y la vida cotidiana, el análisis de tu disciplina y de la vida cotidiana. La clase magistral se debería combinar con tutorías de grupos pequeños, haciendo muchos trabajos, entonces la gente aprendería mucho más. Los métodos docentes deberían ser más activos por parte del estudiante.
Creo también que es necesaria más cultura general, los estudiantes no leen nada, en general es patético. Estamos convirtiendo al estudiante universitario en una persona que es capaz de repetir cuatro cosas, de aprender cuatro cosas, que no se necesita más. Para ir a trabajar a una caja o a un ayuntamiento no se necesita saber mucho. Se está produciendo lo que interesa al poder, gente sin ninguna capacidad de reflexión propia, y sin capacidad crítica y con poca capacidad intelectual por falta de cultura a todos los niveles. Las elites ya van a universidades privadas y hacen doctorados en las privadas.
¿Puedes definirnos brevemente la situación actual de los/as trabajadores/as y del sistema económico, sus problemas y las perspectivas que se presentan?
Estamos en un punto en el que la clase trabajadora ha sufrido una derrota histórica fuerte desde los años 70 y, por lo tanto, su situación ha empeorado. En este momento la situación se ha degradado tanto que parece como si se empezara a reaccionar un poco. Todo ello con muy pocas perspectivas de una sociedad libre. Si pierdes el trabajo con 40 años no tienes esperanza en encontrar otro. A pesar de todo, el 80% de la población cree que vive bien. Se da una situación complicada en que materialmente el sistema produce mucha riqueza y alguna se tiene que distribuir, pero la desigualdad está creciendo, los salarios de la elite están creciendo mucho.
¿Crees que se está dando un proceso de desaparición de la clase media?
Yo no lo tengo tan claro. Veo una asalarización creciente porque antes se vivía con un salario y ahora se vive parecido con dos salarios. Creo que lo que sostiene el sistema es la clase media, la elite de la clase obrera, que cada vez gasta más dinero. El sistema sostiene una parte importante de la población para que pueda reproducirse y para legitimarse. Aun así hay un 20% de pobres en España.
La gente compra pisos a 50 años, la gente protesta, está angustiada, pero no toma medidas muy duras. Las condiciones objetivas son cada vez más difíciles, pero a nivel subjetivo no lo parece.
La clase media se ha reforzado en muchas cosas. Ahora hay más universitarios que nunca, pues la mayoría de universitarios no tenían padres universitarios. Quizás vuestra generación es la primera en la que estaréis peor que la de vuestros padres.
¿Cómo crees que se puede difundir la economía crítica y con qué medios para ser útil para los movimientos sociales y la población en general?
Predicar y la praxis. Estamos viviendo una etapa en la que da miedo decir que esto no funciona. Lo primero que hay que hacer es una crítica sólida y los economistas jóvenes tenéis que prepararos para ello. De todas formas, lo intelectual solo no cambiará nunca una sociedad. Hay que organizarse. Si algo podemos hacer, es facilitar conocimientos y herramientas a los movimientos sociales. Como economistas tenemos que participar en ellos, tenemos que crear trabajos económicos, rigurosos y sólidos como participantes, no como sabios. Hay muy pocos economistas participando en movimientos sociales. Creo también que el papel del profesional es trabajar en su profesión. Tampoco me vale el economista que es fantástico en la asociación de vecinos o el sindicato, pero no hace trabajos de economía.
¿Qué alternativas a nivel teórico y de práctica económica planteas para el cambio social?
Tanto a nivel teórico como de práctica, no creo en las alternativas planteadas desde arriba. Yo no creo que tenga que haber un diseño. Si hay algo que nos ha enseñado la experiencia de la URSS es que los diseños de arriba abajo son un desastre. Es un proceso largo. Creo que en las condiciones políticas, sociales y económicas actuales no es posible plantear una transformación radical y rápida del sistema capitalista. Las alternativas se tienen que construir de abajo arriba. Será, pues, a través del debate, de la reflexión, con los instrumentos que tengamos de tipo técnico… pero no es un problema de técnica, es un problema de política, de fuerza social. Si tú tienes fuerza social seguro que encontrarás economistas que hagan un diseño que a ti te interesa. En esto estaría más próxima a movimientos anarquistas o zapatistas de abajo arriba, pero también creo que arriba debe de haber instituciones que refuercen lo de abajo.
El caso de Venezuela, por ejemplo, es algo que va de arriba abajo, como pasó en Nicaragua, donde hace la revolución una elite, con el apoyo del pueblo, pero el pueblo no estaba integrado, los valores no habían cambiado. En el momento que hay una derecha que les ofrece lo que valoran a nivel material, se pasan a la derecha. Es una superestructura puesta sobre una socio-estructura muy débil, que no vale. Es el peligro de Chávez.
Por otra parte, con la competitividad global no hay ninguna esperanza, hay que rechazarla de fondo. Con el mercado solo no hay ninguna esperanza, tampoco creo que lo más importante sea la estatalización de las economías. La propiedad pública de los medios de producción es necesaria pero no lo es todo. Tiene que haber una planificación social, desde la base de la población, que marque los ejes centrales de la economía, y si fuese así no tendría mucho inconveniente en que en algunas partes de la economía funcionara la iniciativa privada, así como la del tipo cooperativa o empresas dirigidas por sus trabajadores, siempre y cuando no dejes que éstas dominen lo público. En el caso de las transnacionales es imposible porque pueden con lo público.
*Se puede leer la declaración entera en Información Comercial Española, nº488, abril de 1974, p. 88. También se puede leer sobre el tema en Samuel Bowles. “Los economistas como servidores del poder”. Revista Española de Economía, Enero-Abril de 1977, pp. 474-483.
Para leer más:
Libros
-Etxezarreta, Miren (coord). La Reestructuración del capitalismo en España: 1970-1990. Icària-Fuhem, Barcelona, 1991.
- Etxezarreta, Miren. “La vulnerabilidad de los modelos económicos neoliberales”, en el libro de Guerrero, Diego (coord). Macroeconomia y crisis mundial. Trotta, Madrid, 2000. Disponible en http://pc1406.cps.ucm.es.
-Fernández Duran, Ramón; Etxezarreta, Miren. Globalización capitalista: luchas y resistencias. Virus-Baladre, Barcelona, 2001.
-Etxezarreta, Miren (coord). “Crítica a la economía ortodoxa”. Seminario de Economía Crítica TAIFA. Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions, 2004.
Artículos, ponencias y otros trabajos
-Etxezarreta, Miren. “Las alternativas y los economistas”. Ponencia de las X Jornadas de Economía Crítica de Barcelona, 2006. Se puede consultar en la web www.economiacritica.org, donde hay varios artículos de Miren.
Webs
http://www.economiacritica.org
http://www.seminaritaifa.no-ip.org
http://cursos.seminaritaifa.org
Artur Mas hundió Tipel antes de entrar en la política
Joan Tourné (El Triangle)
Artur Mas fue el artífice de la expansión del grupo Tipel entre el 1988 y el 1992. Los dos primeros ejercicios fueron fantásticos. A finales de 1989 ya había diseñado un ambicioso plan que preveía inversiones en los sectores de la alimentación, la construcción, el ocio, la confección y la distribución. Meses después de su aplicación, el grupo se hundía. Esta es la historia que no recoge su biografía oficial.
El año 1988 fue un año especial para el señor Artur Mas, el candidato de Convergència i Unió (CIU) a las elecciones del 1 de noviembre. Aquel año, Joaquim Molins lo nombró secretario general del Departament de Comerç, el segundo cargo en importancia de la consejería. El joven Mas llevaba casi seis años en la Administració -desde que su padre lo había recomendado a Francesc Granell, director general de Promoció Comercial- y en este periodo se había ganado la confianza de todos sus superiores. Tanto, que poco después de la llegada de Narcís Oliveras como consejero en el Departament en diciembre de 1985, y con la marcha de Granell, Artur Mas fue nombrado director general en el lugar de su mentor.
No obstante, en mayo de 1986, Oliveras se marchó, y llegó Joaquim Molins, que, después de certificar la disposición de quien se vanagloriaba de ser el director general más joven de la Generalitat, lo llamó para ponerlo a su lado como secretario general. En este periodo de tiempo en la Administració, Mas se había hecho un nombre a los ojos de gente muy importante, como el secretario general de la Presidància, Lluís Prenafeta, i Marta Ferrusola, esposa del presidente de la Generalitat, Jordi Pujol. Su contacto venía a través del trabajo que hacía Mas hacía en la Fira de Barcelona, donde se encargaba de hacer escuchar la voz de la Generalitat y de colocar a Marta Ferrusola a cortar cintitas de inauguración de salones. Prenafeta vio que el joven Mas tenía futuro en los negocios y le ofreció un trabajo en la empresa privada. El grupo familiar de los Prenafeta, Tipel, necesitaba gente nueva, con empuje. Y Mas se movía muy bien en los ambientes empresariales. Así pues, le montó un despacho en una céntrica calle de Barcelona y puso en sus manos la política de diversificación del grupo desde Vilassar Internacional, una empresa que actuaba como holding patrimonial de los Prenafeta.
En la biografía oficial de Mas, esta época está llena tinieblas. A bien seguro que en ella consta su incorporación como regidor en el Ayuntamiento de Barcelona con Josep Maria Culell de cabeza de lista, pero nunca se ha vanagloriado de su salto a la empresa privada.
Es cierto que Tipel era, en aquella época, una de las firmas situadas al frente de la adobería. El 1989, Tipel tenía unos beneficios de 848 millones de pesetas, con una facturación de 7.920 millones de pesetas, y Mas había diseñado una estrategia de diversificación a medida de lo que querían los Prenafeta. El fondo de inversiones Fidelity se fijó en esta empresa y compró acciones en pequeñas dosis hasta tener un 7% de las acciones de la peletera. La política arrancada por Mas había llevado a Tipel a participar en inversiones inmobiliarias con Inversiones C y en el sector del ocio, con la entrada en el capital de la sociedad que explotaba el Poble Espanyol de Montjuïc.
La estrategia de diversificación, que pilotaba Mas, preveía la expansión en tres áreas diferentes: construcción, ocio y distribución alimentaria. La alianza con Confort permitió al grupo hacer algunos negocios inmobiliarios. En el sector del ocio también diseñó la inversión de los Prenafeta en el Port Vell. Y en el sector de la distribución se apostó fuerte por la cadena Orangután, donde los años de Tipel se asociaron con Artur Suqué, el propietario de Casinos de Catalunya.
Los planes de Artur Mas eran tener 15 grandes superficies en tres años. Para hacer frente a este ambicioso plan, Tipel realizó una importante ampliación de capital a inicios del año 1990 y otra a finales del mismo año. Las pérdidas por esta operación fueron cuantiosas para los inversionistas.
El año 1990, el objetivo se amplía hacia otros sectores, como el de la confección y el financiero. Así, Mas fue uno de los arquitectos de la entrada de los Prenafeta en Iberia Seguros, una operación que, al fin y al cabo, le costó el cargo a Lluís Prenafeta, ya que su trabajo de secretario del Consell Executiu [Consejo Ejecutivo] era incompatible con el de consejero de Iberia. El mismo Mas asistía a los consejos de Iberia de Seguros en nombre de la familia Prenafeta, según recuerdan miembros de aquel consejo.
Sin embargo, Artur Mas no se quedó de brazos cruzados: con Isidor Prenafeta, entró de consejero de la sociedad Explotaciones Vinícolas del Penedès, propietaria de unas cavas en Torrelles de Foix. Era otra perla de la diversificación del grupo que había previsto el entonces cerebro a la sombra de los Prenafeta. Y, en el sector inmobiliario, Artur Mas fue también apoderado de la compañía Toyota junto con José Prenafeta Pastor.
La vida, pues, parecía que le sonreía. O casi. Porque el 1990 resultó ser un año fatídico. En el mes de julio, la fábrica de Tipel fue denunciada por el Ayuntamiento de Parets del Vallès por tratar residuos industriales sin permiso. En realidad, la Junta de Residus había dado el visto bueno que tratara los barros de la empresa Resina, de Sant Cerloni, pero quien tenía que dar luz verde era el Ayuntamiento, y éste no vio las cosas tan claras.
Y, en febrero de 1991, el fiscal se querellaba por delito ecológico contra tres empresas: Tipel, Hilados Puigneró y Colomer-Munmany. La fiscalía acusaba Tipel de abocar en el Congost amonio y cromo en cantidades muy peligrosas. Un informe de la Universitat de Barcelona señalaba, incluso, que estos residuos y en las concentraciones que había «podían eliminar todo tipo de vida animal superior».
Joan Tourné (El Triangle)
Artur Mas fue el artífice de la expansión del grupo Tipel entre el 1988 y el 1992. Los dos primeros ejercicios fueron fantásticos. A finales de 1989 ya había diseñado un ambicioso plan que preveía inversiones en los sectores de la alimentación, la construcción, el ocio, la confección y la distribución. Meses después de su aplicación, el grupo se hundía. Esta es la historia que no recoge su biografía oficial.
El año 1988 fue un año especial para el señor Artur Mas, el candidato de Convergència i Unió (CIU) a las elecciones del 1 de noviembre. Aquel año, Joaquim Molins lo nombró secretario general del Departament de Comerç, el segundo cargo en importancia de la consejería. El joven Mas llevaba casi seis años en la Administració -desde que su padre lo había recomendado a Francesc Granell, director general de Promoció Comercial- y en este periodo se había ganado la confianza de todos sus superiores. Tanto, que poco después de la llegada de Narcís Oliveras como consejero en el Departament en diciembre de 1985, y con la marcha de Granell, Artur Mas fue nombrado director general en el lugar de su mentor.
No obstante, en mayo de 1986, Oliveras se marchó, y llegó Joaquim Molins, que, después de certificar la disposición de quien se vanagloriaba de ser el director general más joven de la Generalitat, lo llamó para ponerlo a su lado como secretario general. En este periodo de tiempo en la Administració, Mas se había hecho un nombre a los ojos de gente muy importante, como el secretario general de la Presidància, Lluís Prenafeta, i Marta Ferrusola, esposa del presidente de la Generalitat, Jordi Pujol. Su contacto venía a través del trabajo que hacía Mas hacía en la Fira de Barcelona, donde se encargaba de hacer escuchar la voz de la Generalitat y de colocar a Marta Ferrusola a cortar cintitas de inauguración de salones. Prenafeta vio que el joven Mas tenía futuro en los negocios y le ofreció un trabajo en la empresa privada. El grupo familiar de los Prenafeta, Tipel, necesitaba gente nueva, con empuje. Y Mas se movía muy bien en los ambientes empresariales. Así pues, le montó un despacho en una céntrica calle de Barcelona y puso en sus manos la política de diversificación del grupo desde Vilassar Internacional, una empresa que actuaba como holding patrimonial de los Prenafeta.
En la biografía oficial de Mas, esta época está llena tinieblas. A bien seguro que en ella consta su incorporación como regidor en el Ayuntamiento de Barcelona con Josep Maria Culell de cabeza de lista, pero nunca se ha vanagloriado de su salto a la empresa privada.
Es cierto que Tipel era, en aquella época, una de las firmas situadas al frente de la adobería. El 1989, Tipel tenía unos beneficios de 848 millones de pesetas, con una facturación de 7.920 millones de pesetas, y Mas había diseñado una estrategia de diversificación a medida de lo que querían los Prenafeta. El fondo de inversiones Fidelity se fijó en esta empresa y compró acciones en pequeñas dosis hasta tener un 7% de las acciones de la peletera. La política arrancada por Mas había llevado a Tipel a participar en inversiones inmobiliarias con Inversiones C y en el sector del ocio, con la entrada en el capital de la sociedad que explotaba el Poble Espanyol de Montjuïc.
La estrategia de diversificación, que pilotaba Mas, preveía la expansión en tres áreas diferentes: construcción, ocio y distribución alimentaria. La alianza con Confort permitió al grupo hacer algunos negocios inmobiliarios. En el sector del ocio también diseñó la inversión de los Prenafeta en el Port Vell. Y en el sector de la distribución se apostó fuerte por la cadena Orangután, donde los años de Tipel se asociaron con Artur Suqué, el propietario de Casinos de Catalunya.
Los planes de Artur Mas eran tener 15 grandes superficies en tres años. Para hacer frente a este ambicioso plan, Tipel realizó una importante ampliación de capital a inicios del año 1990 y otra a finales del mismo año. Las pérdidas por esta operación fueron cuantiosas para los inversionistas.
El año 1990, el objetivo se amplía hacia otros sectores, como el de la confección y el financiero. Así, Mas fue uno de los arquitectos de la entrada de los Prenafeta en Iberia Seguros, una operación que, al fin y al cabo, le costó el cargo a Lluís Prenafeta, ya que su trabajo de secretario del Consell Executiu [Consejo Ejecutivo] era incompatible con el de consejero de Iberia. El mismo Mas asistía a los consejos de Iberia de Seguros en nombre de la familia Prenafeta, según recuerdan miembros de aquel consejo.
Sin embargo, Artur Mas no se quedó de brazos cruzados: con Isidor Prenafeta, entró de consejero de la sociedad Explotaciones Vinícolas del Penedès, propietaria de unas cavas en Torrelles de Foix. Era otra perla de la diversificación del grupo que había previsto el entonces cerebro a la sombra de los Prenafeta. Y, en el sector inmobiliario, Artur Mas fue también apoderado de la compañía Toyota junto con José Prenafeta Pastor.
La vida, pues, parecía que le sonreía. O casi. Porque el 1990 resultó ser un año fatídico. En el mes de julio, la fábrica de Tipel fue denunciada por el Ayuntamiento de Parets del Vallès por tratar residuos industriales sin permiso. En realidad, la Junta de Residus había dado el visto bueno que tratara los barros de la empresa Resina, de Sant Cerloni, pero quien tenía que dar luz verde era el Ayuntamiento, y éste no vio las cosas tan claras.
Y, en febrero de 1991, el fiscal se querellaba por delito ecológico contra tres empresas: Tipel, Hilados Puigneró y Colomer-Munmany. La fiscalía acusaba Tipel de abocar en el Congost amonio y cromo en cantidades muy peligrosas. Un informe de la Universitat de Barcelona señalaba, incluso, que estos residuos y en las concentraciones que había «podían eliminar todo tipo de vida animal superior».
Os adjuntamos el posicionamiento sobre la vivienda de la "Asamblea contra la precariedad y por una vivienda digna", publicado en el numero 42 de la revista-blog Alterglobalización
El Problema de la Vivienda en España
El Problema de la Vivienda en España
En la ciudad de Barcelona, al igual que en otras poblaciones, tiene lugar una viva discusión acerca de lo que en el lenguaje al uso se está llamando: inseguridad, incivismo, alarma social... incluso se habla del surgimiento de ‘guerrillas urbanas’. Una persona que no conociera la situación de la ciudad e hiciera caso de la imagen que crea una buena parte de los medios de comunicación, pensaría que la ciudad -las ciudades- está dominada por grupos de incontrolados subversivos que ejercen gran violencia de forma organizada sobre las instituciones y sobre el conjunto de la ciudadanía.
Esta imagen sobredimensiona determinados hechos: la rotura de un escaparate, el lanzamiento de pinturas..., al tiempo que esconde otras circunstancias tremendas en las que vive la gente. Se exaltan y criminalizan determinadas manifestaciones de violencia, mientras que se toleran otras violencias terribles que se ejercen sobre la población: la dificultad de poder vivir dignamente, el mobbing inmobiliario, la precariedad laboral, la explotación de distinto tipo... la miseria.
La sobredimensión de unas violencias supone que éstas pasan a ocupar el centro de la percepción pública, mientras que el silenciamiento de las otras, supone que se las intenta situar en los arrabales de la percepción pública. Esta manipulación de lo que ocurre y de lo que le ocurre a las personas, conduce a generar una hipersensibilidad acerca de determinados hechos, al tiempo que promociona el desinterés y la baja sensibilidad acerca de otros hechos. Y en esto estamos. Llama la atención y hay rasgadura mediática de las vestiduras ante las pinturas lanzadas contra las fachadas o la rotura de mobiliario urbano; pero no se responde de igual forma, ni con tanto ardor publicitario, ante los abusos cometidos sobre las personas y los colectivos más vulnerables, las violencias ejercidas sobre los inquilinos a los que interesa echar de sus casas por motivos económicos o la desatención que experimentan muchas personas en la materialización de sus derechos.
Ante este situación, conviene recordar lo que dice Italo Mereu, en Historia de la intolerancia en Europa (Paidós, Barcelona, 2003, pág. 344). Comenta que la insistencia sobre la gravedad del problema del orden público no es más que el estribillo, repetido desde los tiempos de Sixto V (fue papa entre 1585 y 1590) hasta hoy, para justificar disposiciones atroces que no resuelven nada y que sólo sirven para amedrentar y someter cada vez más a la mayoría ‘silenciosa’. Tal vez, la aportación de un historiador sirva, no para aprender del pasado, sino para entender que las estrategias que el poder utiliza en la actualidad no son tan diferentes de las seguidas en el pasado
Fuente: Mientras Tanto
Esta imagen sobredimensiona determinados hechos: la rotura de un escaparate, el lanzamiento de pinturas..., al tiempo que esconde otras circunstancias tremendas en las que vive la gente. Se exaltan y criminalizan determinadas manifestaciones de violencia, mientras que se toleran otras violencias terribles que se ejercen sobre la población: la dificultad de poder vivir dignamente, el mobbing inmobiliario, la precariedad laboral, la explotación de distinto tipo... la miseria.
La sobredimensión de unas violencias supone que éstas pasan a ocupar el centro de la percepción pública, mientras que el silenciamiento de las otras, supone que se las intenta situar en los arrabales de la percepción pública. Esta manipulación de lo que ocurre y de lo que le ocurre a las personas, conduce a generar una hipersensibilidad acerca de determinados hechos, al tiempo que promociona el desinterés y la baja sensibilidad acerca de otros hechos. Y en esto estamos. Llama la atención y hay rasgadura mediática de las vestiduras ante las pinturas lanzadas contra las fachadas o la rotura de mobiliario urbano; pero no se responde de igual forma, ni con tanto ardor publicitario, ante los abusos cometidos sobre las personas y los colectivos más vulnerables, las violencias ejercidas sobre los inquilinos a los que interesa echar de sus casas por motivos económicos o la desatención que experimentan muchas personas en la materialización de sus derechos.
Ante este situación, conviene recordar lo que dice Italo Mereu, en Historia de la intolerancia en Europa (Paidós, Barcelona, 2003, pág. 344). Comenta que la insistencia sobre la gravedad del problema del orden público no es más que el estribillo, repetido desde los tiempos de Sixto V (fue papa entre 1585 y 1590) hasta hoy, para justificar disposiciones atroces que no resuelven nada y que sólo sirven para amedrentar y someter cada vez más a la mayoría ‘silenciosa’. Tal vez, la aportación de un historiador sirva, no para aprender del pasado, sino para entender que las estrategias que el poder utiliza en la actualidad no son tan diferentes de las seguidas en el pasado
Fuente: Mientras Tanto
La Caixa presiona a Youtube para censurar video sobre la oficina Municipal antimobing de Barcelona
YouTube, página habitual para difundir vídeos libremente en la red, recientemente adquirida por Google, ha cedido a las presiones de La Caixa, quien ha exigido la retirada del vídeo argumentando “dererchos de copyright”. Sin embargo, esos derechos no existen puesto que la grabación a la que hace referencia y donde se ve, durante unos segundos, una sucursal de La Caixa, es una grabación original de los autores del video realizada en la vía pública. Nos encontramos así frente una violación de la libertad de expresión y a la enésima aplicación abusiva de la ley de propiedad intelectual.
Tras sólo cuatro días de presencia en la red, el vídeo ya había tenido más de 8.600 visitas y era el de mayor ránking de la semana (el más votado) y el cuarto más visto en la categoría de videos en español de YouTube.
El contenido del video mezcla fragmentos de ficción con escenas reales en cámara oculta. Entre estas últimas, se encuentra la escena grabada en la oficina de asesoramiento para casos de mobbing del Ayuntamiento de Barcelona y que ha desatado una fuerte polémica en los últimos días, ya que en ella se puede escuchar claramente cómo la funcionaria que atiende la denuncia de un caso de mobbing insta a las personas a resignarse, no denunciar y convencer a la anciana que sufre de mobbing que abandone su casa legítima.
El video, en forma de ficción, denuncia el entramado de inmobiliarias y entidades financieras que, con la complicidad de las administraciones, practican de forma generalizada la violencia inmobiliaria y urbanística haciendo imposible el ejercicio del derecho constitucional a una vivienda digna.
El hecho de que el Ayuntamiento haya reaccionado poniendo en cuestión la autenticidad de la grabación en cámara oculta y que La Caixa reaccione censurando el video con falsas acusaciones de vulneración de copyright, confirma en última instancia la hipótesis planteada en el vídeo de “ficción”.
Frente a esta situación y mientras todos los partidos políticos se limitan a proponer parches, como unos pocos miles de pisos de VPO, la única fuerza que está planteando una solución real es la ciudadanía, que en los últimos meses está saliendo a la calle para exigir reformas estructurales que terminen de una vez por todas con las masivas prácticas de violencia inmobiliaria y hagan efectivo el derecho a la vivienda.
La retirada del video en YouTube ante las presiones de La Caixa es un claro atentado a la libertad de expresión, constituyendo un nuevo intento de silenciar y criminalizar el nuevo movimiento por el derecho a la vivienda. Sin embargo, este movimiento no piensa parar y el video censurado ahora lo podéis ver en:
http://blip.tv/file/93670/
http://video.google.es/videoplay?docid=-6373483713122419675&pr=goog-sl
http://www.conservas.tk/img/videoR_A.html
http://video.yahoo.com/video/play?vid=20e44de696fda8e9f72a9939a5636008.1067741
YouTube, página habitual para difundir vídeos libremente en la red, recientemente adquirida por Google, ha cedido a las presiones de La Caixa, quien ha exigido la retirada del vídeo argumentando “dererchos de copyright”. Sin embargo, esos derechos no existen puesto que la grabación a la que hace referencia y donde se ve, durante unos segundos, una sucursal de La Caixa, es una grabación original de los autores del video realizada en la vía pública. Nos encontramos así frente una violación de la libertad de expresión y a la enésima aplicación abusiva de la ley de propiedad intelectual.
Tras sólo cuatro días de presencia en la red, el vídeo ya había tenido más de 8.600 visitas y era el de mayor ránking de la semana (el más votado) y el cuarto más visto en la categoría de videos en español de YouTube.
El contenido del video mezcla fragmentos de ficción con escenas reales en cámara oculta. Entre estas últimas, se encuentra la escena grabada en la oficina de asesoramiento para casos de mobbing del Ayuntamiento de Barcelona y que ha desatado una fuerte polémica en los últimos días, ya que en ella se puede escuchar claramente cómo la funcionaria que atiende la denuncia de un caso de mobbing insta a las personas a resignarse, no denunciar y convencer a la anciana que sufre de mobbing que abandone su casa legítima.
El video, en forma de ficción, denuncia el entramado de inmobiliarias y entidades financieras que, con la complicidad de las administraciones, practican de forma generalizada la violencia inmobiliaria y urbanística haciendo imposible el ejercicio del derecho constitucional a una vivienda digna.
El hecho de que el Ayuntamiento haya reaccionado poniendo en cuestión la autenticidad de la grabación en cámara oculta y que La Caixa reaccione censurando el video con falsas acusaciones de vulneración de copyright, confirma en última instancia la hipótesis planteada en el vídeo de “ficción”.
Frente a esta situación y mientras todos los partidos políticos se limitan a proponer parches, como unos pocos miles de pisos de VPO, la única fuerza que está planteando una solución real es la ciudadanía, que en los últimos meses está saliendo a la calle para exigir reformas estructurales que terminen de una vez por todas con las masivas prácticas de violencia inmobiliaria y hagan efectivo el derecho a la vivienda.
La retirada del video en YouTube ante las presiones de La Caixa es un claro atentado a la libertad de expresión, constituyendo un nuevo intento de silenciar y criminalizar el nuevo movimiento por el derecho a la vivienda. Sin embargo, este movimiento no piensa parar y el video censurado ahora lo podéis ver en:
http://blip.tv/file/93670/
http://video.google.es/videoplay?docid=-6373483713122419675&pr=goog-sl
http://www.conservas.tk/img/videoR_A.html
http://video.yahoo.com/video/play?vid=20e44de696fda8e9f72a9939a5636008.1067741
Os adjuntamos unas gráficas y un artículo que nos facilita Alberto Garzon
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=40858, que también está en
http://www.socialdemocracia.org/content/view/563/2/ y en
http://www.agarzon.net/index.php?option=com_content&task=view&id=87&Itemid=40
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=40858, que también está en
http://www.socialdemocracia.org/content/view/563/2/ y en
http://www.agarzon.net/index.php?option=com_content&task=view&id=87&Itemid=40
Manifestación contra las políticas causantes de la pobreza
Agradecemos la cobertura informativa de la semana de lucha bajo el lema “Rebélate contra la pobreza. Más hechos, menos palabras”, convocada por la Alianza Española contra la pobreza, y no, como se señala equivocadamente en El País por la campaña Sin Excusas 2015 que solo es una de las 1000 organizaciones adheridas a esta amplia plataforma. La campaña por la abolición de la Deuda Externa (y no de la pobreza como indica El País) ¿Quién debe a quién?, de 50 organizaciones, hace parte de la Alianza y ha promovido activamente la manifestación de Madrid así como muchas otras actividades. Como convocantes y organizadores de la movilización lógicamente nos correspondía estar en la pancarta principal de la manifestación y no nos “colamos”. Un acuerdo que pueden comprobar en las actas y los correos de la Alianza (que por cierto no tiene presidente como se dice erradamente en el articulo). No acordamos en ningún momento que no se pudiese estar disfrazado en la pancarta cabecera, como informa el periodista. Lo que sí se acordó en la Alianza, y con mucho énfasis, fue que no podrían estar dirigentes de partidos políticos detrás de la pancarta. Se enviaron cartas a los partidos pidiéndoles no acaparar el protagonismo de una convocatoria de la sociedad civil organizada. Esta petición fue groseramente vulnerada por dirigentes del PSOE, PP y de IU que se presentaron con el afán de protagonismo que no les corresponde. La manifestación del sábado fue una expresión política y social contra las políticas causantes de la pobreza. Nuestras investigaciones, estadísticas y denuncias no dejan lugar a dudas que el Gobierno del PP fue y el del PSOE es responsable de estas políticas y ambos partidos no tienen voluntad política para erradicar la pobreza. Por eso, no firmamos queques en blanco a ningún Gobierno, y por eso denunciamos el falso incremento de la Ayuda Oficial al Desarrollo anunciado por el Gobierno a través del aumento del FAD (Fondo de Ayuda al Desarrollo). El FAD es un instrumento cuyo principal objetivo es el apoyo a la internacionalización de la empresa española, es el responsable de la mitad de la Deuda Externa que los países empobrecidos tienen contraída con el Estado español y ha contribuido a agravar el problema de sobreendeudamiento de una parte de los mismos. Las políticas españolas de Cooperación Internacional priorizan los intereses económicos por encima del derecho a una vida digna de las poblaciones empobrecidas. Así, la Ley de Deuda Externa, actualmente en tramité parlamentario, es incoherente con el Plan Director de la Cooperación Española y los compromisos internacionales del Gobierno español en la lucha contra la pobreza y en favor de los Derechos Humanos. Porque se aumentaría el controvertido FAD y se contabilizaría las conversiones de deuda como AOD, una medida que supone el no incremento de la ayuda. La Ley sigue sin romper con las líneas continuistas de las políticas neoliberales de gestión de deuda, las cuales anteponen criterios económicos a criterios sociales y ambientales.
Tom Kucharz, Ecologistas en Acción / Campaña ¿Quién debe a quién?
Agradecemos la cobertura informativa de la semana de lucha bajo el lema “Rebélate contra la pobreza. Más hechos, menos palabras”, convocada por la Alianza Española contra la pobreza, y no, como se señala equivocadamente en El País por la campaña Sin Excusas 2015 que solo es una de las 1000 organizaciones adheridas a esta amplia plataforma. La campaña por la abolición de la Deuda Externa (y no de la pobreza como indica El País) ¿Quién debe a quién?, de 50 organizaciones, hace parte de la Alianza y ha promovido activamente la manifestación de Madrid así como muchas otras actividades. Como convocantes y organizadores de la movilización lógicamente nos correspondía estar en la pancarta principal de la manifestación y no nos “colamos”. Un acuerdo que pueden comprobar en las actas y los correos de la Alianza (que por cierto no tiene presidente como se dice erradamente en el articulo). No acordamos en ningún momento que no se pudiese estar disfrazado en la pancarta cabecera, como informa el periodista. Lo que sí se acordó en la Alianza, y con mucho énfasis, fue que no podrían estar dirigentes de partidos políticos detrás de la pancarta. Se enviaron cartas a los partidos pidiéndoles no acaparar el protagonismo de una convocatoria de la sociedad civil organizada. Esta petición fue groseramente vulnerada por dirigentes del PSOE, PP y de IU que se presentaron con el afán de protagonismo que no les corresponde. La manifestación del sábado fue una expresión política y social contra las políticas causantes de la pobreza. Nuestras investigaciones, estadísticas y denuncias no dejan lugar a dudas que el Gobierno del PP fue y el del PSOE es responsable de estas políticas y ambos partidos no tienen voluntad política para erradicar la pobreza. Por eso, no firmamos queques en blanco a ningún Gobierno, y por eso denunciamos el falso incremento de la Ayuda Oficial al Desarrollo anunciado por el Gobierno a través del aumento del FAD (Fondo de Ayuda al Desarrollo). El FAD es un instrumento cuyo principal objetivo es el apoyo a la internacionalización de la empresa española, es el responsable de la mitad de la Deuda Externa que los países empobrecidos tienen contraída con el Estado español y ha contribuido a agravar el problema de sobreendeudamiento de una parte de los mismos. Las políticas españolas de Cooperación Internacional priorizan los intereses económicos por encima del derecho a una vida digna de las poblaciones empobrecidas. Así, la Ley de Deuda Externa, actualmente en tramité parlamentario, es incoherente con el Plan Director de la Cooperación Española y los compromisos internacionales del Gobierno español en la lucha contra la pobreza y en favor de los Derechos Humanos. Porque se aumentaría el controvertido FAD y se contabilizaría las conversiones de deuda como AOD, una medida que supone el no incremento de la ayuda. La Ley sigue sin romper con las líneas continuistas de las políticas neoliberales de gestión de deuda, las cuales anteponen criterios económicos a criterios sociales y ambientales.
Tom Kucharz, Ecologistas en Acción / Campaña ¿Quién debe a quién?