El truco de la competitividad
Carlos Taibo
No me gustaría que al lector avezado se le escapase la que al cabo ha sido la respuesta unánime de los defensores del sistema cuando, una y otra vez, decenas de millares de estudiantes franceses han salido a la calle para protestar por la enésima versión de los contratos basura: con gran desparpajo, nuestros adalides del neoliberalismo y de la desregulación nos han explicado que los manifestantes ignoran que es imposible mantener en pie el modelo de capitalismo social que --según cuentan-- rige en la UE más próspera.
Hora es ésta de subrayar que la réplica que nos ocupa en algo recuerda al discurso que dio en defender la burguesía del XIX, inteligentemente empeñada en confundir sus visiones e intereses con los del conjunto de la sociedad y pundonorosamente dedicada a la tarea de convencernos de que las querencias de esta última quedaban reflejadas de manera fidedigna en aquéllos. Y es que detrás de la réplica en cuestión, en apariencia impregnada de crudo realismo y, como tal, subrepticiamente benigna, lo que se procura, por encima de todo, es evitar que nos preguntemos a quién benefician las medidas que los gobernantes franceses quieren aplicar y, en general, las agresiones que desde tiempo atrás padecen derechos sociales laboriosamente conquistados. Porque, con toda evidencia, el propósito de unas y otras no es en modo alguno garantizar el bienestar de la mayoría sino, antes bien, engrosar los beneficios de unos pocos. Los empresarios a quienes representa el gobierno francés de estas horas poco más piden, al cabo, que una mano de obra barata de la que puedan prescindir sin mayores miramientos.
En las páginas de este diario he tenido ya la oportunidad de recordar algo que dijo, un año atrás, José Manuel Durão Barroso, el presidente de la Comisión Europea. Explicó entonces que a su entender la UE es como una familia que contase con tres vástagos, de tal suerte que uno de ellos estuviese gravemente enfermo. El sentido común --seguía el relato-- justificaría que los padres dedicasen toda su energía a sanar al hijo enfermo, aun a costa de desentenderse un tanto de los otros dos. A los ojos de Durão Barroso el hijo enfermo no era otro que la célebre competitividad, en tanto sus hermanos sanos se llamaban derechos sociales y medio ambiente... Pena es que entre nosotros tengamos ya conocimiento de lo que suelen acarrear los progresos realizados en materia de competitividad: pingües ganancias empresariales, crecientes desigualdades y, por encima de todo, y para la mayoría, jornadas laborales cada vez más prolongadas, salarios a la baja, derechos sociales en retroceso y precariedad por doquier.
Para que nada falte --también a esto me referí en su momento--, las monsergas sobre la competitividad se despliegan, con notable eficacia, conforme al mismo patrón en todas partes. En la UE se nos dice que tenemos que apretarnos el cinturón porque de lo contrario EEUU, Japón y China nos dejarán rápidamente atrás. Con los nombres de los países ubicados en el lugar que les corresponde, el mismo mensaje se escucha, claro, en EEUU y en Japón, por cuanto en China es difícil que las gentes se aprieten más el cinturón... Todo, en una palabra, muy ingenioso y muy meditado.
Hace unos meses, y en virtud de circunstancias azarosas, tuve la oportunidad de escuchar, en un mismo recinto, las opiniones de dos empresarios vigueses. El uno se quejó amargamente de la competencia que suponían lo que él entendía que eran empresas chinas, arrasadoramente dedicadas a producir bienes con costes bajísimos. El otro, como quien no quiere la cosa, y como si lo que relataba nada tuviera que ver con lo anterior, confesó que había viajado varias veces a China y que había empezado a invertir en la región de Shanghai. No era difícil casar las opiniones vertidas por nuestros dos amigos: hay motivos sobrados para afirmar que estaríamos muy equivocados si diésemos por cierto que la competencia desleal que China, y con ella otros países, ejerce responde a movimientos autóctonos y nada tiene que ver con los intereses de nuestros empresarios. Y ello hasta el punto de que uno tiene derecho a preguntarse si el modelo que defienden muchos de estos últimos no es, precisamente, el chino, muy lejos, de resultas, de las presuntas querencias sociales del capitalismo propio de la UE. No echemos, por tanto, toda la culpa a los demás.
Así las cosas, cada vez es más urgente exigir que no nos engañen: los estudiantes franceses hacen muy bien en protestar y harán mejor aún en coaligarse con gentes de todo el planeta para reclamar que no sea un puñado de poderosas trasnacionales el que dicte el grueso de las reglas del juego. Eso es lo que, en esencia, reclaman desde hace años los movimientos antiglobalización. Pena es que nuestros gobernantes, con un ojo volcado en sus cuitas electorales y temerosos de plantar cara a la miseria que nos inunda, prefieran seguir escabulléndose.
Carlos Taibo
No me gustaría que al lector avezado se le escapase la que al cabo ha sido la respuesta unánime de los defensores del sistema cuando, una y otra vez, decenas de millares de estudiantes franceses han salido a la calle para protestar por la enésima versión de los contratos basura: con gran desparpajo, nuestros adalides del neoliberalismo y de la desregulación nos han explicado que los manifestantes ignoran que es imposible mantener en pie el modelo de capitalismo social que --según cuentan-- rige en la UE más próspera.
Hora es ésta de subrayar que la réplica que nos ocupa en algo recuerda al discurso que dio en defender la burguesía del XIX, inteligentemente empeñada en confundir sus visiones e intereses con los del conjunto de la sociedad y pundonorosamente dedicada a la tarea de convencernos de que las querencias de esta última quedaban reflejadas de manera fidedigna en aquéllos. Y es que detrás de la réplica en cuestión, en apariencia impregnada de crudo realismo y, como tal, subrepticiamente benigna, lo que se procura, por encima de todo, es evitar que nos preguntemos a quién benefician las medidas que los gobernantes franceses quieren aplicar y, en general, las agresiones que desde tiempo atrás padecen derechos sociales laboriosamente conquistados. Porque, con toda evidencia, el propósito de unas y otras no es en modo alguno garantizar el bienestar de la mayoría sino, antes bien, engrosar los beneficios de unos pocos. Los empresarios a quienes representa el gobierno francés de estas horas poco más piden, al cabo, que una mano de obra barata de la que puedan prescindir sin mayores miramientos.
En las páginas de este diario he tenido ya la oportunidad de recordar algo que dijo, un año atrás, José Manuel Durão Barroso, el presidente de la Comisión Europea. Explicó entonces que a su entender la UE es como una familia que contase con tres vástagos, de tal suerte que uno de ellos estuviese gravemente enfermo. El sentido común --seguía el relato-- justificaría que los padres dedicasen toda su energía a sanar al hijo enfermo, aun a costa de desentenderse un tanto de los otros dos. A los ojos de Durão Barroso el hijo enfermo no era otro que la célebre competitividad, en tanto sus hermanos sanos se llamaban derechos sociales y medio ambiente... Pena es que entre nosotros tengamos ya conocimiento de lo que suelen acarrear los progresos realizados en materia de competitividad: pingües ganancias empresariales, crecientes desigualdades y, por encima de todo, y para la mayoría, jornadas laborales cada vez más prolongadas, salarios a la baja, derechos sociales en retroceso y precariedad por doquier.
Para que nada falte --también a esto me referí en su momento--, las monsergas sobre la competitividad se despliegan, con notable eficacia, conforme al mismo patrón en todas partes. En la UE se nos dice que tenemos que apretarnos el cinturón porque de lo contrario EEUU, Japón y China nos dejarán rápidamente atrás. Con los nombres de los países ubicados en el lugar que les corresponde, el mismo mensaje se escucha, claro, en EEUU y en Japón, por cuanto en China es difícil que las gentes se aprieten más el cinturón... Todo, en una palabra, muy ingenioso y muy meditado.
Hace unos meses, y en virtud de circunstancias azarosas, tuve la oportunidad de escuchar, en un mismo recinto, las opiniones de dos empresarios vigueses. El uno se quejó amargamente de la competencia que suponían lo que él entendía que eran empresas chinas, arrasadoramente dedicadas a producir bienes con costes bajísimos. El otro, como quien no quiere la cosa, y como si lo que relataba nada tuviera que ver con lo anterior, confesó que había viajado varias veces a China y que había empezado a invertir en la región de Shanghai. No era difícil casar las opiniones vertidas por nuestros dos amigos: hay motivos sobrados para afirmar que estaríamos muy equivocados si diésemos por cierto que la competencia desleal que China, y con ella otros países, ejerce responde a movimientos autóctonos y nada tiene que ver con los intereses de nuestros empresarios. Y ello hasta el punto de que uno tiene derecho a preguntarse si el modelo que defienden muchos de estos últimos no es, precisamente, el chino, muy lejos, de resultas, de las presuntas querencias sociales del capitalismo propio de la UE. No echemos, por tanto, toda la culpa a los demás.
Así las cosas, cada vez es más urgente exigir que no nos engañen: los estudiantes franceses hacen muy bien en protestar y harán mejor aún en coaligarse con gentes de todo el planeta para reclamar que no sea un puñado de poderosas trasnacionales el que dicte el grueso de las reglas del juego. Eso es lo que, en esencia, reclaman desde hace años los movimientos antiglobalización. Pena es que nuestros gobernantes, con un ojo volcado en sus cuitas electorales y temerosos de plantar cara a la miseria que nos inunda, prefieran seguir escabulléndose.
¿Qué le pasa a la derecha española?
Fuente: Revista Fusión
El 14 de marzo de 2004 el pueblo español hizo sonar su voz en las urnas y José Luís Rodríguez Zapatero ganó las elecciones por una amplia mayoría. Su llegada al Gobierno devolvió la esperanza a millones de ciudadanos que gritaron aquello de ¡no nos falles, ZP! Desde entonces el Partido Popular no ha sabido aceptar su derrota ni su papel como primer partido de la oposición. ¿Qué está pasando en las filas del PP? ¿Qué estrategias e ideología defienden? ¿Quién forma parte hoy de la Derecha española?
Han pasado ya dos años desde que el Partido Socialista Obrero Español ganó las elecciones aquel 14 de marzo gracias a los votos del 42,64% de ciudadanos. Acudieron a las urnas casi tres millones más de votantes que en el año 2000, lo que explicó el alto índice de participación ciudadana (77,21%) y el posterior giro político(*).
Esta victoria pilló por sorpresa a un Partido Popular que creía asegurado su triunfo y mantenía vivas las esperanzas de continuar gobernando cuatro años más. Un PP que consiguió un 37,64% de votos, 691.000 menos que en los comicios de 2000 y que desde el primer momento tuvo claro que aquello había sido consecuencia de una manipulación de la ciudadanía -apoyada por algunos medios de comunicación y por supuesto por el PSOE- después de los atentados del 11-M, "violando a sabiendas la ley electoral".
Pero los datos hablaban de otra realidad. Unos meses después, el CIS hacía públicos los siguientes resultados: Los atentados influyeron en el voto de un 28,5% de ciudadanos (mucho al 10,1%, bastante al 11,4%, poco al 7%) y nada a un 71,3% De ese 28,5% a los que sí influyó a la hora de votar, al 21,9% les animó a votar, ya que no pensaban hacerlo, el 13,5% cambió su voto y el 53,8% reafirmó su voto. Para José Manuel Roca, profesor de Sociología en la UCM y uno de los autores del libro "La Derecha furiosa"(*) "la clave de la victoria del PSOE estuvo en conservar a sus votantes habituales, haber incorporado primeros votantes y de otras formaciones de izquierda -en particular de IU-, en recuperar votantes antiguos que se habían abstenido y en recibir el voto centrista descontento con la deriva derechista del PP. Y frente a la experiencia de ocho años de gobierno popular y sobre todo, de los dichos y hechos de la última legislatura -que mostraron toda la carga de autoritarismo y clericalismo que había dentro del PP-, de nada sirvió el intento de hacer una campaña neutra basada en los resultados como buenos gestores económicos pues para la gente de izquierda, la alarma sonaba desde hacía tiempo".
Después de dos años el Partido Popular ha ejercido una oposición basada en el descrédito hacia la figura de Rodríguez Zapatero -tanto dentro como fuera de nuestras fronteras-, la crispación, el insulto, los gestos airados, las actitudes chulescas, etc. Este tipo de gestos que se han trasladado también al ámbito parlamentario, empiezan a preocupar al conjunto de la ciudadanía que observa con perplejidad cómo la convivencia democrática se deteriora por momentos. La pregunta está ahí, ¿qué le pasa a la derecha española? Enrique del Olmo, sociólogo y también coautor de "La Derecha furiosa" argumenta dos razones. "La sustancial es porque perdió el poder de una forma que no esperaba, con el rechazo masivo y significativo de la población. En segundo lugar, creo que está tan furiosa porque pensaban que España era su cortijo y que iban a seguir mandando como lo había hecho históricamente la derecha española. Si nos fijamos, todos sus tics son identificables con la derecha tradicional y sus valores culturales. El que de pronto se encuentren en medio de un proceso de reforma social, con nuevas ideas, con un gobierno que intenta avanzar hacia otro modelo de sociedad... es lo que no pueden soportar". José Manuel Roca añade otro argumento, "la furia es un estado natural de la derecha en este país. Es una derecha muy autoritaria, reaccionaria. Cualquier tipo de reforma le parece mal porque se aparta de ese ideal de país unido, católico y regido por un gobierno despótico. Detrás de esto hay una concepción muy patrimonial de lo que es el país y el Estado. El comportamiento de la derecha es el comportamiento del amo que gobierna su finca y hace lo que quiere".
Hace apenas un mes, los populares celebraban en Madrid al más puro estilo hollywoodiense una convención anunciada hace meses por Rajoy. El objetivo de la misma -en pleno ecuador de la legislatura-, era cerrar esta primera etapa de su andadura como oposición y prepararse con tiempo para las próximas elecciones. Nuevos colores: naranja y azul mediterráneo. Nuevo lema: "Hay futuro". Y dos ideas para transmitir: Que el PP puede ganar las próximas elecciones y su líder indiscutible es Mariano Rajoy. Y la segunda, afianzar la imagen de un partido de centro. En cuanto al discurso, pudimos comprobar todos que fue un poco más de lo mismo. Muy centrado en explicar lo mal que lo hace Zapatero y la crisis tan grande en la que estamos inmersos. En resumen: ausencia de proyectos y muestras de una clara división dentro del partido entre la línea dura que sigue marcando Aznar cada vez que abre la boca y un Rajoy -personalmente más partidario de la ironía- e incómodo con esta política de tono bronco que le viene impuesta. Pero también incómodo por la falta de autonomía para poder elaborar su propio proyecto y por ese papel de líder de oposición que hace tiempo que quiere abandonar. Por eso Rajoy no convenció en su discurso y recibió críticas de su propio equipo y silencios elocuentes de algunos de sus compañeros -Zaplana, entre ellos-. A pesar de ese "Hay futuro" que prometían los populares, al final resultó ser un espacio sin sorpresas, un discurso donde continuamente se defendieron cosas del pasado que convirtieron en línea política para los próximos años. El propio Gabriel Elorriaga, Secretario de Comunicación del PP lo comentaba al final del evento (www.periodistadigital.com ), "estamos orgullosos del pasado y así lo exhibimos. Planteamos nuestro proyecto de futuro con una absoluta asunción de toda nuestra historia. Lo que no haremos, y no lo haremos en ningún momento, es construir una alternativa olvidando lo que somos y lo que hemos sido".
Objetivos y estrategias de la oposición
Lo volvió a repetir una vez más el número dos del Partido Popular en la citada Convención. España tiene todo un futuro por delante pero esto sólo será posible si José Luís Rodríguez Zapatero se convierte en un breve paréntesis. Cuanto más tiempo esté en el poder, mayor será el desperfecto causado, comentó Acebes en su discurso.
"El objetivo del PP es provocar elecciones anticipadas y descabalgar a Zapatero del gobierno, explica Enrique del Olmo. Ese es el único objetivo, el resto son factores añadidos, argumentos que cambian todos los días y que van encaminados a reventar el sistema democrático de la forma que sea. Les sirve todo. Es vergonzoso por ejemplo, su posición ante las declaraciones del General Mena o del Capitán de la Legión. Que un partido democrático no salga directamente a confrontar ese tipo de manifestaciones, ajenas a la misión constitucional que tiene el Ejército, demuestra que lo que les gustaría es que hubiese más ruido de sables en cuartos de bandera. La estrategia que viene desarrollando el Partido Popular es generar una situación insostenible que provoque la caída del Gobierno. Que haya una confrontación civil muy potente que provoque esto. A cambio, no defiende ningún valor. Basa el 90% de su acción en la mentira y eso es algo demostrable paso a paso. No hay ningún hecho de la realidad sobre el que no mienta. Sobre cosas del pasado como el 11-M, el Yak-42 o el Prestige. Sobre temas como el Estatuto donde hablan de la ruptura de España, la LOE... Su estrategia consiste en marcar imágenes simples, ideas sencillas que conecten con lo más atrasado de la sociedad española. Y como no cuentan con aliados políticos en el Parlamento han trasladado la polémica y la crispación a asociaciones civiles y religiosas, Conferencia Episcopal, una parte de la judicatura conservadora, y una red de medios de comunicación que divulgan, amplifican y recrean el mensaje del Partido Popular".
Todo gobierno cuenta con esos famosos cien días de gracia hasta recibir las primeras críticas a su gestión. Ese no fue el caso del presidente Zapatero: "En siete días no se puede hacer peor", le decía Ángel Acebes el 26 de abril de 2004(*). En menos de una semana el Gobierno y su presidente "han demostrado su arrogancia y prepotencia, su división interna y que incumplen las promesas y compromisos adquiridos con sus electores", concluía el número dos del Partido Popular. Después de que se anunció la retirada de nuestras tropas de Irak en cumplimiento de una promesa electoral de Zapatero que fue expuesta en el Congreso, se supo que Aznar llamó a Bush para manifestarle su descontento con esta medida y acto seguido publicó una carta en el The Wall Street Journal -reproducida en ABC- donde criticó públicamente la decisión de Zapatero porque según él satisfacía "los deseos de los terroristas". Pero esto no fue más que el principio ya que cada salida pública del ya ex presidente Aznar iba acompañada del descrédito y la deslealtad a la gestión de Zapatero.
Las estrategias empleadas a la vista de todos. "Parten de una experiencia -apunta Manuel Roca- y es la oposición que ejercieron en su día con Felipe González y que les funcionó -aquel famoso ¡váyase señor González!-. Pero este gobierno no es aquel. No está agonizando sino que está empezando. Está muy fresco todo lo que ocurrió con el gobierno Aznar, un gobierno que al final de su legislatura sólo se sintió responsable de los aciertos, los errores siempre fueron de otros, un gobierno que mintió e ignoró a millones de españoles. Es difícil olvidar todo esto aunque lo pretendan una y otra vez. Este gobierno está emprendiendo reformas: negociación del Estatuto, Ley de Educación, aumentar determinados derechos civiles a una parte de ciudadanos antes ignorados, etc. Todas estas cosas son derechos que lesionan los intereses y la ideología de la derecha por eso abren con cada uno de estos temas frentes de desgaste y confrontación. Tienen prisa por tirar todo abajo. No hay que olvidar que desde 2003 no han hecho otra cosa que perder elecciones: perdieron las catalanas, las gallegas, las vascas, las generales y ganaron Madrid pero con un proceso enormemente sospechoso. Rajoy ve que está quemando sus últimos cartuchos y tiene especial interés en apretar el acelerador".
¿Quien forma parte de este grupo de oposición?
El 2005 pasará a la historia como el año en que la derecha salió a la calle. Sin duda estamos asistiendo a un espectáculo poco común. En la Europa del pleno siglo XXI sólo existe un país, España que se gaste más de tres mil millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado en mantener a la Iglesia Católica. Todo ello tiene lugar en el marco de una Constitución que establece en su artículo 16.3 el carácter aconfesional, es decir, laico del Estado Español. Si éste es un derecho ciudadano, ¿por qué ha que ser considerado por la Iglesia como un ataque hasta el punto de organizar y dirigir manifestaciones multitudinarias callejeras de la mano del partido que está en la oposición? No hubo una, sino tres manifestaciones organizadas por la Iglesia católica en la calle, abriendo así distintos frentes de confrontación con el Gobierno. La primera ante un hipotético intento de legalizar la eutanasia, a raíz de la película Mar Adentro. La segunda iba dirigida al reconocimiento legal de las uniones homosexuales. Y la tercera se refirió a la fecundación asistida e investigación con células obtenidas de preembriones sobrantes.
El periodista Juan José Millás haciendo gala de su ironía daba la bienvenida a esta derecha que decidió salir a la calle (El País, 13-6-05): "Bienvenidos a la puta calle, a la pancarta, a la rima poética ingeniosa ("Donde está/no se ve/al cabrón de Zetapé"). Dios quiera que le hayas cogido el gusto y vuelvas pronto porque la calle es de todos. Bienvenidos a la subversión, queridísimos obispos. Qué alegría este reconocimiento tardío de la calle, este milagro. Ya veréis cómo se os quita la pirosis, el ardor, la úlcera de duodeno. Lo mejor para la digestión es andar y todavía tenéis en el estómago, como una piedra, el 14-M".
"La calle es un territorio de la derecha y de la izquierda-apunta José Manuel Roca-. Muchos de los que ahora se manifiestan son hijos y nietos del franquismo, educados en las movilizaciones que tenían lugar en la Plaza de Oriente -la izquierda en aquellos momentos no se podía manifestar-. Tienen experiencia y además han visto cómo la izquierda en su momento utilizó la calle en su anterior etapa para exigir derechos: huelga general, el Prestige, contra la guerra de Irak... todo esto les deterioró. Entonces ahora emplean el mismo mecanismo para erosionar a instituciones como el Parlamento, la Constitución, etc. Incluso ven con simpatía el efecto de sus discursos en los cuarteles: generales y oficiales diciendo que hay que intervenir contra el Estatuto de Cataluña".
¿Quiénes forman parte de esta oposición?
Pues un nuevo grupo modernizado, activo, organizado a través de la red que aglutinaría a diferentes movimientos sociales y que se pondría al servicio de lo que se denomina como proyecto de la "derecha extrema". Una derecha que conquista posiciones dentro de partidos políticos, medios de comunicación, centros educativos, asociativos, activismo en Internet, fundaciones, ONG, etc.
¿En qué se diferencia la extrema derecha tradicional de la derecha extrema de la que ahora se habla? "La extrema derecha tradicional que se reivindica con el franquismo, falangismo, fascismo... es una derecha más marginal, apunta Enrique del Olmo. Esta nueva derecha extrema se vincula mucho más con la ideología neoconservadora americana, basada en una falta de respeto absoluto a las normas democráticas". José Manuel Roca hace un resumen de todo ello: "Existe toda una restauración del pensamiento autoritario y del franquismo, una puesta en vigor que en cierta forma había quedado desvanecida después de la Transición. Todo ello ha sido recuperado por ideólogos que están revisando la historia de España, los mitos de la guerra civil y de la república. Personajes como Pío Moa o César Vidal han cogido viejos argumentos y les han dado otra interpretación. Esto ha fortalecido las posiciones más extremas del PP. Si realmente este partido quiere hacer un giro hacia el centro tiene que revisar muchas cosas porque la realidad es que están ejerciendo el papel de una derecha extrema". De estos colectivos se habla mucho en todos los medios de comunicación: Legionarios de Cristo, Universidad Francisco de Vitoria, Fundación IUVE -"Kilo solidario"-, Mano Amiga, eurocristians.org, e-cristians.net; hazteoir.org; una de las Web más visitadas en nuestro país; hayalternativas.org, semanario Alba, vinculado al grupo Intereconomía; revista ARBIL, según asegura Luís María Sáenz en "La Derecha furiosa", puente de "esta derecha extrema y la extrema explícitamente fascista". Habría por tanto dos grupos, uno que actuaría en el marco del Partido Popular y otro que lo haría fuera pero comulgando con sus ideas. Incluso hay quien asegura que se están preparando dos posibles futuros dentro de la oposición: por un lado la posibilidad de consolidación del PP como partido de derecha extrema y por otro el nacimiento de un partido derechista con un rumbo moderado, por ejemplo en la línea de Gallardón.
Faes y Aznar
No es una ONG ni entre sus objetivos está el de "cooperación al desarrollo" y en cambio la FAES recibe fondos públicos a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional. La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, (FAES) tiene entre sus objetivos el "pensar España y el mundo desde el centro político" y es, según el periodista Juan Varela "la gran fundación que Aznar creó agrupando otras tres fundaciones del Partido Popular, con la idea de mantener el liderazgo ideológico y estratégico de la centroderecha española tras su decisión de no volver a presentarse a la presidencia del gobierno. A diferencia de otras fundaciones, sustentadas mayoritariamente por las aportaciones y donaciones de empresas y personas, la FAES cubre el 70% de sus seis millones de euros de presupuesto anual con aportaciones públicas a través de los ministerios de Cultura y Asuntos Exteriores, fundamentalmente. La FAES estaba concebida, como casi todas las últimas decisiones del PP en el poder, bajo la convicción de que ellos se mantendrían en el gobierno y, por tanto, no tendrían grandes problemas de financiación. La fundación del PP mantenía magníficos contactos con las grandes empresas españolas y con algunas extranjeras".
Para Enrique del Olmo, "la labor fundamental de la FAES es la de radicalización del discurso del PP. A través de ella se intenta garantizar la ortodoxia del discurso antidemocrático que implantaron Aznar y Bush desde el punto de vista de los 'neocon'. El papel de FAES es por tanto, un elemento articulador importante porque es quien segrega los elementos más reaccionarios de protesta del PP". José Manuel Roca lo denomina think-tank (expresión americana que quiere decir tanque de pensamiento), "un lugar donde la derecha elabora pensamientos e ideas políticas. Al principio lo presentaron como una solución que avalaba el viaje de la derecha hacia el centro pero luego se vio que ese viaje iba a ser muy cortito". La fundación ha anunciado entre sus objetivos para el 2006 el reforzamiento de su presencia en América Latina, "región atenazada por la explosiva combinación de populismo e indigenismo bajo la sombra de la alianza entre Fidel Castro y Hugo Chávez, tándem al que se ha unido el nuevo presidente boliviano Evo Morales". José María Aznar mediante la FAES ha anunciado -explica el periodista Pascual Serrano, director de Rebelion.org- "la creación del llamado Índice de Libertad Económica, con el cual se adscribirá la potestad de asignar a cada gobierno hispanoamericano la calificación que estime oportuna". Serrano recuerda que "entre los recursos económicos que maneja esta fundación se encuentran millonarias subvenciones públicas procedentes de administraciones regionales gobernadas por el PP, empresas e instituciones públicas españolas y fondos estatales concedidos bajo el paraguas de ayudas para la cooperación". Su objetivo es en definitiva combatir a Chávez, Castro y Evo, "el nuevo populismo, movimientos que reniegan de la democracia y que tienen un claro tinte antiliberal".
Además esta fundación acaba de presentar una especie de fotografía de España en acción, un estudio que lleva por título "Los indicadores del cambio. España 1996-2004". Particular radiografía de los cambios de la sociedad española durante los dos mandatos consecutivos del PP. En la presentación de este documento, Rajoy aseguró sentirse orgulloso porque el milagro español podía medirse aunque ello no era motivo para dormirse en los laureles". Estos indicadores del cambio para el líder del PP son útiles también para calibrar el retroceso que el país ha experimentado a raíz del triunfo electoral del PSOE. "España ya es diferente dos años después -asegura Rajoy-. Este país debería haber seguido trabajando en la línea de la modernización experimentada entre 1996/2004, pero hoy vemos que los principios inspiradores del Gobierno de España son otros: crear problemas donde no los había, revisar el pasado, enfrentar a la gente y debilitar al Estado".
El miedo como arma
"El miedo como instrumento de la política no es cosa nueva, pero el alcance omnipresente de los medios de comunicación y el creciente poder destructivo de las armas hace que las poblaciones sientan la amenaza como un factor constante de la vida cotidiana, hasta convertir el miedo en el eje de la actividad política nacional e internacional", explica José Manuel Lechado en "La globalización del miedo" (Espejo de Tinta).
Nos encontramos en un momento de profundo cambio social que afecta a casi la totalidad de la población. Unos cambios que son atrevidos, novedosos, propios de una ciudadanía que camina sin complejos en la senda del siglo XXI, tiene otras necesidades y las reclama. Como todo proceso de cambio, es lento, exige mucho diálogo y está abierto al debate. "Estamos en uno de los momentos más críticos de nuestra historia en muchas décadas y probablemente abocados a una grave crisis nacional, advertía José María Aznar en octubre de 2005. En poco más de un año el actual Gobierno y su Presidente han llevado a España al borde del abismo. El país corre riesgos serios de desintegración y de balcanización. Corre el riesgo también de volver históricamente a las andadas. El desafío al Estado es total". El tema de la unidad de España es lo que más preocupa al Partido Popular desde hace tiempo.
El debate político iniciado por Zapatero ha provocado en las filas populares inquietud, perplejidad y han empezado a surgir voces que advierten que la unidad de España está en peligro, que perdemos poco a poco nuestra identidad como pueblo, que se están creando dos Españas: una con ciudadanos de primera y otra con ciudadanos de segunda. "Zapatero ha sembrado de incertidumbre e inestabilidad muchos ámbitos de la política española, generando conflictos institucionales. No está abordando en estos momentos ninguno de los temas fundamentales que preocupan a los españoles", recordaba recientemente Ángel Acebes indicando que había que hacer algo. Por eso, el PP en estos momentos está desarrollando una fuerte campaña a lo largo y ancho de la geografía española, para recordar a los ciudadanos "esos temas que realmente le preocupan": unidad de España, Estatuto, etc. Lo curioso es que nada de todo esto aparece reflejado en las encuestas del CIS. El principal problema para los españoles (un 49%) sigue siendo el paro según indicó el último barómetro del CIS. Las cifras mantienen la misma línea que el pasado año donde la inmigración apareció como la segunda preocupación (29%), seguida del terrorismo (27,9%) y la inseguridad ciudadana (22,6%). Sólo un 2,4% de los encuestados mostró inquietud por los estatutos.¿De dónde se obtiene entonces la información que permite generar este estado de alarma permanente? ¿Por qué el PP se atreve a hablar en nombre de todos los españoles?
Papel de la derecha como oposicion
El papel de la oposición en una sociedad democrática es el de controlar al gobierno, no descalificarlo o intentar destruirlo. Los ciudadanos por su parte esperan una oposición que denuncie los errores, las carencias que a su criterio el Gobierno tenga. Es a la oposición a quien también le corresponde aportar alternativas, soluciones a aquellas cuestiones que critica. "La labor de una oposición democrática es fiscalizar al gobierno e intentar convencer a la ciudadanía de que sus posiciones son más positivas para el país y recabar apoyos electorales hasta lograr por vías electorales, el llegar al gobierno, explica Enrique del Olmo. Pero desgraciadamente ésta no es la práctica de la derecha española".
Muchos ciudadanos esperaban de verdad un cambio en el Partido Popular que quedase patente en esa Convención de marzo. Se esperaba un cambio hacia alternativas más sensatas, creíbles, liberales, que huyeran definitivamente de la crispación y del radicalismo extremo del que hacen gala los populares. Incluso sectores dentro del propio partido defienden hasta en público esa necesidad de cambio, aunque luego "paguen" por ello.
No se puede caminar hacia el futuro si no se sacan conclusiones de lo que no se hizo bien en el pasado. "Nadie se ha atrevido a mirar de frente a la etapa Aznar y hacer una crítica de ello -recuerda José Manuel Roca-. En algún momento hizo algún apunte Gallardón y le cerraron la boca de mala manera. El partido sigue influido por Aznar desde FAES y por todos los que gobernaron con él. Hacer una crítica a Aznar implicaría una autocrítica a ellos mismos y no están por la labor".
Estando así las cosas, muchos pensamos si sería necesaria una nueva derrota electoral del Partido Popular para que se enfrente definitivamente y sin echar mano de "conspiraciones", a sus errores y se plantee de una vez por todas esa renovación. El tiempo lo dirá.
Fuente: Revista Fusión
El 14 de marzo de 2004 el pueblo español hizo sonar su voz en las urnas y José Luís Rodríguez Zapatero ganó las elecciones por una amplia mayoría. Su llegada al Gobierno devolvió la esperanza a millones de ciudadanos que gritaron aquello de ¡no nos falles, ZP! Desde entonces el Partido Popular no ha sabido aceptar su derrota ni su papel como primer partido de la oposición. ¿Qué está pasando en las filas del PP? ¿Qué estrategias e ideología defienden? ¿Quién forma parte hoy de la Derecha española?
Han pasado ya dos años desde que el Partido Socialista Obrero Español ganó las elecciones aquel 14 de marzo gracias a los votos del 42,64% de ciudadanos. Acudieron a las urnas casi tres millones más de votantes que en el año 2000, lo que explicó el alto índice de participación ciudadana (77,21%) y el posterior giro político(*).
Esta victoria pilló por sorpresa a un Partido Popular que creía asegurado su triunfo y mantenía vivas las esperanzas de continuar gobernando cuatro años más. Un PP que consiguió un 37,64% de votos, 691.000 menos que en los comicios de 2000 y que desde el primer momento tuvo claro que aquello había sido consecuencia de una manipulación de la ciudadanía -apoyada por algunos medios de comunicación y por supuesto por el PSOE- después de los atentados del 11-M, "violando a sabiendas la ley electoral".
Pero los datos hablaban de otra realidad. Unos meses después, el CIS hacía públicos los siguientes resultados: Los atentados influyeron en el voto de un 28,5% de ciudadanos (mucho al 10,1%, bastante al 11,4%, poco al 7%) y nada a un 71,3% De ese 28,5% a los que sí influyó a la hora de votar, al 21,9% les animó a votar, ya que no pensaban hacerlo, el 13,5% cambió su voto y el 53,8% reafirmó su voto. Para José Manuel Roca, profesor de Sociología en la UCM y uno de los autores del libro "La Derecha furiosa"(*) "la clave de la victoria del PSOE estuvo en conservar a sus votantes habituales, haber incorporado primeros votantes y de otras formaciones de izquierda -en particular de IU-, en recuperar votantes antiguos que se habían abstenido y en recibir el voto centrista descontento con la deriva derechista del PP. Y frente a la experiencia de ocho años de gobierno popular y sobre todo, de los dichos y hechos de la última legislatura -que mostraron toda la carga de autoritarismo y clericalismo que había dentro del PP-, de nada sirvió el intento de hacer una campaña neutra basada en los resultados como buenos gestores económicos pues para la gente de izquierda, la alarma sonaba desde hacía tiempo".
Después de dos años el Partido Popular ha ejercido una oposición basada en el descrédito hacia la figura de Rodríguez Zapatero -tanto dentro como fuera de nuestras fronteras-, la crispación, el insulto, los gestos airados, las actitudes chulescas, etc. Este tipo de gestos que se han trasladado también al ámbito parlamentario, empiezan a preocupar al conjunto de la ciudadanía que observa con perplejidad cómo la convivencia democrática se deteriora por momentos. La pregunta está ahí, ¿qué le pasa a la derecha española? Enrique del Olmo, sociólogo y también coautor de "La Derecha furiosa" argumenta dos razones. "La sustancial es porque perdió el poder de una forma que no esperaba, con el rechazo masivo y significativo de la población. En segundo lugar, creo que está tan furiosa porque pensaban que España era su cortijo y que iban a seguir mandando como lo había hecho históricamente la derecha española. Si nos fijamos, todos sus tics son identificables con la derecha tradicional y sus valores culturales. El que de pronto se encuentren en medio de un proceso de reforma social, con nuevas ideas, con un gobierno que intenta avanzar hacia otro modelo de sociedad... es lo que no pueden soportar". José Manuel Roca añade otro argumento, "la furia es un estado natural de la derecha en este país. Es una derecha muy autoritaria, reaccionaria. Cualquier tipo de reforma le parece mal porque se aparta de ese ideal de país unido, católico y regido por un gobierno despótico. Detrás de esto hay una concepción muy patrimonial de lo que es el país y el Estado. El comportamiento de la derecha es el comportamiento del amo que gobierna su finca y hace lo que quiere".
Hace apenas un mes, los populares celebraban en Madrid al más puro estilo hollywoodiense una convención anunciada hace meses por Rajoy. El objetivo de la misma -en pleno ecuador de la legislatura-, era cerrar esta primera etapa de su andadura como oposición y prepararse con tiempo para las próximas elecciones. Nuevos colores: naranja y azul mediterráneo. Nuevo lema: "Hay futuro". Y dos ideas para transmitir: Que el PP puede ganar las próximas elecciones y su líder indiscutible es Mariano Rajoy. Y la segunda, afianzar la imagen de un partido de centro. En cuanto al discurso, pudimos comprobar todos que fue un poco más de lo mismo. Muy centrado en explicar lo mal que lo hace Zapatero y la crisis tan grande en la que estamos inmersos. En resumen: ausencia de proyectos y muestras de una clara división dentro del partido entre la línea dura que sigue marcando Aznar cada vez que abre la boca y un Rajoy -personalmente más partidario de la ironía- e incómodo con esta política de tono bronco que le viene impuesta. Pero también incómodo por la falta de autonomía para poder elaborar su propio proyecto y por ese papel de líder de oposición que hace tiempo que quiere abandonar. Por eso Rajoy no convenció en su discurso y recibió críticas de su propio equipo y silencios elocuentes de algunos de sus compañeros -Zaplana, entre ellos-. A pesar de ese "Hay futuro" que prometían los populares, al final resultó ser un espacio sin sorpresas, un discurso donde continuamente se defendieron cosas del pasado que convirtieron en línea política para los próximos años. El propio Gabriel Elorriaga, Secretario de Comunicación del PP lo comentaba al final del evento (www.periodistadigital.com ), "estamos orgullosos del pasado y así lo exhibimos. Planteamos nuestro proyecto de futuro con una absoluta asunción de toda nuestra historia. Lo que no haremos, y no lo haremos en ningún momento, es construir una alternativa olvidando lo que somos y lo que hemos sido".
Objetivos y estrategias de la oposición
Lo volvió a repetir una vez más el número dos del Partido Popular en la citada Convención. España tiene todo un futuro por delante pero esto sólo será posible si José Luís Rodríguez Zapatero se convierte en un breve paréntesis. Cuanto más tiempo esté en el poder, mayor será el desperfecto causado, comentó Acebes en su discurso.
"El objetivo del PP es provocar elecciones anticipadas y descabalgar a Zapatero del gobierno, explica Enrique del Olmo. Ese es el único objetivo, el resto son factores añadidos, argumentos que cambian todos los días y que van encaminados a reventar el sistema democrático de la forma que sea. Les sirve todo. Es vergonzoso por ejemplo, su posición ante las declaraciones del General Mena o del Capitán de la Legión. Que un partido democrático no salga directamente a confrontar ese tipo de manifestaciones, ajenas a la misión constitucional que tiene el Ejército, demuestra que lo que les gustaría es que hubiese más ruido de sables en cuartos de bandera. La estrategia que viene desarrollando el Partido Popular es generar una situación insostenible que provoque la caída del Gobierno. Que haya una confrontación civil muy potente que provoque esto. A cambio, no defiende ningún valor. Basa el 90% de su acción en la mentira y eso es algo demostrable paso a paso. No hay ningún hecho de la realidad sobre el que no mienta. Sobre cosas del pasado como el 11-M, el Yak-42 o el Prestige. Sobre temas como el Estatuto donde hablan de la ruptura de España, la LOE... Su estrategia consiste en marcar imágenes simples, ideas sencillas que conecten con lo más atrasado de la sociedad española. Y como no cuentan con aliados políticos en el Parlamento han trasladado la polémica y la crispación a asociaciones civiles y religiosas, Conferencia Episcopal, una parte de la judicatura conservadora, y una red de medios de comunicación que divulgan, amplifican y recrean el mensaje del Partido Popular".
Todo gobierno cuenta con esos famosos cien días de gracia hasta recibir las primeras críticas a su gestión. Ese no fue el caso del presidente Zapatero: "En siete días no se puede hacer peor", le decía Ángel Acebes el 26 de abril de 2004(*). En menos de una semana el Gobierno y su presidente "han demostrado su arrogancia y prepotencia, su división interna y que incumplen las promesas y compromisos adquiridos con sus electores", concluía el número dos del Partido Popular. Después de que se anunció la retirada de nuestras tropas de Irak en cumplimiento de una promesa electoral de Zapatero que fue expuesta en el Congreso, se supo que Aznar llamó a Bush para manifestarle su descontento con esta medida y acto seguido publicó una carta en el The Wall Street Journal -reproducida en ABC- donde criticó públicamente la decisión de Zapatero porque según él satisfacía "los deseos de los terroristas". Pero esto no fue más que el principio ya que cada salida pública del ya ex presidente Aznar iba acompañada del descrédito y la deslealtad a la gestión de Zapatero.
Las estrategias empleadas a la vista de todos. "Parten de una experiencia -apunta Manuel Roca- y es la oposición que ejercieron en su día con Felipe González y que les funcionó -aquel famoso ¡váyase señor González!-. Pero este gobierno no es aquel. No está agonizando sino que está empezando. Está muy fresco todo lo que ocurrió con el gobierno Aznar, un gobierno que al final de su legislatura sólo se sintió responsable de los aciertos, los errores siempre fueron de otros, un gobierno que mintió e ignoró a millones de españoles. Es difícil olvidar todo esto aunque lo pretendan una y otra vez. Este gobierno está emprendiendo reformas: negociación del Estatuto, Ley de Educación, aumentar determinados derechos civiles a una parte de ciudadanos antes ignorados, etc. Todas estas cosas son derechos que lesionan los intereses y la ideología de la derecha por eso abren con cada uno de estos temas frentes de desgaste y confrontación. Tienen prisa por tirar todo abajo. No hay que olvidar que desde 2003 no han hecho otra cosa que perder elecciones: perdieron las catalanas, las gallegas, las vascas, las generales y ganaron Madrid pero con un proceso enormemente sospechoso. Rajoy ve que está quemando sus últimos cartuchos y tiene especial interés en apretar el acelerador".
¿Quien forma parte de este grupo de oposición?
El 2005 pasará a la historia como el año en que la derecha salió a la calle. Sin duda estamos asistiendo a un espectáculo poco común. En la Europa del pleno siglo XXI sólo existe un país, España que se gaste más de tres mil millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado en mantener a la Iglesia Católica. Todo ello tiene lugar en el marco de una Constitución que establece en su artículo 16.3 el carácter aconfesional, es decir, laico del Estado Español. Si éste es un derecho ciudadano, ¿por qué ha que ser considerado por la Iglesia como un ataque hasta el punto de organizar y dirigir manifestaciones multitudinarias callejeras de la mano del partido que está en la oposición? No hubo una, sino tres manifestaciones organizadas por la Iglesia católica en la calle, abriendo así distintos frentes de confrontación con el Gobierno. La primera ante un hipotético intento de legalizar la eutanasia, a raíz de la película Mar Adentro. La segunda iba dirigida al reconocimiento legal de las uniones homosexuales. Y la tercera se refirió a la fecundación asistida e investigación con células obtenidas de preembriones sobrantes.
El periodista Juan José Millás haciendo gala de su ironía daba la bienvenida a esta derecha que decidió salir a la calle (El País, 13-6-05): "Bienvenidos a la puta calle, a la pancarta, a la rima poética ingeniosa ("Donde está/no se ve/al cabrón de Zetapé"). Dios quiera que le hayas cogido el gusto y vuelvas pronto porque la calle es de todos. Bienvenidos a la subversión, queridísimos obispos. Qué alegría este reconocimiento tardío de la calle, este milagro. Ya veréis cómo se os quita la pirosis, el ardor, la úlcera de duodeno. Lo mejor para la digestión es andar y todavía tenéis en el estómago, como una piedra, el 14-M".
"La calle es un territorio de la derecha y de la izquierda-apunta José Manuel Roca-. Muchos de los que ahora se manifiestan son hijos y nietos del franquismo, educados en las movilizaciones que tenían lugar en la Plaza de Oriente -la izquierda en aquellos momentos no se podía manifestar-. Tienen experiencia y además han visto cómo la izquierda en su momento utilizó la calle en su anterior etapa para exigir derechos: huelga general, el Prestige, contra la guerra de Irak... todo esto les deterioró. Entonces ahora emplean el mismo mecanismo para erosionar a instituciones como el Parlamento, la Constitución, etc. Incluso ven con simpatía el efecto de sus discursos en los cuarteles: generales y oficiales diciendo que hay que intervenir contra el Estatuto de Cataluña".
¿Quiénes forman parte de esta oposición?
Pues un nuevo grupo modernizado, activo, organizado a través de la red que aglutinaría a diferentes movimientos sociales y que se pondría al servicio de lo que se denomina como proyecto de la "derecha extrema". Una derecha que conquista posiciones dentro de partidos políticos, medios de comunicación, centros educativos, asociativos, activismo en Internet, fundaciones, ONG, etc.
¿En qué se diferencia la extrema derecha tradicional de la derecha extrema de la que ahora se habla? "La extrema derecha tradicional que se reivindica con el franquismo, falangismo, fascismo... es una derecha más marginal, apunta Enrique del Olmo. Esta nueva derecha extrema se vincula mucho más con la ideología neoconservadora americana, basada en una falta de respeto absoluto a las normas democráticas". José Manuel Roca hace un resumen de todo ello: "Existe toda una restauración del pensamiento autoritario y del franquismo, una puesta en vigor que en cierta forma había quedado desvanecida después de la Transición. Todo ello ha sido recuperado por ideólogos que están revisando la historia de España, los mitos de la guerra civil y de la república. Personajes como Pío Moa o César Vidal han cogido viejos argumentos y les han dado otra interpretación. Esto ha fortalecido las posiciones más extremas del PP. Si realmente este partido quiere hacer un giro hacia el centro tiene que revisar muchas cosas porque la realidad es que están ejerciendo el papel de una derecha extrema". De estos colectivos se habla mucho en todos los medios de comunicación: Legionarios de Cristo, Universidad Francisco de Vitoria, Fundación IUVE -"Kilo solidario"-, Mano Amiga, eurocristians.org, e-cristians.net; hazteoir.org; una de las Web más visitadas en nuestro país; hayalternativas.org, semanario Alba, vinculado al grupo Intereconomía; revista ARBIL, según asegura Luís María Sáenz en "La Derecha furiosa", puente de "esta derecha extrema y la extrema explícitamente fascista". Habría por tanto dos grupos, uno que actuaría en el marco del Partido Popular y otro que lo haría fuera pero comulgando con sus ideas. Incluso hay quien asegura que se están preparando dos posibles futuros dentro de la oposición: por un lado la posibilidad de consolidación del PP como partido de derecha extrema y por otro el nacimiento de un partido derechista con un rumbo moderado, por ejemplo en la línea de Gallardón.
Faes y Aznar
No es una ONG ni entre sus objetivos está el de "cooperación al desarrollo" y en cambio la FAES recibe fondos públicos a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional. La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, (FAES) tiene entre sus objetivos el "pensar España y el mundo desde el centro político" y es, según el periodista Juan Varela "la gran fundación que Aznar creó agrupando otras tres fundaciones del Partido Popular, con la idea de mantener el liderazgo ideológico y estratégico de la centroderecha española tras su decisión de no volver a presentarse a la presidencia del gobierno. A diferencia de otras fundaciones, sustentadas mayoritariamente por las aportaciones y donaciones de empresas y personas, la FAES cubre el 70% de sus seis millones de euros de presupuesto anual con aportaciones públicas a través de los ministerios de Cultura y Asuntos Exteriores, fundamentalmente. La FAES estaba concebida, como casi todas las últimas decisiones del PP en el poder, bajo la convicción de que ellos se mantendrían en el gobierno y, por tanto, no tendrían grandes problemas de financiación. La fundación del PP mantenía magníficos contactos con las grandes empresas españolas y con algunas extranjeras".
Para Enrique del Olmo, "la labor fundamental de la FAES es la de radicalización del discurso del PP. A través de ella se intenta garantizar la ortodoxia del discurso antidemocrático que implantaron Aznar y Bush desde el punto de vista de los 'neocon'. El papel de FAES es por tanto, un elemento articulador importante porque es quien segrega los elementos más reaccionarios de protesta del PP". José Manuel Roca lo denomina think-tank (expresión americana que quiere decir tanque de pensamiento), "un lugar donde la derecha elabora pensamientos e ideas políticas. Al principio lo presentaron como una solución que avalaba el viaje de la derecha hacia el centro pero luego se vio que ese viaje iba a ser muy cortito". La fundación ha anunciado entre sus objetivos para el 2006 el reforzamiento de su presencia en América Latina, "región atenazada por la explosiva combinación de populismo e indigenismo bajo la sombra de la alianza entre Fidel Castro y Hugo Chávez, tándem al que se ha unido el nuevo presidente boliviano Evo Morales". José María Aznar mediante la FAES ha anunciado -explica el periodista Pascual Serrano, director de Rebelion.org- "la creación del llamado Índice de Libertad Económica, con el cual se adscribirá la potestad de asignar a cada gobierno hispanoamericano la calificación que estime oportuna". Serrano recuerda que "entre los recursos económicos que maneja esta fundación se encuentran millonarias subvenciones públicas procedentes de administraciones regionales gobernadas por el PP, empresas e instituciones públicas españolas y fondos estatales concedidos bajo el paraguas de ayudas para la cooperación". Su objetivo es en definitiva combatir a Chávez, Castro y Evo, "el nuevo populismo, movimientos que reniegan de la democracia y que tienen un claro tinte antiliberal".
Además esta fundación acaba de presentar una especie de fotografía de España en acción, un estudio que lleva por título "Los indicadores del cambio. España 1996-2004". Particular radiografía de los cambios de la sociedad española durante los dos mandatos consecutivos del PP. En la presentación de este documento, Rajoy aseguró sentirse orgulloso porque el milagro español podía medirse aunque ello no era motivo para dormirse en los laureles". Estos indicadores del cambio para el líder del PP son útiles también para calibrar el retroceso que el país ha experimentado a raíz del triunfo electoral del PSOE. "España ya es diferente dos años después -asegura Rajoy-. Este país debería haber seguido trabajando en la línea de la modernización experimentada entre 1996/2004, pero hoy vemos que los principios inspiradores del Gobierno de España son otros: crear problemas donde no los había, revisar el pasado, enfrentar a la gente y debilitar al Estado".
El miedo como arma
"El miedo como instrumento de la política no es cosa nueva, pero el alcance omnipresente de los medios de comunicación y el creciente poder destructivo de las armas hace que las poblaciones sientan la amenaza como un factor constante de la vida cotidiana, hasta convertir el miedo en el eje de la actividad política nacional e internacional", explica José Manuel Lechado en "La globalización del miedo" (Espejo de Tinta).
Nos encontramos en un momento de profundo cambio social que afecta a casi la totalidad de la población. Unos cambios que son atrevidos, novedosos, propios de una ciudadanía que camina sin complejos en la senda del siglo XXI, tiene otras necesidades y las reclama. Como todo proceso de cambio, es lento, exige mucho diálogo y está abierto al debate. "Estamos en uno de los momentos más críticos de nuestra historia en muchas décadas y probablemente abocados a una grave crisis nacional, advertía José María Aznar en octubre de 2005. En poco más de un año el actual Gobierno y su Presidente han llevado a España al borde del abismo. El país corre riesgos serios de desintegración y de balcanización. Corre el riesgo también de volver históricamente a las andadas. El desafío al Estado es total". El tema de la unidad de España es lo que más preocupa al Partido Popular desde hace tiempo.
El debate político iniciado por Zapatero ha provocado en las filas populares inquietud, perplejidad y han empezado a surgir voces que advierten que la unidad de España está en peligro, que perdemos poco a poco nuestra identidad como pueblo, que se están creando dos Españas: una con ciudadanos de primera y otra con ciudadanos de segunda. "Zapatero ha sembrado de incertidumbre e inestabilidad muchos ámbitos de la política española, generando conflictos institucionales. No está abordando en estos momentos ninguno de los temas fundamentales que preocupan a los españoles", recordaba recientemente Ángel Acebes indicando que había que hacer algo. Por eso, el PP en estos momentos está desarrollando una fuerte campaña a lo largo y ancho de la geografía española, para recordar a los ciudadanos "esos temas que realmente le preocupan": unidad de España, Estatuto, etc. Lo curioso es que nada de todo esto aparece reflejado en las encuestas del CIS. El principal problema para los españoles (un 49%) sigue siendo el paro según indicó el último barómetro del CIS. Las cifras mantienen la misma línea que el pasado año donde la inmigración apareció como la segunda preocupación (29%), seguida del terrorismo (27,9%) y la inseguridad ciudadana (22,6%). Sólo un 2,4% de los encuestados mostró inquietud por los estatutos.¿De dónde se obtiene entonces la información que permite generar este estado de alarma permanente? ¿Por qué el PP se atreve a hablar en nombre de todos los españoles?
Papel de la derecha como oposicion
El papel de la oposición en una sociedad democrática es el de controlar al gobierno, no descalificarlo o intentar destruirlo. Los ciudadanos por su parte esperan una oposición que denuncie los errores, las carencias que a su criterio el Gobierno tenga. Es a la oposición a quien también le corresponde aportar alternativas, soluciones a aquellas cuestiones que critica. "La labor de una oposición democrática es fiscalizar al gobierno e intentar convencer a la ciudadanía de que sus posiciones son más positivas para el país y recabar apoyos electorales hasta lograr por vías electorales, el llegar al gobierno, explica Enrique del Olmo. Pero desgraciadamente ésta no es la práctica de la derecha española".
Muchos ciudadanos esperaban de verdad un cambio en el Partido Popular que quedase patente en esa Convención de marzo. Se esperaba un cambio hacia alternativas más sensatas, creíbles, liberales, que huyeran definitivamente de la crispación y del radicalismo extremo del que hacen gala los populares. Incluso sectores dentro del propio partido defienden hasta en público esa necesidad de cambio, aunque luego "paguen" por ello.
No se puede caminar hacia el futuro si no se sacan conclusiones de lo que no se hizo bien en el pasado. "Nadie se ha atrevido a mirar de frente a la etapa Aznar y hacer una crítica de ello -recuerda José Manuel Roca-. En algún momento hizo algún apunte Gallardón y le cerraron la boca de mala manera. El partido sigue influido por Aznar desde FAES y por todos los que gobernaron con él. Hacer una crítica a Aznar implicaría una autocrítica a ellos mismos y no están por la labor".
Estando así las cosas, muchos pensamos si sería necesaria una nueva derrota electoral del Partido Popular para que se enfrente definitivamente y sin echar mano de "conspiraciones", a sus errores y se plantee de una vez por todas esa renovación. El tiempo lo dirá.
La segunda epifanía de Zapatero y el Viernes de Dolores de Bono
G. Buster
La prevista crisis de Gobierno (véase, 1, 2, 3, 4) ha tenido lugar finalmente el Viernes de Dolores. Más que una crisis, la salida de José Bono del ministerio de defensa y la entrada en el ministerio del interior de Alfredo Rubalcaba es un ajuste que cierra institucionalmente la "crisis de octubre" del gobierno Zapatero. Una crisis que era el resultado de un enfrentamiento en el gobierno y en el PSOE de dos proyectos políticos distintos que encabezaban respectivamente Zapatero y Bono. La victoria de Zapatero es ante todo resultado de la derrota de la contraofensiva social y política de la derecha, que ha perdido también a su principal aliado en el Gobierno y en el PSOE. El horizonte político queda así definido hasta el final de la legislatura en el 2008.
Dos proyectos enfrentados
Bono representa la tradición política del "felipismo", y fue en su nombre que se enfrentó a Zapatero en el 35º Congreso del PSOE por el liderazgo del partido frente a Aznar. El "felipismo" representa no solo la herencia de los tres gobiernos de Felipe Gonzalez, sino la profunda adaptación de los sectores mayoritarios de la izquierda española al aparato de estado construido en la transición y su subordinación a la nueva oligarquía que se ha constituido tras el ingreso de España en la Comunidad Europea y las grandes inversiones en América Latina de los años 90.
Esta profunda adaptación ha tomado la forma de un discurso tecnocrático, modernizante y españolista que marginaba la solución de los problemas democráticos, pendientes desde la transición, agudizados por el importante cambio social desde los años 80 y cuya solución es fundamental para legitimar cualquier proyecto hegemónico de cambio. El "felipismo" no podía ser una alternativa al "aznarismo" porque el neoconservadurismo españolista del Partido Popular no ha sido en el fondo sino una continuación, cada vez mas extrema a medida que perdía legitimidad social, de los procesos políticos iniciados por Felipe Gónzalez de integración de España en la "globalización armada" y de reconstrucción interna de un bloque de poder oligárquico alrededor de la nueva "monarquia parlamentaria".
La novedad de Zapatero y el cambio que supone –que le ha permitido ser no solo alternancia frente a los gobiernos del PP, sino una alternativa— es su ruptura parcial con el "felipismo". Ha vuelto a poner las cuestiones democráticas pendientes en el centro de su programa político (la salida de la guerra de Irak, la reforma de los estatutos de autonomía, la apertura de un proceso de paz en Euskadi) apoyándose en el ciclo de movilizaciones sociales (2002-2004) más importante que ha tenido lugar desde la transición, pero gestionando la nueva correlación de fuerzas desde las instituciones ("el parlamento como centro de la vida política").
La "radicalidad" democrática de Zapatero nace de ese contexto, que le ha permitido establecer una conexión no sólo con la tradición de la lucha democrática contra el franquismo, sino también con la II República antes de 1934, en un nuevo imaginario político y generacional. Al mismo tiempo, hay que constatar sus fuertes limitaciones en el terreno social y económico. El pretendido republicanismo democrático de Zapatero se inscribe, de hecho, en el socio-liberalismo mayoritario en la izquierda europea, que viene ejecutando desde hace quince años los proyectos de reforma y reestructuración del capitalismo europeo a golpe de reglamento comunitario. Pero este socio-liberalismo encuentra todavía un importante margen de maniobra en España debido al enorme déficit social de casi un 30% en relación con la Europa del Euro y a un ciclo económico expansivo desde hace más de diez años, por más que esté fundado en un modelo económico insostenible a medio plazo. La cuestión social aparece así como una cuestión democrática, de posibilidad de acceso a niveles de consumo, de gasto social público y de infraestructuras, más que como una cuestión de redistribución radical de la renta o de cuestionamiento del sistema económico. De ahí que la cuestión social aparezca tan ligada hoy a la propia reforma de los estatutos autonómicos, porque el gasto social ha sido transferido en buena medida a los gobiernos autonómicos, pero no todavía los medios presupuestarios para financiarlo.
Bono, reflejando en el propio Gobierno la movilización extraparlamentaria del PP y la resistencia del aparato del estado al programa de reformas democráticas de Zapatero, se había convertido en el principal defensor en el PSOE de una vuelta al "bipartidismo constitucionalista", al pacto PSOE-PP –que suponía darle derecho de veto al PP— para limitar al máximo el proceso de cambio democrático en curso. De ahí su oposición frontal al Govern tripartito de Catalunya (a veces, hasta situaciones tragicómicas, como en la accidentada devolución del Castillo de Montjuic al ayuntamiento de Bareclona). O sus declaraciones sobre Maragall. O su oposición frontal a la definición de Catalunya como nación, incompatible con su lectura de la Constitución de 1978 y de la esencia misma de España como nación.
Bono hizo su apuesta: la derrota política de Zapatero, o por el bloqueo de la reforma del Estatut o por el fracaso de las negociaciones para iniciar el proceso de paz en Euskadi. Y perdió. Quien se había ofrecido a la derecha españolista como candidato alternativo con un programa distinto no podía seguir más tiempo en el Gobierno.
¿Un segundo "Zapaterismo"?
Para cerrar la "crisis de octubre" de su gobierno, Zapatero a esperado a la aprobación por el Congreso de los Diputados del proyecto de reforma del Estatut de Catalunya, a la declaración del alto el fuego permanente de ETA y a la recuperación de las expectativas de voto del PSOE, que le vuelven a situar seis puntos por encima del PP. La derrota de la larga y durísima contraofensiva del PP tras el 14-M le ha permitido así eliminar al principal aliado con que ésta contaba en el seno del propio gobierno y recuperar un control directo sobre el ministerio de defensa y los servicios de inteligencia, esenciales para el proceso de negociación que se abre en Euskadi.
El paso del ministro del interior Alonso a defensa y de Rubalcaba –principal negociador en Madrid de la reforma del Estatut y del proceso de paz vasco— a interior son una señal inequívoca de las prioridades del Gobierno Zapatero en estos dos años que restan de legislatura. También de la nueva correlación de fuerzas en el PSOE.
Porque si todo parece señalar que Zapatero se siente personalmente más cómodo con el sistema de alianzas surgido tras el 14-M para configurar la mayoría parlamentaria con IU y ERC, no por ello ha dejado de responder a la contraofensiva del PP ampliando esa mayoría hasta incluir a todos los partidos del arco parlamentario contra el PP. Esa ampliación le ha permitido limitar y censurar la elaboración de la propuesta de nuevo Estatut del Parlament de Catalunya, gracias al pacto de enero con CiU; y cerrar un acuerdo sobre el concierto económico con el Gobierno Vasco y recibir sus votos en los presupuestos del 2006, gracias a otro pacto con el PNV, poniendo así fin al conflicto institucional de Aznar con las instituciones vascas antes de abrir las negociaciones con Batasuna.
La posibilidad de una doble alianza con la derecha nacionalista de Catalunya y Euskadi, por un lado, y con la izquierda que representan IU y ERC por otro, dan a Zapatero una autonomía por encima del Parlamento –resultado de la falta de movilizaciones de la izquierda desde marzo del 2004 hasta las incipientes de febrero del 2006— que sitúa el centro de la vida política no en el Congreso de los Diputados, sino, de nuevo, en Moncloa. Nada simboliza mejor ese desplazamiento que la propia salida de Rubalcaba como portavoz parlamentario del PSOE y su nombramiento como ministro del interior.
Rubalcaba ha sido durante la fase anterior el principal constructor de la alianza con CiU y el PNV frente a una mayoría parlamentaria de izquierdas con IU y ERC que él consideraba intrínsicamente inestable y provisional. La visión de una alianza estratégica del PSOE como representante del centro y la izquierda españolas con las burguesías catalana y vasca se remonta a los años 30, y fue la principal aportación política de Indalecio Prieto frente al giro a la izquierda que representó el "largo-caballerismo". Hoy vuelve a ser el proyecto político del sector más liberal del PSOE para ceñir al marco constitucional de 1978 la "segunda transición" del modelo de estado y llevar a cabo las políticas neoliberales de la Unión Europea. Para que eso sea posible, es necesario una gestión "en frio", institucional, del cambio social, evitando la movilización de la izquierda, tanto estatal como nacionalista, y poniendo fin al ciclo de luchas 2002-2004 que permitió la victoria electoral del PSOE.
Como se ha señalado en otras ocasiones, ese "giro a la derecha" solo se puede consolidar, si se produjese la ruptura del Gobierno tripartito catalanista y de izquierdas catalán, para dar paso a una coalición CiU-PSC, y se incorporase el PSE al gobierno vasco, tras las próximas elecciones autonómicas. Las manifestaciones del 18 de febrero en Barcelona y Bilbao de una parte importante de la izquierda catalana y vasca son una muestra de los obstáculos que aun tiene que superar esta estrategia.
La configuración final del "zapaterismo" dependerá en estos dos años que restan a la legislatura de la capacidad de movilización social de la izquierda. Desgraciadamente, la reforma de la Ley Orgánica de Educación es un ejemplo en negativo de ello, cuando la capacidad de movilización de la Iglesia católica ha acabado por obligar al Gobierno a negociar con ella, y no con los defensores de la escuela pública y laica, aunque el cambio de ministra quiera ser un pequeño guiño a la izquierda ante la próxima reforma de la Ley de Universidades.
Tanto la reforma de los estatutos de autonomía como el proceso de paz en Euskadi tienden a desplazar el eje de la vida política hacia una coalición del PSOE con CiU y PNV, partidos, éstos, que le facilitarían, además, la aplicación de las políticas económicas socio-liberales pendientes, como la reforma del mercado laboral, y dar un sesgo socio-liberal a la Ley de Dependencia. La movilización por los derechos democráticos nacionales y por las reivindicaciones de los trabajadores reforzaría, en cambio, la dependencia del PSOE de una mayoría parlamentaria con IU y ERC.
G. Buster
La prevista crisis de Gobierno (véase, 1, 2, 3, 4) ha tenido lugar finalmente el Viernes de Dolores. Más que una crisis, la salida de José Bono del ministerio de defensa y la entrada en el ministerio del interior de Alfredo Rubalcaba es un ajuste que cierra institucionalmente la "crisis de octubre" del gobierno Zapatero. Una crisis que era el resultado de un enfrentamiento en el gobierno y en el PSOE de dos proyectos políticos distintos que encabezaban respectivamente Zapatero y Bono. La victoria de Zapatero es ante todo resultado de la derrota de la contraofensiva social y política de la derecha, que ha perdido también a su principal aliado en el Gobierno y en el PSOE. El horizonte político queda así definido hasta el final de la legislatura en el 2008.
Dos proyectos enfrentados
Bono representa la tradición política del "felipismo", y fue en su nombre que se enfrentó a Zapatero en el 35º Congreso del PSOE por el liderazgo del partido frente a Aznar. El "felipismo" representa no solo la herencia de los tres gobiernos de Felipe Gonzalez, sino la profunda adaptación de los sectores mayoritarios de la izquierda española al aparato de estado construido en la transición y su subordinación a la nueva oligarquía que se ha constituido tras el ingreso de España en la Comunidad Europea y las grandes inversiones en América Latina de los años 90.
Esta profunda adaptación ha tomado la forma de un discurso tecnocrático, modernizante y españolista que marginaba la solución de los problemas democráticos, pendientes desde la transición, agudizados por el importante cambio social desde los años 80 y cuya solución es fundamental para legitimar cualquier proyecto hegemónico de cambio. El "felipismo" no podía ser una alternativa al "aznarismo" porque el neoconservadurismo españolista del Partido Popular no ha sido en el fondo sino una continuación, cada vez mas extrema a medida que perdía legitimidad social, de los procesos políticos iniciados por Felipe Gónzalez de integración de España en la "globalización armada" y de reconstrucción interna de un bloque de poder oligárquico alrededor de la nueva "monarquia parlamentaria".
La novedad de Zapatero y el cambio que supone –que le ha permitido ser no solo alternancia frente a los gobiernos del PP, sino una alternativa— es su ruptura parcial con el "felipismo". Ha vuelto a poner las cuestiones democráticas pendientes en el centro de su programa político (la salida de la guerra de Irak, la reforma de los estatutos de autonomía, la apertura de un proceso de paz en Euskadi) apoyándose en el ciclo de movilizaciones sociales (2002-2004) más importante que ha tenido lugar desde la transición, pero gestionando la nueva correlación de fuerzas desde las instituciones ("el parlamento como centro de la vida política").
La "radicalidad" democrática de Zapatero nace de ese contexto, que le ha permitido establecer una conexión no sólo con la tradición de la lucha democrática contra el franquismo, sino también con la II República antes de 1934, en un nuevo imaginario político y generacional. Al mismo tiempo, hay que constatar sus fuertes limitaciones en el terreno social y económico. El pretendido republicanismo democrático de Zapatero se inscribe, de hecho, en el socio-liberalismo mayoritario en la izquierda europea, que viene ejecutando desde hace quince años los proyectos de reforma y reestructuración del capitalismo europeo a golpe de reglamento comunitario. Pero este socio-liberalismo encuentra todavía un importante margen de maniobra en España debido al enorme déficit social de casi un 30% en relación con la Europa del Euro y a un ciclo económico expansivo desde hace más de diez años, por más que esté fundado en un modelo económico insostenible a medio plazo. La cuestión social aparece así como una cuestión democrática, de posibilidad de acceso a niveles de consumo, de gasto social público y de infraestructuras, más que como una cuestión de redistribución radical de la renta o de cuestionamiento del sistema económico. De ahí que la cuestión social aparezca tan ligada hoy a la propia reforma de los estatutos autonómicos, porque el gasto social ha sido transferido en buena medida a los gobiernos autonómicos, pero no todavía los medios presupuestarios para financiarlo.
Bono, reflejando en el propio Gobierno la movilización extraparlamentaria del PP y la resistencia del aparato del estado al programa de reformas democráticas de Zapatero, se había convertido en el principal defensor en el PSOE de una vuelta al "bipartidismo constitucionalista", al pacto PSOE-PP –que suponía darle derecho de veto al PP— para limitar al máximo el proceso de cambio democrático en curso. De ahí su oposición frontal al Govern tripartito de Catalunya (a veces, hasta situaciones tragicómicas, como en la accidentada devolución del Castillo de Montjuic al ayuntamiento de Bareclona). O sus declaraciones sobre Maragall. O su oposición frontal a la definición de Catalunya como nación, incompatible con su lectura de la Constitución de 1978 y de la esencia misma de España como nación.
Bono hizo su apuesta: la derrota política de Zapatero, o por el bloqueo de la reforma del Estatut o por el fracaso de las negociaciones para iniciar el proceso de paz en Euskadi. Y perdió. Quien se había ofrecido a la derecha españolista como candidato alternativo con un programa distinto no podía seguir más tiempo en el Gobierno.
¿Un segundo "Zapaterismo"?
Para cerrar la "crisis de octubre" de su gobierno, Zapatero a esperado a la aprobación por el Congreso de los Diputados del proyecto de reforma del Estatut de Catalunya, a la declaración del alto el fuego permanente de ETA y a la recuperación de las expectativas de voto del PSOE, que le vuelven a situar seis puntos por encima del PP. La derrota de la larga y durísima contraofensiva del PP tras el 14-M le ha permitido así eliminar al principal aliado con que ésta contaba en el seno del propio gobierno y recuperar un control directo sobre el ministerio de defensa y los servicios de inteligencia, esenciales para el proceso de negociación que se abre en Euskadi.
El paso del ministro del interior Alonso a defensa y de Rubalcaba –principal negociador en Madrid de la reforma del Estatut y del proceso de paz vasco— a interior son una señal inequívoca de las prioridades del Gobierno Zapatero en estos dos años que restan de legislatura. También de la nueva correlación de fuerzas en el PSOE.
Porque si todo parece señalar que Zapatero se siente personalmente más cómodo con el sistema de alianzas surgido tras el 14-M para configurar la mayoría parlamentaria con IU y ERC, no por ello ha dejado de responder a la contraofensiva del PP ampliando esa mayoría hasta incluir a todos los partidos del arco parlamentario contra el PP. Esa ampliación le ha permitido limitar y censurar la elaboración de la propuesta de nuevo Estatut del Parlament de Catalunya, gracias al pacto de enero con CiU; y cerrar un acuerdo sobre el concierto económico con el Gobierno Vasco y recibir sus votos en los presupuestos del 2006, gracias a otro pacto con el PNV, poniendo así fin al conflicto institucional de Aznar con las instituciones vascas antes de abrir las negociaciones con Batasuna.
La posibilidad de una doble alianza con la derecha nacionalista de Catalunya y Euskadi, por un lado, y con la izquierda que representan IU y ERC por otro, dan a Zapatero una autonomía por encima del Parlamento –resultado de la falta de movilizaciones de la izquierda desde marzo del 2004 hasta las incipientes de febrero del 2006— que sitúa el centro de la vida política no en el Congreso de los Diputados, sino, de nuevo, en Moncloa. Nada simboliza mejor ese desplazamiento que la propia salida de Rubalcaba como portavoz parlamentario del PSOE y su nombramiento como ministro del interior.
Rubalcaba ha sido durante la fase anterior el principal constructor de la alianza con CiU y el PNV frente a una mayoría parlamentaria de izquierdas con IU y ERC que él consideraba intrínsicamente inestable y provisional. La visión de una alianza estratégica del PSOE como representante del centro y la izquierda españolas con las burguesías catalana y vasca se remonta a los años 30, y fue la principal aportación política de Indalecio Prieto frente al giro a la izquierda que representó el "largo-caballerismo". Hoy vuelve a ser el proyecto político del sector más liberal del PSOE para ceñir al marco constitucional de 1978 la "segunda transición" del modelo de estado y llevar a cabo las políticas neoliberales de la Unión Europea. Para que eso sea posible, es necesario una gestión "en frio", institucional, del cambio social, evitando la movilización de la izquierda, tanto estatal como nacionalista, y poniendo fin al ciclo de luchas 2002-2004 que permitió la victoria electoral del PSOE.
Como se ha señalado en otras ocasiones, ese "giro a la derecha" solo se puede consolidar, si se produjese la ruptura del Gobierno tripartito catalanista y de izquierdas catalán, para dar paso a una coalición CiU-PSC, y se incorporase el PSE al gobierno vasco, tras las próximas elecciones autonómicas. Las manifestaciones del 18 de febrero en Barcelona y Bilbao de una parte importante de la izquierda catalana y vasca son una muestra de los obstáculos que aun tiene que superar esta estrategia.
La configuración final del "zapaterismo" dependerá en estos dos años que restan a la legislatura de la capacidad de movilización social de la izquierda. Desgraciadamente, la reforma de la Ley Orgánica de Educación es un ejemplo en negativo de ello, cuando la capacidad de movilización de la Iglesia católica ha acabado por obligar al Gobierno a negociar con ella, y no con los defensores de la escuela pública y laica, aunque el cambio de ministra quiera ser un pequeño guiño a la izquierda ante la próxima reforma de la Ley de Universidades.
Tanto la reforma de los estatutos de autonomía como el proceso de paz en Euskadi tienden a desplazar el eje de la vida política hacia una coalición del PSOE con CiU y PNV, partidos, éstos, que le facilitarían, además, la aplicación de las políticas económicas socio-liberales pendientes, como la reforma del mercado laboral, y dar un sesgo socio-liberal a la Ley de Dependencia. La movilización por los derechos democráticos nacionales y por las reivindicaciones de los trabajadores reforzaría, en cambio, la dependencia del PSOE de una mayoría parlamentaria con IU y ERC.
La crisis de octubre del gobierno Zapatero
G.Buster
ESTE mes de octubre quizás sea recordado como el verdadero ecuador del Gobierno Zapatero, a pesar de que solo lleva poco más de año y medio recorrido desde las elecciones del 14-M. Todas las cuestiones esenciales que marcarán la naturaleza del Gobierno se han concentrado, abriendo a la vez todos los frentes. Pero no todos lo han hecho con la misma intensidad, reflejando también así la correlación de fuerzas.El Gobierno Zapatero inició el nuevo curso político con un apoyo a su gestión en las encuestas superior al resultado obtenido en las elecciones: un 44% frente al 38% del PP. Y sin embargo, la segunda semana de octubre las encuestas reflejaban una perdida de cuatro de los seis puntos de ventaja sobre el PP y el Gobierno parecía deslizarse por una pendiente cada vez más pronunciada.
El frente económico y social
De todos estos frentes abiertos, hay que descartar el económico. La situación económica española pasa por una coyuntura de crecimiento casi única en Europa: 3,4% frente a un lánguido 1,2% en la eurozona. La inflación del 3,5% –como resultado de la baja productividad- y el preocupante déficit exterior que supera ya el 7% del PIB –por la pérdida de competitividad- son los principales problemas, que reflejan un modelo de desarrollo basado en la demanda interna y el ladrillo que no son sostenibles a medio plazo. Pero por el momento ha sido capaz de reducir la tasa de paro al 8,4%, por debajo de la media de la eurozona, aunque a base de unos niveles de temporalidad en el empleo que tampoco son sostenibles.
Este largo ciclo de crecimiento ha permitido unos presupuestos generales del 2006 expansivos, con un aumento del gasto en I+D, infraestructuras o el gasto social importantes, aunque sin poner en cuestión el modelo de crecimiento heredado del Gobierno del PP. De hecho, la solución de esta contradicción se ha trasladado al mercado, que se preparara para un ajuste de salarios, plantillas y capacidad productiva que esta haciendo estallar un numero elevado de conflictos sociales. SEAT es el más llamativo, pero se extienden a todo el sector del automóvil, la minería, astilleros, empresas de transporte. Ninguno de estos conflictos ha cobrado todavía entidad ni ha sido capaz de huelgas sostenidas o de extender la solidaridad. Los sindicatos mayoritarios siguen a la expectativa. Pero las pequeñas llamas se van amontonando.
De hecho, en el terreno social, el verdadero protagonista de los conflictos no es la clase obrera, sino de la pequeña burguesía: transportistas, armadores de pesca y agricultores. Son ellos los que han sido capaces de coordinar un movimiento a escala estatal por el aumento de las subvenciones de los precios de los gasóleos y de arrancar concesiones al Gobierno Zapatero, que ha amenazado con la firmeza, pero ha cedido parcialmente en las negociaciones. Algún comentarista de prensa ha agitado el fantasma de septiembre de 1972 en el Chile de Allende y la utilización por parte del PP de estos conflictos en su estrategia de erosión extraparlamentaria de la legitimidad del Gobierno Zapatero.
Las negociaciones para la reforma del mercado laboral –que marcarán las relaciones entre CCOO y UGT con el Gobierno- siguen en punto muerto. Pero el tiempo corre ya en contra de los sindicatos, con una patronal que quiere que el gobierno decrete sobre la base de sus posiciones de abaratar los despidos para los nuevos contratos indefinidos. Es aquí donde la presión del mercado para un ajuste salarial y de plantillas se manifiesta con más fuerza. Y donde el carácter socio-liberal de la política económica del gobierno también: Caldera y Solbes quieren una mayor flexibilidad laboral y los sindicatos no encuentran el camino de la movilización, cuando las amenazas no son suficientes.
El frente exterior
La crisis de la avalancha emigratoria en Ceuta y Melilla ha vuelto a abrir el flanco exterior del Gobierno, a pesar del éxito relativo de la "Alianza de Civilizaciones" en la Cumbre del Milenio de Naciones Unidas o la Cumbre Iberoamericana de Salamanca. Y lo ha hecho erosionando por su izquierda una buena parte de la legitimidad moral del Gobierno Zapatero.
La decisión de ceder a la campaña histérica de la derecha, presionar a Marruecos para que dispersara como pudiera –y ese "como pudiera" a sabiendas de las violaciones de los derechos humanos que implicaba- y no tratar el problema de las decenas de miles de emigrantes subsaharianos que huyen de la crisis africana a través del asilo y el refugio, tendrá efectos a medio y largo plazo en un sector del electorado que el PSOE consideraba ya "fidelizado".
Por otro lado, la larga crisis del Sahara Occidental sigue actuando sobre el propio electorado socialista, que no comprende la postura de su Gobierno. La mayor implicación de Naciones Unidas después del verano ha dado un respiro a la diplomacia española. Pero una nueva oleada represiva marroquí en los Territorios Ocupados puede volver a situar en primer plano este problema en cualquier momento.
El frente de la paz en Euskadi
Mientras todos los focos apuntaban a Catalunya –donde las crisis de su gobierno parecían querer sustituir a la movilización o eran más bien consecuencia de la falta de esta- en Euskadi, el proceso de paz avanzaba en la medida que todas las fuerzas políticas se posicionaban en el nuevo escenario.
En primer lugar Batasuna, que anunciaba un acuerdo sobre el "método y la forma" de las negociaciones entorno a la mesa de partidos, una vez concluido un ciclo de movilizaciones para que se le reconociese como sujeto político a pesar de su ilegalización. Su asamblea nacional, a finales de septiembre, aprobaba la nueva estrategia "Construir Euskal Herria" que prioriza este proceso de negociación.
El segundo paso lo dio el PNV en la celebración del Gudari Eguna, poniendo sobre la mesa su propia hoja de ruta para las negociaciones y los elementos para un nuevo proyecto de reforma del Estatuto vasco, que entierra el "Plan Ibarretxe". El tercer paso fue el congreso del PSE, con la marginación definitiva del sector Redondo-Diaz y su estrategia de "bloque constitucionalista" con el PP vasco, a favor de una estrategia primero de condicionar desde fuera del gobierno al PNV y después volver a un gobierno PNV-PSE para abordar la fase decisoria de las negociaciones con Batasuna y ETA. Y el cuarto paso ha sido el apoyo del PNV a los presupuestos del 2006, permitiendo al Gobierno Zapatero un mayor margen de negociación frente a ERC e IU.
Pero a medida que se producen estos avances en la creación de las condiciones del proceso de paz, solo la confidencialidad del proceso ha evitado hasta ahora que el PP haya podido utilizarlo en el resto del estado para su campaña extraparlamentaria. Una situación que no durará mucho tiempo.
El frente autonómico
Con todo, el que centra toda la actualidad política y será clave para la legitimidad del Gobierno es el resultado final de la reforma del Estatut de Catalunya.
La aprobación por todas las fuerzas políticas del Parlament de Catalunya –a excepción del PP- del proyecto de nuevo Estatut ha permitido a la derecha española (el PP acompañado de la Iglesia, estamentos militares y la patronal) relanzar la contraofensiva extraparlamentaria que mantiene desde hace casi seis meses. Quiere imponer su derecho de veto a cualquier cambio social o político en nombre de un "consenso constitucional" obtenido en la transición a la sombra de los poderes fácticos.
La contraofensiva extraparlamentaria del PP ha obtenido ya algunos frutos importantes. De hecho ha frustrado por el momento cualquier intento de una "segunda transición", estableciendo los límites -asumidos por el PSOE-, de la Constitución de 1978. Y el Gobierno Zapatero a su vez los ha impuesto a sus aliados del Tripartito catalán, que han asumido la autocensura de sus pretensiones, sin intentar hasta el momento movilizar a la mayoría social catalana por miedo a una fractura en la base social española del Gobierno Zapatero.
Los primeros intentos del Gobierno Zapatero de llegar a un entendimiento con el PP han fracasado, a pesar de aceptar los límites impuestos por el "consenso constitucional". Ese intento se plasmó en el pacto PP-PSOE para el Estatut del "Reino de Valencia". Este error del Gobierno Zapatero solo ha servido para que el PP haya podido construir su discurso contra el Estatut de Catalunya exigiendo que se imponga al Parlament, y la mayoría catalanista que representa, una supuesta mayoría "españolista" PP-PSOE en el resto del estado y, si no, que se someta a un referéndum en todo el estado el Estatut como una ruptura encubierta del "consenso constitucional".
La encrucijada del Gobierno Zapatero
El PP ha tenido bastante éxito, como reflejan las encuestas. Sobre todo, ha encontrado en el sector "felipista" del Gobierno Zapatero a aliados como Bono, y en el PSOE a gentes como Ibarra o incluso Chaves. El Gobierno ha vivido escindido durante todo el mes de octubre con dos proyectos políticos distintos, por su modelo de estado y de bloque socio-político.
Hasta que el propio Zapatero ha reafirmado la prioridad de su alianza con el Tripartito catalán por un lado, y con IU por el otro, integrando además al PNV y al BNG. Pero a costa de extender a todas las fuerzas políticas de la izquierda y nacionalista un "pacto de autocensura" y la concesión de que solo él gestionará los ritmos y la orientación de la necesaria respuesta política al PP.
La afirmación de Zapatero de que la reforma del Estatut solo se pactará con las fuerzas que lo apoyaron en el Parlament de Catalunya -y no con el PP-, traslada el pulso de la derecha a la derecha del PSOE. Zapatero esta convencido de ganar este pulso a Bono, que podría estar destinado a ser el próximo candidato del PSOE a alcalde de Madrid. Su discurso del 2 de noviembre sobre el proceso de reforma del Estatut será una prueba de la consistencia de esta estrategia en "frío", institucional, de limitar la capacidad de polarización del PP, limitando en la medida de lo posible los enfrentamientos y ganando tiempo.
Las fuerzas del Tripartito catalán se encuentran ahora ante la disyuntiva de pasar de la "autocensura" a la pasividad y negociar ellas también en "frio", o demostrar que su proyecto de Estatut tiene detrás a la mayoría social catalanista, y que esta no aceptará recortes sustanciales más allá de los ya asumidos. Sin una manifestación masiva en Catalunya, la estrategia extraparlamentaria del PP continuará presionando por recortes sucesivos para aumentar la tensión entre Zapatero y sus aliados.
El problema de fondo es que sin una movilización social de izquierdas, en todos los frentes, la iniciativa extraparlamentaria del PP tiende a dividir verticalmente a la base social de la "gran coalición" de izquierdas y nacionalista que da mayoría parlamentaria y social al Gobierno Zapatero. La derecha sabe que es sobre el eje de la cuestión nacional, incluso en su versión mas moderada de la reforma autonómica, donde puede construir su propio bloque social y político alternativo. Y para ello tiene que provocar la crisis del Tripartito catalán primero y, después, dividir interiormente y paralizar al Gobierno Zapatero, al PSOE y sus aliados.
Lo que esta en juego, en definitiva, es si el cambio en la correlación de fuerzas que supuso el ciclo de movilizaciones del 2002-2004 contra Aznar puede consolidarse para algo más que una alternancia de gobierno. Si ese cambio se erosiona y retrocede, permitiendo una vuelta al gobierno de la derecha o si, por el contrario, toma cuerpo social e institucional y abre la posibilidad a una alternativa al modelo social y económico heredado del PP.
Para mantener la esperanza de esa posibilidad de futuro, la izquierda social y política hará mal en delegar solo en Zapatero su capacidad de resistencia. O sale a la calle y comienza a establecer la correlación de fuerzas que necesita cualquier proceso progresista de cambio frente a la derecha, o el perdedor de la prevista crisis de gobierno en marzo o abril no será Bono. Y Rajoy habrá conseguido, sobre el cadáver del Estatut, las elecciones anticipadas a las que aspira.
G.Buster
ESTE mes de octubre quizás sea recordado como el verdadero ecuador del Gobierno Zapatero, a pesar de que solo lleva poco más de año y medio recorrido desde las elecciones del 14-M. Todas las cuestiones esenciales que marcarán la naturaleza del Gobierno se han concentrado, abriendo a la vez todos los frentes. Pero no todos lo han hecho con la misma intensidad, reflejando también así la correlación de fuerzas.El Gobierno Zapatero inició el nuevo curso político con un apoyo a su gestión en las encuestas superior al resultado obtenido en las elecciones: un 44% frente al 38% del PP. Y sin embargo, la segunda semana de octubre las encuestas reflejaban una perdida de cuatro de los seis puntos de ventaja sobre el PP y el Gobierno parecía deslizarse por una pendiente cada vez más pronunciada.
El frente económico y social
De todos estos frentes abiertos, hay que descartar el económico. La situación económica española pasa por una coyuntura de crecimiento casi única en Europa: 3,4% frente a un lánguido 1,2% en la eurozona. La inflación del 3,5% –como resultado de la baja productividad- y el preocupante déficit exterior que supera ya el 7% del PIB –por la pérdida de competitividad- son los principales problemas, que reflejan un modelo de desarrollo basado en la demanda interna y el ladrillo que no son sostenibles a medio plazo. Pero por el momento ha sido capaz de reducir la tasa de paro al 8,4%, por debajo de la media de la eurozona, aunque a base de unos niveles de temporalidad en el empleo que tampoco son sostenibles.
Este largo ciclo de crecimiento ha permitido unos presupuestos generales del 2006 expansivos, con un aumento del gasto en I+D, infraestructuras o el gasto social importantes, aunque sin poner en cuestión el modelo de crecimiento heredado del Gobierno del PP. De hecho, la solución de esta contradicción se ha trasladado al mercado, que se preparara para un ajuste de salarios, plantillas y capacidad productiva que esta haciendo estallar un numero elevado de conflictos sociales. SEAT es el más llamativo, pero se extienden a todo el sector del automóvil, la minería, astilleros, empresas de transporte. Ninguno de estos conflictos ha cobrado todavía entidad ni ha sido capaz de huelgas sostenidas o de extender la solidaridad. Los sindicatos mayoritarios siguen a la expectativa. Pero las pequeñas llamas se van amontonando.
De hecho, en el terreno social, el verdadero protagonista de los conflictos no es la clase obrera, sino de la pequeña burguesía: transportistas, armadores de pesca y agricultores. Son ellos los que han sido capaces de coordinar un movimiento a escala estatal por el aumento de las subvenciones de los precios de los gasóleos y de arrancar concesiones al Gobierno Zapatero, que ha amenazado con la firmeza, pero ha cedido parcialmente en las negociaciones. Algún comentarista de prensa ha agitado el fantasma de septiembre de 1972 en el Chile de Allende y la utilización por parte del PP de estos conflictos en su estrategia de erosión extraparlamentaria de la legitimidad del Gobierno Zapatero.
Las negociaciones para la reforma del mercado laboral –que marcarán las relaciones entre CCOO y UGT con el Gobierno- siguen en punto muerto. Pero el tiempo corre ya en contra de los sindicatos, con una patronal que quiere que el gobierno decrete sobre la base de sus posiciones de abaratar los despidos para los nuevos contratos indefinidos. Es aquí donde la presión del mercado para un ajuste salarial y de plantillas se manifiesta con más fuerza. Y donde el carácter socio-liberal de la política económica del gobierno también: Caldera y Solbes quieren una mayor flexibilidad laboral y los sindicatos no encuentran el camino de la movilización, cuando las amenazas no son suficientes.
El frente exterior
La crisis de la avalancha emigratoria en Ceuta y Melilla ha vuelto a abrir el flanco exterior del Gobierno, a pesar del éxito relativo de la "Alianza de Civilizaciones" en la Cumbre del Milenio de Naciones Unidas o la Cumbre Iberoamericana de Salamanca. Y lo ha hecho erosionando por su izquierda una buena parte de la legitimidad moral del Gobierno Zapatero.
La decisión de ceder a la campaña histérica de la derecha, presionar a Marruecos para que dispersara como pudiera –y ese "como pudiera" a sabiendas de las violaciones de los derechos humanos que implicaba- y no tratar el problema de las decenas de miles de emigrantes subsaharianos que huyen de la crisis africana a través del asilo y el refugio, tendrá efectos a medio y largo plazo en un sector del electorado que el PSOE consideraba ya "fidelizado".
Por otro lado, la larga crisis del Sahara Occidental sigue actuando sobre el propio electorado socialista, que no comprende la postura de su Gobierno. La mayor implicación de Naciones Unidas después del verano ha dado un respiro a la diplomacia española. Pero una nueva oleada represiva marroquí en los Territorios Ocupados puede volver a situar en primer plano este problema en cualquier momento.
El frente de la paz en Euskadi
Mientras todos los focos apuntaban a Catalunya –donde las crisis de su gobierno parecían querer sustituir a la movilización o eran más bien consecuencia de la falta de esta- en Euskadi, el proceso de paz avanzaba en la medida que todas las fuerzas políticas se posicionaban en el nuevo escenario.
En primer lugar Batasuna, que anunciaba un acuerdo sobre el "método y la forma" de las negociaciones entorno a la mesa de partidos, una vez concluido un ciclo de movilizaciones para que se le reconociese como sujeto político a pesar de su ilegalización. Su asamblea nacional, a finales de septiembre, aprobaba la nueva estrategia "Construir Euskal Herria" que prioriza este proceso de negociación.
El segundo paso lo dio el PNV en la celebración del Gudari Eguna, poniendo sobre la mesa su propia hoja de ruta para las negociaciones y los elementos para un nuevo proyecto de reforma del Estatuto vasco, que entierra el "Plan Ibarretxe". El tercer paso fue el congreso del PSE, con la marginación definitiva del sector Redondo-Diaz y su estrategia de "bloque constitucionalista" con el PP vasco, a favor de una estrategia primero de condicionar desde fuera del gobierno al PNV y después volver a un gobierno PNV-PSE para abordar la fase decisoria de las negociaciones con Batasuna y ETA. Y el cuarto paso ha sido el apoyo del PNV a los presupuestos del 2006, permitiendo al Gobierno Zapatero un mayor margen de negociación frente a ERC e IU.
Pero a medida que se producen estos avances en la creación de las condiciones del proceso de paz, solo la confidencialidad del proceso ha evitado hasta ahora que el PP haya podido utilizarlo en el resto del estado para su campaña extraparlamentaria. Una situación que no durará mucho tiempo.
El frente autonómico
Con todo, el que centra toda la actualidad política y será clave para la legitimidad del Gobierno es el resultado final de la reforma del Estatut de Catalunya.
La aprobación por todas las fuerzas políticas del Parlament de Catalunya –a excepción del PP- del proyecto de nuevo Estatut ha permitido a la derecha española (el PP acompañado de la Iglesia, estamentos militares y la patronal) relanzar la contraofensiva extraparlamentaria que mantiene desde hace casi seis meses. Quiere imponer su derecho de veto a cualquier cambio social o político en nombre de un "consenso constitucional" obtenido en la transición a la sombra de los poderes fácticos.
La contraofensiva extraparlamentaria del PP ha obtenido ya algunos frutos importantes. De hecho ha frustrado por el momento cualquier intento de una "segunda transición", estableciendo los límites -asumidos por el PSOE-, de la Constitución de 1978. Y el Gobierno Zapatero a su vez los ha impuesto a sus aliados del Tripartito catalán, que han asumido la autocensura de sus pretensiones, sin intentar hasta el momento movilizar a la mayoría social catalana por miedo a una fractura en la base social española del Gobierno Zapatero.
Los primeros intentos del Gobierno Zapatero de llegar a un entendimiento con el PP han fracasado, a pesar de aceptar los límites impuestos por el "consenso constitucional". Ese intento se plasmó en el pacto PP-PSOE para el Estatut del "Reino de Valencia". Este error del Gobierno Zapatero solo ha servido para que el PP haya podido construir su discurso contra el Estatut de Catalunya exigiendo que se imponga al Parlament, y la mayoría catalanista que representa, una supuesta mayoría "españolista" PP-PSOE en el resto del estado y, si no, que se someta a un referéndum en todo el estado el Estatut como una ruptura encubierta del "consenso constitucional".
La encrucijada del Gobierno Zapatero
El PP ha tenido bastante éxito, como reflejan las encuestas. Sobre todo, ha encontrado en el sector "felipista" del Gobierno Zapatero a aliados como Bono, y en el PSOE a gentes como Ibarra o incluso Chaves. El Gobierno ha vivido escindido durante todo el mes de octubre con dos proyectos políticos distintos, por su modelo de estado y de bloque socio-político.
Hasta que el propio Zapatero ha reafirmado la prioridad de su alianza con el Tripartito catalán por un lado, y con IU por el otro, integrando además al PNV y al BNG. Pero a costa de extender a todas las fuerzas políticas de la izquierda y nacionalista un "pacto de autocensura" y la concesión de que solo él gestionará los ritmos y la orientación de la necesaria respuesta política al PP.
La afirmación de Zapatero de que la reforma del Estatut solo se pactará con las fuerzas que lo apoyaron en el Parlament de Catalunya -y no con el PP-, traslada el pulso de la derecha a la derecha del PSOE. Zapatero esta convencido de ganar este pulso a Bono, que podría estar destinado a ser el próximo candidato del PSOE a alcalde de Madrid. Su discurso del 2 de noviembre sobre el proceso de reforma del Estatut será una prueba de la consistencia de esta estrategia en "frío", institucional, de limitar la capacidad de polarización del PP, limitando en la medida de lo posible los enfrentamientos y ganando tiempo.
Las fuerzas del Tripartito catalán se encuentran ahora ante la disyuntiva de pasar de la "autocensura" a la pasividad y negociar ellas también en "frio", o demostrar que su proyecto de Estatut tiene detrás a la mayoría social catalanista, y que esta no aceptará recortes sustanciales más allá de los ya asumidos. Sin una manifestación masiva en Catalunya, la estrategia extraparlamentaria del PP continuará presionando por recortes sucesivos para aumentar la tensión entre Zapatero y sus aliados.
El problema de fondo es que sin una movilización social de izquierdas, en todos los frentes, la iniciativa extraparlamentaria del PP tiende a dividir verticalmente a la base social de la "gran coalición" de izquierdas y nacionalista que da mayoría parlamentaria y social al Gobierno Zapatero. La derecha sabe que es sobre el eje de la cuestión nacional, incluso en su versión mas moderada de la reforma autonómica, donde puede construir su propio bloque social y político alternativo. Y para ello tiene que provocar la crisis del Tripartito catalán primero y, después, dividir interiormente y paralizar al Gobierno Zapatero, al PSOE y sus aliados.
Lo que esta en juego, en definitiva, es si el cambio en la correlación de fuerzas que supuso el ciclo de movilizaciones del 2002-2004 contra Aznar puede consolidarse para algo más que una alternancia de gobierno. Si ese cambio se erosiona y retrocede, permitiendo una vuelta al gobierno de la derecha o si, por el contrario, toma cuerpo social e institucional y abre la posibilidad a una alternativa al modelo social y económico heredado del PP.
Para mantener la esperanza de esa posibilidad de futuro, la izquierda social y política hará mal en delegar solo en Zapatero su capacidad de resistencia. O sale a la calle y comienza a establecer la correlación de fuerzas que necesita cualquier proceso progresista de cambio frente a la derecha, o el perdedor de la prevista crisis de gobierno en marzo o abril no será Bono. Y Rajoy habrá conseguido, sobre el cadáver del Estatut, las elecciones anticipadas a las que aspira.
Jessica Vazquez de la red progresista, nos comenta en su "Chesi Portal", el compañero Lluis, coautor del blog RB / Actualidad y teoría de la Renta Básica, nos propone participar en una recogida de ideas sobre la Renta Básica de Ciudadanía, con la intención de realizar una recopilación que publicarán posteriormente en su blog común. La idea es sencilla, y consiste en responder a la pregunta ¿y tú, que harías con una Renta Básica? Es decir, ¿a qué dedicarías los 540 euros al mes con que el Gobierno te dotaría por el mero hecho de ser ciudadano, y sin contrapartidas?
A continuación os expongo la breve explicación sobre la iniciativa que Lluis nos ha hecho llegar:
mis compañeros del blog "RB" y yo queremos hacer una recopliación de breves en plan "que haria yo con mi Renta Básica". La cosa es sencilla: se trataria de que los participantes nos enviasen una intervención breve, no mas de un parágrafo, sobre que harían ellos si se implantase una Renta Básica de unos 540 euros mensuales como la que el estudio "La Renda Bàsica a Catalunya" prevee para la comunidad autónoma catalana. Si dejarian su actual trabajo, si se buscarian piso, si se pagarian los estudios, etc. Cuando hubiésemos recopilado todas las intervenciones, las publicariamos en nuestro blog.
Obviamente, las intervenciones serán de carácter anónimo y cuando aparezcan en el blog no aparecerán firmadas por nadie a no ser de que ese sea el deseo expreso de su autor.
Os ánimo a todos a que me envieis intervenciones (repito: un parágrafo, ergo, no enrollarse demasiado
), ya sea a través de la lista o a mi dirección de e-mail (southprat@gmail.com).
Un aviso: intervenciones serias, por favor. Nada de "me iria a cenar al Botafumeiro" o "me compraria una ametralladora y mataria a Jiménez Losantos"
Un saludo,
--
Lluís P.L
Jessica Vazquez, lo que yo haría con los 540 euros de la Renta Básica:
Bueno, con esos 540 euros pagaría aproximadamente LA MITAD de la hipoteca, de un piso de 70m2, en Barcelona o rodalías. Lo cual no significaría que me mudara un piso más grande y en una zona más pija, sino que, puesto que los precios de la vivienda no van a bajar ni los salarios se van a acoplar hasta ponerse a la misma altura, la conclusión es que la renta básica de ciudadanía la destinaría a aquéllo a lo que todo español tiene derecho constitucionalmente: a una vivienda digna.
A continuación os expongo la breve explicación sobre la iniciativa que Lluis nos ha hecho llegar:
mis compañeros del blog "RB" y yo queremos hacer una recopliación de breves en plan "que haria yo con mi Renta Básica". La cosa es sencilla: se trataria de que los participantes nos enviasen una intervención breve, no mas de un parágrafo, sobre que harían ellos si se implantase una Renta Básica de unos 540 euros mensuales como la que el estudio "La Renda Bàsica a Catalunya" prevee para la comunidad autónoma catalana. Si dejarian su actual trabajo, si se buscarian piso, si se pagarian los estudios, etc. Cuando hubiésemos recopilado todas las intervenciones, las publicariamos en nuestro blog.
Obviamente, las intervenciones serán de carácter anónimo y cuando aparezcan en el blog no aparecerán firmadas por nadie a no ser de que ese sea el deseo expreso de su autor.
Os ánimo a todos a que me envieis intervenciones (repito: un parágrafo, ergo, no enrollarse demasiado
), ya sea a través de la lista o a mi dirección de e-mail (southprat@gmail.com).
Un aviso: intervenciones serias, por favor. Nada de "me iria a cenar al Botafumeiro" o "me compraria una ametralladora y mataria a Jiménez Losantos"
Un saludo,
--
Lluís P.L
Jessica Vazquez, lo que yo haría con los 540 euros de la Renta Básica:
Bueno, con esos 540 euros pagaría aproximadamente LA MITAD de la hipoteca, de un piso de 70m2, en Barcelona o rodalías. Lo cual no significaría que me mudara un piso más grande y en una zona más pija, sino que, puesto que los precios de la vivienda no van a bajar ni los salarios se van a acoplar hasta ponerse a la misma altura, la conclusión es que la renta básica de ciudadanía la destinaría a aquéllo a lo que todo español tiene derecho constitucionalmente: a una vivienda digna.
La directiva “Frankenstein”
José Antonio Estévez
Un tema que es objeto ahora de un intenso debate político y social en Europa es el de la liberalización de los servicios en el seno de la Unión Europea contenido en el proyecto de la “directiva Bolkestein” (o “Frankenstein”, como la llaman sus detractores). El proyecto fue aprobado por la Comisión Europea en 2004 y debe su nombre al apellido del comisario que la elaboró. En febrero pasado (2006), el texto fue examinado por el Parlamento Europeo, que hizo más de 200 enmiendas al proyecto original. Ahora la Comisión tiene que elaborar un nuevo proyecto que incorpore dichas enmiendas para someterlo al Consejo y al Parlamento, que deben llegar a un acuerdo para que la norma se apruebe.
Para entender el significado de la directiva Bolkestein, hay que situarla en el marco de las transformaciones inducidas por la globalización en el ámbito de la organización empresarial y las relaciones laborales. Como consecuencia de la mundialización económica las empresas han “externalizado” buena parte de sus actividades. Esto significa que tareas antes realizadas por asalariados de la firma ahora se compran como servicios a otra empresa diferente (por ejemplo las labores de limpieza, de mantenimiento, de vigilancia…, o incluso fases de la elaboración del producto que las empresas fabrican: montaje de ordenadores, fabricación de piezas, cosido de prendas de vestir, etc). Una de las consecuencias del proceso de “externalización” ha sido el incremento de la importancia económica del sector servicios, que hoy en día representa el 70% del PIB de la UE y da trabajo al 65% de la población activa. Una norma que liberaliza los servicios en el seno de la Unión tiene, pues, la máxima importancia económica y social.
El objetivo que persigue la Directiva Bolkestein es que una empresa de servicios de un país de la UE pueda desarrollar libremente su actividad en el territorio de cualquier otro Estado de la Unión. El proyecto original de directiva despertó la oposición frontal de los sindicatos y fue una de las razones del NO francés a la “Constitución Europea”. La razón principal del rechazo era el llamado “principio del país de origen” que establecía que las empresas prestadoras de servicios se regirían por la normativa del país en el que estuvieran ubicadas y no por la del país en que se desarrollasen su actividad. El principio del país de origen abría la posibilidad a que una empresa polaca prestara servicios en Alemania (por ejemplo, tareas de mantenimiento) por medio de trabajadores polacos con sueldos polacos, seguridad social polaca y sometida a la normativa fiscal y de responsabilidad de Polonia. Eso representaría una competencia desleal para las empresas alemanas y, sobre todo, presionaría a la baja sobre los salarios y garantías sociales de los trabajadores alemanes.
Tras el paso por el Parlamento europeo se han introducido una serie de enmiendas que dejan bien claro que la directiva no afecta al derecho laboral. Es decir que los trabajadores se regirán por la normativa laboral del país donde realicen su actividad. No obstante, la trampa para eludir esta disposición la proporciona la propia directiva en otro artículo que considera que las personas físicas pueden ser consideradas “prestadoras de servicios”. Eso significa dar cobijo legal a una práctica que ya se está llevando a cabo: la de contratar los servicios de trabajadores “autónomos” en Polonia para que presten sus servicios en Francia. Como la relación entre una empresa y un trabajador autónomo no es laboral, sino mercantil (el autónomo es una microempresa integrada por un sólo trabajador), las relaciones entre ambos pueden regirse por el nivel polaco de ingresos y también por la normativa polaca en todo lo que no esté explícitamente prohibido por la directiva.
La protesta de los sindicatos de los países más ricos contra la liberalización de los servicios no es un intento de mantener los privilegios de sus afiliados. Lo que se pide es que primero se armonicen las legislaciones laborales, sociales y fiscales de los países de la UE y sólo luego se liberalicen los servicios. Actuar de otro modo es propiciar que las empresas utilicen las diferencias de nivel de vida y de rigor normativo en los distintos países europeos como un factor de competitividad. Y de lo que se trata es precisamente de lo contrario: no de que los alemanes acaben viviendo como los polacos, sino más bien de que los polacos alcancen el bienestar que hasta ahora han tenido los alemanes.
José Antonio Estévez
Un tema que es objeto ahora de un intenso debate político y social en Europa es el de la liberalización de los servicios en el seno de la Unión Europea contenido en el proyecto de la “directiva Bolkestein” (o “Frankenstein”, como la llaman sus detractores). El proyecto fue aprobado por la Comisión Europea en 2004 y debe su nombre al apellido del comisario que la elaboró. En febrero pasado (2006), el texto fue examinado por el Parlamento Europeo, que hizo más de 200 enmiendas al proyecto original. Ahora la Comisión tiene que elaborar un nuevo proyecto que incorpore dichas enmiendas para someterlo al Consejo y al Parlamento, que deben llegar a un acuerdo para que la norma se apruebe.
Para entender el significado de la directiva Bolkestein, hay que situarla en el marco de las transformaciones inducidas por la globalización en el ámbito de la organización empresarial y las relaciones laborales. Como consecuencia de la mundialización económica las empresas han “externalizado” buena parte de sus actividades. Esto significa que tareas antes realizadas por asalariados de la firma ahora se compran como servicios a otra empresa diferente (por ejemplo las labores de limpieza, de mantenimiento, de vigilancia…, o incluso fases de la elaboración del producto que las empresas fabrican: montaje de ordenadores, fabricación de piezas, cosido de prendas de vestir, etc). Una de las consecuencias del proceso de “externalización” ha sido el incremento de la importancia económica del sector servicios, que hoy en día representa el 70% del PIB de la UE y da trabajo al 65% de la población activa. Una norma que liberaliza los servicios en el seno de la Unión tiene, pues, la máxima importancia económica y social.
El objetivo que persigue la Directiva Bolkestein es que una empresa de servicios de un país de la UE pueda desarrollar libremente su actividad en el territorio de cualquier otro Estado de la Unión. El proyecto original de directiva despertó la oposición frontal de los sindicatos y fue una de las razones del NO francés a la “Constitución Europea”. La razón principal del rechazo era el llamado “principio del país de origen” que establecía que las empresas prestadoras de servicios se regirían por la normativa del país en el que estuvieran ubicadas y no por la del país en que se desarrollasen su actividad. El principio del país de origen abría la posibilidad a que una empresa polaca prestara servicios en Alemania (por ejemplo, tareas de mantenimiento) por medio de trabajadores polacos con sueldos polacos, seguridad social polaca y sometida a la normativa fiscal y de responsabilidad de Polonia. Eso representaría una competencia desleal para las empresas alemanas y, sobre todo, presionaría a la baja sobre los salarios y garantías sociales de los trabajadores alemanes.
Tras el paso por el Parlamento europeo se han introducido una serie de enmiendas que dejan bien claro que la directiva no afecta al derecho laboral. Es decir que los trabajadores se regirán por la normativa laboral del país donde realicen su actividad. No obstante, la trampa para eludir esta disposición la proporciona la propia directiva en otro artículo que considera que las personas físicas pueden ser consideradas “prestadoras de servicios”. Eso significa dar cobijo legal a una práctica que ya se está llevando a cabo: la de contratar los servicios de trabajadores “autónomos” en Polonia para que presten sus servicios en Francia. Como la relación entre una empresa y un trabajador autónomo no es laboral, sino mercantil (el autónomo es una microempresa integrada por un sólo trabajador), las relaciones entre ambos pueden regirse por el nivel polaco de ingresos y también por la normativa polaca en todo lo que no esté explícitamente prohibido por la directiva.
La protesta de los sindicatos de los países más ricos contra la liberalización de los servicios no es un intento de mantener los privilegios de sus afiliados. Lo que se pide es que primero se armonicen las legislaciones laborales, sociales y fiscales de los países de la UE y sólo luego se liberalicen los servicios. Actuar de otro modo es propiciar que las empresas utilicen las diferencias de nivel de vida y de rigor normativo en los distintos países europeos como un factor de competitividad. Y de lo que se trata es precisamente de lo contrario: no de que los alemanes acaben viviendo como los polacos, sino más bien de que los polacos alcancen el bienestar que hasta ahora han tenido los alemanes.
Directiva Bolkestein: situación actual
Raoul-Marc Jennar
Regresa la directiva Bolkenstein, símbolo de la apertura del espacio europeo a los cataclismos de la globalización. Esta disposición, cuyo abandono habían prometido los partidarios del Tratado Constitucional Europeo para tranquilizar a la opinión pública, fue en definitiva modificada y aprobada. Los diputados europeos se declararon masivamente satisfechos con el nuevo texto, presentado como un compromiso equilibrado. Raoul-Marc Jennar, reconocido experto en derecho europeo, analiza en estas páginas la nueva directiva Bolkestein. Para él, la lógica del texto no ha sido modificada y las enmiendas no hicieron más que agregar una falta de garantías jurídicas a la falta de garantías sociales.
La proposición de la directiva europea sobre los servicios busca instaurar la «libertad de establecimiento y de circulación de los servicios», de forma tal que crea en el sector de los servicios un mercado único previsto desde el Tratado de Roma (1957) pero nunca establecido verdaderamente hasta este momento.
Dos vías son posibles para lograrlo: armonizar las legislaciones del sector de los servicios que funcionan según las leyes de la competencia (lo cual implica que es necesario identificar los sectores que no se encuentren en esa categoría) o eliminar las regulaciones existentes e instaurar el principio del país de origen (PPO), concepto ideado por Jacques Delors (Livre Blanc, 1985) pero que contradice el artículo 50 del Tratado Coordinado. El PPO se trasladó al derecho comunitario luego de una interpretación del Acta Única Europea (1986) consolidada en la jurisprudencia de la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas. Fue esta última vía la que escogió la Comisión Europea luego de recibir el visto bueno por parte de los gobiernos de los países miembros.
La proposición elaborada bajo la dirección de Bolkestein, aprobada por la Comisión Europea de forma unánime, y apoyada, durante la primavera de 2003, por todos los jefes de Estado y de gobierno que pedían incluso que esta fuese examinada «con carácter urgente», acaba de vencer una etapa del largo trayecto legislativo en el marco de un procedimiento llamado de codecisión en el que intervienen dos legisladores: el Consejo de Ministros y el Parlamento. Este último acaba de terminar su «primera lectura» del texto.
Lo que cambia y lo que permanece
Las enmiendas más significativas tienen que ver con el campo de aplicación de la directiva. El Parlamento agregó algunos sectores a los ya excluidos del proyecto inicial por encontrarse dentro del campo de acción de otras directivas [servicios financieros, servicios postales, comunicaciones electrónicas, transportes (menos los transportes esenciales y las pompas fúnebres), servicios jurídicos], los servicios públicos del sector de la salud, la atención médica y el reembolso de la misma, los servicios audiovisuales, los juegos de dinero, las profesiones vinculadas al ejercicio de la autoridad pública, los servicios sociales, los alojamientos sociales y los servicios de seguridad.
Se agrega que la directiva tiene que respetar el derecho internacional privado, cosa que no sucedía con el texto de la Comisión Europea, la cual estaba consciente de que ciertas disposiciones del derecho internacional privado, contenidas en las convenciones de Roma I y II, están en contradicción con el principio del país de origen.
El derecho laboral (que incluye el derecho a negociar acuerdos colectivos, la libertad sindical y el derecho de huelga) también escapa a la directiva, la cual deja así de estar en contradicción con las convenciones básicas de la OIT. Pero la satisfacción que ello podría ocasionar encuentra su límite a la vez en la definición del proveedor de un servicio (este puede ser una persona física, o sea un trabajador independiente – art. 4) y en la prohibición de restringir las prestaciones a título independiente (art. 16, 3, f). Se mantuvo abierta la posibilidad de generalizar una práctica ya en pleno crecimiento, o sea la de las empresas que tratan a los trabajadores como independientes, lo cual exime al empleador del pago de obligaciones y le otorga total libertad en cuanto al establecimiento de tarifas al servicio prestado. Se trata de un modus operandi cada vez más frecuente por parte de los liberales de derecha y de izquierda: decir que determinado derecho será mantenido mientras que se introducen disposiciones que permiten burlarlo.
Hay que destacar, entre los cambios positivos, la supresión total o parcial de cuatro artículos: el párrafo 6 del artículo 15, que subordinaba las legislaciones nacionales al acuerdo previo de la Comisión Europea; el artículo 23, mediante el cual la Comisión Europea se atribuía ilegalmente toda una serie de atribuciones en lo tocante a la atención médica; el artículo 24, que neutralizaba la directiva sobre la utilización de trabajadores fuera de la empresa, y el artículo 25, que impedía todo control sobre los llamados “negreros”.
Una modificación que debe ser examinada con prudencia tiene que ver con la salida de los servicios de interés económico general (SIEG) y de los servicios de interés general (SIG) del campo de aplicación de la directiva (art. 1). Los SIEG agrupan los servicios del sector mercantil que de todas formas están sometidos, por definición europea (tratado de Maastricht), a las reglas de la competencia. En cuanto a los SIG, estos no existen en el derecho europeo. Y la Comision Europea no conoce otra definición de los servicios que la que ofrece la jurisprudencia de la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas según la cual una actividad de servicio es una «actividad que se ofrece a cambio de una contrapartida económica». Esta gran victoria que la socialdemocracia anunció con bombo y platillo sólo es, en realidad, otro engaño.
Lo que no cambia es la larga lista de prohibiciones (artículos 14, 16,3 y 20) que mutilan las posibilidades de maniobra de los poderes públicos. Casi todas se mantienen: no será ya posible exigir que un proveedor de servicios tenga la nacionalidad del país en el que ejerce su actividad, que resida en ese país, que tenga un establecimiento en el territorio de ese país, que se someta a un examen que pruebe que su actividad corresponde a una necesidad económica, que ofrezca una garantía financiera o esté asegurado, que se inscriba en una organización profesional, que disponga de una infraestructura, que se constituya bajo determinada forma jurídica, que tenga un documento de identidad específico para el ejercicio de su actividad ni que utilice determinado equipo o material.
También se mantiene (art. 15) la obligación que se impone a cada Estado de compatibilizar ciertas exigencias con el triple criterio de no discriminación, de necesidad y de proporcionalidad, como: los límites cuantitativos o territoriales, sobre todo en forma de límites establecidos en función del nivel poblacional o de una distancia geográfica mínima entre proveedores de servicios; las exigencias que imponen que el proveedor de servicio se constituya bajo determinada forma jurídica; las exigencias ligadas al capital que posee una sociedad; las exigencias (a parte de las relativas a la calificación profesional) que limitan el acceso a la actividad de servicio en cuestión a proveedores particulares de servicios debido a la naturaleza específica de la actividad; la prohibición de disponer de varios establecimientos dentro de un mismo país; las exigencias que imponen una cantidad mínima de empleados; las tarifas obligatorias mínimas y/o máximas que el proveedor de servicios está obligado a respetar; la obligación del proveedor de prestar, conjuntamente con su servicio, otros servicios específicos.
De esa manera, ya desprovistos de numerosos medios de acción y de control, los poderes públicos se verán entregados a la permisividad más total. Y las sutilezas introducidas mediante los numerosos considerando no son para nada una fuente de tranquilidad ya que los considerando no tienen ninguna fuerza jurídica.
¿Qué queda del PPO?
La base misma del principio del país de origen (PPO) contiene un elemento esencial: establece la diferencia entre la sede del establecimiento (lo que a menudo llamamos la sede social) de un proveedor de servicios y la sede de su actividad. Sobre esa base, el artículo 16 de la proposición de la Comisión Europea reconoce la diferencia entre el Estado donde está establecida la sede social y el Estado donde el proveedor presta un servicio. Y el texto estipula que el proveedor de servicio debe someterse únicamente a las leyes del país donde tiene su sede social, sea cual sea el país donde desarrolla sus actividades. Es el Estado donde se encuentra la sede social el que controla el respeto de su propia legislación en el país donde se ejerce la actividad.
O sea, después de determinar cuál es el país menos exigente en materia fiscal, social y en cuanto a la protección del medio ambiente, no hay más que instalar allí la sede social para que sea la legislación de ese país la que se aplique al personal del lugar en que se ejerce la actividad. No solamente se impone así la competencia entre trabajadores sometidos a regímenes diferentes sino que se incita además a la fuga de las sedes sociales.
Esto explica la cólera de todos aquellos que desean preservar más de cien años de conquistas sociales así burladas por una Unión Europea que ya no armoniza, que incita a la competencia entre europeos y que favorece las desigualdades.
Durante una primera fase –durante la cual, según el presidente de la República Francesa, el primer ministro y la dirección del Partido Socialista, el texto había ido a parar «al basurero de la Historia» (Strauss-Kahn) –, la comisión correspondiente del Parlamento Europeo, luego de largos meses de debate, cambió, el 23 de noviembre de 2005, el título del artículo 16 «principio del país de origen» por «cláusula del mercado interno» y puso en manos del Estado que acoge la empresa la verificación del respeto, en su territorio, de las leyes del país de donde proviene dicha empresa. Aunque se mantenía la lógica del país de origen, el nuevo artículo exigía de los inspectores laborales de cada país que dominen los 20 idiomas oficiales de la Unión Europea y la legislación laboral de los 25 Estados miembros (27 dentro de poco), lo cual equivale a hacer imposible toda forma de control.
¡Fue sin embargo a partir de ese momento que se vio a cierto número de políticos y de periodistas a sueldo de los mismos intereses afirmar que el principio del país de origen había desaparecido!
El 16 de febrero, durante una sesión plenaria y en apoyo a un compromiso negociado entre el PPE (entre cuyas filas se cuentan los eurodiputados del UMP) y el PSE (los socialistas), una mayoría de eurodiputados hizo algo mejor aún: después de cambiarle de nuevo el nombre al artículo 16, que se titula desde entonces «libertad de prestación de servicios», simplemente eliminaron toda referencia al derecho aplicable y al Estado encargado de controlar que sea respetado. Ello permite proclamar la desaparición del principio del país de origen, lo cual es cierto en el plano formal pero jurídicamente falso:
a) los Estados miembros de la Unión Europea ya no tendrán derecho a imponer cierto número de reglas. Son las llamadas «exigencias prohibidas»: el texto aprobado en Estrasburgo prohíbe a los Estados someter el acceso a una actividad de servicio a una exigencia ligada a la nacionalidad. Las restricciones no pueden basarse en razones de orden público, de seguridad pública, de protección de la salud o del medio ambiente (los socialistas que negociaron este compromiso con los conservadores aceptaron la no inclusión de la política social y de la protección al consumidor entre las razones que justificarían algún tipo de restricción…). Un Estado ya no puede exigir que el proveedor de servicios tenga un establecimiento en su territorio, que esté inscrito en una organización profesional, que disponga de una infraestructura (una oficina o una consultoría), que aplique un régimen contractual en el marco de sus relaciones con el destinatario del servicio, que tenga algún documento de identidad específico, ni que utilice determinado equipamiento (a no ser que se trate de un problema ligado a la salud o la seguridad laboral). Los Estados podrán imponer su reglamentación en cuanto a las condiciones de empleo, incluyendo las que se establecen en los acuerdos colectivos.
b) se movió el párrafo 2 del artículo 16, tal y como quedó luego de ser modificado el 23 de noviembre de 2005, para el artículo 35 en el cual se indica que el Estado de destino es el encargado de controlar que el proveedor de servicios respete «su ley nacional».
c) el enunciado del principio desapareció del texto, pero no se introdujo en el texto nada que indicase que se aplique lo contrario del PPO, o sea el principio del país de destino (la aplicación de la ley del país que acoge al proveedor de servicios de otro Estado de la Unión Europea). Todo lo contrario, una enmienda que introducía ese principio, presentada por la Izquierda Unitaria Europea, fue rechazada. Se trata de una decisión capital ya que el rechazo del principio del país de destino constituye la demostración irrefutable de la verdadera intención del legislador mayoritario. Este quiso que prevaleciera la aplicación de la ley del país de origen.
Intención por demás confirmada mediante una enmienda incluida en la definición del proveedor de servicios (art 4, 2): «toda persona física ciudadana de un Estado miembro o persona moral, establecida de conformidad con la legislación de dicho Estado miembro, que ofrece o presta un servicio.» Aquí se precisa claramente que el proveedor de servicios se define mediante la legislación del país de origen. El hecho de precisar que el Estado donde se presta el servicio mantiene su derecho a imponer sus propias reglas en materia de derecho laboral, de salud, de seguridad, de medio ambiente y de protección al consumidor es también una manera de indicar que pierde ese derecho en los demás aspectos.
De todas maneras, no se contradice en lo más mínimo el objetivo de la Comisión Europea: esta quería inscribir en el derecho comunitario un principio del país de origen consagrado de antemano por la jurisprudencia de la Corte de Justicia. Pero también se las puede arreglar muy bien sin la inclusión de ese texto en la directiva sobre los servicios. No por casualidad el gabinete del comisario McCreevy, el sucesor de Bolkestein, tranquilizaba e invitaba a votar este inofensivo compromiso a los parlamentarios ultraliberales reacios al compromiso PPE-PSE que temían que las concesiones a los socialistas que se hicieron en la modificación del artículo sobre el PPO fuesen demasiado numerosas.
Esto da la medida de lo que valen las declaraciones anunciando la supresión del principio del país de origen y de la credibilidad de los actores políticos y mediáticos que propagan tales informaciones.
¿Quién votó qué?
a) Primero se votó sobre una proposición de rechazo. Sólo 153 diputados votaron a favor de esta y 486 votaron en contra. Los votos de los representantes franceses (de los partidos democráticos) se repartieron de la manera siguiente: Por el rechazo: todos los representantes GUE-PCF, PSE-PS, Verdes (incluyendo a Cohn-Bendit) franceses; Contra el rechazo: todos los representantes PPE-UM (exceptuando a Fontaine y Vlasto, ambos ausentes), y todos los representantes ADLE-UDF (liberales).
b) La enmienda presentada por el GUE que introducía el respeto del principio del país de destino fue rechazada con 527 en contra, 105 a favor y 4 abstenciones. Los franceses votaron como sigue: A favor de la introducción de la referencia a la ley del país de destino: Henin, Verges, Wurtz (GUE-PCF); Arif, Berès, Bourzai, Carlotti, Cottigny, Desir, Douay, Ferreira, Fruteau, Guy-Quint, Hamon, Hazan, Laignel, Le Foll, Lienemann, Moscovici, Navarro, Patrie, Peillon, Poignant, Reynaud, Rocard, Roure, Savary, Schapira, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Weber (PSE-PS), Bennahmias (Verdes); En contra: todos los representantes PPE-UMP (con excepción de Fontaine y Vlasto, ambos ausentes), y Beaupuy, Bourlanges, Cavada, Cornillet, De Sarnez, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Morillon (ADLE-UDF); Aubert, Cohn-Bendit, Flautre, Isler-Beguin, Lipietz, Onesta (Verdes) ; Abstenciones: Castex (PSE-PS).
c) En cuanto al voto final sobre el texto modificado, después de la adopción de las enmiendas negociadas entre el PPE y el PSE, este arrojó 394 votos a favor, 215 en contra y 33 abstenciones. Los franceses votaron como sigue: A favor del proyecto modificado: todos los representantes PPE-UMP (exceptuando a Fontaine y Vlasto, ambos ausentes) más todos los representantes ADLE-UDF y Rocard (PSE-PS) En contra: todos los representantes GUE-PCF; todos los PSE-PS, menos Rocard; todos los Verdes, incluyendo a Cohn-Bendit.
¿Y ahora?
Una realidad se impone: el hecho de enmendar un texto que no podía ser enmendado da lugar a la aparición de numerosas contradicciones (solamente citaremos las contradicciones provenientes de las disposiciones relativas al establecimiento en los artículos 15, 16 y 32). La inseguridad jurídica que tanto temían varios expertos que comparecieron el 11 de noviembre de 2004 se agrava aún más debido al texto que adoptó el Parlamento Europeo. Este confiere entonces un poder considerable a quien está llamado, por necesidad, a interpretarlo, o sea a la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas cuya dependencia de la Comisión Europea y propensión a legislar en el sentido más liberal y en lugar del legislador es ya notoria. Esta solución no es aceptable.
El texto de la proposición de directiva, ya modificado por el Parlamento Europeo, no es menos peligroso que su versión inicial. Es incluso más peligroso aún ya que sus intenciones, idénticas a sus objetivos originales, tienen ahora un carácter más implícito que explícito; están más escondidas.
Y la máquina mediática que busca desmovilizar a la opinión, ya muy activa durante el debate parlamentario, no va a detenerse ahora que cuenta con el refuerzo que representa el discurso de los partidos y sindicatos que esperaban solamente ciertas modificaciones cosméticas para unirse al texto. Al apoyar las enmiendas de compromiso entre los conservadores (PPE) y la socialdemocracia (PSE), la Confederación Europea de Sindicatos demostró una vez más cuáles son los intereses a los que verdaderamente sirve. Lo mismo sucede con la CFDT. Nos encontramos por lo tanto ante un desafío aún mayor que el que representa el texto redactado bajo la responsabilidad de Fritz Bolkestein.
La próxima parte del procedimiento de codecisión es compleja. Primera etapa, la Comisión Europea presentará una «proposición revisada». ¿En qué sentido? Lo único que se sabe es que la Comisión raramente se echa atrás. También se sabe que el comisario McCreevy fue claro al dirigirse al Parlamento Europeo, el 14 de febrero: las modificaciones que mantienen obstáculos a la libre circulación no son aceptables. Y citó los artículos 24 y 25 eliminados durante el voto que tuvo lugar en el seno de la comisión sobre mercado interno del Parlamento Europeo, eliminación confirmada más tarde durante la reunión del plenario. McCreavy anunció que la Comisión compensará la eliminación de esos artículos mediante disposiciones (utilizó en inglés el término «guidance») basadas en la jurisprudencia de la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas. McCreavy se refirió varias veces a la jurisprudencia de la Corte. Pero el gobierno de los jueces no constituye la regla europea. El legislador no es el magistrado sino el diputado electo por el pueblo.
Segunda etapa, el Consejo de Ministros examinará las diferentes partes del expediente. Este órgano puede aceptar el texto del Parlamento, que se convertiría entonces en ley europea. También puede rechazarlo y aceptar entonces la proposición revisada de la Comisión Europea o presentar su propio texto. En los últimos casos, el texto del Consejo de Ministros tendría que volver entonces al Parlamento. Como puede verse, el proceso no ha concluido aún.
Se nota que, a la defensiva desde hace cerca de dos años, los partidarios del neoliberalismo más salvaje no han tenido más remedio que negociar. La tremenda resistencia que se puso de manifiesto, específicamente durante varias manifestaciones en Bruselas, Berlín, Roma y Estrasburgo, puso a la defensiva a los partidarios de la directiva sobre los servicios. Al ser interpelados, los diputados sintieron la presión de la ciudadanía. Pero se necesita más. El Parlamento Europeo acaba de demostrar que no es posible enmendar ese proyecto. La lucha por el rechazo se mantiene.
Raoul-Marc Jennar
Regresa la directiva Bolkenstein, símbolo de la apertura del espacio europeo a los cataclismos de la globalización. Esta disposición, cuyo abandono habían prometido los partidarios del Tratado Constitucional Europeo para tranquilizar a la opinión pública, fue en definitiva modificada y aprobada. Los diputados europeos se declararon masivamente satisfechos con el nuevo texto, presentado como un compromiso equilibrado. Raoul-Marc Jennar, reconocido experto en derecho europeo, analiza en estas páginas la nueva directiva Bolkestein. Para él, la lógica del texto no ha sido modificada y las enmiendas no hicieron más que agregar una falta de garantías jurídicas a la falta de garantías sociales.
La proposición de la directiva europea sobre los servicios busca instaurar la «libertad de establecimiento y de circulación de los servicios», de forma tal que crea en el sector de los servicios un mercado único previsto desde el Tratado de Roma (1957) pero nunca establecido verdaderamente hasta este momento.
Dos vías son posibles para lograrlo: armonizar las legislaciones del sector de los servicios que funcionan según las leyes de la competencia (lo cual implica que es necesario identificar los sectores que no se encuentren en esa categoría) o eliminar las regulaciones existentes e instaurar el principio del país de origen (PPO), concepto ideado por Jacques Delors (Livre Blanc, 1985) pero que contradice el artículo 50 del Tratado Coordinado. El PPO se trasladó al derecho comunitario luego de una interpretación del Acta Única Europea (1986) consolidada en la jurisprudencia de la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas. Fue esta última vía la que escogió la Comisión Europea luego de recibir el visto bueno por parte de los gobiernos de los países miembros.
La proposición elaborada bajo la dirección de Bolkestein, aprobada por la Comisión Europea de forma unánime, y apoyada, durante la primavera de 2003, por todos los jefes de Estado y de gobierno que pedían incluso que esta fuese examinada «con carácter urgente», acaba de vencer una etapa del largo trayecto legislativo en el marco de un procedimiento llamado de codecisión en el que intervienen dos legisladores: el Consejo de Ministros y el Parlamento. Este último acaba de terminar su «primera lectura» del texto.
Lo que cambia y lo que permanece
Las enmiendas más significativas tienen que ver con el campo de aplicación de la directiva. El Parlamento agregó algunos sectores a los ya excluidos del proyecto inicial por encontrarse dentro del campo de acción de otras directivas [servicios financieros, servicios postales, comunicaciones electrónicas, transportes (menos los transportes esenciales y las pompas fúnebres), servicios jurídicos], los servicios públicos del sector de la salud, la atención médica y el reembolso de la misma, los servicios audiovisuales, los juegos de dinero, las profesiones vinculadas al ejercicio de la autoridad pública, los servicios sociales, los alojamientos sociales y los servicios de seguridad.
Se agrega que la directiva tiene que respetar el derecho internacional privado, cosa que no sucedía con el texto de la Comisión Europea, la cual estaba consciente de que ciertas disposiciones del derecho internacional privado, contenidas en las convenciones de Roma I y II, están en contradicción con el principio del país de origen.
El derecho laboral (que incluye el derecho a negociar acuerdos colectivos, la libertad sindical y el derecho de huelga) también escapa a la directiva, la cual deja así de estar en contradicción con las convenciones básicas de la OIT. Pero la satisfacción que ello podría ocasionar encuentra su límite a la vez en la definición del proveedor de un servicio (este puede ser una persona física, o sea un trabajador independiente – art. 4) y en la prohibición de restringir las prestaciones a título independiente (art. 16, 3, f). Se mantuvo abierta la posibilidad de generalizar una práctica ya en pleno crecimiento, o sea la de las empresas que tratan a los trabajadores como independientes, lo cual exime al empleador del pago de obligaciones y le otorga total libertad en cuanto al establecimiento de tarifas al servicio prestado. Se trata de un modus operandi cada vez más frecuente por parte de los liberales de derecha y de izquierda: decir que determinado derecho será mantenido mientras que se introducen disposiciones que permiten burlarlo.
Hay que destacar, entre los cambios positivos, la supresión total o parcial de cuatro artículos: el párrafo 6 del artículo 15, que subordinaba las legislaciones nacionales al acuerdo previo de la Comisión Europea; el artículo 23, mediante el cual la Comisión Europea se atribuía ilegalmente toda una serie de atribuciones en lo tocante a la atención médica; el artículo 24, que neutralizaba la directiva sobre la utilización de trabajadores fuera de la empresa, y el artículo 25, que impedía todo control sobre los llamados “negreros”.
Una modificación que debe ser examinada con prudencia tiene que ver con la salida de los servicios de interés económico general (SIEG) y de los servicios de interés general (SIG) del campo de aplicación de la directiva (art. 1). Los SIEG agrupan los servicios del sector mercantil que de todas formas están sometidos, por definición europea (tratado de Maastricht), a las reglas de la competencia. En cuanto a los SIG, estos no existen en el derecho europeo. Y la Comision Europea no conoce otra definición de los servicios que la que ofrece la jurisprudencia de la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas según la cual una actividad de servicio es una «actividad que se ofrece a cambio de una contrapartida económica». Esta gran victoria que la socialdemocracia anunció con bombo y platillo sólo es, en realidad, otro engaño.
Lo que no cambia es la larga lista de prohibiciones (artículos 14, 16,3 y 20) que mutilan las posibilidades de maniobra de los poderes públicos. Casi todas se mantienen: no será ya posible exigir que un proveedor de servicios tenga la nacionalidad del país en el que ejerce su actividad, que resida en ese país, que tenga un establecimiento en el territorio de ese país, que se someta a un examen que pruebe que su actividad corresponde a una necesidad económica, que ofrezca una garantía financiera o esté asegurado, que se inscriba en una organización profesional, que disponga de una infraestructura, que se constituya bajo determinada forma jurídica, que tenga un documento de identidad específico para el ejercicio de su actividad ni que utilice determinado equipo o material.
También se mantiene (art. 15) la obligación que se impone a cada Estado de compatibilizar ciertas exigencias con el triple criterio de no discriminación, de necesidad y de proporcionalidad, como: los límites cuantitativos o territoriales, sobre todo en forma de límites establecidos en función del nivel poblacional o de una distancia geográfica mínima entre proveedores de servicios; las exigencias que imponen que el proveedor de servicio se constituya bajo determinada forma jurídica; las exigencias ligadas al capital que posee una sociedad; las exigencias (a parte de las relativas a la calificación profesional) que limitan el acceso a la actividad de servicio en cuestión a proveedores particulares de servicios debido a la naturaleza específica de la actividad; la prohibición de disponer de varios establecimientos dentro de un mismo país; las exigencias que imponen una cantidad mínima de empleados; las tarifas obligatorias mínimas y/o máximas que el proveedor de servicios está obligado a respetar; la obligación del proveedor de prestar, conjuntamente con su servicio, otros servicios específicos.
De esa manera, ya desprovistos de numerosos medios de acción y de control, los poderes públicos se verán entregados a la permisividad más total. Y las sutilezas introducidas mediante los numerosos considerando no son para nada una fuente de tranquilidad ya que los considerando no tienen ninguna fuerza jurídica.
¿Qué queda del PPO?
La base misma del principio del país de origen (PPO) contiene un elemento esencial: establece la diferencia entre la sede del establecimiento (lo que a menudo llamamos la sede social) de un proveedor de servicios y la sede de su actividad. Sobre esa base, el artículo 16 de la proposición de la Comisión Europea reconoce la diferencia entre el Estado donde está establecida la sede social y el Estado donde el proveedor presta un servicio. Y el texto estipula que el proveedor de servicio debe someterse únicamente a las leyes del país donde tiene su sede social, sea cual sea el país donde desarrolla sus actividades. Es el Estado donde se encuentra la sede social el que controla el respeto de su propia legislación en el país donde se ejerce la actividad.
O sea, después de determinar cuál es el país menos exigente en materia fiscal, social y en cuanto a la protección del medio ambiente, no hay más que instalar allí la sede social para que sea la legislación de ese país la que se aplique al personal del lugar en que se ejerce la actividad. No solamente se impone así la competencia entre trabajadores sometidos a regímenes diferentes sino que se incita además a la fuga de las sedes sociales.
Esto explica la cólera de todos aquellos que desean preservar más de cien años de conquistas sociales así burladas por una Unión Europea que ya no armoniza, que incita a la competencia entre europeos y que favorece las desigualdades.
Durante una primera fase –durante la cual, según el presidente de la República Francesa, el primer ministro y la dirección del Partido Socialista, el texto había ido a parar «al basurero de la Historia» (Strauss-Kahn) –, la comisión correspondiente del Parlamento Europeo, luego de largos meses de debate, cambió, el 23 de noviembre de 2005, el título del artículo 16 «principio del país de origen» por «cláusula del mercado interno» y puso en manos del Estado que acoge la empresa la verificación del respeto, en su territorio, de las leyes del país de donde proviene dicha empresa. Aunque se mantenía la lógica del país de origen, el nuevo artículo exigía de los inspectores laborales de cada país que dominen los 20 idiomas oficiales de la Unión Europea y la legislación laboral de los 25 Estados miembros (27 dentro de poco), lo cual equivale a hacer imposible toda forma de control.
¡Fue sin embargo a partir de ese momento que se vio a cierto número de políticos y de periodistas a sueldo de los mismos intereses afirmar que el principio del país de origen había desaparecido!
El 16 de febrero, durante una sesión plenaria y en apoyo a un compromiso negociado entre el PPE (entre cuyas filas se cuentan los eurodiputados del UMP) y el PSE (los socialistas), una mayoría de eurodiputados hizo algo mejor aún: después de cambiarle de nuevo el nombre al artículo 16, que se titula desde entonces «libertad de prestación de servicios», simplemente eliminaron toda referencia al derecho aplicable y al Estado encargado de controlar que sea respetado. Ello permite proclamar la desaparición del principio del país de origen, lo cual es cierto en el plano formal pero jurídicamente falso:
a) los Estados miembros de la Unión Europea ya no tendrán derecho a imponer cierto número de reglas. Son las llamadas «exigencias prohibidas»: el texto aprobado en Estrasburgo prohíbe a los Estados someter el acceso a una actividad de servicio a una exigencia ligada a la nacionalidad. Las restricciones no pueden basarse en razones de orden público, de seguridad pública, de protección de la salud o del medio ambiente (los socialistas que negociaron este compromiso con los conservadores aceptaron la no inclusión de la política social y de la protección al consumidor entre las razones que justificarían algún tipo de restricción…). Un Estado ya no puede exigir que el proveedor de servicios tenga un establecimiento en su territorio, que esté inscrito en una organización profesional, que disponga de una infraestructura (una oficina o una consultoría), que aplique un régimen contractual en el marco de sus relaciones con el destinatario del servicio, que tenga algún documento de identidad específico, ni que utilice determinado equipamiento (a no ser que se trate de un problema ligado a la salud o la seguridad laboral). Los Estados podrán imponer su reglamentación en cuanto a las condiciones de empleo, incluyendo las que se establecen en los acuerdos colectivos.
b) se movió el párrafo 2 del artículo 16, tal y como quedó luego de ser modificado el 23 de noviembre de 2005, para el artículo 35 en el cual se indica que el Estado de destino es el encargado de controlar que el proveedor de servicios respete «su ley nacional».
c) el enunciado del principio desapareció del texto, pero no se introdujo en el texto nada que indicase que se aplique lo contrario del PPO, o sea el principio del país de destino (la aplicación de la ley del país que acoge al proveedor de servicios de otro Estado de la Unión Europea). Todo lo contrario, una enmienda que introducía ese principio, presentada por la Izquierda Unitaria Europea, fue rechazada. Se trata de una decisión capital ya que el rechazo del principio del país de destino constituye la demostración irrefutable de la verdadera intención del legislador mayoritario. Este quiso que prevaleciera la aplicación de la ley del país de origen.
Intención por demás confirmada mediante una enmienda incluida en la definición del proveedor de servicios (art 4, 2): «toda persona física ciudadana de un Estado miembro o persona moral, establecida de conformidad con la legislación de dicho Estado miembro, que ofrece o presta un servicio.» Aquí se precisa claramente que el proveedor de servicios se define mediante la legislación del país de origen. El hecho de precisar que el Estado donde se presta el servicio mantiene su derecho a imponer sus propias reglas en materia de derecho laboral, de salud, de seguridad, de medio ambiente y de protección al consumidor es también una manera de indicar que pierde ese derecho en los demás aspectos.
De todas maneras, no se contradice en lo más mínimo el objetivo de la Comisión Europea: esta quería inscribir en el derecho comunitario un principio del país de origen consagrado de antemano por la jurisprudencia de la Corte de Justicia. Pero también se las puede arreglar muy bien sin la inclusión de ese texto en la directiva sobre los servicios. No por casualidad el gabinete del comisario McCreevy, el sucesor de Bolkestein, tranquilizaba e invitaba a votar este inofensivo compromiso a los parlamentarios ultraliberales reacios al compromiso PPE-PSE que temían que las concesiones a los socialistas que se hicieron en la modificación del artículo sobre el PPO fuesen demasiado numerosas.
Esto da la medida de lo que valen las declaraciones anunciando la supresión del principio del país de origen y de la credibilidad de los actores políticos y mediáticos que propagan tales informaciones.
¿Quién votó qué?
a) Primero se votó sobre una proposición de rechazo. Sólo 153 diputados votaron a favor de esta y 486 votaron en contra. Los votos de los representantes franceses (de los partidos democráticos) se repartieron de la manera siguiente: Por el rechazo: todos los representantes GUE-PCF, PSE-PS, Verdes (incluyendo a Cohn-Bendit) franceses; Contra el rechazo: todos los representantes PPE-UM (exceptuando a Fontaine y Vlasto, ambos ausentes), y todos los representantes ADLE-UDF (liberales).
b) La enmienda presentada por el GUE que introducía el respeto del principio del país de destino fue rechazada con 527 en contra, 105 a favor y 4 abstenciones. Los franceses votaron como sigue: A favor de la introducción de la referencia a la ley del país de destino: Henin, Verges, Wurtz (GUE-PCF); Arif, Berès, Bourzai, Carlotti, Cottigny, Desir, Douay, Ferreira, Fruteau, Guy-Quint, Hamon, Hazan, Laignel, Le Foll, Lienemann, Moscovici, Navarro, Patrie, Peillon, Poignant, Reynaud, Rocard, Roure, Savary, Schapira, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Weber (PSE-PS), Bennahmias (Verdes); En contra: todos los representantes PPE-UMP (con excepción de Fontaine y Vlasto, ambos ausentes), y Beaupuy, Bourlanges, Cavada, Cornillet, De Sarnez, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Morillon (ADLE-UDF); Aubert, Cohn-Bendit, Flautre, Isler-Beguin, Lipietz, Onesta (Verdes) ; Abstenciones: Castex (PSE-PS).
c) En cuanto al voto final sobre el texto modificado, después de la adopción de las enmiendas negociadas entre el PPE y el PSE, este arrojó 394 votos a favor, 215 en contra y 33 abstenciones. Los franceses votaron como sigue: A favor del proyecto modificado: todos los representantes PPE-UMP (exceptuando a Fontaine y Vlasto, ambos ausentes) más todos los representantes ADLE-UDF y Rocard (PSE-PS) En contra: todos los representantes GUE-PCF; todos los PSE-PS, menos Rocard; todos los Verdes, incluyendo a Cohn-Bendit.
¿Y ahora?
Una realidad se impone: el hecho de enmendar un texto que no podía ser enmendado da lugar a la aparición de numerosas contradicciones (solamente citaremos las contradicciones provenientes de las disposiciones relativas al establecimiento en los artículos 15, 16 y 32). La inseguridad jurídica que tanto temían varios expertos que comparecieron el 11 de noviembre de 2004 se agrava aún más debido al texto que adoptó el Parlamento Europeo. Este confiere entonces un poder considerable a quien está llamado, por necesidad, a interpretarlo, o sea a la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas cuya dependencia de la Comisión Europea y propensión a legislar en el sentido más liberal y en lugar del legislador es ya notoria. Esta solución no es aceptable.
El texto de la proposición de directiva, ya modificado por el Parlamento Europeo, no es menos peligroso que su versión inicial. Es incluso más peligroso aún ya que sus intenciones, idénticas a sus objetivos originales, tienen ahora un carácter más implícito que explícito; están más escondidas.
Y la máquina mediática que busca desmovilizar a la opinión, ya muy activa durante el debate parlamentario, no va a detenerse ahora que cuenta con el refuerzo que representa el discurso de los partidos y sindicatos que esperaban solamente ciertas modificaciones cosméticas para unirse al texto. Al apoyar las enmiendas de compromiso entre los conservadores (PPE) y la socialdemocracia (PSE), la Confederación Europea de Sindicatos demostró una vez más cuáles son los intereses a los que verdaderamente sirve. Lo mismo sucede con la CFDT. Nos encontramos por lo tanto ante un desafío aún mayor que el que representa el texto redactado bajo la responsabilidad de Fritz Bolkestein.
La próxima parte del procedimiento de codecisión es compleja. Primera etapa, la Comisión Europea presentará una «proposición revisada». ¿En qué sentido? Lo único que se sabe es que la Comisión raramente se echa atrás. También se sabe que el comisario McCreevy fue claro al dirigirse al Parlamento Europeo, el 14 de febrero: las modificaciones que mantienen obstáculos a la libre circulación no son aceptables. Y citó los artículos 24 y 25 eliminados durante el voto que tuvo lugar en el seno de la comisión sobre mercado interno del Parlamento Europeo, eliminación confirmada más tarde durante la reunión del plenario. McCreavy anunció que la Comisión compensará la eliminación de esos artículos mediante disposiciones (utilizó en inglés el término «guidance») basadas en la jurisprudencia de la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas. McCreavy se refirió varias veces a la jurisprudencia de la Corte. Pero el gobierno de los jueces no constituye la regla europea. El legislador no es el magistrado sino el diputado electo por el pueblo.
Segunda etapa, el Consejo de Ministros examinará las diferentes partes del expediente. Este órgano puede aceptar el texto del Parlamento, que se convertiría entonces en ley europea. También puede rechazarlo y aceptar entonces la proposición revisada de la Comisión Europea o presentar su propio texto. En los últimos casos, el texto del Consejo de Ministros tendría que volver entonces al Parlamento. Como puede verse, el proceso no ha concluido aún.
Se nota que, a la defensiva desde hace cerca de dos años, los partidarios del neoliberalismo más salvaje no han tenido más remedio que negociar. La tremenda resistencia que se puso de manifiesto, específicamente durante varias manifestaciones en Bruselas, Berlín, Roma y Estrasburgo, puso a la defensiva a los partidarios de la directiva sobre los servicios. Al ser interpelados, los diputados sintieron la presión de la ciudadanía. Pero se necesita más. El Parlamento Europeo acaba de demostrar que no es posible enmendar ese proyecto. La lucha por el rechazo se mantiene.
Un feminismo que también existe
Empar Pineda y otras
En los dos años del Gobierno Zapatero, la actividad legislativa en asuntos que conciernen específicamente a las mujeres ha sido intensa: Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, Ley que modifica el Código Civil en el derecho a contraer matrimonio, Ley que modifica el Código Civil en materia de separación y divorcio. Y están pendientes las leyes de Dependencia, de Igualdad, de Mediación familiar, de Identidad de género y la creación de un Fondo de Garantía para los impagos de pensiones de divorcio.
Aplaudimos el interés del Gobierno por abordar estos problemas, pero no podemos dejar de mencionar la preocupación que nos suscita el desarrollo de una excesiva tutela de las leyes sobre la vida de las mujeres, que puede redundar en una actitud proteccionista que nos vuelva a considerar incapaces de ejercer nuestra autonomía. Una legislación adecuada puede, sin duda, ayudar a mejorar la vida de las personas, pero es la movilización, el compromiso, la educación y la toma de conciencia individual y colectiva, de mujeres y de hombres, lo que puede finalmente hacernos conseguir nuestros objetivos.
Las leyes aprobadas que provocan mayor controversia dentro del feminismo son la ley contra la violencia de género y a ley de divorcio. Las discrepancias son tan importantes que cabe hablar de diferentes concepciones del feminismo y distintos modos de defender los derechos de las mujeres. Hay un enfoque feminista que apoya determinados aspectos de la ley contra la violencia de género de los que nos sentimos absolutamente ajenas, entre ellos la idea del impulso masculino de dominio como único factor desencadenante de la violencia contra las mujeres. En nuestra opinión, es preciso contemplar otros factores, como la estructura familiar, núcleo de privacidad escasamente permeable que amortigua o genera todo tipo de tensiones; el papel de la educación religiosa y su mensaje de matrimonio-sacramento; el concepto del amor por el que todo se sacrifica; las escasas habilidades para la resolución de los conflictos; el alcoholismo; las toxicomanías... Todas estas cuestiones, tan importantes para una verdadera prevención del maltrato, quedan difuminadas si se insiste en el "género" como única causa. Otro de los problemas de enfoque preocupantes en este feminismo y claramente presente en la ley es la filosofía del castigo por la que apuesta: el castigo se presenta como la solución para resolver los problemas y conflictos. Así, el Código Penal adquiere una importancia desmesurada y se entienden como más eficaces aquellas leyes que contemplan penas más duras. Las situaciones de maltrato han de castigarse, pero la experiencia demuestra que más castigo no implica menos delito ni mayor protección para las víctimas.
La polémica ha vuelto a manifestarse con la ley de divorcio. Las reacciones críticas de estas feministas no se hicieron esperar. Una, absolutamente razonable: no se plantea solución al impago de pensiones, uno de los grandes problemas que afrontan muchas separadas o divorciadas. En cambio, otras críticas parecen derivarse de esa concepción del feminismo que no compartimos. Se ha dicho que un divorcio sin causa deja a las mujeres al albur de los deseos masculinos, que equivale al repudio o que priva a las mujeres de conseguir ventajas señalando un culpable. Se ha mostrado desconfianza ante la mediación familiar, por considerar que la mediación sólo se puede dar entre iguales y las mujeres siempre están en inferioridad; pero la mayor oposición se ha manifestado ante la custodia compartida de los hijos e hijas menores de edad. Contra ella se ha argumentado que privar a las mujeres de la exclusividad en la custodia equivale a privarlas del derecho al uso del domicilio conyugal y a la pensión de alimentos, con lo que su situación económica puede llegar a ser dramática. Ciertamente, la situación de bastantes mujeres tras un divorcio puede ser muy difícil, pero no está de más señalar que, frecuentemente, es la custodia exclusiva de hijos e hijas la que dificulta que la mujer pueda rehacer su vida o mantener su actividad laboral, adquirir formación, encontrar trabajo, sin olvidar lo difícil que resulta enfrentarse en solitario a la responsabilidad de su cuidado y educación. Además, parece comprobado que hay un mayor compromiso paterno en el pago de las pensiones cuando la custodia es compartida.
También se ha argumentado que las madres tienen una relación más estrecha con sus hijos que los padres, pues son las que habitualmente se ocupan de ellos, y que los padres solamente tratan de evitar pagar la pensión de alimentos. Partiendo de la mayor relación de las madres con los menores, parece aventurado afirmar que han de estar siempre mejor con la madre que con el padre. También nos parece abusivo atribuir a los hombres, con carácter general, intenciones espurias al solicitar la custodia y pensar que a las mujeres sólo las mueve el amor filial. Sabemos que se puede intentar utilizar la ley en provecho propio, pero ha de ser labor de la justicia proteger a las personas más indefensas.
Finalmente, contemplamos con preocupación las posiciones del Instituto de la Mujer sobre la prostitución, a la que considera una actividad indigna y degradante. Estas ideas, en línea con el feminismo puritano de reforma moral de fines del XIX, brindan una excusa para mantener las pésimas condiciones en las que las prostitutas ejercen su trabajo.
Las opiniones que venimos criticando nos parecen poco matizadas y excesivamente simplificadoras. Tienden a presentar a los hombres y a las mujeres como dos naturalezas blindadas y opuestas: las mujeres, víctimas, los hombres, dominadores. La imagen de víctima nos hace un flaco favor a las mujeres: no considera nuestra capacidad para resistir, para hacernos un hueco, para dotarnos de poder y no ayuda a generar autoestima y empuje solidario. Lo mismo se puede decir de la visión simplificadora de los hombres: no existe, en nuestra opinión, una naturaleza masculina perversa o dominadora, sino rasgos sociales y culturales que fomentan la conciencia de superioridad y que, exacerbados, pueden contribuir a convertir a algunos hombres en tiranos.
Desde nuestro punto de vista, el objetivo del feminismo debe ser acabar con las conductas opresoras y discriminatorias; debe ser conseguir la igualdad entre los seres humanos, no aniquilar a quienes discriminan u oprimen. Nosotras no deseamos un feminismo revanchista y vengativo, deseamos simplemente relaciones en igualdad, respetuosas, saludables, felices, en la medida en que ello sea posible, relaciones de calidad entre mujeres y hombres.
Firman este artículo: Empar Pineda, María Sanahuja y Manuela Carmena, juezas, Justa Montero y Cristina Garaizabal, feministas, Paloma Uría, Reyes Montiel y Uxue Barco, diputadas, y 200 mujeres más de toda España.
Empar Pineda y otras
En los dos años del Gobierno Zapatero, la actividad legislativa en asuntos que conciernen específicamente a las mujeres ha sido intensa: Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, Ley que modifica el Código Civil en el derecho a contraer matrimonio, Ley que modifica el Código Civil en materia de separación y divorcio. Y están pendientes las leyes de Dependencia, de Igualdad, de Mediación familiar, de Identidad de género y la creación de un Fondo de Garantía para los impagos de pensiones de divorcio.
Aplaudimos el interés del Gobierno por abordar estos problemas, pero no podemos dejar de mencionar la preocupación que nos suscita el desarrollo de una excesiva tutela de las leyes sobre la vida de las mujeres, que puede redundar en una actitud proteccionista que nos vuelva a considerar incapaces de ejercer nuestra autonomía. Una legislación adecuada puede, sin duda, ayudar a mejorar la vida de las personas, pero es la movilización, el compromiso, la educación y la toma de conciencia individual y colectiva, de mujeres y de hombres, lo que puede finalmente hacernos conseguir nuestros objetivos.
Las leyes aprobadas que provocan mayor controversia dentro del feminismo son la ley contra la violencia de género y a ley de divorcio. Las discrepancias son tan importantes que cabe hablar de diferentes concepciones del feminismo y distintos modos de defender los derechos de las mujeres. Hay un enfoque feminista que apoya determinados aspectos de la ley contra la violencia de género de los que nos sentimos absolutamente ajenas, entre ellos la idea del impulso masculino de dominio como único factor desencadenante de la violencia contra las mujeres. En nuestra opinión, es preciso contemplar otros factores, como la estructura familiar, núcleo de privacidad escasamente permeable que amortigua o genera todo tipo de tensiones; el papel de la educación religiosa y su mensaje de matrimonio-sacramento; el concepto del amor por el que todo se sacrifica; las escasas habilidades para la resolución de los conflictos; el alcoholismo; las toxicomanías... Todas estas cuestiones, tan importantes para una verdadera prevención del maltrato, quedan difuminadas si se insiste en el "género" como única causa. Otro de los problemas de enfoque preocupantes en este feminismo y claramente presente en la ley es la filosofía del castigo por la que apuesta: el castigo se presenta como la solución para resolver los problemas y conflictos. Así, el Código Penal adquiere una importancia desmesurada y se entienden como más eficaces aquellas leyes que contemplan penas más duras. Las situaciones de maltrato han de castigarse, pero la experiencia demuestra que más castigo no implica menos delito ni mayor protección para las víctimas.
La polémica ha vuelto a manifestarse con la ley de divorcio. Las reacciones críticas de estas feministas no se hicieron esperar. Una, absolutamente razonable: no se plantea solución al impago de pensiones, uno de los grandes problemas que afrontan muchas separadas o divorciadas. En cambio, otras críticas parecen derivarse de esa concepción del feminismo que no compartimos. Se ha dicho que un divorcio sin causa deja a las mujeres al albur de los deseos masculinos, que equivale al repudio o que priva a las mujeres de conseguir ventajas señalando un culpable. Se ha mostrado desconfianza ante la mediación familiar, por considerar que la mediación sólo se puede dar entre iguales y las mujeres siempre están en inferioridad; pero la mayor oposición se ha manifestado ante la custodia compartida de los hijos e hijas menores de edad. Contra ella se ha argumentado que privar a las mujeres de la exclusividad en la custodia equivale a privarlas del derecho al uso del domicilio conyugal y a la pensión de alimentos, con lo que su situación económica puede llegar a ser dramática. Ciertamente, la situación de bastantes mujeres tras un divorcio puede ser muy difícil, pero no está de más señalar que, frecuentemente, es la custodia exclusiva de hijos e hijas la que dificulta que la mujer pueda rehacer su vida o mantener su actividad laboral, adquirir formación, encontrar trabajo, sin olvidar lo difícil que resulta enfrentarse en solitario a la responsabilidad de su cuidado y educación. Además, parece comprobado que hay un mayor compromiso paterno en el pago de las pensiones cuando la custodia es compartida.
También se ha argumentado que las madres tienen una relación más estrecha con sus hijos que los padres, pues son las que habitualmente se ocupan de ellos, y que los padres solamente tratan de evitar pagar la pensión de alimentos. Partiendo de la mayor relación de las madres con los menores, parece aventurado afirmar que han de estar siempre mejor con la madre que con el padre. También nos parece abusivo atribuir a los hombres, con carácter general, intenciones espurias al solicitar la custodia y pensar que a las mujeres sólo las mueve el amor filial. Sabemos que se puede intentar utilizar la ley en provecho propio, pero ha de ser labor de la justicia proteger a las personas más indefensas.
Finalmente, contemplamos con preocupación las posiciones del Instituto de la Mujer sobre la prostitución, a la que considera una actividad indigna y degradante. Estas ideas, en línea con el feminismo puritano de reforma moral de fines del XIX, brindan una excusa para mantener las pésimas condiciones en las que las prostitutas ejercen su trabajo.
Las opiniones que venimos criticando nos parecen poco matizadas y excesivamente simplificadoras. Tienden a presentar a los hombres y a las mujeres como dos naturalezas blindadas y opuestas: las mujeres, víctimas, los hombres, dominadores. La imagen de víctima nos hace un flaco favor a las mujeres: no considera nuestra capacidad para resistir, para hacernos un hueco, para dotarnos de poder y no ayuda a generar autoestima y empuje solidario. Lo mismo se puede decir de la visión simplificadora de los hombres: no existe, en nuestra opinión, una naturaleza masculina perversa o dominadora, sino rasgos sociales y culturales que fomentan la conciencia de superioridad y que, exacerbados, pueden contribuir a convertir a algunos hombres en tiranos.
Desde nuestro punto de vista, el objetivo del feminismo debe ser acabar con las conductas opresoras y discriminatorias; debe ser conseguir la igualdad entre los seres humanos, no aniquilar a quienes discriminan u oprimen. Nosotras no deseamos un feminismo revanchista y vengativo, deseamos simplemente relaciones en igualdad, respetuosas, saludables, felices, en la medida en que ello sea posible, relaciones de calidad entre mujeres y hombres.
Firman este artículo: Empar Pineda, María Sanahuja y Manuela Carmena, juezas, Justa Montero y Cristina Garaizabal, feministas, Paloma Uría, Reyes Montiel y Uxue Barco, diputadas, y 200 mujeres más de toda España.
El alto el fuego de ETA y sus consecuencias
G. Buster
La declaración de “alto el fuego permanente” de ETA busca permitir la construcción democrática de un marco político en el que sea posible que los vascos y las vascas decidan “sin limitaciones” su futuro. Esta decisión de ETA de poner fin a una larga lucha armada en nombre de los derechos nacionales del pueblo vasco se hace en el convencimiento de la posibilidad del ejercicio de las libertades democráticas en Euskal Herria para, a través de la movilización popular y la utilización de las instituciones políticas existentes, crear la correlación de fuerzas que permita ir más allá de las “limitaciones” que impone a la soberanía del pueblo vasco la Constitución española de 1978. Esta es la esencia del comunicado de ETA.
Haber llegado a este convencimiento, no solo por parte de ETA, sino del conjunto de la izquierda abertzale, ha sido un largo proceso. Pero su punto de arranque es la lectura de la nueva correlación de fuerzas que el 14-M del 2004 permitió la derrota del Gobierno Aznar del PP y la formación del Gobierno Zapatero. La respuesta política de la izquierda abertzale fue la Declaración de Anoeta del 14 de noviembre del 2004, proponiendo un proceso para crear las condiciones necesarias no solo para el alto el fuego de ETA, sino para la creación del marco político que permita en su momento la decisión democrática del pueblo vasco.
En estos momentos, bajo la conmoción política que supone en el Estado español esta decisión, los análisis iniciales parecen más preocupados por explicar cómo ha sido posible que por sus consecuencias. Y, evidentemente, es muy importante comprender cómo ha sido posible llegar a este “alto el fuego permanente” para identificar los procesos políticos y los actores que están detrás de él. Más, teniendo en cuenta que han tenido que actuar en lo fundamental no sólo desde la clandestinidad, sino también desde una ilegalidad propia y específica marcada por el Pacto Antiterrorista y la ley de Partidos Políticos, que pretendían criminalizar al conjunto de la izquierda abertzale, cuando no al entero nacionalismo vasco. La lógica de esta política del Gobierno Aznar –acabar mediante la represión no solo con ETA, sino también con la izquierda abertzale y desplazar al PNV del gobierno vasco— fue aceptada y compartida por el PSOE en la oposición bajo la presión de la muerte de sus militantes por ETA. Y sólo tras el 14-M ha podido Zapatero cambiar de política, recuperar una orientación propia, imponer un giro de 180 grados en el Partido Socialista de Euskadi y llegar a la moción del Congreso de los Diputados de 17 de mayo del 2005 que apoya “un proceso de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia, respetando en todo momento el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular”.
Este proceso paralelo de la Declaración de Anoeta y de la Moción para el diálogo tras el fin de la violencia ha estado cruzado de puentes: de conversaciones entre el PSE y Batasuna a través de Eguiguren y Otegui, de la movilización de los movimientos por la paz, de la mediación de gentes como Alex Reid o incluso de Carod Rovira, que han permitido crear un mínimo de confianza. Ha habido que gestionar la inercia del conflicto que, a pesar de los más de 1000 días sin atentados mortales, se hace presente en suicidios de presos, en accidentes de encausados del macrosumario del 18/98 y familiares, en la exigencia del “impuesto revolucionario” y en la aplicación de una Ley de Partidos Políticos antidemocrática que ha impedido a Batasuna concurrir a las elecciones vascas y celebrar su congreso. Pero, sobre todo, ha tenido que enfrentarse a una dura ofensiva reaccionaria del Partido Popular –movilizando en las calles a las victimas del terrorismo— y de sectores del aparato de estado, sobre todo del judicial, para bloquear y hacer imposible el proceso de paz.
Consecuencias a corto plazo
Sin duda iremos conociendo el entramado de cómo se llegó a esta nueva situación política. Pero más importante es comprender cuáles son las consecuencias a corto y medio plazo.
En primer lugar, supone una derrota muy importante de la campaña de movilización extraparlamentaria de la derecha, que intentaba mantener el Pacto Antiterrorista PP-PSOE y vetar cualquier proceso de paz. La discreción y el secreto con el que el Gobierno Zapatero ha llevado a cabo el proceso de diálogo previo al alto el fuego permanente son consecuencia en parte de esa campaña. Pero no solo ha dejado al PP sin alternativa política, sino que le ha pillado por sorpresa. Una sorpresa que, acompañada de una oferta de consenso basada en la nueva política del PSOE, no le deja a Rajoy prácticamente margen de maniobra. Su única posibilidad de condicionar los acontecimientos es ahora pasar del choque frontal como alternativa de gobierno a una subordinación que pone en cuestión esa misma alternativa.
Sin embargo, no hay que menospreciar desde la izquierda esa capacidad de condicionamiento de la derecha. Por un lado, porque sigue influyendo en y dando cobertura política a sectores del aparato de estado que actúan con su propia autonomía. Por otro, porque el propio PSOE recoge esa presión y la hace suya parcialmente, no solo por razones electorales, sino para justificar como inevitables los propios límites políticos que impone al proceso de cambio, tanto en términos de la solución democrática de la cuestión nacional, de la reforma constitucional, como de las políticas sociales. La experiencia del debate sobre el Estatut de Catalunya es muy instructivaa en este sentido: Zapatero ha sabido utilizar la presión de la derecha y la falta de movilización de la izquierda para imponer la “autocensura” a las fuerzas del Gobierno Tripartito de Cataluña hasta el 18 de febrero, cuando ya era tarde, en buena medida, para otra cosa.
La propia declaración de alto el fuego no solo refuerza a Zapatero frente al PP: las primeras encuestas –con todas sus limitaciones técnicas— muestran una recuperación de los casi 7 puntos perdidos en los últimos meses en intención de voto en sólo una semana. También le refuerza en el seno del PSOE y del conjunto de la izquierda. Crea además un nuevo escenario en el que la “autocensura” y las limitaciones en la reforma del Estatut de Catalunya aparecen como una fase más en un proceso de cambio que ahora tiene un desafío más directo en Euskadi, y por lo tanto, podría permitir a ERC justificar en esos términos un cambio de actitud que consienta su continuación en un Gobierno Tripartito que estabilizado. Es decir, si la izquierda en su conjunto se refuerza frente a la derecha, no lo hace así la “izquierda de la izquierda”, de la que depende menos institucional y socialmente Zapatero.
La derrota del PP que supone el alto el fuego permite vislumbrar una legislatura completa en la que el Gobierno Zapatero habrá de llevar a cabo las reformas estatutarias, dar cuerpo al nuevo modelo territorial y hacer una reforma constitucional limitada. Es deci,r completar una “segunda transición” controlada que le refuerce en todo el Estado español, mientras que crea las condiciones políticas que le sean más favorables en Euskadi y Nafarroa, a fin de abordar el escenario en el que “los vascos y las vascas decidan” de manera tal, que el resultado de esa decisión sea compatible en lo fundamental con el nuevo modelo territorial. Una estrategia que inevitablemente exige, en una primera fase, hegemonizar el proceso de diálogo con la izquierda abertzale –y dado el peso del PSE en las instituciones vascas, tendrá que ser desde el gobierno central—, pero, en una segunda –tras las nuevas elecciones vascas y las generales del 2008—, establecer una alianza con el PNV frente a los sectores independentistas.
Puede pensarse en un doble espejismo de inevitabilidad del proceso (porque el coste de una vuelta atrás parece inaceptable para todas las partes) y de diálogo directo entre el gobierno central y la izquierda abertzale. Durará poco, en cualquier caso, porque al multiplicarse los actores y diversificarse los intereses, la complejidad irá definiendo el surgimiento de una nueva situación política con sus propios parámetros. Por eso lo fundamental sigue siendo guiarse por objetivos concretos, como son la creación de las condiciones de paz –que implica el ejercicio de la democracia por todos los sectores de la población—, la superación de la polarización del conflicto para dar entrada a la multitud de intereses, especialmente los sociales, y el reforzamiento de la izquierda en su conjunto a través de la movilización, frente a las tentaciones de la “gestión institucional en frío” a que se ha sucumbido en la reforma del Estatut de Catalunya.
Crear esas condiciones exige medidas y acciones concretas que rompan la inercia del conflicto y permitan superar a medio plazo sus consecuencias. Un apoyo a todas las victimas –a todas—, el acercamiento de los presos vascos a Euskadi, la derogación de la Ley de Partidos Políticos para permitir la actividad democrática de la izquierda abertzale, el sobreseimiento de los sumarios 18/98 y Egunkaria. Hacer un acompañamiento desde el conjunto del Estado español de la movilización en Euskal Herria por estos objetivos, exigiendo del Gobierno central su cumplimiento frente a la derecha y el aparato judicial, puede ser una contribución imprescindible de la izquierda.
Consecuencias a medio y largo plazo
La idea de que el alto el fuego permanente es el resultado de una derrota de ETA o de la izquierda abertzale, que agitarán en las próximas semanas sectores de la derecha, no tiene otro objetivo que bloquear el proceso de paz. Hace muchos años que es evidente para todas las partes que el simple planteamiento de “victorias” o “derrotas” militares o represivas en un conflicto como el vasco no es sino una simplificación caricaturesca del mismo.
Por el contrario, el alto el fuego y el proceso de paz crearán las condiciones a medio y largo plazo, con la extensión del proceso democrático a todos los sectores de la población vasca, para que se produzca una movilización social sin precedentes allí donde, desde el final de la dictadura franquista, ésta ha sido más sostenida y más fuerte, poniendo en cuestión una y otra vez los límites impuestos en la transición por la derecha española.
En las nuevas condiciones, el mapa político vasco inevitablemente cambiará con la aparición de nuevos sujetos e intereses que acompañen a la resolución democrática de la cuestión nacional. En este sentido, la condición para que pueda conformarse una izquierda vasca socialista –capaz de defender el derecho de autodeterminación, pero también los intereses de la clase obrera— empieza por una superación del frentismo sindical, del condicionamiento táctico de las luchas sindicales a unas u otras alianzas en torno a diferentes estrategias en la cuestión nacional, para situar en primer plano los derechos sociales en un resolución de la cuestión nacional marcada con un carácter de clase.
Pero ese proceso de cambio del marco político en Euskadi desembocará inevitablemente en la cuestión de los “límites” que impone a la libre decisión de los vascos y las vascas la Constitución española de 1978. Superar esos límites –o en su caso, los que impone a la soberanía del entero pueblo español o de las otras naciones del Estado— exige un desplazamiento a la izquierda profundo, una nueva hegemonía de la izquierda en el conjunto del Estado español que vaya más allá de la “segunda transición” controlada de Zapatero. Que permita en primer lugar el ejercicio de ese acto de soberanía. Un desplazamiento de ese tipo necesita un nivel de movilización de la izquierda social, del conjunto de la clase obrera y las capas populares, superior al que facilitó la derrota del PP el 14-M del 2004. Pero eso solo será posible combinando la defensa de las cuestiones democráticas con sus intereses sociales más profundos y con la recuperación, al menos por un sector de la izquierda, de la idea de un modelo alternativo de sociedad. Y ello exige crear no solo las condiciones en Euskal Herria, sino en el conjunto del Estado español
G. Buster
La declaración de “alto el fuego permanente” de ETA busca permitir la construcción democrática de un marco político en el que sea posible que los vascos y las vascas decidan “sin limitaciones” su futuro. Esta decisión de ETA de poner fin a una larga lucha armada en nombre de los derechos nacionales del pueblo vasco se hace en el convencimiento de la posibilidad del ejercicio de las libertades democráticas en Euskal Herria para, a través de la movilización popular y la utilización de las instituciones políticas existentes, crear la correlación de fuerzas que permita ir más allá de las “limitaciones” que impone a la soberanía del pueblo vasco la Constitución española de 1978. Esta es la esencia del comunicado de ETA.
Haber llegado a este convencimiento, no solo por parte de ETA, sino del conjunto de la izquierda abertzale, ha sido un largo proceso. Pero su punto de arranque es la lectura de la nueva correlación de fuerzas que el 14-M del 2004 permitió la derrota del Gobierno Aznar del PP y la formación del Gobierno Zapatero. La respuesta política de la izquierda abertzale fue la Declaración de Anoeta del 14 de noviembre del 2004, proponiendo un proceso para crear las condiciones necesarias no solo para el alto el fuego de ETA, sino para la creación del marco político que permita en su momento la decisión democrática del pueblo vasco.
En estos momentos, bajo la conmoción política que supone en el Estado español esta decisión, los análisis iniciales parecen más preocupados por explicar cómo ha sido posible que por sus consecuencias. Y, evidentemente, es muy importante comprender cómo ha sido posible llegar a este “alto el fuego permanente” para identificar los procesos políticos y los actores que están detrás de él. Más, teniendo en cuenta que han tenido que actuar en lo fundamental no sólo desde la clandestinidad, sino también desde una ilegalidad propia y específica marcada por el Pacto Antiterrorista y la ley de Partidos Políticos, que pretendían criminalizar al conjunto de la izquierda abertzale, cuando no al entero nacionalismo vasco. La lógica de esta política del Gobierno Aznar –acabar mediante la represión no solo con ETA, sino también con la izquierda abertzale y desplazar al PNV del gobierno vasco— fue aceptada y compartida por el PSOE en la oposición bajo la presión de la muerte de sus militantes por ETA. Y sólo tras el 14-M ha podido Zapatero cambiar de política, recuperar una orientación propia, imponer un giro de 180 grados en el Partido Socialista de Euskadi y llegar a la moción del Congreso de los Diputados de 17 de mayo del 2005 que apoya “un proceso de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia, respetando en todo momento el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular”.
Este proceso paralelo de la Declaración de Anoeta y de la Moción para el diálogo tras el fin de la violencia ha estado cruzado de puentes: de conversaciones entre el PSE y Batasuna a través de Eguiguren y Otegui, de la movilización de los movimientos por la paz, de la mediación de gentes como Alex Reid o incluso de Carod Rovira, que han permitido crear un mínimo de confianza. Ha habido que gestionar la inercia del conflicto que, a pesar de los más de 1000 días sin atentados mortales, se hace presente en suicidios de presos, en accidentes de encausados del macrosumario del 18/98 y familiares, en la exigencia del “impuesto revolucionario” y en la aplicación de una Ley de Partidos Políticos antidemocrática que ha impedido a Batasuna concurrir a las elecciones vascas y celebrar su congreso. Pero, sobre todo, ha tenido que enfrentarse a una dura ofensiva reaccionaria del Partido Popular –movilizando en las calles a las victimas del terrorismo— y de sectores del aparato de estado, sobre todo del judicial, para bloquear y hacer imposible el proceso de paz.
Consecuencias a corto plazo
Sin duda iremos conociendo el entramado de cómo se llegó a esta nueva situación política. Pero más importante es comprender cuáles son las consecuencias a corto y medio plazo.
En primer lugar, supone una derrota muy importante de la campaña de movilización extraparlamentaria de la derecha, que intentaba mantener el Pacto Antiterrorista PP-PSOE y vetar cualquier proceso de paz. La discreción y el secreto con el que el Gobierno Zapatero ha llevado a cabo el proceso de diálogo previo al alto el fuego permanente son consecuencia en parte de esa campaña. Pero no solo ha dejado al PP sin alternativa política, sino que le ha pillado por sorpresa. Una sorpresa que, acompañada de una oferta de consenso basada en la nueva política del PSOE, no le deja a Rajoy prácticamente margen de maniobra. Su única posibilidad de condicionar los acontecimientos es ahora pasar del choque frontal como alternativa de gobierno a una subordinación que pone en cuestión esa misma alternativa.
Sin embargo, no hay que menospreciar desde la izquierda esa capacidad de condicionamiento de la derecha. Por un lado, porque sigue influyendo en y dando cobertura política a sectores del aparato de estado que actúan con su propia autonomía. Por otro, porque el propio PSOE recoge esa presión y la hace suya parcialmente, no solo por razones electorales, sino para justificar como inevitables los propios límites políticos que impone al proceso de cambio, tanto en términos de la solución democrática de la cuestión nacional, de la reforma constitucional, como de las políticas sociales. La experiencia del debate sobre el Estatut de Catalunya es muy instructivaa en este sentido: Zapatero ha sabido utilizar la presión de la derecha y la falta de movilización de la izquierda para imponer la “autocensura” a las fuerzas del Gobierno Tripartito de Cataluña hasta el 18 de febrero, cuando ya era tarde, en buena medida, para otra cosa.
La propia declaración de alto el fuego no solo refuerza a Zapatero frente al PP: las primeras encuestas –con todas sus limitaciones técnicas— muestran una recuperación de los casi 7 puntos perdidos en los últimos meses en intención de voto en sólo una semana. También le refuerza en el seno del PSOE y del conjunto de la izquierda. Crea además un nuevo escenario en el que la “autocensura” y las limitaciones en la reforma del Estatut de Catalunya aparecen como una fase más en un proceso de cambio que ahora tiene un desafío más directo en Euskadi, y por lo tanto, podría permitir a ERC justificar en esos términos un cambio de actitud que consienta su continuación en un Gobierno Tripartito que estabilizado. Es decir, si la izquierda en su conjunto se refuerza frente a la derecha, no lo hace así la “izquierda de la izquierda”, de la que depende menos institucional y socialmente Zapatero.
La derrota del PP que supone el alto el fuego permite vislumbrar una legislatura completa en la que el Gobierno Zapatero habrá de llevar a cabo las reformas estatutarias, dar cuerpo al nuevo modelo territorial y hacer una reforma constitucional limitada. Es deci,r completar una “segunda transición” controlada que le refuerce en todo el Estado español, mientras que crea las condiciones políticas que le sean más favorables en Euskadi y Nafarroa, a fin de abordar el escenario en el que “los vascos y las vascas decidan” de manera tal, que el resultado de esa decisión sea compatible en lo fundamental con el nuevo modelo territorial. Una estrategia que inevitablemente exige, en una primera fase, hegemonizar el proceso de diálogo con la izquierda abertzale –y dado el peso del PSE en las instituciones vascas, tendrá que ser desde el gobierno central—, pero, en una segunda –tras las nuevas elecciones vascas y las generales del 2008—, establecer una alianza con el PNV frente a los sectores independentistas.
Puede pensarse en un doble espejismo de inevitabilidad del proceso (porque el coste de una vuelta atrás parece inaceptable para todas las partes) y de diálogo directo entre el gobierno central y la izquierda abertzale. Durará poco, en cualquier caso, porque al multiplicarse los actores y diversificarse los intereses, la complejidad irá definiendo el surgimiento de una nueva situación política con sus propios parámetros. Por eso lo fundamental sigue siendo guiarse por objetivos concretos, como son la creación de las condiciones de paz –que implica el ejercicio de la democracia por todos los sectores de la población—, la superación de la polarización del conflicto para dar entrada a la multitud de intereses, especialmente los sociales, y el reforzamiento de la izquierda en su conjunto a través de la movilización, frente a las tentaciones de la “gestión institucional en frío” a que se ha sucumbido en la reforma del Estatut de Catalunya.
Crear esas condiciones exige medidas y acciones concretas que rompan la inercia del conflicto y permitan superar a medio plazo sus consecuencias. Un apoyo a todas las victimas –a todas—, el acercamiento de los presos vascos a Euskadi, la derogación de la Ley de Partidos Políticos para permitir la actividad democrática de la izquierda abertzale, el sobreseimiento de los sumarios 18/98 y Egunkaria. Hacer un acompañamiento desde el conjunto del Estado español de la movilización en Euskal Herria por estos objetivos, exigiendo del Gobierno central su cumplimiento frente a la derecha y el aparato judicial, puede ser una contribución imprescindible de la izquierda.
Consecuencias a medio y largo plazo
La idea de que el alto el fuego permanente es el resultado de una derrota de ETA o de la izquierda abertzale, que agitarán en las próximas semanas sectores de la derecha, no tiene otro objetivo que bloquear el proceso de paz. Hace muchos años que es evidente para todas las partes que el simple planteamiento de “victorias” o “derrotas” militares o represivas en un conflicto como el vasco no es sino una simplificación caricaturesca del mismo.
Por el contrario, el alto el fuego y el proceso de paz crearán las condiciones a medio y largo plazo, con la extensión del proceso democrático a todos los sectores de la población vasca, para que se produzca una movilización social sin precedentes allí donde, desde el final de la dictadura franquista, ésta ha sido más sostenida y más fuerte, poniendo en cuestión una y otra vez los límites impuestos en la transición por la derecha española.
En las nuevas condiciones, el mapa político vasco inevitablemente cambiará con la aparición de nuevos sujetos e intereses que acompañen a la resolución democrática de la cuestión nacional. En este sentido, la condición para que pueda conformarse una izquierda vasca socialista –capaz de defender el derecho de autodeterminación, pero también los intereses de la clase obrera— empieza por una superación del frentismo sindical, del condicionamiento táctico de las luchas sindicales a unas u otras alianzas en torno a diferentes estrategias en la cuestión nacional, para situar en primer plano los derechos sociales en un resolución de la cuestión nacional marcada con un carácter de clase.
Pero ese proceso de cambio del marco político en Euskadi desembocará inevitablemente en la cuestión de los “límites” que impone a la libre decisión de los vascos y las vascas la Constitución española de 1978. Superar esos límites –o en su caso, los que impone a la soberanía del entero pueblo español o de las otras naciones del Estado— exige un desplazamiento a la izquierda profundo, una nueva hegemonía de la izquierda en el conjunto del Estado español que vaya más allá de la “segunda transición” controlada de Zapatero. Que permita en primer lugar el ejercicio de ese acto de soberanía. Un desplazamiento de ese tipo necesita un nivel de movilización de la izquierda social, del conjunto de la clase obrera y las capas populares, superior al que facilitó la derrota del PP el 14-M del 2004. Pero eso solo será posible combinando la defensa de las cuestiones democráticas con sus intereses sociales más profundos y con la recuperación, al menos por un sector de la izquierda, de la idea de un modelo alternativo de sociedad. Y ello exige crear no solo las condiciones en Euskal Herria, sino en el conjunto del Estado español
La encrucijada de Zapatero
G Búster
Las manifestaciones multitudinarias del 18 de febrero en Barcelona y Bilbao han permitido vislumbrar desde la izquierda lo que podría ser un cambio de ciclo político de signo contrario al que simbolizaba el acuerdo sobre el Estatut de Catalunya del 22 de enero entre el PSOE y CiU. Cientos de miles de personas han salido a la calle en defensa del derecho de Catalunya a ser una nación y por un proceso de paz en Euskal Herria que intenta bloquear la derecha españolista desde el aparato judicial y la calle. Junto a ellas, aunque todavía de manera incipiente, se ha movilizado la izquierda andaluza en Sevilla el 28 de febrero por su día nacional y en Madrid se acumulan las protestas vecinales contra la M-30, los parquímetros o la defensa de los médicos del Hospital Severo Ochoa y la sanidad pública. En Ibiza, decenas de miles se manifestaban contra la autopista y en Extremadura lo hacían contra la refinería de Tierra de Barros. En el frío mes de febrero, una esperanza de primavera se ha hecho presente.
Sin embargo, poco después se volvían a recrudecer los rigores del invierno. El 25 de febrero, el Partido Popular volvió a llenar las calles de la “zona nacional” del barrio de Salamanca. Cientos de miles de personas se manifestaron con la Asociación de Victimas del Terrorismo contra cualquier intento del Gobierno de avanzar en el proceso de paz en Euskal Herria. El PP reunía en una Convención a tres mil cuadros para diseñar su futuro político, aunque el milenarismo reaccionario de Aznar les secuestraba en el pasado y en la oposición extraparlamentaria y Rajoy parecía más el invitado que el protagonista.
Las encuestas del CIS muestran la encrucijada en la que se encuentra Zapatero desde el mes de octubre. El PSOE ha conseguido “fidelizar” a gran parte de los votantes de izquierdas después del 14-M. Pero la fórmula de Zapatero para avanzar en el camino de una “segunda transición” controlada en Catalunya y Euskal Herria, que desemboque en una reforma limitada de la Constitución de 1978, produce una fuerte erosión de quienes, más que apoyar a Zapatero, votaron contra el PP y sus mentiras el 14-M. Los cerca de 7 puntos que ha perdido el PSOE en intención de voto muy rápidamente en los últimos meses –hasta situarse en el 39,6%— no los ha ganado, sin embargo, ninguna otra fuerza política. El PP también ha conseguido “fidelizar” a sus votantes con su estrategia de acoso extraparlamentario, pero solo ha recuperado un escaso 1% y se sitúa en el 38% de intención de voto en un aislamiento político total, sin posibles aliados con los que construir la necesaria mayoría alternativa.
La posibilidad de un cambio de ciclo político se sitúa por lo tanto entorno a las posibles alianzas del PSOE. Por un lado –como analizaba en Sin Permiso el 5 de febrero pasado (Zapatero y el “giro a la derecha”)—, preparando una coalición triple en Madrid, Barcelona y Vitoria con CiU y el PNV para después de las elecciones autonómicas en el 2007, sobre la base de la “autocensura” y los límites aceptados en esta “segunda transición” y la gestión en frío, sin movilizaciones, del ciclo abierto el 14-M del 2004. Por otro lado, la recuperación de la actividad social y de movilización de la izquierda del periodo 2002-2004 contra el PP, dirigida ahora a presionar por la profundización del cambio político y social, en un giro democrático-nacional y de izquierdas en el Tripartito catalán, en la situación política vasca y en la mayoría parlamentaria (PSOE-IU-ICV-ERC-BNG) que sostiene al Gobierno Zapatero.
Zapatero se sitúa por encima de la encrucijada, viendo cómo se decanta la correlación de fuerzas en un sentido u otro. Mientras tanto, la dirección del PSOE se convierte en un escenario del enfrentamiento por estas dos opciones, una vez derrotado el sector que apoyaba una vuelta al “pacto constitucional con el PP”. Todos ellos esperan y trabajan con laperspectiva de una crisis de gobierno en los próximos meses. De nuevo, la gestión en “frio”, meramente institucional, del espacio político estatal por parte de Zapatero no es capaz de contrarrestar la ofensiva reaccionaria extraparlamentaria del PP. Los actos del PSOE en Dos Hermanas o Valladolid frente a la manifestación del 28-F de la derecha en Madrid o la Convención del PP pueden servir para no ceder totalmente el espacio mediático, pero solo son un contrapunto a la campaña de miedo de la “quiebra de España” de Aznar y Rajoy.
La izquierda no puede estar limitada a una movilización compartimentada territorialmente, sin proyección estatal, cediendo ese espacio al PP. Es fundamental establecer la correlación de fuerzas necesaria en Catalunya y Euskadi, porque de eso depende poder bloquear la vuelta al poder de CiU y crear las condiciones imprescindibles para la paz en Euskal Herria. O en Madrid, frente al gobierno del PP, y en Andalucía, frente al clientelismo caciquil de Chaves, principal apoyo de la derecha del PSOE. Pero la batalla a la derecha social y política tiene que darse también a nivel estatal, respondiendo a los dos objetivos de frenar al PP y arrastrar hacia la izquierda al gobierno Zapatero.
El terreno de esta batalla es doble: por avanzar efectivamente en los derechos nacionales de Catalunya y Euskadi, abriendo la puerta a los de Andalucía; y por una política social de izquierdas que marque la aplicación de la Ley de Igualdad y supere la orientación socio-liberal de los proyectos de la Ley de Dependencia, la reforma del mercado laboral y la reforma fiscal. En este segundo campo, la izquierda social –en especial los sindicatos de clase— comparten responsabilidad con la izquierda política.
Por eso es tan importante la evolución de IU en los próximos meses. La única fuerza a nivel estatal capaz de tirar hacia la izquierda del Gobierno Zapatero, desde sus débiles fuerzas institucionales y sobre todo desde la calle, es Izquierda Unida, vertebrando un sistema de alianzas con las izquierdas nacionalistas que vaya más allá de su actual coalición con ICV. Ésa es la estrategia aprobada en la VIII Asamblea, que el bloqueo interno de IU no ha permitido aplicar y que es imprescindible para que la izquierda alternativa pueda intervenir en la actual encrucijada y volcarla hacia la izquierda.
El escenario catalán
El pacto PSOE-CiU sobre el Estatut ha sido un jarro de agua fría para todas las fuerzas del Tripartito catalán. Pero para ERC, que compite electoralmente con CiU por el voto del nacionalismo catalán, ha sido una traición a su apuesta estratégica de alianza con el PSOE.
Mientras la dirección de ICV se retiraba de la confrontación política –pasando de la “autocensura” a la resignación para no desmarcarse de un PSC bastante más contrariado con el PSOE y mantener ante el gobierno Zapatero su imagen de “único gestor fiable del Tripartito”—, ERC buscaba ante todo cortar una crisis interna potencial, situando a la dirección a la cabeza de las denuncias de la traición.
Pero ninguna de estas tres fuerzas políticas reconocía cuál era la verdadera causa de su marginación política frente a CiU: la falta de movilización en Catalunya, no ya meramente contra la presión del PP en las calles de Madrid, sino para poder ir a negociar los derechos de Catalunya y el Estatut del Parlament con el PSOE, y no sólo con la legitimidad institucional que compartían con CiU, sino sobre todo con la fuerza de la movilización popular, llenando las Ramblas a la llamada del Tripartito.
ERC incluso tuvo dificultades para darse cuenta de cuál era el camino a seguir. No estuvo entre los primeros en la organización de la manifestación del 18-F en Barcelona, sino que tardó en desembarcar con todo su equipo dirigente. Cuando lo hizo, la timidez de otras fuerzas le permitió rentabilizar un apoyo ciudadano que iba mucho más allá de sus propias fuerzas.
EUiA fue la única otra fuerza política electoral presente en la manifestación. No sin un importante debate interno que mostró hasta que punto la coalición con ICV puede condicionarla también, a pesar de su aun débil presencia institucional. Pero finalmente estuvo, gracias a la decisión de muchos de sus militantes y sectores de la dirección, que hicieron presentes las consignas y banderas de la izquierda alternativa en la manifestación.
La falta de presencia del PSC y de ICV en la manifestación del 18 de febrero fue un error político grave. La división en la práctica del Tripartito no es un hecho circunstancial corregible con la abstención y el apoyo indirecto de ERC al Estatut pactado por el PSOE y CiU y la complicidad resignada del PSC e ICV. Ha demostrado la debilidad de la izquierda catalana en su conjunto frente a las presiones de la derecha españolista y catalanista. Esa debilidad es la que deja un espacio al intento de organizar en Catalunya a los mismos sectores sociales que alimentan a ¡Basta ya! en Euskadi como una excusa para alimentar el victimismo españolista.
Pero más importante aún es que esa división de la izquierda catalana ha impedido que haya podido trasladar a la negociación en Madrid la presión de la manifestación. Y la frustración así acumulada no reforzará al Tripartito, sino que traerá consigo la erosión y la crisis de legitimidad de la Generalitat de y de las izquierdas en su conjunto.
El escenario vasco
El acuerdo PSOE-CiU sobre el Estatut catalán vuelca todos los focos mediáticos en Euskadi, nueva prioridad de la campaña extraparlamentaria del PP. No es que el proceso de paz no hubiese empezado a prepararse. La propuesta de Anoeta de Batasuna en noviembre del 2004, la moción parlamentaria del PSOE sob
G Búster
Las manifestaciones multitudinarias del 18 de febrero en Barcelona y Bilbao han permitido vislumbrar desde la izquierda lo que podría ser un cambio de ciclo político de signo contrario al que simbolizaba el acuerdo sobre el Estatut de Catalunya del 22 de enero entre el PSOE y CiU. Cientos de miles de personas han salido a la calle en defensa del derecho de Catalunya a ser una nación y por un proceso de paz en Euskal Herria que intenta bloquear la derecha españolista desde el aparato judicial y la calle. Junto a ellas, aunque todavía de manera incipiente, se ha movilizado la izquierda andaluza en Sevilla el 28 de febrero por su día nacional y en Madrid se acumulan las protestas vecinales contra la M-30, los parquímetros o la defensa de los médicos del Hospital Severo Ochoa y la sanidad pública. En Ibiza, decenas de miles se manifestaban contra la autopista y en Extremadura lo hacían contra la refinería de Tierra de Barros. En el frío mes de febrero, una esperanza de primavera se ha hecho presente.
Sin embargo, poco después se volvían a recrudecer los rigores del invierno. El 25 de febrero, el Partido Popular volvió a llenar las calles de la “zona nacional” del barrio de Salamanca. Cientos de miles de personas se manifestaron con la Asociación de Victimas del Terrorismo contra cualquier intento del Gobierno de avanzar en el proceso de paz en Euskal Herria. El PP reunía en una Convención a tres mil cuadros para diseñar su futuro político, aunque el milenarismo reaccionario de Aznar les secuestraba en el pasado y en la oposición extraparlamentaria y Rajoy parecía más el invitado que el protagonista.
Las encuestas del CIS muestran la encrucijada en la que se encuentra Zapatero desde el mes de octubre. El PSOE ha conseguido “fidelizar” a gran parte de los votantes de izquierdas después del 14-M. Pero la fórmula de Zapatero para avanzar en el camino de una “segunda transición” controlada en Catalunya y Euskal Herria, que desemboque en una reforma limitada de la Constitución de 1978, produce una fuerte erosión de quienes, más que apoyar a Zapatero, votaron contra el PP y sus mentiras el 14-M. Los cerca de 7 puntos que ha perdido el PSOE en intención de voto muy rápidamente en los últimos meses –hasta situarse en el 39,6%— no los ha ganado, sin embargo, ninguna otra fuerza política. El PP también ha conseguido “fidelizar” a sus votantes con su estrategia de acoso extraparlamentario, pero solo ha recuperado un escaso 1% y se sitúa en el 38% de intención de voto en un aislamiento político total, sin posibles aliados con los que construir la necesaria mayoría alternativa.
La posibilidad de un cambio de ciclo político se sitúa por lo tanto entorno a las posibles alianzas del PSOE. Por un lado –como analizaba en Sin Permiso el 5 de febrero pasado (Zapatero y el “giro a la derecha”)—, preparando una coalición triple en Madrid, Barcelona y Vitoria con CiU y el PNV para después de las elecciones autonómicas en el 2007, sobre la base de la “autocensura” y los límites aceptados en esta “segunda transición” y la gestión en frío, sin movilizaciones, del ciclo abierto el 14-M del 2004. Por otro lado, la recuperación de la actividad social y de movilización de la izquierda del periodo 2002-2004 contra el PP, dirigida ahora a presionar por la profundización del cambio político y social, en un giro democrático-nacional y de izquierdas en el Tripartito catalán, en la situación política vasca y en la mayoría parlamentaria (PSOE-IU-ICV-ERC-BNG) que sostiene al Gobierno Zapatero.
Zapatero se sitúa por encima de la encrucijada, viendo cómo se decanta la correlación de fuerzas en un sentido u otro. Mientras tanto, la dirección del PSOE se convierte en un escenario del enfrentamiento por estas dos opciones, una vez derrotado el sector que apoyaba una vuelta al “pacto constitucional con el PP”. Todos ellos esperan y trabajan con laperspectiva de una crisis de gobierno en los próximos meses. De nuevo, la gestión en “frio”, meramente institucional, del espacio político estatal por parte de Zapatero no es capaz de contrarrestar la ofensiva reaccionaria extraparlamentaria del PP. Los actos del PSOE en Dos Hermanas o Valladolid frente a la manifestación del 28-F de la derecha en Madrid o la Convención del PP pueden servir para no ceder totalmente el espacio mediático, pero solo son un contrapunto a la campaña de miedo de la “quiebra de España” de Aznar y Rajoy.
La izquierda no puede estar limitada a una movilización compartimentada territorialmente, sin proyección estatal, cediendo ese espacio al PP. Es fundamental establecer la correlación de fuerzas necesaria en Catalunya y Euskadi, porque de eso depende poder bloquear la vuelta al poder de CiU y crear las condiciones imprescindibles para la paz en Euskal Herria. O en Madrid, frente al gobierno del PP, y en Andalucía, frente al clientelismo caciquil de Chaves, principal apoyo de la derecha del PSOE. Pero la batalla a la derecha social y política tiene que darse también a nivel estatal, respondiendo a los dos objetivos de frenar al PP y arrastrar hacia la izquierda al gobierno Zapatero.
El terreno de esta batalla es doble: por avanzar efectivamente en los derechos nacionales de Catalunya y Euskadi, abriendo la puerta a los de Andalucía; y por una política social de izquierdas que marque la aplicación de la Ley de Igualdad y supere la orientación socio-liberal de los proyectos de la Ley de Dependencia, la reforma del mercado laboral y la reforma fiscal. En este segundo campo, la izquierda social –en especial los sindicatos de clase— comparten responsabilidad con la izquierda política.
Por eso es tan importante la evolución de IU en los próximos meses. La única fuerza a nivel estatal capaz de tirar hacia la izquierda del Gobierno Zapatero, desde sus débiles fuerzas institucionales y sobre todo desde la calle, es Izquierda Unida, vertebrando un sistema de alianzas con las izquierdas nacionalistas que vaya más allá de su actual coalición con ICV. Ésa es la estrategia aprobada en la VIII Asamblea, que el bloqueo interno de IU no ha permitido aplicar y que es imprescindible para que la izquierda alternativa pueda intervenir en la actual encrucijada y volcarla hacia la izquierda.
El escenario catalán
El pacto PSOE-CiU sobre el Estatut ha sido un jarro de agua fría para todas las fuerzas del Tripartito catalán. Pero para ERC, que compite electoralmente con CiU por el voto del nacionalismo catalán, ha sido una traición a su apuesta estratégica de alianza con el PSOE.
Mientras la dirección de ICV se retiraba de la confrontación política –pasando de la “autocensura” a la resignación para no desmarcarse de un PSC bastante más contrariado con el PSOE y mantener ante el gobierno Zapatero su imagen de “único gestor fiable del Tripartito”—, ERC buscaba ante todo cortar una crisis interna potencial, situando a la dirección a la cabeza de las denuncias de la traición.
Pero ninguna de estas tres fuerzas políticas reconocía cuál era la verdadera causa de su marginación política frente a CiU: la falta de movilización en Catalunya, no ya meramente contra la presión del PP en las calles de Madrid, sino para poder ir a negociar los derechos de Catalunya y el Estatut del Parlament con el PSOE, y no sólo con la legitimidad institucional que compartían con CiU, sino sobre todo con la fuerza de la movilización popular, llenando las Ramblas a la llamada del Tripartito.
ERC incluso tuvo dificultades para darse cuenta de cuál era el camino a seguir. No estuvo entre los primeros en la organización de la manifestación del 18-F en Barcelona, sino que tardó en desembarcar con todo su equipo dirigente. Cuando lo hizo, la timidez de otras fuerzas le permitió rentabilizar un apoyo ciudadano que iba mucho más allá de sus propias fuerzas.
EUiA fue la única otra fuerza política electoral presente en la manifestación. No sin un importante debate interno que mostró hasta que punto la coalición con ICV puede condicionarla también, a pesar de su aun débil presencia institucional. Pero finalmente estuvo, gracias a la decisión de muchos de sus militantes y sectores de la dirección, que hicieron presentes las consignas y banderas de la izquierda alternativa en la manifestación.
La falta de presencia del PSC y de ICV en la manifestación del 18 de febrero fue un error político grave. La división en la práctica del Tripartito no es un hecho circunstancial corregible con la abstención y el apoyo indirecto de ERC al Estatut pactado por el PSOE y CiU y la complicidad resignada del PSC e ICV. Ha demostrado la debilidad de la izquierda catalana en su conjunto frente a las presiones de la derecha españolista y catalanista. Esa debilidad es la que deja un espacio al intento de organizar en Catalunya a los mismos sectores sociales que alimentan a ¡Basta ya! en Euskadi como una excusa para alimentar el victimismo españolista.
Pero más importante aún es que esa división de la izquierda catalana ha impedido que haya podido trasladar a la negociación en Madrid la presión de la manifestación. Y la frustración así acumulada no reforzará al Tripartito, sino que traerá consigo la erosión y la crisis de legitimidad de la Generalitat de y de las izquierdas en su conjunto.
El escenario vasco
El acuerdo PSOE-CiU sobre el Estatut catalán vuelca todos los focos mediáticos en Euskadi, nueva prioridad de la campaña extraparlamentaria del PP. No es que el proceso de paz no hubiese empezado a prepararse. La propuesta de Anoeta de Batasuna en noviembre del 2004, la moción parlamentaria del PSOE sob